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Discapacidad parcial no sería causal de retiro para miembros de la Policía Nacional, en concepto de la Procuraduría

Bogotá, sábado 27 de noviembre de 2004. Los miembros de la Policía Nacional sólo podrán ser retirados de la Institución cuando presenten una discapacidad psicofísica tal, que les impida desarrollar cualquier labor en la entidad.

Así lo consideró la Procuraduría General de la Nación en un concepto en el que solicita a la Corte Constitucional, declarar exequibles las normas relacionadas con la permanencia o no en el servicio activo de los uniformados, salvo algunas expresiones que señalan un elemento subjetivo en esta materia (Artículos 58 y 59 del Decreto 1792 de 2000).

De acuerdo con el Ministerio Público, el que se deje como una opción el retirar o no a un discapacitado de la Policía Nacional, es discriminatorio y viola el principio de dignidad humana, por cuanto el único argumento utilizado para excluir a miembros de esa institución es su discapacidad, “sin considerar que generalmente las enfermedades y lesiones son causadas por la prestación de la función pública, dentro de un escenario interminable de conflicto armado interno”.

Consideró que las normas acusadas recortan la efectividad del principio de estabilidad laboral reforzada del trabajador con discapacidad consagrado en la Carta Política y además desconoce el derecho a la igualdad, puesto que excluye a los uniformados, de los mecanismos de protección especial de la población discapacitada.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que aunque la norma es muy clara al expresar que cuando haya disminución parcial de la capacidad psicofísica el uniformado deberá ser reubicado, previo concepto favorable de una Junta Médico Laboral, para el cual se tiene en cuenta su trayectoria profesional y sus facultades aprovechables en otras labores dentro de la Institución, no podrá continuar en el servicio activo si ésta considera que no lo merece.

Así mismo destacó la necesidad de contar con personal totalmente idóneo en la Fuerza Pública para el éxito de su gestión, pues de ésta depende el ejercicio de los derechos y libertades públicas de los ciudadanos y el mantenimiento del orden social, pero señaló que el retiro del servicio activo de los discapacitados, no es el único mecanismo útil para garantizar dicha idoneidad.

En este sentido, aclaró el concepto del Ministerio Público, que en lo que respecta a la disminución de sus capacidades psicofísicas “el uniformado no debe considerarse y valorarse sólo desde su dimensión como miembro de la Policía Nacional sino esencialmente como trabajador discapacitado” , lo cual implica una protección, reubicación, rehabilitación e integración social por parte del Estado, como lo ordena la Constitución y el derecho internacional.