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Procuraduría continúa la investigación por fallido rescate de exministra Consuelo Araujonoguera

Bogotá, 23 de noviembre de 2004. La Corte Constitucional avaló el actuar de la Procuraduría General de la Nación al investigar los hechos que rodearon el fallido operativo militar que terminó con el asesinato de la exministra de cultura Consuelo Araujonoguera; mantuvo la competencia de la investigación en el Viceprocurador quien no está impedido para actuar, y advirtió que no hay violación al debido proceso.

Frente al mismo proceso, pero en el ámbito penal, la Fiscalía, en decisión del Fiscal General de la Nación, tampoco encontró irregularidad alguna en la gestión del Viceprocurador General de la Nación, quien ante el impedimento del Procurador General asumió el correspondiente proceso disciplinario.

Sobre la primera decisión, el pasado siete de octubre, la Corte Constitucional revocó el fallo de febrero 12 de 2004 del Consejo de Estado que había tutelado el debido proceso y ordenaba nombrar Procurado Ad Hoc, pues según estimó el máximo tribunal de lo constitucional, el Consejo de Estado “en su fallo de tutela desconoció la normatividad vigente y aplicó dispositivos ya derogados en orden a determinar quien debe reemplazar al jefe del Ministerio Público cuando se declara impedido”.

En primera instancia, la tutela interpuesta por uno de los investigados por el fallido operativo militar, fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que consideró que el Viceprocurador a cargo de la investigación, ha sido imparcial en desarrollo del mismo, y no existe ninguna causal de impedimento para que continúe adelantándolo.

La Corte Constitucional señaló que en el proceso “no existió reacusación jurídicamente válida en cuanto al Viceprocurador”, doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau, como se aseguraba y al respecto agregó que “no basta la existencia de una relación de amistad para efectos del impedimento”, si no tiene la fortaleza para desequilibrar la estabilidad emocional del juez.

Frente a la revocada orden de nombrar Procurador Ad-Hoc, la Corte Constitucional advirtió que el Decreto 262 de 2000, que corresponde a la organización estructural de la Procuraduría, y el nuevo Código Único Disciplinario “concurren en el propósito de que el impedimento del Procurador se defina en todos los casos al interior de la misma institución entre otras cosas por la ingrata experiencia de varios Procuradores Ad-Hoc designados por el Congreso (…)”.

Finalmente la Corte Constitucional estimó “que tampoco existió en este punto una vulneración al derecho al debido proceso del actor” y que el Viceprocurador aplicó estrictamente las normas vigentes para el momento de los hechos.

A la decisión que avala la actuación del Viceprocurador General de la Nación en el proceso disciplinario adelantado por la presunta falta disciplinaria consistente en “no adoptar las medidas necesarias para desplazamientos de tropa bajo su mando” endilgada al Coronel del Ejercito Nacional Luis Maria Acosta Oyuela, se suma el pronunciamiento que la Fiscalía General de la Nación hizo en favor del Doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau, el nueve de julio de 2004.

Al decidir sobre una denuncia presentada por un ciudadano quien consideró que el Viceprocurador incurrió en un prevaricato al investigar a los miembros del ejército responsables del operativo referido el ente investigador, señaló que “con base en los medios de prueba recaudados durante la presente investigación previa, pronto advierte el despacho que la decisión que en derecho corresponde es inhibirse de iniciar acción penal en contra del doctor Gómez Pavajeau.”

Señaló la Fiscalía que el denunciante desconoce las facultades legales y constitucionales de la Procuraduría, que la falta de competencia para juzgar a miembros del Ejército que argumentó en su queja es un hecho inexistente y ordenó el archivo de las diligencias bajo el entendido de que no existe mérito para iniciar ninguna acción penal.