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Destituidos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones

Bogotá, domingo 7 de noviembre de 2004. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por cinco años a cinco funcionarios del Ministerio de Comunicaciones por cobro indebido de dinero para facilitar trámites ante el citado Ministerio por indebido incremento patrimonial e incompatibilidad para desempeñar cargos públicos.

Los afectados con la decisión del Ministerio Público son los señores Genaro Perea Díaz y Miguel Orlando Cárdenas, quienes se desempeñaban como Técnicos Operativos para la época de los hechos; Pablo Linares Linares y Oscar Meneses Rodríguez en su condiciones de Técnico y Asistente Administrativo, respectivamente, y Carlos Alberto Oviedo Chavarro, profesional universitario para entonces.

La Procuraduría encontró que el señor Miguel Orlando Cárdenas visitó en tres oportunidades una emisora de un municipio y, ante la mora que ésta presentaba en el pago de los derechos al Ministerio, el señor Cárdenas le ofreció al gerente de la emisora contactarlo con un tercero quien le solucionaría la situación; a pesar de saber que el problema sería resuelto de manera ilegal, los contactó.

Dentro de la misma investigación se conoció que el señor Genaro Perea Díaz, solicitó dinero a una firma particular para entregar copia del pliego de cargos en su contra y para ayudar a elaborar los descargos, como en efecto ocurrió.

Se precisó además que el señor Linares Linares, recibió una suma de dinero de esa misma empresa para ampliar la información del pliego de cargos elevados a la misma y que el señor Oscar Meneses se comprometió a ayudar a esta misma empresa en la investigación adelantada en su contra, para lo cual le solicitó una cantidad de dinero que fue cancelada a través de un cheque.

Finalmente se sancionó disciplinariamente al señor Carlos Alberto Oviedo, quien se desempeñaba como profesional universitario del Ministerio de Comunicaciones, tras hallarlo responsable de suscribir por intermedio de otra persona, un contrato de consultoría para la elaboración de los estudios técnicos para presentar al Ministerio de Comunicaciones, para efectos de conseguir el permiso para una emisora de un municipio de Cajicá.

En el mismo fallo, la Procuraduría anuló parcialmente la actuación disciplinaria adelantada contra Ignacio Ramírez Cajigas, en su condición de Conductor Mecánico, porque no le fue designado inmediatamente un abogado de oficio, conforme a su solicitud, hecho que le impidió presentar descargos, solicitar pruebas y presentar sus alegatos de conclusión antes del fallo de primera instancia. Una vez subsanada la irregularidad, se dictará el fallo disciplinario que corresponda, con respecto a Ramírez Cajigas.