DIRECTIVA No. 6

 

CRITERIOS PARA COMPULSAR COPIAS EN CASO DE PRESCRIPCION, MORAS Y OMISIONES PROCESALES

 

Santafé de Bogotá, D,C. Agosto 6 de 1997

 

La Procuraduría General de la Nación ve con especial preocupación un fenómeno que de manera persistente y continua viene sucediendo en la práctica y ejercicio del poder disciplinario: cada vez que se decreta una prescripción o se detecta un exceso en los términos procesales para actuar, de manera "mecánica" y sin ninguna consideración se ordena compulsar copias para que la autoridad competente disponga lo pertinente en orden a la averiguación disciplinaria correspondiente.

 

No siempre y de manera indefectible, resulta pertinente y obligatorio desde el punto de vista jurídico, compulsar copias para que se investiguen los fenómenos mencionados, pues la Constitución y la ley suministran parámetros objetivos que indican cuando resulta ineludible dar aviso a la autoridad competente. Ellos son:

 

1.        En primer lugar, se piensa que no dar cuenta a la autoridad competente de un retardo o de la ocurrencia del fenómeno prescriptivo, implica desconocimiento de la ley, comprometiendo la responsabilidad penal o disciplinaria, lo cual resulta equivocado.

 

En efecto, es cierto que desde los ámbitos penal y disciplinario, existe el deber jurídico de poner en conocimiento de las autoridades la ocurrencia de hechos que impliquen la comisión de un delito o de una falta disciplinaria, tal como emana de los artículos 25 inciso 2° del Decreto 2700 de 1991 y 50 de la Ley 200 de 1995, cuyo incumplimiento puede generar la adecuación típica al delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia (artículo 153 del Código Penal) y/o a la falta disciplinaria correlativa (artículos 38 y 40 numeral 19 del Código Unico Disciplinario); no obstante, ello sólo es posible cuando se realicen los ingredientes normativos correspondientes, "teniendo conocimiento" y "tuviere conocimiento" de las infracciones cometidas.

 

La jurisprudencia ha decantado, con suficiencia, el alcance de tales expresiones , señalando -al interpretar el antiguo artículo 174 del Código Penal de 1936, cuyo elemento normativo era igual- que ello "es una cuestión subjetiva. Es tener la creencia de que un ilícito se ha cometido. La obligación de denunciar está sujeta al criterio que el funcionario tenga sobre la ilicitud del hecho de que se trata"[1]. Por ello, la doctrina ha señalado que la mencionada expresión "está haciendo referencia a que tenga una información cierta y fundada al respecto, y no de suposiciones o de imaginaciones al respecto"[2].

 

No puede desconocerse como lo ha apuntado la doctrina, que "hay hechos punibles que se comprenden en toda su densidad punitiva con la sóla percepción sensible del suceso fenoménico"[3], de los cuales emana sin duda alguna la obligación de denunciar; empero, este no es el caso de la mora como ilicitud, pues sólo cuando ella sea "injustificada" puede hablarse de falta disciplinaria que origina el deber vinculante de formular la correspondiente queja.

 

Ciertamente que la expresión injustificada, que en términos dogmáticos constituye un elemento normativo del tipo, no aparece en la redacción del numeral 7° del artículo 41 de la Ley 200 de 1995 que da cuenta de la mora procesal; no obstante, ella viene exigida constitucionalmente, toda vez que el artículo 29 de la Carta considera reprochable sólo las "dilaciones injustificadas". Por tanto, tal elemento comporta un inicial y ponderado juicio de valor.

 

2.        Por tanto, sólo cuando se satisfagan los requisitos que a continuación se expresan, surgirá la obligación de compulsar copias:

2.1.      Cuando el retardo u omisión de actuar sea ostensible y protuberante, esto es, cuando han transcurrido períodos prolongados sin actuación alguna, y no resulten explicables "prima facie" a partir de la gran cantidad de asuntos a cargo de la respectiva dependencia, o del funcionario correspondiente.

 

2.2.      Cuando a juicio del funcionario ha existido dolo o negligencia gravísima o grave en el cumplimiento de los deberes funcionales, toda vez que sólo en tal grado de imputación son reprochables disciplinariamente las moras.

 

Respecto al título de la atribución por dolo, la explicación surge evidente, pues si el retardo u omisión es constitutivo de delito (artículo 150 del Código Penal), es obvio que con mayor razón nos encontramos frente a una falta disciplinaria.

 

La negligencia del funcionario de carácter gravísima, viene exigida por los artículos 278 numeral 1° de la Constitución Política y 25 numeral 3° de la Ley 200 de 1995, al utilizar la expresión "manifiesta negligencia" en tratándose de trámites procesales.

 

Cuando se trate de negligencia grave, igualmente surge el deber de formular la respectiva queja, toda vez que ese es el otro grado de imputación exigido por la Constitución en su artículo 90, numeral 2°, para comprometer la responsabilidad individual del funcionario. Demostración clara de lo anterior, surge de lo dispuesto en el artículo 40, numeral 26 de la Ley 200 de 1995.

 

La culpa leve no origina responsabilidad disciplinaria, porque, conforme se ha aceptado en el derecho sancionatorio en general, la culpa leve no puede fundamentar reproche jurídico. Por tanto, en tales casos no existe obligación de formular queja disciplinaria.

 

Lo anterior tiene su razón de ser en la vida misma, toda vez que, si cualquier descuido fuera penalizado, la interacción social se haría imposible. Por tanto, el Estado de Derecho, por virtud del principio de proporcionalidad que le es inherente (artículo 1° de la C.N.), tolera los mínimos descuidos, pues la reacción contra ellos resultaría innecesaria y antijurídica.

 

La base constitucional de tal afirmación la encontramos en el artículo 26 de la Carta, toda vez que allí se permite la admisión de ciertos riesgos sociales, y la ley de intervención sólo puede entrar a limitarlos. Obviamente, las limitaciones tienen que ser por conductas culposas, graves o gravísimas.

 

Si a juicio del funcionario tales requisitos están satisfechos, no basta simple y llanamente formular la queja, pues es requisito ineludible que ella sea "fundada", so pena de inadmisión, tal como lo señala el numeral 1° del artículo 27 de la Ley 24 de 1992, aplicable en materia disciplinaria por virtud de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 177 inciso 2° de la Ley 200 del mismo año.

 

Para que la queja sea fundada, debe acompañarse de unos mínimos requisitos que den cuenta de la probabilidad de la comisión de una falta en los términos anteriormente reseñados, porque en virtud de lo dispuesto en la parte final del artículo 50 de la Ley 200 de 1995, el funcionario que así lo juzgue "deberá ponerlo en conocimiento del funcionario competente suministrando toda la información y pruebas que tuviere". Tan evidente es lo anterior, que el artículo 144 ibídem utiliza la frase "de la queja o del informe y sus anexos".

 

2.3.      Por tanto, la queja deberá contener y acompañar:

 

2.3.1.   Periodo de inactividad que se considere constitutivo de mora procesal.

 

2.3.2.   Funcionarios que incurrieron en ella;

 

2.3.3. Copia de los autos por medio de los cuales fueron comisionados los funcionarios que intervinieron en el trámite procesal durante el periodo constitutivo de mora;

 

2.3.4.   Fotocopia de los folios de los libros radicadores en los que aparezca consignado el trámite de la investigación.

 

2.3.5.   Reporte estadístico de la labor desarrollada por cada uno de los funcionarios que se consideren implicados;

 

2.3.6.   Cuando se trate de moras pprocesales atribuibles a funcionarios diferentes a los responsables de la conducción y donde aquella surja como consecuencia de la inactividad del comisionado o de empleados de la Secretaría, se anexará copia del auto comisorio y de los oficios por medio de los cuales se haya recabado el trámite pertinente;

 

2.3.7.   Los demás datos que a juicio del funcionario se consideren pertinentes.

 

 

JAIME BERNAL CUELLAR

Procurador General de la Nación

 

 

 

 

 

 



[1] Corte Suprema de Justicia, autos de octubre 11 de 1944, junio 1° y julio 19 de 1949.

[2] MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario: Delitos contra la administración pública, DIKE, 1995, páginas 412 y 413.

 

[3] FERREIRA DELGADO, Francisco: Delitos contra la administración pública, Temis, 1985, página 147.