De 1832 a 1857

El Ministerio Público dejó de ser institución constitucional por veintiún años, entre 1832 y 1853. En las Cartas Fundamentales del Estado de la Nueva Granada de 1832 y en la de 1843, República de la Nueva Granada, no apareció. Sólo volvió ha hablarse de ella en la Carta Política de la Nueva Granada, en 1853. Sin embargo, en aquel lapso de 1832 a 1853, fueron expedidas las Leyes sobre fiscales de la Suprema Corte, fiscales de tribunales de distrito, y agentes fiscales, a los cuales prácticamente se encomendaron las funciones del Ministerio Público. Pero se trataba de unos fiscales que no estaban organizados dentro de un verdadero cuerpo de agentes del Ministerio Público, porque les faltaba su jefe y la dirección del Procurador General de la Nación. En ese entonces, ellos debían intervenir en las causas criminales y en los negocios de interés para la Hacienda Nacional, y en otros en que juzgasen conveniente su intervención. Además, debían asistir al tribunal respectivo cuando éste lo mandase. Se hizo obligatoria la voz de los fiscales en los negocios en que estuviesen interesados el honor y la seguridad de la República.

Podían los fiscales acusar a los ministros, jueces o magistrados por descuido de sus labores en detrimento de la justicia. Debían rendir informes a las Secretarías del Interior y de Relaciones Exteriores. Los gobernadores vigilaban a los fiscales y podían obtener del poder ejecutivo su remoción.

Fueron creados los fiscales de los tribunales de distrito mediante Decreto del 5 de agosto de 1843, y no sólo debían dar conceptos fiscales y vigilar a la justicia, sino que también debían vigilar los establecimientos de instrucción, de beneficencia o caridad del común de los pueblos, o cualquier otro de fondos públicos.

Los Fiscales entre 1821 y 1830 / La creación del Ministerio Público en 1830 / De 1832 a 1857 / De 1853 a 1945 / Las reformas de 1945 y 1947 / Las reformas de 1953 a 1974 / El Decreto Extraordinario 01 de 1984 / La Ley 4ª de 1990 / La Constitución Política de 1991 / La Ley 201 de 1995 / El Decreto 262 de 2000