En cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1098 de 2006, la cual contempla la responsabilidad de todos los mandatarios del país para la realización de Rendición Pública de Cuentas sobre la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, en su artículo 204 define como responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia, en su diseño, ejecución y evaluación en los ámbitos nacional, departamental distrital y municipal, al Presidente de la República , los gobernadores y los alcaldes.

Para desarrollar el proceso de Rendición Pública de Cuentas, se ha previsto el primer semestre de 2011 en el que los 32 Departamentos, deben rendir cuentas sobre la garantía de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y los jóvenes. Bogotá, presentó sus resultados en Audiencia Pública el 25 de noviembre del año 2010.

El Proceso de Rendición Pública de Cuentas está construido técnicamente desde la Mesa Técnica Nacional de la Estrategia Hechos y Derechos, el cual consta de 6 fases:

El proceso está definido para desarrollarse mínimo en tres meses contados desde su fase inicial hasta la celebración de la audiencia pública.

En relación con la segunda fase: indicadores de proceso e impacto , la Estrategia Hechos y Derechos, le está entregando al país un paquete de indicadores sociales con enfoque poblacional en Infancia y Adolescencia, el cual consta de 13 indicadores para medir el Gasto Público Social y 65 indicadores agrupados por objetivos de política pública y categoría de derechos. Estos indicadores son producto de un riguroso trabajo técnico, proceso avalado por el Departamento Nacional de Planeación, el cual le permitirá al país no solamente ser medible en sus resultados, sino ser comparable nacional e internacionalmente y con base en sus resultados diseñar e implementar planes de mejoramiento en su gestión.

La Procuraduría General la Nación , como integrante de la Estrategia Hechos y Derechos, entrega a los Departamentos, al Distrito Capital y a los Municipios, esta herramienta de trabajo.