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Régimen de insolvencia para personas naturales no vulnera derechos constitucionales, dijo Procurador General

Boletín 212

Fuente:
Fecha Publicación: jueves, 3 marzo 2011 07:45 AM

 

Los derechos de rango constitucional como el de igualdad, libertad, debido proceso y acceso a la justicia, no son vulnerados por el régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes.

Así lo consideró el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al rendir concepto en relación con la demanda de inconstitucionalidad en contra de algunas expresiones contenidas en los artículos 2, y 4 de la Ley 1380 de 2010, por la cual se estableció el Régimen de Insolvencia para la Persona Natural No Comerciante.

Explicó que, fiel a su propósito, la Ley 1380 de 2010 establece un procedimiento sencillo, de bajo costo y de corta duración, al cual puede acogerse el deudor que reúna los requisitos exigidos por ella, para negociar el pago de sus obligaciones, por medio de un acuerdo, logrado con la colaboración de un conciliador y de manera coordinada con las autoridades judiciales.

Para el Jefe del Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Política, el legislador goza de un amplio margen para expedir leyes como la que se cuestiona, “cuyo objeto es permitir a la persona natural que es deudora, que obra de buena fe y que tiene voluntad de pago, y no a cualquier otra clase de deudor, resolver su situación de insolvencia por medio de un acuerdo de pago.”

Según la norma, en el acuerdo se puede condonar parte de las obligaciones, eliminar los intereses de mora, extender plazos, reestructurar las obligaciones, intercambiar activos, o tomar en general cualquier medida razonable para lograr que las obligaciones se cumplan en un plazo cierto.

El Procurador General advirtió en su concepto que el propósito de la ley no es el de fomentar la cultura del no pago, ni propiciar la elusión de las obligaciones, razón por la cual, es razonable fijar una serie de condiciones o requisitos para su aplicación, con el fin de evitar que el mecanismo sea empleado por deudores abusivos para no cumplir con sus obligaciones y burlar sus compromisos y a sus acreedores.

“La circunstancia de que la ley condicione o limite el acceso de algunas personas al régimen de Insolvencia, como la de ser personas naturales, o la de estar domiciliadas en la República, no implica que las personas que no puedan acceder a dicho régimen, estén privadas de acceder a otros mecanismos jurídicos como la transacción, la conciliación o la cesión de bienes, previstos en otras leyes, como en el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil”, puntualizó.

 

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