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Verdad, justicia y reparación
¿Qué es el derecho a la paz?
El derecho a la paz es un derecho humano fundamental y es la base sólida de civilidad democrática. Como un símbolo ciudadano, el derecho a la paz busca defender la dignidad del ser humano y su libertad de manera que se diseñen y construyan puentes entre la dinámica social y las estructuras jurídicas para dar forma a espacios y mecanismos que medien la resolución pacífica de los conflictos y protejan los derechos de las personas, tanto en el fuero personal como en el ámbito colectivo.
Es un derecho y un deber consagrado constitucionalmente que exige de todos su cumplimiento. Así, cada ciudadano adquiere la capacidad jurídico-política de exigirla y su deber irrestricto de acatarla. Por ello la paz es un bien precisado que pertenece a todos y cada uno de sus titulares y en el cual se sintetizan muchos otros derechos como son la vida, la libertad, la seguridad protectora y la participación.
El sentimiento participativo construye la ciudadanía de la paz permitiendo que los ciudadanos en la cotidianidad, como gestores civiles de la paz, asuman los conflictos sin desmedro de su vida y su dignidad; entendiendo que en una sociedad pluralista, democrática y basada en el consenso reconozca la existencia de intereses y posturas diversas que, expresadas en palabras en la arena pública, den paso a uno diálogo sincero, solidario y reparador.
¿Qué es la justicia transicional y cuál es su alcance?
Actualmente en Colombia se desarrollan iniciativas que, buscando cumplir con los estándares internacionales del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, se aproximan a esa disciplina especializada que se conoce como justicia de transición, la cual «…abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación» 1 , con el objetivo de superar un conflicto tan cruento e inhumano que reclama de los colombianos el diseño de estrategias, que descartando la impunidad, avancen en procesos de reconciliación, garantizando los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, y en el diseño de políticas públicas que erradiquen las causas de una situación de injusticia social de carácter estructural, que a su vez deriven en sólidas garantías de no repetición. Así el esquema de la justicia transicional adoptado en Colombia supera los instrumentos de participación ciudadana tradicionalmente reconocidos.
¿Cuál es la finalidad de la justicia transicional
y qué norma la regula?
La justicia de transición exige de los Estados la búsqueda y difusión de la verdad histórica, programas de reparación integral para las víctimas, que no pueden ser reducidos a una mera indemnización ni ser condicionados a la renuncia de otros derechos, y el diseño de modelos excepcionales de aplicación de justicia, que si bien admiten la flexibilización de principios como el de proporcionalidad e igualdad en materia penal, no pueden constituirse en paradigmas de impunidad que profundicen el dolor y el rechazo de las víctimas y en consecuencia impidan la cicatrización de las heridas.
La Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz como instrumento de justicia transicional, que debe aplicarse en un complejo contexto dada la vigencia del conflicto armado interno, y la negativa de uno de los actores a incorporarse en ese esquema, creó un procedimiento penal excepcional y especial, con el fin de que se conozcan los autores y circunstancias de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de grupos armados al margen de la ley, durante y con ocasión de su pertenencia a dichas organizaciones criminales, a quienes se les otorga un beneficio jurídico consistente en la pena alternativa 2, a cambio de la colaboración efectiva de los desmovilizados en el esclarecimiento de los hechos, lo que les impone informar sobre la totalidad de los delitos cometidos, sobre la suerte de los secuestrados y desaparecidos, sobre los menores vinculados a dichos grupos, así como sobre los bienes usurpados durante sus actividades delictivas, los cuales junto con los que posean lícitamente, deberán entregar para efectos de la reparación material de las víctimas.
¿¿Cuál es el papel de la Procuraduría, las acciones
adelantadas y sus logros?
La Procuraduría General de la Nación tiene el compromiso jurídico, pero sobre todo ético, de respaldar las iniciativas que con miras a la paz convoquen a los actores armados al margen de la ley con el objeto de proponer alternativas de solución al conflicto, siempre y cuando éstas se constituyan en componentes de un amplio proyecto de reconciliación y paz y se supediten de manera estricta a la Constitución y a los tratados internacionales que en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, y derecho internacional penal hacen parte de ella.
Las acciones de carácter preventivo, de control y seguimiento, se han orientado a fortalecer a las víctimas, las organizaciones que las representan y la sociedad en general y, con el objetivo de prevenir y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y de hacer seguimiento y control preventivo a las políticas públicas implementadas por el Gobierno en materia de desmovilización y reinserción de miembros de grupos armados al margen de la Ley y aquellas señaladas para garantizar los derechos de las víctimas, la Procuraduría General de la Nación con el apoyo de la comunidad internacional, ha diseñado políticas y programas que buscan contribuir al cumplimiento oportuno de los deberes de respeto y garantía de los derechos humanos, que obligan al Estado colombiano. Lo anterior, estimulando de forma permanente la participación de las víctimas, de las organizaciones que las representan, de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, la comunidad internacional y los mismos servidores públicos, etc.
Se destacan entre sus proyectos, además de otros, los siguientes:
- Seguimiento y control preventivo a las políticas públicas en materia de desmovilización y reinserción.
- Papel de los Jueces de Paz en los procesos de desmovilización y reinserción, y derechos de las víctimas.
- Desarrollo de los criterios de reparación orientados a fortalecer la capacidad de las víctimas para la reivindicación y defensa de sus derechos
- Adopción de medidas: derecho a la verdad, memoria histórica y conservación de archivos.
- Creación del Observatorio de la aplicación de la Ley colombiana de Justicia y Paz.
- Evaluación de las políticas de protección a las víctimas por parte del Estado colombiano.
- Creación de la Mesa de tierras.
Para efectos de complementar esta estrategia, la Procuraduría ha diseñado un programa de capacitación sobre mecanismos de participación ciudadana en el cual tienen un espacio concreto los mecanismos de participación de las víctimas del conflicto armado interno, titulares de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.