Participemos
Derecho a la información y acceso a la documentación pública | Acción de tutela y derecho de petición | Decisiones que afectan el ambiete sano | Verdad, justicia y reparación | Conciliaciones y acciones populares | Derechos políticos | Construcción de ciudadanía desde un enfoque de género
Decisiones que afectan el ambiente sano
¿En qué consiste el Principio 10?
El Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados. Para ello todas las personas deberán tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Además los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
¿Qué es el derecho al ambiente sano?
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. La Carta de 1991 es explícita en adoptar el modelo que consagra el «Derecho al goce de un ambiente sano» no como un derecho constitucional fundamental, sino como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo; en este sentido para su protección judicial debe acudirse al ejercicio de las Acciones Populares o de las Acciones de Clase o de Grupo en los términos de su regulación legal.
La garantía que otorga la ley para asegurar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente sano, ha dicho la Corte Constitucional, no conducen al establecimiento de un derecho constitucional fundamental, sino al deber de informar y hacer públicos los actos que afecten el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano; además, conducen a la obligación del legislador de consagrar mecanismos de consulta de aquellas decisiones oficiales.
¿Qué mecanismos de participación ciudadana existen para proteger el ambiente y los recursos naturales?
Por una parte está la audiencia pública ambiental, que conforme la Ley 99 de 1993, sobre gestión y conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, así como creación del Sistema Nacional Ambiental sina, la establece como un mecanismo de participación ciudadana que permite a la comunidad, las organizaciones y las autoridades, conocer, informarse y aportar argumentos o criterios sobre la conveniencia, pertinencia o viabilidad de una obra o actividad que se desarrolle o pretenda desarrollarse y que requiera permiso, licencia o concesión ambiental.
No sobra advertir que la audiencia pública ambiental no es una etapa de decisión ni de debate, es decir, no es vinculante u obligatoria para la administración pública. Es más bien un instrumento de información, socialización y de control social.