INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 477

Por ineptitud de la demanda, PGN pide a Corte Constitucional no pronunciarse sobre acción de constitucionalidad presentada contra las normas del Código Civil que definen el matrimonio y la familia o subsidiariamente, declarar que éstas son exequibles

 

Concepto presentado ante la Corte Constitucional

Bogotá, 15 de julio de 2010. Considerando que al sólo reconocer el matrimonio y la familia heterosexuales y atribuirle a la unión matrimonial fines procreativos la legislación civil vulnera los derechos a la dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, asociación y a los derechos a contraer matrimonio y fundar una familia de las parejas convivientes del mismo sexo o de las personas homosexuales, dos ciudadanos demandaron el artículo 113 del Código Civil y el artículo 2º de la Ley 294 de 1996 por inconstitucionales.

Sin embargo, en el concepto presentado a la Corte Constitucional el día 7 de julio de 2010 por el Señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se concluye que los demandantes no sostuvieron de forma clara, cierta, específica, pertinente y suficiente la manera como las normas demandadas supuestamente contradicen el texto de la Constitución Política, que no tuvieron en cuenta una serie de disposiciones dispersas en el ordenamiento jurídico que desarrollan la institución del matrimonio y que además demandaron una norma (el artículo 2º de la Ley 294 de 1996) que reitera de manera expresa disposiciones constitucionales.

De igual forma, el Jefe del Ministerio Público argumentó que la definición de matrimonio adoptada por el artículo 113 del Código Civil tiene justificación constitucional y que no implica una omisión legislativa que suponga una discriminación injusta contra las personas convivientes del mismo sexo o contra las personas sexuales que deba ser declarada inexequible por la Corte Constitucional, en tanto que, por un lado, existen claras diferencias entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales, y por el otro, el matrimonio y la familia tienen una naturaleza, identidad constitucional y unas finalidades específicas, entre otras, con las que no se corresponde la realidad de las parejas convivientes del mismo sexo, luego es razonable y justo que se les de un trato distinto.

En este sentido, en su concepto el Procurador General de la Nación explicó que el matrimonio y la familia tienen una dimensión ius fundamental y una dimensión ius constitucional que además explican porqué existe una reserva constitucional de acuerdo con la cual algunas notas esenciales del matrimonio son: (i) ser una institución jurídica, (ii) ser una relación familiar, (iii) ser una relación jurídica, (iv) constituirse mediante un vínculo jurídico único y mutuo; (v) ser un derecho fundamental, (vi) vincular jurídicamente a un hombre y una mujer, (vii) generar derecho y deberes entre los cónyuges y (vii) estar abierto a la procreación y a la educación de los hijos, así como a la realización de las personas de los cónyuges.

Así, con fundamento en las normas constitucionales, las reglas constitucionales establecidas en las jurisprudencia de la Corte Constitucional y algunos tratados internacionales de derechos humanos, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que se abstuviera de pronunciarse de fondo sobre las demandas descritas, y en su defecto, que declarara la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil, en tanto que sostuvo que este último incluso fue “constitucionalizado” por la Carta Política de 1991.

Por último, el Procurador General de la Nación sostuvo que la definición de familia y matrimonio adoptada por el constituyente y desarrollada por el legislador en nada niega el reconocimiento que se ha hecho, principalmente por vía de la jurisprudencia constitucional, de los derechos patrimoniales de las parejas convivientes del mismo sexo.

Fecha de publicación: 15 de julio de 2010. 10:55 a.m.