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Procuraduría General de la Nación revela preocupante situación de violencia intrafamiliar y violencia sexual en Colombia

 

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Bogotá, 17 de julio de 2009. “El Estado colombiano sigue en deuda con la garantía y protección del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación”, reveló hoy la Procuraduría General de la Nación, en su informe de Vigilancia Superior a la Garantía de los Derechos, desde la Perspectiva de Género.

Este estudio, realizado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, busca contribuir a la consecución de la igualdad material, la prevención de la discriminación, la inequidad y las violencias relativas al género y a los derechos de las mujeres.

Los instrumentos empleados para efectuar esta vigilancia especial fueron aplicados a las instituciones responsables de prevenir, detectar, atender, investigar y sancionar la violencia y discriminación contra las mujeres en los 32 departamentos y 5 municipios piloto del nivel nacional (Medellín, Armenia, Cali Ibagué y Bogotá) y algunas instituciones como el Ministerio de la Protección Social, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.

El informe de vigilancia se centró en cinco temáticas:

1. Acciones de diagnóstico en violencia intrafamiliar y violencia sexual

El 46 por ciento de las entidades territoriales manifestaron no haber realizado acciones de diagnóstico, en el caso de la violencia intrafamiliar, y el 50%, en relación con la violencia sexual.

Al respecto, la Procuraduría advirtió que la realización de los diagnósticos para hacer frente a la violencia intrafamiliar y sexual es competencia de la primera autoridad territorial con el concurso de los sectores de salud, justicia, protección, seguridad y educación.

2. Las políticas de detección de las violencias intrafamiliar y sexual por parte de las Secretarías de Educación.

El 47 por ciento de las Secretarias de Educación departamentales reportó que dispone de algún mecanismo para la detección temprana de la violencia intrafamiliar.

En relación con la violencia sexual el 43 por ciento de las Secretarias consultadas manifestó que contaban con instrumentos para detectar este tipo de violencia.

De las 32 entidades territoriales consultadas, el porcentaje de ellas que manifestó no realizar acciones o no contar con información sobre acciones de detección fue del 53 por ciento en cuanto a la violencia intrafamiliar y del 57 por ciento en cuanto a la violencia sexual.

En ese sentido, la Procuraduría hizo un llamado a la comunidad educativa para que cumpla de manera efectiva con la obligación que tiene para reportar a las entidades competentes esta clase de violencias.

Así mismo, reiteró la obligación de la comunidad educativa de garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar y anunció que continuará ejerciendo el poder preferencial en las investigaciones disciplinarias relacionadas con la violencia sexual por parte de los docentes.

3. Los servicios y la atención a las víctimas de violencias por parte de las Secretarias de Salud

En este aspecto, la Procuraduría informó que “las Secretarías de Salud no cuentan con registros sobre atención a las víctimas de estas clases de violencia, lo cual permite advertir que el sistema de vigilancia epidemiológica para violencias o no opera o su operación es precaria y que las víctimas de estas violencias no tienen una adecuada respuesta ni acceso a tratamientos médicos y psicológicos”.

Así mismo, la Procuraduría hizo un llamado al Ministerio de la Protección Social, en su calidad de ente rector de la vigilancia en salud pública, para que el Sistema de vigilancia epidemiológica en salud pública cuente con una instancia del nivel nacional que realice la recolección de información y su correspondiente análisis con el fin de aumentar las acciones en la prevención, atención e intervención de estas clases de violencia a nivel nacional.

4. Estado de las investigaciones por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura

En el año 2007, se reportaron por parte de la Fiscalía General de la Nación 38.043 querellas o noticias criminales por el delito de violencia intrafamiliar; estos procesos registraron 31.535 víctimas, de las cuales 26.921 son mujeres (84.8%) y 4.363 son hombres. Esto confirma que el 84.8 por ciento de las víctimas son mujeres.

Se encontró también que 92 de cada 100 víctimas de violencia de pareja son mujeres y 74 de cada 100 personas menores de edad son niñas.

La Fiscalía registró 31.856 agresores para el año 2007, de los cuales 27.845 son hombres y 4.011 mujeres.

Igualmente reportó que en el año 2007 venían del año anterior (2006) 7.328 procesos de violencia intrafamiliar e ingresaron como nuevos 31.673. De los procesos que terminan, en el año 2007, sólo el 1.93% de los mismos concluyó con formulación de acusación contra el agresor.

El número de víctimas por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales que registró la Fiscalía en el año 2007 fue de 16.742, de los cuales 90 por ciento son mujeres, 64 por ciento son niños y niñas menores de 14 años y el 39 por ciento son víctimas del delito de “acto sexual con menor de 14 años”.

Frente a la iinformación reportada por el Consejo Superior de la Judicatura sobre la violencia intrafamiliar y la violencia sexual llama la atención que en el año 2007 hayan sido condenadas solo 611 personas por violencia intrafamiliar y 3.197 por violencia sexual.

Dada la magnitud de estas violencias en el país, el panorama se torna complejo cuando muchos de los casos que llegan a conocimiento de las autoridades siguen impunes.

5. La violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado

En el marco del conflicto armado, la violencia sexual contra las mujeres es una realidad invisible. De acuerdo con las organizaciones de mujeres que le han hecho seguimiento a esta violencia, su ocurrencia es considerablemente alta y recurrente. En los casos reportados se han encontrado, entre otras, las siguientes conductas de violencia sexual ejercida contra las mujeres: violación por parte de un agresor, violación perpetrada por más de un hombre; violaciones repetidas en el tiempo, mutilación sexual, prostitución forzada, esclavitud sexual, trata de personas y aborto forzado.

La ausencia de información sobre la violencia sexual resulta inexcusable en un país que atraviesa una situación de conflicto armado, negar el evento e invisibilizar a las víctimas de la violencia sexual en este escenario cuestiona el deber de garantía, protección, investigación, sanción y reparación frente a las entidades competentes, así como el derecho a la verdad, la justicia y a la reparación que tienen las víctimas.

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación requirió a las entidades responsables para que, desde su competencia, atiendan de manera efectiva y prioritaria a las víctimas de estas violencias e instó a todas las autoridades para que intensifiquen sus esfuerzos para prevenir la violencia intrafamiliar y la violencia sexual y garanticen los derechos de las mujeres víctimas, de acuerdo con la Ley 1257 de 2008.

Ver presentación del informe