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Sancionados miembros de la fuerza pública por irregularidades relacionadas con los gastos reservados en el Gaula Cundinamarca

 

Bogotá, 9 de junio de 2009. La Procuraduría General de la Nación sancionó al Oficial del Ejército Nacional hoy en retiro Mayor Javier Efrén Hermida Benavides con Separación Absoluta de las Fuerzas Militares e inhabilidad por 10 años y la pérdida del derecho a concurrir a las sedes sociales y sitios de recreación de las Fuerzas Militares, por hechos relacionados con el manejo irregular de dineros pertenecientes al rubro de gastos reservados cuando se desempeñaba como Comandante del Gaula de Cundinamarca.

Dentro de la decisión disciplinaria también se sancionó al Oficial de la Armada Nacional hoy Capitán Germán Albarracín Cordero y al Suboficial del Ejército Nacional hoy en retiro Sargento Viceprimero Gustavo Ortega Ortega, con suspensión por 30 días sin derecho a remuneración.

El Ministerio Público estableció que el oficial Hermida Benavides, como ejecutor del gasto reservado del Gaula Cundinamarca y en desarrollo de diferentes actividades propias de esa unidad militar autorizó el pago de dineros a informantes ficticios con cargo a la partida de gastos reservados.

“Esta probado que el disciplinado durante el ejercicio de sus funciones como Comandante del Gaula Cundinamarca entre los años 2003 y 2004 acrecentó de manera ilícita su patrimonio bajo la realización de varias acciones psicológica y finalísticamente orientadas con el propósito común de incrementar sus haberes de manera indebida, sirviéndose para ello del éxito de las operaciones realizadas por el DAS”.

Igualmente la Procuraduría halló responsables a los militares del Ejército Nacional hoy en retiro Hermida Benavides y Ortega Ortega de “faltar a la verdad en certificaciones o informes verbales o escritos en cualquier acto del servicio”.

Esta conducta también le fue atribuida al oficial de la Armada Nacional hoy Capitán Germán Albarracín Cordero, pues consignaron información que no corresponde a la realidad en los documentos que se tramitaron para legalizar el pago a informantes “ya que al estampar su firma en las actas certificaron hechos de los que no habían sido testigos lo que hicieron con plena conciencia y libertad, pues como lo señalan en sus versiones no conocieron la fuente humana ni estuvieron presentes al momento del pago a que se refieren los documentos dubitados”.

Contra esta decisión de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares procede el recurso de apelación en los términos previstos en la ley.