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Procuraduría defiende los derechos de trabajadores
agrarios de Córdoba

Bogotá, 17 de febrero de 2009. Gracias a una acción de tutela interpuesta por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios (General de la Nación), las familias campesinas asentadas en la Cienaga Grande del departamento de Córdoba, podrán ejercer el derecho de oposición para continuar con la explotación de los terrenos comunales de la Nación de los cuales derivan su sustento desde hace mas de 20 años.

El asunto se refiere al desalojo que se pretendía realizar en el terreno baldío denominado Trementino, ubicado en la vereda las Arepas, jurisdicción del municipio de Cotorra (antes Lorica), departamento de Córdoba, el cual fue entregado por el INCORA en comodato a 24 familias de campesinas en julio de 1988, pero que de manera errada iba a ser entregado por la Juez Promiscuo Municipal de San Pelayo en cumplimiento de una providencia de entrega dentro del proceso de sucesión adelantado por los herederos de la señora Bella Rosa Argel Petro.

El Ministerio Público estableció que la diligencia de lanzamiento se iba a realizar en un predio de idéntico nombre al ocupado por los campesinos, ubicado en la jurisdicción del municipio de San Pelayo (Córdoba), que corresponde al terreno sobre el cual se adelanta el citado proceso de sucesión, y que de manera injustificada el Juez pretendía adelantar la diligencia en uno que no se encontraba vinculado al proceso, impetrando la tutela para proteger los derechos de la comunidad ante la evidencia de un error en el municipio y lugar de ubicación del predio por parte del despacho de conocimiento.

En consecuencia, la Procuraduría solicitó cancelar la diligencia de entrega que pretende continuar la Juez Promiscuo Municipal de San Pelayo, debido a que el bien sobre el cual se busca realizar la entrega, es diferente de aquel sobre el cual recayó la decisión del Juzgado de Familia.

Al resolver la acción constitucional presentada el Juez Civil del Circuito de Montería tuteló los derechos de los trabajadores agrarios que por más de 20 años han ejercido la explotación económica del terreno y, requirió al Juzgado Promiscuo de San Pelayo “ para que en la diligencia programada para el 19 de febrero de 2009 le permita a los ocupantes del predio de propiedad del Estado ejercer el derecho de oposición, debiendo practicar pruebas que permitan dilucidar si el bien objeto de entrega, es el mismo adjudicado en la sucesión de la causante Bella Rosa Argel Petro y si les asiste o no el derecho de posesión a los opositores”.