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Destituido e inhabilitado por 15 años ex alcalde de Girón, Santander

Bogotá, 20 de noviembre de 2008. Por incurrir en diversas irregularidades en el desarrollo de un proyecto que albergaría a las familias damnificadas por la tragedia invernal, la Procuraduría General de la Nación, destituyó e inhabilitó por 15 años al ex alcalde del municipio de Girón, Santander, Juan Francisco Suárez Galvis.

Los hechos que fueron cuestionados y posteriormente sancionados en fallo de primera instancia por el ministerio público se registraron en agosto del 2005, cuando el entonces mandatario incurrió en el incumplimiento de los acuerdos, mediante los cuales el Concejo municipal lo facultó para adelantar dicho proyecto.

Así mismo, el señor Suárez Galvis omitió su labor de vigilancia sobre el proceso de selección y compra de tierras pues quedó plenamente demostrado que los predios San Benito y los Cocos, adquiridos para desarrollar el proyecto urbanístico con destino a los damnificados no eran aptos, pues no acataban las especificaciones ordenas en las disposiciones locales.

Consideró el ministerio público que hubo sobrecostos en la compra de los mencionados predios por un valor de 1.861 millones de pesos habida consideración de su ubicación, condiciones físicas, limitaciones geotécnicas al área urbanizable, carencias de servicios públicos, de infraestructura para su prestación y de obras de urbanismo, aspectos que no fueron tenidos en cuenta e inciden notoriamente en el precio de compra, situación que genero incremento patrimonial para terceras personas en perjuicio del patrimonio estatal y la inversión social a que estaban destinados los recursos.

El fallo señala que el alcalde se extralimitó en sus funciones al suscribir el 24 de octubre de 2005 un acuerdo de Unión Temporal con un ingeniero por valor de 4.850 millones de pesos, cuyo objeto consistió en aunar esfuerzos administrativos, económicos, técnicos y humanos para gestionar recursos, adquirir lotes, efectuar estudios de viabilidad del proyecto urbanístico y realizar obras de urbanismo complementarias a fin de conjurar la situación de desastre declarada en el municipio, violando con ello los principios orientadores de la contratación estatal, en especial el deber de selección objetiva.

Para el ministerio público existe certeza sobre la comisión de las faltas disciplinarias graves y gravísimas afectando no solo la institución que representaba y el grupo de personas que a través de un proceso democrático confió sus intereses a una labor transparente e imparcial, trasgrediendo con ello la carta de principios que conforman la función pública