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Corte Suprema de Justicia acogió derecho fundamental al debido proceso solicitado por ministerio público

Bogotá, 9 de julio de 2008. La Corte Suprema de Justicia acogió una acción de tutela instaurada por la Procuraduría General de la Nación, en la cual solicitó el amparo al derecho fundamental al debido proceso, contra fallos proferidos por el Juzgado Laboral y el Tribunal del Distrito Judicial de San Andrés.

El ministerio público instauró una acción dirigida a obtener permiso para despedir a un servidor público amparado por el fuero sindical, con el fin de ejecutar la sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 12 años contra el señor David Púa Paut, quien se desempeñaba como oficinista de la Procuraduría 292 Judicial I Penal de San Andrés Isla.

Ante la acción de levantamiento del fuero sindical, tanto el Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés Islas como la Sala Única del Tribunal del Distrito Judicial de San Andrés, decidieron que el término para instaurar la acción estaba prescrito, teniendo en cuenta que al interponer la correspondiente demanda ya habían transcurrido dos meses contados a partir de la ejecutoria del fallo disciplinario.

Contra las aludidas decisiones, la Procuraduría interpuso una acción de tutela por considerar que el término de prescripción para iniciar las acciones que emanen del fuero sindical, entre ellas el levantamiento del mismo, se debe contar a partir de que el nominador conoce del hecho que se invoca como justa causa.

La Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral acogió dicho argumento y amparó el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación y en consecuencia dejó sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para lo cual adujo: “en este orden de ideas, queda claro que es a partir del momento en que el nominador tiene conocimiento del hecho que se invoca como justa causa para levantar el fuero sindical, que en este caso es la ejecutoria del acto administrativo que impone la sanción de destitución, que debe iniciar el conteo del término prescriptivo de que trata el artículo 118 A del C. P. L., término que en el sub examen venció el 13 de noviembre pasado, cuando ya se había instaurado la correspondiente demanda, pues ésta se presentó el 26 de octubre de 2007”.