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Procuraduría presenta resultados de seguimiento a sentencia 355/06

Bogotá, 7 de mayo de 2008. Tras dos años de la expedición de la sentencia 355/06 que reglamenta el aborto en Colombia bajo circunstancias especiales, la Procuraduría General de la Nación presenta los resultados de la vigilancia superior que ejerce dicha institución para garantizar los derechos de las mujeres a recibir la interrupción voluntaria de su embarazo, cuando aplica alguna de las circunstancias contempladas en la sentencia.

El fallo de la Corte Constitucional del 10 de mayo de 2006, reconoció el derecho de las mujeres al aborto legal y seguro, cuando aplica algunas de las siguientes circunstancias: 1) peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico 2) grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico, o 3) el embarazo ha sido resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, debidamente denunciada.

La sentencia 355/06 busca garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular su derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre su propio cuerpo, y a no ser víctimas de coerción de ningún tipo, que atente contra su dignidad, sus libertades fundamentales, su integridad, su salud y su vida.

Impedir que una mujer interrumpa voluntariamente un embarazo cuando este ha sido resultado de un acto de violencia sexual de cualquier tipo, o cuando pone en grave peligro su salud o la vida del feto, es una vulneración de los derechos de la mujer, y la limita a su rol procreativo, desconocimiento su autonomía como sujeto.

Es por ello que, el Estado, en su papel de garante de los derechos de las mujeres y las niñas, debe garantizar el cumplimiento de la sentencia 355/06, cuando aplique cualquiera de sus 3 condicionantes.

Modelo de vigilancia

Es así que, la Procuraduría General de la Nación se ha dado a la tarea de diseñar un modelo de vigilancia con el fin de efectuar un seguimiento al cumplimiento de las normas y un diagnóstico permanente de la situación de garantía de los derechos de mujeres y adolescentes en el país.

Parte de los productos es la publicación del boletín “Procurando la equidad”, que presentamos hoy a ustedes, y que en su No. 2 recoge los resultados del seguimiento al cumplimiento de la sentencia 355/06.

Casos de interrupción voluntaria del embarazo - IVE en el país

De acuerdo a una solicitud de información al Ministerio de la Protección Social, por parte de la Procuraduría, en el 2007 fueron practicadas 21 IVE. No fue posible conocer la información de edad de las mujeres o causales de la interrupción del embarazo. Por otra parte, el ICBF reporta 12 adolescentes menores de 18 años que solicitaron el aborto, por la causal de abuso sexual. Sin embargo, varias regionales del ICBF no cuentan con información disponible. Lo anterior refleja las debilidades que existen en el registro y análisis de la información, por parte de las instituciones competentes.

Por otra parte, la alianza de la Procuraduría con la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres, y con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, permitió tener información sobre 40 casos registrados por esta organización, desde el fallo de la Corte hasta marzo de 2008. De los mismos, el 67% corresponde a violencia sexual, el 20% a malformaciones del feto, y el 13% a riesgo para la salud de la mujer. Del total de casos, un 65% provenía de Bogotá, y el restante 35% de departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Putumayo, Meta y Sucre.

En general, se considera que existe un subregistro importante de los casos de mujeres que podrían acogerse a la sentencia 355/06 y no lo hacen por desconocimiento de sus derechos, y por otro lado, de las mujeres que, habiendo solicitado el servicio, no son atendidas.

Barreras de acceso identificadas

La sentencia contempla que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser garantizada por el servicio de salud, sin demoras por trámites administrativos innecesarios.

En el caso de las causales 1 y 2 solo se requiere certificación médica, y en la causal 3 es suficiente la copia de la denuncia de la violencia sexual.

Sin embargo, el boletín evidencia barreras de acceso al servicio que imponen a las mujeres las aseguradoras y las prestadoras de servicios de salud, y otras instituciones públicas y privadas, vulnerando su derecho a recibir el servicio de manera inmediata.

Constituyen barreras de acceso: el desconocimiento de la sentencia por parte de operadores de los servicios, falta de información sobre sus derechos por parte de niñas y mujeres, objeciones de conciencia de las instituciones como justificación para negar el servicio, imposición de requisitos y trámites adicionales, interferencias de funcionarios públicos y trabajadores de instituciones privadas para disuadir a la mujer de la interrupción de su embarazo, requerimiento de la autorización de los padres para menores de 14 años, en contra de lo contemplado en la normatividad, entre otras.

Personería de Medellín: cómo garantizar el cumplimiento de la sentencia

La Personería de Medellín, en conjunto con la Secretaría de Gobierno y la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, ha desarrollado una labor de incidencia social para garantizar el derecho a un aborto legal y seguro frente al sector salud y de justicia de la ciudad. Este trabajo se presenta como ejemplo de buenas prácticas en torno a la aplicación de la sentencia,

Desde el fallo de la Corte hasta septiembre de 2007 se atendieron 22 mujeres que deseaban interrumpir su embarazo, 20 de las cuales aducían haber sido víctimas de violencia sexual. Gracias a la intervención de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, se logró la IVE para el 72% de las mujeres; el restante manifestó querer continuar con su embarazo.

La estrategia consiste en asesorar a las mujeres y adolescentes frente a sus derechos, y brindar asistencia jurídica ante los sectores de salud y justicia para que cumplan con sus funciones.