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Procurador pide al Presidente no sancionar el proyecto de ley que modifica el acceso a la función pública

Bogotá, 21 de abril de 2008.El Procurador General de la Nación solicitó al Presidente de la Republica objetar por inconstitucional, el proyecto de ley que privilegia a los funcionarios en provisionalidad permitiéndoles la permanencia en sus cargos, al negar al resto de ciudadanos la posibilidad de acceder a la función pública a través de la opción constitucionalmente establecida de la carrera.

En oficio enviado al jefe del Estado, el Procurador hizo una amplia explicación de las normas constitucionales violadas por el legislador, que ignoró además la jurisprudencia de la Corte Constitucional al establecer que la Carrera Administrativa es un “principio” y una “regla general” de la carta política de los colombianos y “reafirmando que la razón esencial para acceder a la función pública es el mérito, determinando como principio que los empleos en los órganos y entidades del Estado deben proveerse mediante el sistema de carrera”.

Adicionalmente señalo que de sancionarse esta ley, se estaría desconociendo los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica pues “El Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, con el fin de amparar aquellas expectativas validas que se han hecho con base en acciones y omisiones estatales prolongadas en el tiempo”.

Texto completo de la carta enviada:

Bogotá D.C., 18 de abril de 2008

D. P.

Doctor
ALVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República de Colombia
Ciudad

Asunto: Inconstitucionalidad del Proyecto de Ley No. 117 de 2007 Senado, 171 de 2007 Cámara, por la cual se reforman algunos artículos de la Ley 909 de 2004, algunos artículos de las disposiciones que contienen los concursos de los sistemas específicos y especiales de origen legal y se dictan otras disposiciones en materia de carrera administrativa.

Respetado señor Presidente:

En mi condición de Procurador General de la Nación, Supremo Director del Ministerio Público presento ante usted mis consideraciones relacionadas con el Proyecto de Ley de la referencia, aprobado por las Cámaras del Congreso de la República y dispuesto próximamente para sanción Presidencial a efecto que se tengan en cuenta por resultar abiertamente contrario con los propósitos constitucionales que ordenan el acceso por concurso a la carrera administrativa.

En consecuencia, de la manera más respetuosa solicito a usted el ejercicio constitucional de la facultad de objeción a los proyectos de ley por inconstitucionalidad de acuerdo a los artículos 165 a 167 de la Carta. Las razones para hacer esta solicitud se resumen en los siguientes puntos:

1.- Inconstitucionalidad total del Proyecto de Ley por violación del artículo 125 de la Carta Política.

Los artículos 1, 4, 7, 8 y 9 del texto del proyecto de ley establecen una serie de privilegios para los empleados que ocupan cargos vacantes de la Función Pública en calidad de provisionales que deben ser ocupados por aspirantes al sistema general de carrera. En efecto al establecer las causales de separación y permanencia de la función que son propios de los cargos de carrera, aplicadas a funcionarios de actualmente ocupan el cargo de provisionalidad se desdibuja la exigencia constitucional contemplada en el artículo 125 que establece tajantemente que los empleos de los órganos y Entidades del Estado son de carrera con las únicas excepciones de los servidores de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y demás que determine la ley.

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido que la carrera administrativa es un principio y una regla general de la constitución política, reafirmando que la razón esencial para acceder a la función pública es el mérito, determinando como principio que los empleos en los órganos y entidades del Estado deben proveerse mediante el sistema de carrera.

El principio de libre configuración legislativa frente a la formulación de leyes como la que se cuestiona ha sido interpretado por el Juez constitucional de manera absolutamente restrictiva, al establecer que las competencias otorgadas al legislador no pueden desconocer la esencia misma del sistema generando un efecto contrario al pretendido por el constituyente del 91. En este sentido se manifestaron las Sentencias C-195 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-356 de 1994 (M.P. Fabio Morón Díaz) y C-306 de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara), entre otras..

Las mismas decisiones de constitucionalidad han establecido que el efecto contrario a lo pretendido por el constituyente primario corresponde justamente a que la carrera sea la excepción y los demás mecanismos de provisión de cargos la regla general.

Así las cosas el Legislador ha excedido el límite trazado por la Constitución en su artículo 125, al establecer como excepción a la carrera el mantenimiento de los cargos en provisionalidad con los beneficios propios de la permanencia y retiro del servicio una modificación por vía legal que el marco de los presupuestos de la noción de Estado de Derecho resulta inadmisible.

2.- El proyecto resulta inconstitucional por violación del artículo 125 de la Constitución Nacional al desconocer el nombramiento por concurso público de los empleos de carrera en los órganos y Entidades del Estado.

En efecto la Sentencia C-266 de 2002, MP., doctor Manuel José Cepeda Espinosa, que resume los postulados del Juez Constitucional con respecto al artículo 125 establece con claridad:

El artículo 125 de la Constitución consagra dos reglas generales: los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones constitucionales y legales; además, el nombramiento de los funcionarios debe hacerse por concurso público, salvo que el sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, lo que no se aplica a los empleos de carrera. En consecuencia, el nombramiento de funcionarios en cargos de carrera debe hacerse, salvo excepciones constitucionales o legales, mediante concurso público…… El concurso público tiene como función no sólo la escogencia según los méritos y calidades del aspirante (arts. 125 y 209 C.P.), sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades (art. 13 C.P.) en el acceso a las funciones y cargos públicos (art. 40 num. 7 C.P.). De limitarse el mecanismo de nombramiento de funcionarios de carrera por vía del concurso público sólo al ingreso a la carrera y excluirlo, así sea parcialmente, del ascenso en la carrera, no sólo se desconocería el texto del artículo 125 de la Carta, sino que se vulnerarían los derechos fundamentales a la igualdad de oportunidades y a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos."

3.- La disposición resulta violatoria de los principios de la seguridad jurídica, y de la confianza legítima según los cuales: el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, con el fin de amparar aquellas expectativas válidas que se han hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien se trate de regulaciones legales o de interpretaciones de las normas jurídicas; deben además las autoridades ser coherentes en sus actuaciones y garantizar razonablemente la estabilidad y durabilidad de las situaciones generadas, de manera que la administración no puede ejercer sus potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan.

En efecto, la negación del artículo 125 genera el derecho para todos los ciudadanos de acceder en condiciones de igualdad y por meritos a la función pública. El medio para este efecto es el concurso público que por vía del proyecto de ley en las disposiciones mencionadas cierra la posibilidad de acceso garantizada por la Constitución, cambiando las reglas de juego establecidas por la propia carta y modificada inadmisiblemente por el legislador.

Bajo los presupuestos del principio democrático que inspira la constitución política con sus ideales de justicia no es posible acreditar la negación de acceso a la función pública para todos los ciudadanos consolidando a través de la ley unos beneficios a favor de quienes han llegado al servicio público por una vía que si bien es legal constituye un mecanismo transitorio para el ejercicio de la función.

En la espera de que estas razones se consideren a efecto de las objeciones se suscribe de usted:

 

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN