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PGN denuncia embargos ilegales de dineros de la salud y la educación en Chocó

Bogotá 26 de abril de 2007. De muy grave, especialmente  para los niños, las niñas y los adolescentes del departamento de Chocó calificó el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, la situación que se presenta en esa zona del país, tras el millonario embargo de cuentas bancarias de los sectores de la salud y educación por más de 26 mil millones de pesos, entre el 2004 y 2007.

En carta dirigida al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Alonso Flechas, el jefe del ministerio público denunció que algunos juzgados con sede en Quibdo, Chocó, ordenaron el embargo de cuentas, de recursos protegidos constitucional y legalmente y por ello inembargables, para el pago de ajustes salariales, salarios y  prestaciones sociales.

Dentro de los casos mas relevantes, se encuentran que tres juzgados, dos laborales, así como por un Juzgado Civil del Circuito, donde se concentran más del 58% del valor total de los embargos ordenados por los despachos judiciales; igualmente se determinó que uno de los despachos ordenó un embargo por $1.554.004.761 de recursos del sector salud, mientras que otro juzgado ordena un embargo por $1.778.486.920 de recursos destinados para el sector educativo.

En otro expediente un solo abogado interviene como apoderado de 97 personas: en otro de los casos, se solicita la cancelación de ordenes de prestación de servicios de 1997 hacia atrás, y para tal fin se presenta documentación donde se certifica la deuda, expedida la misma fecha y además se concluye una posible prescripción de la acción judicial para el cobro de las acreencias al Departamento y sin embargo se ordena su cancelación en dos títulos, en diciembre 18 de 2006, 310 millones de pesos y 15 de enero de 2007, por 600 millones de pesos, entre otros hechos.

Actualmente cursan procesos contra el Hospital departamental San Francisco de Asís, en nueve despachos judiciales por un monto que supera los 680 millones de pesos, contra el Departamento Administrativo de Salud, ocho procesos para el pago de una cifra superior a los dos mil millones de pesos y contra la Gobernación del Chocó cuatro procesos para lograr la cancelación de acreencias por una suma superior a los dos mil millones de pesos.

Lo grave en estos últimos casos, es el embargo de cuentas del Departamento, donde aparecen consignados recursos del sector Salud, que son destinados para la atención de las familias más pobres del Departamento del Chocó. Y las del sector educativo, donde están consignados los dineros con destino a los colegios y escuelas donde se capacitan los niños y niñas de los estratos un y dos, es decir las familias de escasos recursos.

Ante este panorama, el procurador general de la nación, Edgardo José Maya Villazón, manifestó su preocupación, por lo que esta ocurriendo en el Departamento del Chocó y recalcó, que los recursos de los sectores de la salud y la educación, no pueden ser embargados, porque así lo contempla la constitución y la ley, y reiteró a los jueces de la república, sobre la circular de 2005 en la que les insta sobre el acatamiento de las normas, relacionadas con el embargo de los recursos públicos, en concordancia con los fallos proferidos por las altas cortes.

Por último, la Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria para establecer responsabilidades sobre los funcionarios del orden Departamental, sobre lo ocurrido en el Chocó y solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, aplicar las sanciones a los funcionarios judiciales responsables por el embargo de las cuentas, que la constitución y la ley amparan por ser recursos dirigidos a las familias más necesitadas del Chocó.