PGN pide a la Fiscalía reabrir el proceso archivado al Alcalde de Cali

Bogotá, viernes 1 de diciembre de 2006. Por considerar que existen suficientes pruebas dentro de la investigación penal que llevó a cabo la Fiscalía contra el alcalde de Cali, Apolinar Salcedo Caicedo, y tres funcionarios más, por las presuntas irregularidades en la modernización del Departamento de Hacienda del municipio para el cobro de impuestos, la Procuraduría solicitó la reapertura del proceso penal.

En el recurso de apelación presentado contra el auto que precluyó la investigación a favor del señor Salcedo Caicedo, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, en su condición de denunciante y la procuradora judicial que interviene como agente especial del ministerio público dentro del proceso penal, coincidieron en señalar que el material probatorio determina que existió improvisación en el proceso licitatorio.

Para la Procuraduría durante el trámite del proceso licitatorio fue posible comprobar varios hechos que pueden constituir irregularidades que ameritan sanción penal, como la carencia de planeación, ya que inicialmente la administración municipal de Cali señaló que se trataba de una concesión total de servicio, y termina celebrando un contrato de prestación de servicios, con una empresa privada, para modernización y el cobro de impuestos por un periodo de 15 años.

Además, se comprobó que en el mes de octubre de 2004 se expidieron varios documentos que más que aclarar modificaron los pliegos de condiciones; tampoco se tuvieron en cuenta a los funcionarios de la Secretaría o Departamento Administrativo de Hacienda, quienes tenían la experiencia en el tema para la realización de estudios técnicos y otros trámites que permitieran la presentación de unos pliegos de condiciones acordes con el proceso de selección del servicio que contrataría la ciudad de Cali.

Con estas acciones, que para el ministerio público son abiertamente irregulares, se desconocieron los principios de transparencia, planeación y responsabilidad, por cuanto existió un incumplimiento de los requisitos para la celebración de los contratos estatales que se rigen por la Ley 80 de 1993, especialmente por la falta de planeación propia de la etapa precontractual, y por haberse entregado a un particular una función pública exclusiva del ente territorial.

Como se recordará, en la actualidad cursa en la Procuraduría un proceso disciplinario, contra los funcionarios que participaron directa o indirectamente en el desarrollo de la licitación para la modernización del Departamento de Hacienda de Cali y que se encuentra a punto de proferir fallo.