Investigación disciplinaria contra los señores Morris, García, Merlano y Arana

Bogotá, 23 de noviembre de 2006. Por considerar que existen hechos relevantes que pudieron tener ocurrencia después del 5 de mayo de 2002, cuando entró en vigencia el actual Código Único Disciplinario, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a Álvaro García Romero, Erik Morris, Jairo Merlano y Salvador Arana.

Considera el ministerio público, que las referencias hechas por la Corte Suprema de Justicia en las investigaciones que adelanta por supuestos vínculos con grupos al margen de la ley, las informaciones de prensa y aquellas provenientes del llamado <<computador de Jorge 40>>, pueden contener elementos investigables bajo la actual ley disciplinaria que en su artículo 48 señala como faltas disciplinarias gravísimas:

• Numeral 1: << Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo >>.
• Numeral 12: << Fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos >>.

Para tal efecto, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas, entre las que se encuentran visitas especiales a los procesos penales y disciplinarios tramitados o en trámite, al tiempo que dispuso reiterar a la Fiscalía General de la Nación la solicitud de envío de todos los documentos relacionados con el llamado << computador de Jorge 40.>>

Los autos del 20 de noviembre pasado en el que se abre investigación contra los señores García, Morris y Merlano, y el fechado el 22 de noviembre que ordena investigar al señor Salvador Arana, encargan la práctica de las pruebas a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y a los Procuradores Judiciales que conforman el nuevo <<Grupo Especial Aforado>> creado por el Jefe del Ministerio Público para investigar exclusivamente los posibles vínculos de servidores públicos con grupos al margen de la ley, en hechos ocurridos a partir del mes de mayo de 2002, momento desde el cual la Procuraduría cuenta con la facultad de investigar la posible comisión de estos hechos.