Pliego de cargos contra concejales de Villavicencio

Bogotá, 18 de octubre de 2006. Por presuntas irregularidades en el trámite y aprobación de un Acuerdo, que pretendía modificar el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Villavicencio, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra 11 concejales y tres miembros del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Los afectados con la decisión disciplinaria son: Luis Antonio Chaves Avila, Juan Manuel Toro Malavet, Carlos Julio Serrato Ladino, Jose Humberto Poveda Garzon, Edilberto Baquero Sanabria, Benjamin Pardo Moreno, Julio Cesar Blanco, Hernán Sigifredo Barrero, Victor Delio Sanchez Gomez, y Jose Heli Baquero Mateus y los funcionaros adscritos al Departamento Administrativo de Planeación Municipal: Oscar Bolaños Cubillos, Vastar Hinestroza Rengifo y Luis Fernando Romero Sandoval.

De acuerdo con la investigación los funcionaros que conformaron el denominado Equipo Técnico de la administración municipal habrían presentado el proyecto sin entregar la documentación necesaria y exigida por la ley, sin sustentar debidamente los temas que constituían los cambios que se pretendían modificar al POT y sin tomar en cuenta las opiniones de los gremios económicos y agremiaciones de profesionales y de autoridades ambientales.

Adicionalmente, no se habrían adelantado las audiencias con las juntas administradoras locales ni se habrían efectuado los procesos de concertación y consulta ciudadana necesarios para este caso.

Pese a las anomalías en la presentación del documento, los concejales del municipio de Villavicencio habrían tramitado y aprobado el proyecto de acuerdo para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial.

La aprobación se habría realizado a pesar de las oportunas advertencias que, sobre posibles irregularidades, hicieron algunos concejales, autoridades ambientales la Cámara de Comercio de Villavicencio y los gremios.

Otra de las posibles irregularidades que son materia de investigación está relacionada con la convocatoria, dirección y trámite de un cabildo abierto. Al parecer, este no se habría realizado previamente al inicio del estudio y análisis de la pretendida modificación al POT, y además, no habría sido difundido como lo establece la ley, lo que habría coartado la participación de los habitantes de Villavicencio.

Se cuestiona además “el impulso y celeridad inusitados” dado al proyecto de acuerdo, teniendo en cuenta que la ley señala un término de 90 días y todo el proceso se surtió en tan solo 22 días.

La Procuraduría compulsó copias de esta investigación a la Fiscalía General del Nación para que investigue las conductas que le correspondan.