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PGN revela falencias del Estado colombiano en materia de género y derechos de las mujeres

Bogotá, viernes 18 de agosto de 2006. Dos de cada diez dictámenes medicolegales de violencia intrafamiliar aparentemente no llegaron al sistema judicial, concluyó la Procuraduría General de la Nación tras comparar los 37.013 dictámenes medicolegales reportados por la tercera parte de los departamentos del país, con los 30.473 procesos judiciales adelantados en éstos.

Este es uno de los resultados alarmantes que revela un informe de seguimiento al cumplimiento de las normas nacionales e internacionales vigentes en materia de género y derechos de las mujeres realizado por la Procuraduría General de la Nación en 23 departamentos y 3 municipios.

Este seguimiento solo fue posible gracias a un modelo de vigilancia preventiva diseñado por la Procuraduría, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y que de ahora en adelante será utilizado de manera sistemática y permanente por el Ministerio Público para verificar tanto el cumplimiento de las normas como la situación y garantía de los derechos de las mujeres en el país.

El Ministerio Público analizó la situación de las mujeres sobre siete derechos trazadores: a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la educación, a la Salud y seguridad social, a la participación, al trabajo y a la propiedad de la tierra.

El principal obstáculo de este seguimiento radicó en la insuficiencia de la información. La calidad de los datos entregados no permite conocer la magnitud de algunas problemáticas que viven algunos de los departamentos colombianos. Además, se evidenció un bajo nivel de conocimiento sobre el marco jurídico internacional y nacional vigente para Colombia y lo relacionado con el derecho a la igualdad, a la situación de las mujeres y a la necesidad de incluir la perspectiva de género en la gestión pública, principalmente.

En lo que tiene que ver con el derecho a la vida, se confirma que la tasa nacional de homicidios en Colombia sigue siendo la más alta de América Latina sin que ella pueda ser explicada por el conflicto armado. Los resultados del seguimiento realizado muestran que el 20 por ciento de las mujeres que mueren violentamente, son menores de edad, hecho que se suma a otros tipos de violencia que padece la población femenina.

En Colombia, se registra un alto porcentaje de mujeres y niños que siguen muriendo por causas prevenibles. Es el caso de la muerte por infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas y muertes asociadas a la gestación.

La precariedad en el manejo de la información también se ve reflejada en el análisis realizado al derecho a la dignidad e integridad personal. No existe información precisa sobre los casos conocidos de violencia intrafamiliar y violencia sexual, ni un mecanismo que permita cruzar o comparar las diferentes fuentes de información y contar con una línea de base sobre este tipo de violencias y ello impide conocer la magnitud real de este fenómeno.

Otro de los temas analizados dentro de este derecho tiene que ver con las violencias económicas al interior de la familia que incluye los procesos de alimentos, la inasistencia alimentaria y las investigaciones de paternidad. En este derecho no se aprecian por parte de las entidades competentes, acciones ni medidas dirigidas a intervenir estas prácticas.

De acuerdo con el estudio realizado “en el año 2005 se encontraron en la Fiscalía general de la nación, 73.000 denuncias por el delito de inasistencia alimentaria; en el mismo año los juzgados de familia tuvieron a su cargo 24.000 procesos que buscaban fijar una cuota de alimentos a favor de niños y niñas”.

Sobre los derechos sexuales y reproductivos, se registró una avance significativo producto de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva emprendida por el Ministerio de la Protección Social. Sin embargo, el estudio revela una baja cobertura de información departamental sobre los aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva.

El derecho a la participación y por ende, el cumplimiento de la ley de cuotas también fue objeto de análisis. Se encontró que “cinco años después de haber sido expedida la norma que garantiza la participación de las mujeres en el 30% de los cargos públicos, alrededor de 35 entidades públicas incumplieron con el mandato legal que garantiza la participación de la mujer en la vida económica, profesional y social del país”.

Finalmente, el análisis aportó importantes conclusiones sobre los derechos al trabajo y a la propiedad de la tierra. En cuanto al primer derecho se encontró que el 2004 el número de mujeres desempleadas superó en un 23 por ciento a los hombres que también ostentan esta condición; y respeto al segundo, se determinó que prevalecen aún violaciones del derecho de la mujer a una vivienda adecuada y a la tierra.

La Procuraduría consciente de la necesidad de que el Estado adopte las medidas necesarias y aplique las políticas que garanticen la igualdad, el bienestar y la dignidad de los ciudadanos, expidió una directiva en la que insta a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a diseñar políticas, programas planes y acciones en ese sentido. Dichas estrategias deberán incluir en detalle la real situación de las mujeres en nuestro país, así como las medidas para superar la situación y los recursos asignados para lograrlo.

Así mismo, y ante las falencias detectadas en la información, el Jefe del Ministerio Público dispuso revisar y ajustar el manejo y uso de la información relacionada con los temas de la mujer, género y derechos sexuales y reproductivos, de forma que se incluyan como mínimo datos actualizados acerca de la edad y el sexo.

Igualmente, instó a las autoridades competentes a divulgar las normas jurídicas internacionales vinculantes para Colombia en materia de género y derechos de las mujeres.

El cumplimiento de estas disposiciones será objeto de vigilancia por parte de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, dependencia que de ser necesario activará la competencia disciplinaria, si hubiere lugar a ello.

Directiva 009 del 15 de agosto de 2006

Vigilancia superior a la garantía de los derechos de las mujeres

Resumen ejecutivo