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Más de 340 docentes no pudieron pensionarse por error en interpretación de Ley sobre pensiones

Bogotá, 8 febrero de 2006. Unos 340 docentes del Magisterio aún no han podido pensionarse como consecuencia de un error en la interpretación de la Ley 33 de 1985 que unificó la edad pensional para hombres y mujeres en 55 años, con el mismo tiempo de servicio.

La Procuraduría General de la Nación encontró que mientras la nueva ley establecía un acuerdo de transición para algunos de ellos, la Fiduciaria La Previsora, entidad que administra los recursos pensionales del magisterio hizo caso omiso de ésta y perjudicó con su decisión un amplio número de docentes que no pudieron pensionarse como consecuencia de esta omisión.

Dicha entidad no tuvo en cuenta el artículo 1, parágrafo 2, de la nueva ley que señaló como excepción, a los docentes que hasta la fecha de promulgación de la norma, es decir, a partir de la fecha de publicación, hubieran cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio. Estos servidores públicos podrían pensionarse a los 50 años y no a los 55 como decía la nueva ley

Según la Procuraduría Delegada para Asuntos Laborales, el error surgió cuando la Fiduciaria La Previsora, interpretó como la fecha de vigencia de la ley el momento de la firma de ésta por parte del Presidente, el 29 de enero de 1985, y no cuando entró a regir, es decir el día de su publicación, el 13 de febrero del mismo año, tal como claramente lo indica la ley.

Para el Ministerio Público es claro que se omitió el Código del Régimen Político y Municipal Vigente, donde se indica que al momento de ser expedida, sancionada y publicada la Ley 33 de 1985, fue determinado que la ley no obliga o produce efectos, sino en virtud de su promulgación, es decir, al insertar la ley en el periódico oficial. Además, una ley no es obligatoria si no es promulgada, según lo prevé el artículo 119 de la ley 489 de 1988.

También señaló, que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado ya se habían pronunciado sobre el tema. El Consejo de Estado, en sentencias proferidas en demandas contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, determinó que fue el 13 de febrero de 1985, la fecha de entrada en vigencia, porque fue el día en que se publicó la norma en el diario oficial.

Frente a este error, la Procuraduría General de la Nación instó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduciaria La Previsora S.A. y al Consejo Directivo del Fondo, así como a los demás agentes involucrados, para que observen la unidad doctrinal que contienen las jurisprudencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, así como la legislación colombiana.

También pidió que se unifiquen criterios, y que se pronuncie el Consejo Directivo del Fondo, que es el encargado de velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de objetivos como el pago de las prestaciones sociales del personal docente afiliado.

Lo anterior, con el propósito de observar el ordenamiento jurídico ya definido y el de evitar sobrecostos que lesionan considerablemente las finanzas publicas, debido a las cuantiosas condenas.