Pliego de cargos contra ex alcalde y ex concejales de Barranquilla

Bogotá, 13 de diciembre de 2005. Por tramitar y pagar de manera fraudulenta el cobro de sueldos por un monto superior a los 5 mil millones de pesos a través de acciones de tutela, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los entonces funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, el Concejo y la Personería Distrital.

El pliego de cargos cobija al entonces alcalde del Distrito de Barranquilla, Humberto de Jesús Caiaffa Rivas; a los secretarios de Hacienda Francisco Aguilar Cadavid y Ciro Avila Velandia; a los concejales Ernesto Gómez Guarin, Eduardo Enrique Pulgar Daza, Alejandro Munárriz Salcedo y Miller Soto Solano, así como a otros diez funcionarios de la Personería, de la Alcaldía y del Concejo Distrital, servidores de esas entidades en la época de los hechos

La determinación disciplinaria fue adoptada por hechos ocurridos en octubre de 2002, cuando mediante el ejercicio de acciones de tutela, el abogado Javier Antonio Montealegre Ortíz, invocando la representación de 156 personas quienes aparentemente habían laborado en el Concejo y en la Personería, se hizo cancelar la suma anotada.

Considera la Procuraduría que los disciplinados habrían incurrido, unos en irregularidades por omisión y otros por acción, al defraudar al fisco distrital, reclamando salarios dejados de cancelar a los tutelantes, supuestos servidores públicos.

Se recolectaron 96 pruebas testimoniales y documentales que permiten a la Procuraduria señalar que “los demandantes mediante tutela en su gran mayoría, no fueron empleados del Concejo ni de la Personería”. Además muchos de ellos no reunían los requisitos para ocupar los cargos que les habrían asignado.

Vale la pena citar uno de los casos, en el que la supuesta empleada reconoció “que pecó por ignorante, que no le dieron un peso, que se metió en un lío por dar su hoja de vida, que a ella le llegó por correo un papel en que le indicaban lo que tenía que responder”, refiriéndose a las autoridades judiciales.

Otro grupo de declarantes, supuestamente vinculado al Concejo, después de haber manifestado ante la Procuraduría que nunca laboraron en el cabildo Municipal, a instancia de algunos de los disciplinados, acudieron a un notario para retractarse de lo dicho al Ministerio Público.

Para la Procuraduría General de la Nación, en este hecho los implicados que intervinieron directamente en la tutela, en su afán por apoderarse de la millonaria suma, y con el fin de engañar a los jueces de tutela, habrían incurrido en varios delitos, tales como falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, uso de documento falso, peculado por apropiación y fraude procesal. (Art. 48 Num 1. CUD)

A los otros servidores implicados se les cuestiona no haber adoptado las medidas necesarias para verificar antes del pago, la veracidad de las pretensiones de los tutelantes.

Por estos delitos, la Fiscalía General de la Nación adelanta la correspondiente investigación.