Procurador comparte preocupación de Comisionado de Paz

Bogotá, 9 de diciembre de 2005. La Procuraduria General de la Nación reiteró hoy al Gobierno Nacional la necesidad urgente de adoptar medidas que permitan superar los innumerables inconvenientes que se registran en el proceso de reincorporación a la vida civil de los miembros de grupos irregulares desmovilizados.

Al insistir sobre las peticiones hechas al Gobierno Nacional desde el pasado mes de abril, la Procuraduría anunció para los próximos días la presentación de un completo informe, resultado del ejercicio de seguimiento y verificación a las acciones administrativas y proyectos que adelantan el Ministerio del Interior y Justicia y otras entidades, en desarrollo de los Programas de Desmovilización y Reincorporación en el marco de la política de seguridad democrática.

La labor realizada por la Procuraduría busca establecer la eficiencia y eficacia, el impacto y la sostenibilidad de las políticas públicas desarrolladas por el Gobierno en la materia, y el estricto cumplimiento de la legislación nacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.

Con base en el monitoreo efectuado durante nueve meses a los Programas de Desmovilización y Reincorporación, la Procuraduría ha llamado la atención sobre la imposibilidad de que el Ministerio del Interior y Justicia, como organismo rector de política, asuma eficientemente funciones de diseño, coordinación y ejecución de políticas que le corresponden a otras entidades gubernamentales.

Los primeros resultados permiten señalar que a 31 de octubre de este año ingresaron a los programas 3.279 desmovilizados individuales y hasta el 11 de noviembre, 11.120 en procesos colectivos.

Así mismo destaca el hecho de que un alto porcentaje de población desmovilizada presenta graves problemas de drogadicción. Un primer muestreo revela que al menos el 30% de la población visitada por la Procuraduría tiene problemas de adicción a estupefacientes, situación que retrasa el proceso de reinserción a la vida civil, deteriora la convivencia en los hogares de paz y en las comunidades donde se ubican.
En Bogotá en junio de 2005 existían 90 hogares de paso, de los cuales solo el 10% prestaba un buen servicio, se registraban problemas de hacinamiento y mala calidad de atención a los hijos menores de los desmovilizados, entre otros.

En cuanto a la distribución del presupuesto la atención humanitaria a los desmovilizados, en el año 2005 representa el 70% del total, mientras que componentes trascendentales para garantizar la reinserción sostenible de los ex combatientes a la vida civil tienen un peso insignificante.

Es el caso de la atención psicosocial que representa apenas el 2% del presupuesto, la educación que alcanza sólo un 3.7% e incluso el componente de proyectos productivos con una participación que apenas llega al 18%.

De igual forma el órgano de control constató la reducida cifra de personas vinculadas al mercado laboral que han accedido a proyectos productivos. En 3 años y medio sólo el 35% de los desmovilizados ha tenido acceso a dichos proyectos.

Esta situación evidencia lentitud en los procesos y procedimientos para la formulación y aprobación de los proyectos, falta de flexibilidad y pertinencia de los programas de capacitación técnica y conversión laboral.

Finalmente, el Jefe del Ministerio Público, se declaró de acuerdo con las quejas expresadas por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, las que calificó como “un relato de la verdad de los hechos”, denunciados repetidamente por la Procuraduría, y exigió acciones administrativas contundentes que soluciones de una vez por todas, los problemas denunciados evidenciados.