Procurador pide unidad en tarifas de servicios ambientales

Bogotá, 8 de diciembre de 2005. Aplicar de manera estricta la Ley 633 de diciembre 29 de 2000 para unificar criterios en lo relacionado con las estructuras de costos de servicios ambientales establecidos para las autoridades competentes a nivel nacional, solicitó el Procurador General de la Nación, a la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sandra Suárez Pérez.

Lo anterior, con fundamento en la situación revelada por el informe sobre Tarifas de Servicios Ambientales que prestan las autoridades ambientales, realizado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, según el cual las autoridades ambientales en el país vienen cobrando por un mismo servicio, un valor diferente a nivel nacional, regional y distrital.

En carta enviada a la titular de esa cartera, el Jefe del Ministerio Público expresó su preocupación por las diferencias encontradas entre una estructura de costos y otra, debido en gran parte a las diferencias en la interpretación que de la Ley realiza cada una de estas autoridades.

Con base en el documento elaborado por la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, advirtió así mismo sobre la necesidad no sólo de unificar criterios, sino también de adoptar una estructura general de costos para dichas autoridades, que permita su implementación y actualización práctica a futuro.

Esto, con el fin de facilitar la labor de las corporaciones y al mismo tiempo, brindar tranquilidad a los usuarios de servicios tramite, evaluación y seguimiento de permisos, autorizaciones, concesiones, licencias ambientales y otros instrumentos de control ambiental, para que no se presenten diferencias significativas entre las tarifas cobradas por cada una de ellas y que actualmente se registran.

El informe se efectuó luego de visitar el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, algunas autoridades ambientales, regionales, distritales y de grandes centros urbanos y requerir a las mismas, información relacionada con los actos administrativos expedidos durante los años 2000 a 2004 sobre la fijación de las tarifas de tales servicios ambientales.

Se realizó a su vez, con el objetivo de conocer el manejo de los costos en el trámite de los diferentes servicios que prestan las autoridades ambientales, pero la Procuraduría señaló que fue imposible establecer una comparación entre las diversas estructuras utilizadas, por la falta de unidad de criterio, en especial en lo concerniente a los gastos de viaje de profesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición, el seguimiento y /o monitoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

El documento sugiere también tener en cuenta los costos utilizados por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), considerando todas las variables contempladas en la estructura general definida en forma objetiva y matemática. En ese sentido, se recomendó al Ministerio una exhaustiva revisión y evaluación del tema a partir de la información remitida.