Consejo de Estado respalda suspensión de millonario pago que ordenó la PGN

Bogotá, domingo 27 de noviembre de 2005. La sección tercera del Consejo de Estado avaló la suspensión que ordenó al Procuraduría General de la Nación del pago de $2.385’162.553 a un contratista de la Gobernación del Cesar por concepto de honorarios.

En una acción popular fallada en favor de la Procuraduría, el máximo juez de lo contencioso administrativo acogió los argumentos del Ministerio Público sobre la improcedencia de pagar la millonaria suma a un abogado que se comprometió, mediante un contrato de prestación de servicios para adelantar los trámites ante Electrocesar, con el fin de obtener el reconocimiento de 23 mil millones de pesos, en favor del Departamento de Cesar por diferentes conceptos.

Según la Procuraduría con la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato el 2 de octubre de 2000, entre el abogado Amadeo Tamayo y el entonces Gobernador del Departamento de Cesar, de donde surgía el derecho al pago de 2.385 millones de pesos a favor de aquel, se desconoció el orden legal y se vulneraron los derechos colectivos de la moralidad administrativa y del patrimonio público.

Para el Consejo de Estado, la suma recuperada ($23.951’625.534 en favor del departamento) lo fue por virtud de gestiones llevadas por el Gobernador del departamento del Cesar, antes del perfeccionamiento del contrato, lo cual evidenciaba una desviación de poder dirigido a liquidar partidas económicas que no se generaron como consecuencia del desarrollo del objeto contractual.

Adicionalmente, el Consejo de Estado avaló “en sede jurisdiccional la orden ya proferida por la Procuraduría General de la Nación en ese sentido”, orden del 9 de octubre de 2001 remitida por el señor Procurador General de la Nación al Gobernador del Cesar para la suspensión del trámite del pago del acta de liquidación del contrato.