PGN evidencia anomalías en pago de pensiones de la Empresa de Puertos de Colombia

Bogotá, lunes 7 de noviembre de 2005. Desconocimiento de derechos pensionales adquiridos, suspensiones, extinción y rebajas de pensiones por vías de hecho, son algunas de las anomalías evidenciadas por la Procuraduría General de la Nación en su intervención al Grupo Interno de Trabajo (GIT) creado en el Ministerio de la Protección Social para atender todo lo relacionado con la Empresa de Puertos de Colombia y Fondo del Pasivo Social de Puertos de Colombia.

La acción de la Procuraduría se inició ante las continuas quejas y solicitudes de control presentadas por diferentes organizaciones de pensionados portuarios.

La Comisión del Ministerio Público encontró que el mencionado grupo venía ordenando de manera unilateral, ajustes y descuentos a las mesadas pensionales de los ex funcionarios de la empresa Puertos de Colombia, sin el consentimiento expreso y escrito de éstos.

Por ello, la Procuraduría ha solicitado al GIT abstenerse de realizar los descuentos de dineros pagados de más a sus beneficiarios, “cuando dicha actuación no ha respetado las garantías al debido proceso, agotando las instancias administrativas o judiciales correspondientes”.

Así mismo, se evidenciaron errores en las liquidaciones de las pensiones, que generaron demandas que en varios casos fueron falladas en contra de la Nación, se reconocieron pensiones a trabajadores que no superaban los cuarenta años y se aprobaron 185 pensiones mayores a los 20 salarios mínimos legales vigentes, entre otras anomalías.

Se encontró además que el GIT expidió algunos actos administrativos sin tener competencia legal para ello, pues de acuerdo con los documentos examinados por la Procuraduría esta atribución estaba en cabeza del Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de la Protección Social.

En el orden secuencial de pagos se evidenció un incremento de casi el 100 por ciento del volumen de trabajo del GIT, del cual el 90 por ciento de las reclamaciones son reiteraciones de las peticiones iniciales, lo que demuestra que los recursos humanos y técnicos son insuficientes para enfrentar esta situación.

Según las proyecciones realizadas por la Procuraduría si se mantienen las condiciones actuales de personal y recursos ocupados se necesitarían 495 años de trabajo para evacuar el 100 por ciento del trabajo asignado hasta la fecha.

Igualmente se observa un atraso considerable en los procesos de sustanciación y estudio de legalidad y de atención del número de reclamaciones administrativas que superan las 54 mil.

La magnitud de este represamiento ha desbordado la capacidad del GIT, lo cual exige una solución inmediata del gobierno, pues “se ha generado una situación inmanejable que en mediato futuro, si no se toman las medidas correctivas del caso, puede resultar explosiva”.

Respecto a las Juntas de Calificación Invalidez, el Ministerio Público encontró algunas actuaciones que revelan un desconocimiento de las laborares que deben desempeñar y de las normas que rigen su actividad. Las anomalías encontradas ameritan una intervención a las Juntas de los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena y Valle.

En consecuencia, la Procuraduría exhortó al Ministerio de la Protección Social para que unifique los criterios administrativos de las Juntas de Calificación de Invalidez e implemente un conjunto de acciones para capacitar a los respectivos funcionarios en el manejo de estos organismos.

Así mismo, instó a esta entidad a dar estricto cumplimiento a su obligación de realizar el proceso de rehabilitación integral que debe hacerse al pensionado para tramitar las solicitudes de calificación de pérdida de la capacidad laboral y cumplir los plazos establecidos legalmente para el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas solicitadas.

Finalmente, precisó que la competencia para conocer de las faltas disciplinarias en que pudieran estar incursos funcionarios de la Coordinación de Pensiones del Grupo Interno de Trabajo del pasivo Pensional de Puertos de Colombia, es de la Procuraduría Distrital de Bogotá.