Bogotá, 1 de noviembre de 2005. La Procuraduría General de la Nación profirió las siguientes decisiones en el departamento de Boyacá:

Destituido ex personero de Boavita (Boyacá)

Por estar incurso en la causal de incompatibilidad, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al señor Hildebrando Corso García, quien se desempeñó como Personero del municipio de Boavita (Boyacá) hasta el 29 de febrero de 2004.

El ex funcionario fue sancionado tras comprobar que en su condición servidor público suscribió a través de un tercero, un contrato de prestación del servicio de transporte con la administración municipal en el mes de julio de 2003.

Las declaraciones y pruebas allegadas al proceso permitieron establecer que el vehículo con el cual se ejecutó la contratación era de propiedad del ex personero y del señor Luis Flaminio Patiño Florez, quien suscribió y ejecutó el contrato directamente.

Procuraduría confirma sanción a ex alcalde de Zetaquirá

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó al señor Victor Hugo Soler Ríos, ex alcalde de Zetaquirá con multa de equivalente a 11 días de salario devengado para la época de los hechos, por irregularidades en la interventoría de diferentes contratos.

En abril del año 2000, el ex mandatario suscribió dos contratos para la administración de recursos del régimen subsidiado de seguridad social en salud, en los que se estableció que él ejercería la función de interventor de los mismos, la cual incumplió.

Ese mismo año suscribió dos contratos más para la administración de estos dineros en los que se estipuló que la interventoría estaría a cargo de la entonces Secretaria de la Alcaldía Municipal, Irma Jiménez de Arias, quien nunca fue enterada de esta situación por parte del ex alcalde Soler Ríos.

Sancionados miembros del Ejército por apropiación de dineros durante operativo

Por la apropiación de dineros durante un operativo, la Procuraduría General de la Nación confirmó a cinco soldados del Ejército su separación absoluta de las fuerzas militares, inhabilidad por tres años para el desempeño de cargos públicos y la pérdida del derecho a concurrir a sitios sociales de las fuerzas militares.

Los sancionados mediante el fallo de segunda instancia son Jhon Alejandro González Guerrero, Juan Pablo Usuga Graciano, Ronal Torres Rodríguez, Alfonso Monsalve Cárdenas y Jorge Martínez Mayorga, en sus condiciones de miembros de las Fuerzas Militares de Colombia, incorporados como Soldados Voluntarios adscritos al Batallón de Infantería No.2 Sucre de Chiquinquirá.

Se estableció que durante el operativo militar “Fortaleza” realizado el 18 de mayo en el municipio de La Belleza (Santander) los mencionados soldados se apoderaron de parte del dinero encontrado en una de las habitaciones contiguas al inmueble donde funcionaba un laboratorio para el procesamiento de cocaína.