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Decisiones disciplinarias en el Atlántico

Bogotá, domingo 30 de octubre de 2005. En ejercicio de sus funciones misionales la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional de Atlántico profirió las siguientes decisiones:

Suspendido ex rector del Instituto Tecnológico de Soledad (Atlántico)

En fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación suspendió en el ejercicio de su cargo por el término de 90 días al ex rector del Instituto Tecnológico de Soledad, Carlos Javier Prasca Muñoz por incumplimiento de su deber funcional.

Al señor Prasca Muñoz se le reprocha el haber suscrito contratos durante los años 1999 y 2000 bajo el método de contratación directa sin realizar licitación o concurso público, superando la cuantía establecida para tal fin y violando el principio de transparencia de la contratación estatal.

La falta fue calificada por la Procuraduría Regional del Atlántico como grave a título de dolo, dado que el servidor pese a tener pleno conocimiento de su deber, desconoció las reglas sobre la administración de los bienes ajenos de manera imprudente y negligente.

Sancionado ex director del área metropolitana de Barranquilla

Por haber utilizado indebidamente la figura de urgencia manifiesta y haber violado el principio de transparencia y del deber de selección objetiva en la contratación de una obra de interventoría de la Avenida Murillo de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación sancionó con multa de 90 días de salario básico devengado para la época de los hechos al ex Director del Área Metropolitana de esa ciudad, Armando Guijarro Daza.

La determinación disciplinaria, adoptada mediante fallo de primera instancia, estableció que en el año 2000, el servidor eludió someter a licitación pública la contratación de dichas obras y además recurrió al mecanismo de urgencia manifiesta para superar el desgaste de dicha Avenida, siendo éste necesario sólo cuando los hechos no pueden preverse o evitarse.

Según el Ministerio Público, el plazo de ejecución del contrato contraría las condiciones para contratar bajo el amparo de la urgencia manifiesta, dado que éste inició en mayo 13 de 2000 y fue prorrogado por dos meses más hasta el 2 de mayo de 2001.

Así mismo, consideró que no existía justificación para el uso de la urgencia manifiesta, como procedimiento ágil de contratación directa y como única alternativa para realizar unas obras, dado que no se dieron ninguna de las circunstancias excepcionales señaladas en la norma.