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Proceso jurídico del recaudo de impuestos
es función exclusiva del Estado

Bogotá, viernes 28 de octubre de 2005. Las facultades, atribuciones y funciones jurídicas del proceso de recaudo de impuestos no pueden ser entregadas a los particulares y deben ser ejercidas por el Estado mismo, consideró la Procuraduría General de la Nación.

El pronunciamiento fue hecho a propósito del proyecto de ley que cursa en el Senado de la República relativo a la normalización de cartera pública y de manera especial a la prohibición de dar en concesión el recaudo de impuestos a terceros, que recibió total apoyo del Jefe del Ministerio Público.

Las inmensas sumas que han pagado algunos municipios a título de comisión por el recaudo de tributos en la modalidad de concesión, en concepto de la Procuraduría General de la Nación, amerita hacer un replanteamiento de los contratos, toda vez que para esta Entidad el recaudo de impuestos es una función pública que no puede quedar en manos de los particulares.

Las cifras que constan en la exposición de motivos del proyecto de ley hablan por si solas. En Cali se han pagado en comisiones por recaudo 7.547 millones de pesos; en Barranquilla 4.299; en Santa Marta 3.534; y Montería 441 millones de pesos. Lo que está en juego con este tipo de contratos es la noción misma de ‘Hacienda Pública’. Además no se entienden bien los criterios con los que se cobran dichas comisiones frente a la inversión realizada por el concesionario, ni la extensión de plazos (quince años) para que los particulares exploten una actividad que usualmente ha sido realizada por la administración. Desde este punto de vista, la Procuraduría comparte que se realicen contratos para la modernización del sistema de gestión y recaudo tributario, sin que ello comporte la concesión total de la función, mucho menos la creación del título ejecutivo.

Desde septiembre de 2004 la Procuraduría General de la Nación ha enfatizado la naturaleza absolutamente pública de la función de recaudo tributario, por esa razón el Procurador General de la Nación a través de la directiva 016 del año pasado determinó una serie de criterios a los que debe ajustarse la administración estatal cuando contrata profesionales expertos en cobro coactivo de impuestos. De acuerdo con la directiva el contrato de servicios profesionales es de naturaleza excepcional a la luz de la ley 80 de 1993 puesto que se debe demostrar la insuficiencia del personal de planta para dicha actividad.

Es necesario sumar a lo anterior, los problemas que genera tal tipo de malas prácticas, irregularidades y quebrantamientos a la ley, pues el pago de honorarios se toma directamente de lo recaudado, sin que ingrese material y jurídicamente al presupuesto oficial, violando los principios constitucionales y legales que regulan los ingresos y egresos del Estado.