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En fallo de única instancia, sancionados 37 miembros de la Policía Nacional por irregularidades en el manejo de recursos en convenio NAS

Bogotá, lunes 18 de abril de 2005. Por incumplimiento de sus deberes funcionales en lo relacionado con la administración de recursos del Convenio NAS, suscrito entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos de América, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por el término de cinco años para ejercer cargos públicos, a 34 miembros de esa Institución Policial.

Los afectados con la decisión son el ex Director Antinarcóticos de la Policía Nacional, Brigadier General ® Gustavo Socha Salamanca; el ex Subdirector Antinarcóticos y el ex Jefe de la Oficina de Coordinación Presupuestal de Convenios de la Dirección Antinarcóticos, Coroneles José Ramiro Villalobos Salinas y Manuel Salvador González Aguilar, respectivamente; la ex Jefe de la Oficina de Enlaces Internacionales de la Dirección Antinarcóticos y el ex Secretario Privado de la Dirección General de la Policía Nacional, Tenientes Coroneles Yadira Angélica Cediel Franklin, y Edgar Guillermo Bejarano Chávez.

Así mismo fueron destituidos los Mayores Julio Fernando Sandoval Gómez, ex Jefe del Área de Servicio y Apoyo; Fabio Zárate Rueda, ex Jefe Logístico y del Área de Servicio y Apoyo; Dagger Fabián Mora Pastrana, ex Jefe del Grupo Logístico y ex Jefe de Vehículos; Diego Felipe Hernández Cerón, ex Jefe Logístico del Área de Servicio y Apoyo de la Dirección Antinarcóticos y el Mayor Luis Alberto Quevedo Arias, ex Jefe de Reconocimientos Aéreos de la Dirección Antinarcóticos.

Los Capitanes Juan Carlos Valderrama Plazas, Julio Amado Rodríguez Rincón, Sandra Isabel Bolaños Ortíz, Julio César Rincón Londoño y Fernando Iván Valderrama Castro; los ex Capitanes César Augusto Garzón Loaiza y Juan Carlos Cubillos Becerra; el Teniente Luis Hernando Benavides Guancha y los ex Tenientes Oscar Manuel Pinzón Tamayo y Jhon Alexander Beltrán Cuellar.

La ex Subteniente María Cristina Zambrano Correa; el Sargento Segundo, Gustavo Mejía Báez; el Sargento Viceprimero Mariela Gaona Vargas; el ex Intendente José Roberto Siachoque Garzón y el Intendente José Laureano Monsalve Abril; los Subintendentes Yenny Patricia Rodríguez Ríos, Diomedes González Gómez y Jhon Jairo Martínez Bohórquez; los Patrulleros Luis Roberto Valderrama Mojica y Juan Manuel Pico Izquierdo; los Agentes Eduardo Martínez Bautista y José Ramiro Rodríguez Caballero; y las señoras Nancy Amanda Benavides Guasca y Gladys Estela Ruiz Leniz, como Tesoreras Principales de la Dirección Antinarcóticos.

El Ministerio Público sancionó igualmente, con suspensión de 60 días e inhabilidad por el mismo término para ejercer cargos públicos, al Teniente Coronel Henry Rey Castañeda, ex Coordinador para la Seguridad Presidencial y a los señores Carlos Arturo Arévalo Gonzalez y Agustina Camargo Martínez, Tesoreros Auxiliares de la Dirección Antinarcóticos.

Según la Procuraduría, parte de los dineros donados por el gobierno norteamericano al gobierno colombiano para ser administrados por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, en cumplimiento del Convenio NAS para la lucha contra el narcotráfico, se destinaron a gastos administrativos y no a los operacionales como estaba previsto en el acuerdo.

Determinó que incluso algunos bienes y servicios fueron utilizados indebidamente en beneficio personal, institucional o de terceros, en clara violación de las condiciones y requisitos acordados.

El órgano de control a través de una comisión interinstitucional conformada por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y la Contraloría General de la República, comprobó que los gastos irregulares ascendieron aproximadamente a 2.700 millones de pesos, cifra cuyos soportes no llenaron los requisitos del Convenio y del Manual de Nuevos Procedimientos Financieros y Logísticos, creado entre los dos gobiernos para simplificar y hacer más ágil la compra de elementos autorizados en la lista de gastos para el soporte operacional.

Para la Procuraduría no es válido el argumento según el cual los documentos de soporte de los gastos reposaban en los archivos de la Embajada Americana, porque era obligación y responsabilidad de los funcionarios de la DIRAN, conservar los documentos que sirvieron para legalizar los gastos realizados y reflejar una contabilidad estricta y fidedigna.

La decisión fue tomada con base en el análisis selectivo de algunas órdenes de pago y comprobantes de egreso que sirvieron de apoyo a la investigación, según los gastos efectuados por el Fondo Rotatorio del Área de Servicios y Apoyo de la Dirección Antinarcóticos (ARSEA – DIRAN).

La investigación, que se circunscribió al período comprendido entre los años 2000 y 2002, en el que se desempeñó como Director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, el Brigadier General ® Gustavo Socha Salamanca, estableció que los dineros provenientes del Convenio NAS corresponden a dineros públicos presupuestales porque “si bien no ingresan al presupuesto nacional…, son puestos bajo la administración y custodia de una entidad Estatal, Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en razón a sus funciones”.

En ese sentido, considera el Ministerio Público que se le debe dar el verdadero alcance y contenido a la expresión ‘donación’, por cuanto implica necesariamente que ésta debe ser presupuestada por las entidades Estatales para que a su vez, sean fiscalizadas por los organismos de control encargados, en este caso la Contraloría General de la República.

Así las cosas, estima la Procuraduría que los funcionarios incumplieron los principios de la administración pública, contenidos en la Carta Política tales como transparencia, moralidad, eficiencia y eficacia, al no velar por el correcto manejo de los recursos financieros y logísticos suministrados a la Dirección Antinarcóticos.

Igualmente violaron normas legales de la contratación administrativa, simplificadas en el Manual de Procedimientos, las normas contables generalmente aceptadas en Colombia y normas reglamentarias, tanto de la Institución como del Ministerio de Hacienda.

Al Brigadier General (R) Gustavo Socha Salamanca, específicamente se le reprocha el no velar por las responsabilidades del Área de Servicios y Apoyo de la Dirección a su cargo para ese entonces; a pesar de haber impartido algunas instrucciones y directrices a todos los comprometidos en el programa, que cumplían las funciones de realizar y seguir una planeación del presupuesto, con el objeto de garantizar la protección de los recursos oficiales provenientes del Gobierno de los Estados Unidos, no fue suficiente a tal punto, que permitió que las irregularidades investigadas se concretaran.

Para el caso del Teniente Coronel Edgar Guillermo Bejarano Chávez, ex Secretario Privado de la Dirección General de la Policía Nacional, la investigación determinó que aprovechándose del cargo que ostentaba para la época de los hechos, se benefició personalmente con los recursos del Convenio NAS.

El Convenio o Carta de Acuerdo para el Control de Narcóticos entre Colombia y Estados Unidos de América, creó el Programa de Control de Narcóticos diseñado para asistir y aumentar la capacidad de la Dirección Antinarcóticos, para reprimir el cultivo, procesamiento, tráfico, transporte y exportación de drogas ilícitas.

Fue suscrito el 25 de julio de 1999 entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, y a través de éste la Dirección Antinarcóticos recibió asistencia financiera, material y técnica de ese gobierno para dicho control.

Adicionalmente, en la misma decisión el Ministerio Público absolvió a los siguientes servidores: Coroneles Carlos Julio Rivera Dueñas y Clímaco Antonio Torres Pérez; Tenientes Coroneles Francisco Patiño Fonseca, José Angel Mendoza Guzmán, Marco Antonio Cordón López, Henry Gamboa Castañeda y Henry Tibaduiza Niño; Mayores Omar Guerrero Patiño, Jhoner Trujillo Cárdenas, Carlos Guillermo Malaver Avendaño, Luis Fernando Burgos Guzmán, Edgar Humberto Gracia Valdés, Ignacio Fajardo Robles y Diana Patricia López de Mesa Neira; Capitanes Gloria Constanza Sañudo Otero, Claudia Paulina Vanegas Tarazona, Edgar Alberto Murillo Vargas, Martha Yaneth Rincón Morales, Javier Darío Sierra Chapeta, Martha Rocío Morales, Mariano Botero Coy y Javier Mauricio Alvarez Ochoa; Tenientes Rosemberg Castellanos y William Javier Lara Avendaño; Sargento Marleny Munevar Vargas; Intendentes José de Jesús Guzmán Madrid y Nelson Peña Fernández; Agente Gabriel Morales Serna y los civiles Gilveranio Molina Moreno y Gloria Stella Robayo Olmos.

Se determinó también cesar procedimiento a favor del Mayor Leonidas Molina Triana, por estar circunscrita la investigación únicamente a los hechos que se presentaron durante la administración del Brigadier General ® Gustavo Socha Salamanca, época en la que Molina Triana no se desempeñaba como Jefe del Área de Servicios y Apoyo de la Dirección Antinarcóticos. Adicionalmente cesó el proceso contra el Subintendente Rafael Rojas Ortíz, porque se demostró su fallecimiento.

Por no haber incurrido en falta disciplinaria, cesó el proceso contra el Sargento Segundo William Germán Flórez Cano, los Subintendentes Jairo Certuche Osorio, Andrea Chapal Córdoba, José Manuel Martínez Hernández, el Patrullero Adolfo Peña Peña, los Agentes Hermenegildo Antonio Guerra Jiménez, Rafael Antonio Gómez Méndez, Mauricio Jurado Rodríguez y la civil Angela Marlenny Peña Gamboa.

La Procuraduría concluyó que siete de ellos fueron utilizados como instrumento para justificar comisiones que nunca se realizaron.

Con respecto a los civiles Gloria Stella Torres Vela, Marlenny Contreras Bautista y Claudia Maritza Pinzón Gélvez, el Ministerio Público decidió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación por la posible comisión de delitos contra la administración pública, porque si bien no eran disciplinables de acuerdo con reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional, desempeñaban funciones públicas relacionadas con el manejo del presupuesto NAS.

Lo mismo sucederá con el Mayor Julio Sandoval Gómez, el Intendente José Laureano Monsalve Abril, el Agente José Ramiro Rodríguez Caballero, el Teniente Coronel Edgar Guillermo Bejarano Chávez y el Capitán Juan Carlos Cubillos Becerra, porque se demostró que se beneficiaron personalmente con dichos recursos.

Esta decisión no aplica para el caso del Coronel (R) Juan de los Santos Prieto Sánchez porque como particular, no era disciplinable ni ejercía funciones públicas para la época de los hechos, cuando se desempeñaba como Asesor Jurídico de la Dirección Antinarcóticos.

Al Consejo Superior de la Judicatura se compulsaron copia del fallo y los descargos que presentaron el Capitán Iván Fernando Valderrama Castro y el Coronel Manuel Salvador González Aguilar para que se determine si su apoderado incurrió en faltas contra la ética profesional por posible conflicto de intereses.

Las faltas fueron calificadas por la Procuraduría General de la Nación como gravísimas, atribuibles a título de dolo, para los sancionados con destitución, pues los servidores conocían perfectamente sus deberes funcionales y no los cumplieron, a excepción de la ex Teniente Coronel Yadira Angélica Cediel Franklin, a quien se le calificó de gravísima a título de culpa gravísima.

Para los suspendidos se les calificó definitivamente como gravísima, a título de culpa grave, porque no hubo beneficio personal, sino institucional.