Procuraduría pide declarar exequible aporte para mejoramiento de instituciones educativas

Bogotá, D.C., 2 de marzo de 2005 | La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional declarar exequibles tres artículos de la Ley 21 de 1982, y uno de la Ley 617 de 2000 que ordenan realizar aportes del 1% del valor de la nómina de las entidades del orden nacional, departamento, distrital y municipal, para el mejoramiento y dotación de Institutos y Escuelas, en los diferentes municipios y ciudades del país, porcentaje este manejado por el Ministerio de Educación Nacional.

Para el Ministerio Público las mencionadas normas demandadas “son constitucionales bajo el entendido que dichos recursos deben ser administrados por los departamentos, distritos, y municipios, en los términos establecidos en la Constitución y la ley y en especial a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 617 de 2000, que los destina a proyectos de mejoramiento e infraestructura y dotación de Instituciones de Educación media técnica y media académica”.

“Si bien los recursos destinados a las escuelas industriales e institutos técnicos contienen una destinación especifica, (prohibición consagrada en el artículo 359 de la Constitución), “también es, que su naturaleza es eminentemente social, dado que la educación en términos generales y en este evento la técnica, conforma el catálogo derechos fundamentales de los niños y de los jóvenes, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política, así como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, buscando el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”.

En síntesis la Procuraduría solicita a la Corte declarar exequible el mencionado porcentaje, que de ser acogido el concepto del Ministerio Público, deberá ser manejado por los entes territoriales y no por el Ministerio de Educación Nacional.