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Procuraduría solicita abrir investigación contra ex gobernadores de la Guajira

Bogotá D.C., 23 de enero de 2005

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Fiscalía revocar parcialmente su decisión de inhibirse de investigar a los ex gobernadores de La Guajira, Hernando Deluque Freyle y Samuel Lanao Robles, por las presuntas irregularidades en la compra-venta de un inmueble.

Los hechos ocurrieron cuando el entonces titular de la gobernación Hernando Deluque Freyle, ordenó al señor Samuel Lanao Robles, en su calidad de gobernador encargado, comprarle a Jorge Eduardo Pérez Bernier, también ex gobernador del departamento, el predio denominado Los Deseos, ubicado en la ciudad de Riohacha.

El señor Pérez Bernier le vendió el lote al departamento de La Guajira en diciembre de 2001 por $296 millones, 500 mil pesos. El lote no tenía uso alguno, tampoco servicios públicos como acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, y sus límites no eran los señalados en la escritura pública 1293, registrada en la Notaría Primera de Riohacha.

La transacción se hizo con el objeto de que el departamento construyera en él, viviendas de interés social para las familias favorecidas.

La Procuraduría pudo establecer que de los $296 millones, que era el costo total, se expidió una orden de pago por 291 millones de pesos en diciembre 21 de 2001; luego de los descuentos legales de esa suma, Pérez Bernier recibió $270 millones.

Agrava más la situación, que las condiciones del predio no permitían construir viviendas de interés social, ya que dichos subsidios sólo se hacían efectivos para lotes con servicios públicos y la Oficina de Aguas de la Guajira, había señalado la falta de disponibilidad de servicios en ese sector, especialmente de acueducto, siendo éste precario y difícil de autorizar.

A estas presuntas irregularidades se le agrega que no existió un estudio previo para adquirir el inmueble, que garantizara la edificación de vivienda de interés social y reforma urbana como la mejor opción, en momentos en que existía una deficiencia de viviendas del 37% en el departamento.

Tampoco se encontraron planes de construcción de vivienda en el predio, situación que fue ratificada por Planeación Departamental y Municipal.

Para el Ministerio Público aunque el predio sigue a nombre de la Gobernación de La Guajira, “la gestión de ese ente territorial en realidad no tiene el objetivo de acumular tierras para engorde”.