Procurando democracia
La Procuraduría General de la Nación , como garante de los derechos fundamentales y en ejercicio de la función constitucional de defensa de los intereses de la sociedad, implementó desde las elecciones del año 2003, un plan de control y vigilancia a los procesos electorales que se desarrollan en el territorio nacional, interviniendo desde la etapa pre-electoral, electoral, hasta la culminación de la etapa post-electoral.
En ejercicio de dicho control, el Ministerio Público realiza como función preventiva, las sugerencias y recomendaciones a la organización electoral, respecto de los procesos, procedimientos y logística utilizados. Expone la normatividad aplicable en materia de prohibiciones y restricciones a los partidos, movimientos políticos y candidatos, así como la de los servidores públicos y ciudadanía en general. De igual forma, publica los listados de los candidatos inhabilitados de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario.
Como función disciplinaria, adelanta las investigaciones relacionadas con irregularidades electorales, participación indebida en política, violación de las restricciones establecidas, e incursión en inhabilidades para ocupar cargos públicos.
Por último, realiza una función de intervención, dentro de los procesos que se adelantan en materia electoral ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Con la experiencia adquirida en los últimos años, la Procuraduría General de la Nación ha diseñado y perfeccionado un manual de control electoral denominado Instructivo de Control Electoral (ICE), destinado a los servidores del Ministerio Público, en donde se establece, una a una, las actividades a realizarse en las etapas del proceso electoral. Se implementan formatos de rendición de informes, los cuales deben ser diligenciados y presentados ante la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, por hechos o circunstancias ocurridas dentro de la jurisdicción territorial correspondiente.
El objetivo fundamental de la implementación de este instructivo, es cumplir con un control adecuado y eficiente del proceso electoral, desde la inscripción de las cédulas de ciudadanía, hasta la correspondiente declaratoria de elección. Igualmente, contar con la intervención oportuna y eficaz en las funciones preventiva y disciplinaria que competen a esta Entidad.
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