El homicidio herodiano

Por: Diógenes José Márquez Camargo

La humanidad ha aprendido en la fragua de la historia, que los problemas de pobreza y subdesarrollo no encuentran una verdadera respuesta en el control de los nacimientos, sino en el acrecentamiento de la riqueza y en una equitativa distribución de los bienes de producción.

Por eso el problema del aborto no hay que mirarlo desde la óptica que unos tengan que morir para que otros sobrevivan, según la capacidad del presupuesto familiar.

El debate sobre el aborto hay que llevarlo al respeto de la protección de la vida que se inicia con la fecundación del óvulo, y desde ahí debe comenzar su tutela jurídica, máxime en un Estado Social de Derecho, donde la vida adquiere un valor ético supremo, norma de carácter fundamental de la nacionalidad, que ha de servir de principio orientador de toda la normatividad.

Se argumentará que en ese Estado Social de Derecho, la mujer ha adquirido la plenitud de sus derechos, y no permitirle el aborto o penalizar el mismo, va en contravía de esos principios fundamentales consagrados en la propia Carta, como son el derecho al honor, la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad, etc, pero no pueden coexistir derechos antinómicos en un texto constitucional, y el derecho a la vida, se itera, tiene el valor supremo.

Luego el tipo penal del artículo 122 del Código Penal, se encuentra en consonancia, en armonía con el desarrollo de los nuevos paradigmas del Derecho, introducimos por el constituyente de 1991.

Pero la ciencia del Derecho es dinámica y se revitaliza con el acontecer diario y permanente.

Ocurre que según la organización de Derechos Humanos y por datos que maneja El Tiempo, en Colombia se practican 450.000 abortos al año, cifras que son corroboradas por la última encuesta nacional de demografía y salud de Profamilia, según la cual, la tasa de fecundidad en el país en 2005 fue de 2.1 para el área urbana y 3.4 para la rural, es decir, alrededor de 1'300.000 embarazos, que relacionándola con la media anual de nacimientos que en 2004 fue de 985.666, lo cual revela una cifra asombrosa de abortos inducidos de 314.334 (datos tomados de El Tiempo, enero 22 de 2006, pág. 1-19). Estas estadísticas deben llamar la atención y llevar a una mesurada reflexión, que la sociedad colombiana no debe eludir por prejuicios morales, religiosos o políticos.

Es necesario como lo ha dicho el señor Procurador General de la Nación , hacer luz sobre este delicado tema, evitando confusiones y limpiando los cerebros de las telarañas de la pasión y de las ideologías como dijera Octavio Paz.

Continuar tratando el tema del aborto, meramente como delito es, cuando menos inoperante e ineficaz, pues como lo revelan con crudeza los datos ya mencionados, nadie cumple con esa norma. Si la ley se aplicara, nuestras cárceles estuvieran repletas de comadronas, médicos y madres de familia.

Pretender penalizar el aborto es socialmente inútil, porque es una cuestión indisolublemente ligada a las expresiones de libertad de la mujer.

Despenalizar el aborto per-se , tampoco contribuye al mejoramiento social, la nueva legislación sobre el aborto no puede ser un acto aislado, debe ser consensuada, acompañada de una amplia discusión nacional que propenda por la difusión del respeto por la vida, la protección (verdadera) de la infancia, la mujer y la maternidad, todo ello, acompañado de una sana política de población que incluya:

•  El empadronamiento obligatorio de las mujeres embarazadas.

•  Subsidios alimenticios para la mujer embarazada y para los niños menores de 7 años.

•  Repoblamiento de las zonas deshabitadas en Colombia.

•  Legalización de los matrimonios sólo después de la mayoría de edad.

•  Creación de una comisión nacional de poblamiento.

Sólo cuando se haya hecho conciencia que el problema del aborto no es cuestión de machismo, ni mucho menos una problemática religiosa, se podrá decir que hemos avanzado en el reconocimiento del respeto de la dignidad humana y de la mujer.