Cuadro de texto: Dependecia:  		Viceprocuraduría General
Radicación: 		002-73503-02
Investigados: 		AMILKAR ACOSTA  MEDINA  Y OTROS
Cargo y entidad: 	Senadores y  Representantes a la Cámara
Quejoso:  		Copias de oficio
Fecha hechos: 	Septiembre de 1998 a abril de 1999
Asunto: 		Resuelve recursos de reposición del fallo

 

DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION

 

FALLO DE REPOSICION DE UNICA INSTANCIA

 

NULIDAD – Oportunidad procesal para solicitarla / Extemporaneidad de la solicitud / - Petición inconducente o dilatoria / Procedencia de la resolución dentro del fallo de una solicitud presentada en la etapa del juicio /  Recursos contra la decisión que resuelve una petición de nulidad dentro del fallo de primera o única instancia.

 

“3. El proceso es una sucesión ordenada de actos donde opera el principio de las eventualidades y preclusión de las instancias.

 

Significa lo anterior que las peticiones que se efectúen tienen que ser presentadas en los términos procesales propicios, pues si se postulan cuando los mismos han fenecido, es claro que las peticiones son extemporáneas.

 

La petición de nulidad podrá formularse hasta “antes de proferirse el fallo definitivo, esto es, hasta antes del falló de primera o única instancia” (artículo 146 del CDU).

 

Postulación de una nulidad después del fallo de primera o única instancia es de naturaleza extemporánea. Se dice fallo de primera o única instancia por cuanto, los fallos de segunda instancia o el de reposición se integran con aquellos, respectivamente, jurídicamente hablando.

 

Si así no se entendiera la norma entonces no existiría límite a la petición de nulidad, pues operaría en cualquier momento procesal, esto es, después del fallo de primera instancia y antes de resolver la segunda o después del fallo de única y antes de la reposición; luego entonces, en cualquier oportunidad procesal, pues proferidas esas decisiones pendientes se han agotado las instancias.

 

De allí que, como en el presente caso, las peticiones de nulidad efectuadas antes del fallo de primera instancia y debidamente resueltas, como las que se hacen después del fallo objeto de esta reposición, son asuntos de los cuales no puede ocuparse nuevamente el despacho, toda vez que dichas peticiones son manifiestamente inconducentes y dilatorias en los términos de los artículos 142 numeral 2º del C. de P.P., 38 numeral 2º del C. de P.C. y 21 del CDU.

 

Pero también, como se analizó en el parte pertinente, la petición de nulidad cuya supuesta causal se ancla en una violación al derecho de defensa o al debido proceso por falta de análisis o análisis indebido de la prueba en el fallo de responsabilidad es petición manifiestamente inconducente y dilatoria que pretende abrir las puertas a nuevos pronunciamientos y recursos fundados en la ilegalidad de una interpretación ajena al orden jurídico y contraria a la prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 de la Carta Política), marcada por la deslealtad procesal y contraria al principio de protección en tanto ni siquiera se preocupó el sujeto procesal de ajustar formalmente su petición con el intento de “demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales del proceso”, como es su deber (artículos 17 y 310 numeral 2o  del C. de P.P., 21 y 143 parágrafo del CDU), lo cual reclama, por otra parte, por ser un deber del director del proceso, su sanción y rechazo (artículos 142 numeral 2º del C. de P.P., 38 numeral 2º del C. de P.C. y 21 del CDU).

 

4. La decisión que niega una nulidad tomada en el fallo de primera o única instancia, como también en segunda cuando se postula una nulidad surgida en el fallo mismo o cuya petición es objeto del recurso no se constituye en una determinación jurídica diferente al fallo mismo que autorice a interponer recurso de reposición contra esa decisión.

 

En efecto, cuando el artículo 113 del CDU afirma que el “recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que se pronuncia sobre la nulidad”, está significando, teleológica y sistemáticamente interpretada la norma, que ello tiene ocurrencia cuando el pronunciamiento se hace en decisión diferente al fallo.

 

Son argumentos contundentes para tal afirmación los siguientes:

 

a) Si bien el artículo 147 del CDU señala que la petición de nulidad debe resolverse dentro de los tres días siguientes a su formulación, no es menos cierto que cuando nos encontramos en la etapa del juicio impera dar aplicación al principio de concentración, pues de lo contrario las peticiones y decisiones serían dispersas como en la indagación preliminar y en la investigación, introduciendo el caos procesal. De allí que, la etapa del juicio, esté marcada por el principio de la eventualidad o los compartimentos, tratando de concentrar todas las actividades de una manera que su desarrollo resulte ordenado.

 

Por ello, como resulta de una interpretación sistemática y teleológica impregnada por principios procesales tan caros como el de concentración del juicio, el artículo 410 del C. de P.P., aplicable por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del CDU, por demás acorde con la naturaleza simétrica de lo penal y disciplinario como lo requiere la sentencia de la Corte Constitucional C-107 de 2004, M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, se “podrá diferir para el momento de dictar sentencia –fallo en disciplinario-, las decisiones que deba tomar (el funcionario) respecto de las peticiones hechas por los sujetos procesales en el curso del juicio, cuando éstas no afecten sustancialmente el trámite” (artículo 410 del C. de P.P.).

 

Tal ocurre con las peticiones de nulidad y de cesaciones de procedimiento no fundadas en motivos que enerven la acción penal o disciplinaria, especialmente con aquellas que tienen que ver con asuntos poco claros o debatibles en mayor medida, buscando encauzar por el orden la actuación procesal y evitar constantes pronunciamientos que dilaten el proceso, forma específica de cumplir con el deber de director del proceso que le asigna el artículo 142 numeral 2º ibídem.

 

Por tanto, no es que la decisión que resuelve una petición de nulidad una vez diferida la misma se constituya en una providencia diferente a la sentencia o al fallo de primera o única instancia que autorice la interposición del recurso de reposición, toda vez que se encuentra integrada a la misma, habida cuenta que necesaria e inescindiblemente el primer requisito para dictar una de las mencionadas providencias que ponen fin al proceso  es verificar la inexistencia de motivos invalidantes de la actuación (así, por ejemplo, el artículo 304 del C. de P.C. requiere que en la sentencia se haga pronunciamiento sobre los “demás asuntos que corresponda decidir”). 

 

b) Si se trata de un fallo de primera instancia la viabilidad de controvertir la negativa de declarar la nulidad no es interponiendo recurso de reposición contra el mismo, pues el funcionario que profirió la decisión no puede volver a revisarla, toda vez que se ha precluido la instancia y por tanto ha perdido competencia “funcional” para pronunciarse. Sólo por excepción se puede adicionar o corregir el fallo (artículos 412 del C. de P.P y 21 del CDU).

 

Por tanto, las controversias sobre nulidades, presentadas en formas atípicas como en el recurso de reposición o como peticiones de nulidad, deben ser resueltas en el recurso de apelación, que se entiende interpuesto así no se afirme que se trata de dicho medio de impugnación, pues es el único que procede contra una decisión de primera instancia.

 

Si se trata de un fallo en única instancia las controversias sobre nulidades que tengan que ver con peticiones formuladas antes del mismo o surgidas del mismo deben tramitarse en la órbita del recurso de reposición, pues peticiones por fuera de éste implicarían desquiciar el orden procesal, de tal manera que dilatarían el pronunciamiento del recurso y estarían desvirtuando su sentido, puesto que el fallo de reposición tiene como presupuesto para dictarlo el que se esté frente a un proceso válido.

 

Peticiones de nulidad luego de proferido el fallo de primera o única instancia tienen que canalizarse a través de los recursos de apelación o reposición, respectivamente, puesto que de lo contrario resultan manifiestamente inconducentes y dilatorios, debiéndose rechazar su formulación in limine conforme con los artículos 142 numeral 2º del C. de P.P., 38 numeral 2º del C. de P.C. y 21 del CDU”.

 

 

Expediente Nº 002-73507-02

 

Bogotá D. C., Febrero 27 de 2004

 

El despacho procede a resolver los recursos de reposición presentados por JUAN JOSE CHAUX MOSQUERA, JUVENAL DE LOS RIOS HERRERA, JAIME DUSSAN CALDERON, JULIO ALBERTO MANZUR ABDALA, FRANCISCO ROJAS BIRRY, CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA, MARIO VARON OLARTE, ALONSO RAFAEL ACOSTA OSIO,  GERMAN ANTONIO AGUIRRE MUÑOZ, EMILIO MARTINEZ ROSALES, ERNESTO MESA ARANGO, EMITH MONTILLA ECHAVARRIA, ANTONIO JOSE PINILLOS ABOZAGLO, JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ, JOSE DARIO SALAZAR CRUZ, JORGE  JULIAN SILVA MECHE, FERNANDO TAMAYO TAMAYO, GERARDO TAMAYO TAMAYO, MAURO ANTONIO TAPIAS DELGADO y EDGAR EULISES TORRES MURILLO, JUAN DE DIOS ALFONSO GARCIA, JAVIER TATO ALVAREZ MONTENEGRO, MARIO DE JESUS ALVAREZ CELIS, RAFAEL FRANCISCO AMADOR CAMPOS, LEONARDO CAICEDO PORTURA, LUIS EDGAR CALDERON TOVAR, GERARDO DE JESUS CAÑAS JIMENEZ, OCTAVIO CARMONA SALAZAR, ANTENOR DURAN CARRILLO y FRANKLYN SEGUNDO GARCIA RODRIGUEZ, en contra del fallo de única instancia, proferido el 28 de enero de 2004, conforme lo previsto en los artículos 113 y 114  del C.D.U., una vez concluida la etapa de notificación y traslado  a los sujetos procesales, según lo dispuesto en dichas normas.

 

JUÁN JOSÉ CHAUX MOSQUERA (19)

 

Fue declarado responsable disciplinariamente por recomendar a EDGAR IBARRA VELASCO, quien fue nombrado provisionalmente en la Contraloría General de la República, como Jefe de Unidad Seccional en el Departamento de Cauca, Nivel Ejecutivo Grado 16, mediante la Resolución No. 01058 del 3 de marzo de 1999.

 

El sancionado, una vez notificado del fallo presentó y sustentó a través de apoderado, el recurso de  reposición dentro del término legal (fls. 150 a 154 anexo 19), esgrimiendo las siguientes consideraciones:

 

Que contrariamente a lo que afirma la Procuraduría, no esta debidamente demostrado que el implicado haya incurrido en la conducta que se le reprocha, por cuanto los declarantes dentro del proceso afirman que su patrocinado no los recomendó ni realizó gestión alguna para su vinculación a la Contraloría.

 

Que, solamente aparecen como pruebas el dicho de ALFREDO SAADE VERGEL, quien afirma que el implicado acudió a su Despacho a solicitar el nombramiento de personas en la Contraloría, y a quien atendió personalmente, y además, las listas denominadas “Consulta Contactos” y “ Nombramientos Administración Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR” donde se encuentra el nombre del encartado junto a los nombres de quienes fueron nombrados en la Contraloría, EDGAR IBARRA VELASCO, LUZ ADRIANA RODRIGUEZ GUEVARA y ROSMERY MURCIA QUINTERO, quienes en sus declaraciones negaron la colaboración del disciplinado en sus respectivos nombramientos, y en que el caso de ROSMERY MURCIA QUINTERO, dijo no haber laborado en la Contraloría General de la República y que el señor IBARRA VELASCO, dijo conocer al implicado como copartidario político pero que no le colaboró para su nombramiento en la Contraloría e ignora si lo recomendó.

 

Así mismo, señala que la documentación allegada al proceso relacionada con las hojas de vida de EDGAR IBARRA VELASCO, LUZ ADRIANA RODRIGUEZ GUEVARA y ROSMERY MURCIA QUINTERO, no aparece relacionado el nombre del implicado dando referencia o recomendación alguna y solamente aparece como referencia en la hoja de vida de la señora MURCIA QUINTERO.

 

Que por lo anterior, se desvirtúa lo dicho por el señor SAADE VERGEL y que es ilógico que se solicite el nombramiento de unas personas cuando los supuestos beneficiarios ni siquiera han solicitado dicho favorecimiento.

 

Sobre la documentación manejada internamente por los funcionarios de la Contraloría, dice el apoderado del implicado, que en ellas no intervino su patrocinado, que no son de su autoría y por tanto, son desconocidas e inoponibles para él.

 

Se refiere a lo declarado por el doctor CARLOS OSSA ESCOBAR, de la forma como llegaban hojas de vida a la Contraloría enviadas por congresistas, amigos y conocidos y que se encargaban de seleccionarlas y formar un banco de datos con ellas, los señores SAADE VERGEL y MAURICIO CASASFRANCO, para posteriormente nombrarlas y de acuerdo a ese procedimiento conformar una bitácora con anotación del nombre del congresista y del recomendado, según información que recibía de SAADE VERGEL. Que OSSA hizo reparos a lo declarado por SAADE, diciendo que la lista “nombramientos” la elaboró él, a su arbitrio y antojo y que allí, aparecieron cosas derivadas de su imaginación.

 

También alude a  lo declarado por MAURICIO CASASFRANCO, sobre el proceso de selección de las hojas de vida y la elaboración del listado “Nombramientos Administración Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR” que estaba a cargo de SAADE y que, según este declarante, se hizo por parte de SAADE para publicarlo como resentimiento por averiguación fiscal contra su hermano. Así mismo, lo dicho por este testigo en cuanto a que otra base de datos se manejaba en la Vicecontraloría con el propósito de medir la información real sobre qué tanto se encontraba politizada la Contraloría. Se apoya también el apoderado del implicado en lo dicho por el declarante NELSON PINEDA RODRIGUEZ, quien dice que por ordenes del doctor “JOSE FELIX LAFAURIE”, alimentaba la base de datos de funcionarios de la Contraloría con el nombre del parlamentario que los recomendaba y que esos datos los suministraba ALFREDO SAADE y MARIELA BARRRAGAN.

 

Con lo hasta aquí esgrimido, el apoderado del implicado afirma que era el señor SAADE VERGEL quien en verdad nominaba en la Contraloría y que toda la documentación provenía de él, tal como dijo el Contralor OSSA ESCOBAR y lo dicho por la señora LUZ ADRIANA RODRIGUEZ, que ésta última, luego de negar enfáticamente que el implicado le hubiera colaborado para su ingreso a la Contraloría, dijo también que “cualquier persona pudo haber colocado los datos de la lista denominada < Consulta Contactos > a su libre albedrío” y que OSSA ESCOBAR dijo algo similar en cuanto a la elaboración de la lista “nombramientos” como anteriormente se señaló.

 

Que el rechazo de la imputación por parte del implicado y las pruebas arrimadas al proceso permiten aseverar que su patrocinado no cometió la falta endilgada en su contra y que la memoria del señor SAADE puede también ser “flaca” e incluir sin justificación alguna a su representado como uno de los congresistas que fueron a solicitarle puestos, agrega que el fallo sancionatorio se edifica sobre el dicho de una sola persona que actuó motivado por intereses personales según lo afirmado por varios testigos.

 

Solicita por lo tanto, se revoque  la sanción principal y la sanción accesoria impuesta a su defendido por la carencia de sustento fáctico y probatorio de las mismas. No obstante indica que en el caso de no acceder a su petición se tenga en cuenta lo siguiente:

 

Que si la falta endilgada a su patrocinado en verdad si existió, esta es de mera conducta y que se agota con el solo hecho de interceder por alguien cuando se esta en ejercicio de un cargo público, esta debió entonces darse según la resolución recurrida en el año de 1998, cuando se tipificó la conducta y no cuando se dieron los supuestos efectos con el nombramiento. Que por lo tanto, a la fecha de emisión de la resolución censurada, se han consolidado los términos de prescripción de la acción disciplinaria con respecto a todos los supuestos favorecidos. En consecuencia, solicita la declaratoria de prescripción de la acción disciplinaria y que se revoque la imposición de la pena accesoria por cuanto su patrocinado no se encuentra vinculado actualmente a ningún cargo público.

 

Solicitud de nulidad de la investigación:

 

Por otra parte, el apoderado del implicado presentó en escrito aparte, una adición al recurso de reposición aludido (fls. 155 a 156 del anexo 19), donde solicita la nulidad de toda la investigación por falta de competencia de la Procuraduría para actuar, con base en lo establecido en el artículo 14 de la Ley 734 de 2002.

 

Fundamenta su solicitud en los artículos 75 y 76 de la Ley 734 citada: sobre competencia por la calidad del sujeto disciplinable y el control interno disciplinario, respectivamente.

 

En ese efecto, considera que es la Comisión de Etica del Congreso, la oficina o dependencia que conforme a la Ley tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria de los congresistas y no la Procuraduría.

 

Indica que por ello, la Procuraduría ha violado el principio de la autonomía y ha generado nulidad absoluta por falta de competencia y que así deberá ser decretada por cuanto las normas de procedimiento son de orden público y de aplicación inmediata sin que existan condiciones particulares para desconocerlas, tal como lo establece el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil.

 

Señala como normas violadas los artículos 75, 76, 77, 143 y 144 de la Ley 734 de 2002.

 

El despacho considera:

 

El Despacho hizo las consideraciones generales y valoró con fundamento en los criterios de la sana crítica el acervo probatorio allegado al proceso, con lo cual se demostró la responsabilidad del implicado en la falta que se le endilga. Se reitera así mismo, que si bien las personas por él recomendadas declararon haber gestionado de manera personal su nombramiento en la Contraloría General de la República, debido a que no conocieron o no admitieron conocer la gestión llevada a cabo en su favor por el implicado, no se desvirtúa con esas declaraciones la gestión o intervención adelantada por el mismo, en el sentido de realizar por su propia cuenta la recomendación de dichas personas para su vinculación en esa entidad. Se recuerda también que la prohibición contenida en el artículo 268 numeral 10 de la Constitución Política, no exige para los congresistas que la recomendación se configure con la entrega personal de una hoja de vida o con la anotación del investigado en la misma, pues ésta se configura con la intervención que por cualquier medio realice el congresista ante la Contraloría General, sea verbal, escrita o de otra naturaleza.

 

Se ha determinado de esta manera, el nexo de causalidad existente entre la conducta imputada al investigado y la visita que él realizó al Despacho del doctor SAADE VERGEL, que ocasionó posteriormente el nombramiento de las personas recomendadas por el investigado en la Contraloría General y cuyo procedimiento se reseñó en las listas denominadas “Consulta Contactos” y “Nombramientos Administración Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR” . Se reafirma igualmente, el propósito de estas listas elaboradas internamente en la Contraloría General de la República, que era el de reseñar el nombre de las personas recomendadas por los congresistas junto al nombre de ellos,  tal como lo declararon el doctor OSSA ESCOBAR, ALFREDO SAADE VERGEL  y otros funcionarios de esa Entidad, cuyo procedimiento ya fue explicado en el fallo recurrido y que en el presente caso, como se observó, se anotaron los nombres de los recomendados por el investigado, especialmente, el del señor EDGAR IBARRA VELASCO, por cuyo caso fue sancionado el encartado, quien además declaró que conoce al investigado y lo acompañó en las campañas políticas como copartidario.

 

De la misma manera, se explicó en la providencia recurrida, de acuerdo con las pruebas testimoniales obrantes en el proceso,  que el doctor OSSA ESCOBAR, conformó un grupo de funcionarios de la Contraloría, para seleccionar las hojas de vida enviadas por los congresistas, en razón a que no podía evitar la realidad de dicha circunstancia y ordenó a ALFREDO SAADE VERGEL, para que recibiera esas hojas de vida y atendiera a los parlamentarios que acudía a realizar tales recomendaciones y al igual, que el Contralor OSSA, preguntaba a SAADE, cómo había llegado tal hoja de vida y SAADE, le respondía por medio de tal congresista u otro funcionario y que el doctor OSSA entonces, tomaba apuntes de esos datos y los reseñaba con su puño y letra. Así mismo, se explicó como se elaboraron las listas “Consulta Contactos” y “Nombramientos Administración Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR”, cuyo contenido y autoría tienen fundamento en pruebas testimoniales que dan fe de su realidad. Lo anterior para demostrar que el doctor SAADE no era el nominador de la Contraloría General de la República, por cuanto él, recibió órdenes del Contralor OSSA ESCOBAR para adelantar las labores enunciadas y su actuación se limitó a informar sobre las mismas, al Contralor OSSA, a efecto de atender los requerimientos que le hicieron los congresistas. Además, es de agregar que el fallo sancionatorio recurrido no se fundamentó solamente en las declaraciones rendidas por el doctor SAADE VERGEL sino también en las demás pruebas documentales y testimoniales allegadas legalmente al proceso, las cuales una vez controvertidas, confrontadas y valoradas dieron como consecuencia la determinación de la responsabilidad del endilgado en los hechos objeto de investigación.

 

Por otra parte, tal como se explicó, en la contestación de los recursos presentados dentro de este expediente, por parte de los senadores FRANCISCO ROJAS BIRRY y JULIO ALBERTO MANZUR ABDALA, para determinar la prescripción de la acción disciplinaria de los investigados, se ha tomado como época de ocurrencia de los hechos, el período comprendido entre el día de posesión del Contralor OSSA ESCOBAR, que fue el 1o. de Septiembre de 1998 hasta el día anterior a la fecha de nombramiento del recomendado.   Se observa entonces que a la fecha de hoy, desde el día cuando se dio el último acto constitutivo de la falta, esto es, hasta el día anterior al nombramiento de la persona recomendada por el congresista y que para el caso del investigado, se trató del señor EDGAR IBARRA VELASCO, quien fue nombrado en la Contraloría, el día 3 de marzo de 1999, observándose entonces que no han transcurrido aún los cinco (5) años exigidos por la Ley para que se configure en este caso, el fenómeno jurídico de la prescripción disciplinaria.

 

En lo referente a la solicitud de revocatoria de la sanción accesoria de inhabilidad por cuarenta y cinco (45) días impuesta al implicado, por cuanto se argumenta que actualmente no se desempeña como servidor público de ninguna entidad estatal. El Despacho se remite a los aspectos generales considerados en esta providencia.

 

Por lo anterior no se repone el fallo recurrido ni se decreta la prescripción de la acción disciplinaria seguida en contra del implicado, tal como se solicita en el recurso de reposición interpuesto.

 

Sobre la incompetencia de la Procuraduría alegada por el apoderado del implicado, el Despacho considera que el competente para conocer la falta objeto de esta  investigación, es el Procurador General de la Nación y no la Comisión de Ética del Congreso, tal como lo alega el recurrente.

 

La competencia del Procurador General de la Nación para disciplinar a los congresistas tiene fundamento legal en los siguientes artículos:

 

El artículo 227 de la Constitución Política, numeral 6, establece como una de las funciones del Procurador General: “Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular; …”.

 

A su vez, el artículo 123 superior dispone que: “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”.

 

Además, el artículo 7 numeral 21 del Decreto Ley 262 de 2000, otorga al Procurador General, la competencia para conocer en única instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los congresistas, por faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de dicha calidad o durante su ejercicio y en este último caso aunque hayan dejado de ser congresistas.

 

En ese efecto, no es la Comisión de Ética del Senado la que disciplina a los congresistas sino el Procurador General de la Nación, en concordancia con lo expresado por la Corte Constitucional en Sentencia C-429 de mayo 2 de 2001, sobre la operancia del principio juez natural en materia disciplinaria, esto es, aquél a quien la Constitución o la Ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto.

 

En ese orden, no se viola el principio de la doble instancia sino que se otorga una competencia exclusiva en cabeza del Procurador General de la Nación, para que en única instancia se discipline a los congresistas que hayan incurrido en falta disciplinaria como la de inobservar la prohibición contenida en el artículo 268 numeral 10 de la Constitución Nacional. Todo ello, de conformidad con la Sentencia C - 429 de 2001, antes citada, que refiriéndose a la asunción del proceso de única instancia por parte del Procurador General de la Nación, determinó que el hecho “ que los procesos tengan solamente una instancia tampoco lesiona los artículos 29 y 31 superiores, pues siendo el Procurador General la máxima autoridad de la entidad que dirige y el supremo director del Ministerio Público no tiene otra instancia superior y, por ende, su decisiones solamente están sujetas a las acciones contencioso administrativas establecidas en las normas pertinentes, las cuales pueden ser ejercidas por los procesados disciplinariamente, cuando consideren que se les ha vulnerado sus derechos”.

 

Ahora bien, el señor Procurador General de la Nación, Dr. EDGARGO MAYA VILLAZON, se declaró impedido para conocer de la presente investigación, a través de auto del 18 de mayo de 2001, remitiéndose la misma, a este Despacho en virtud de las atribuciones que tiene el señor Viceprocurador General de la Nación, según lo estipulado por el artículo 17 del Decreto 262 de 2000, entre las cuales se encuentra la de remplazar al Procurador General de la Nación, en todos los casos de impedimento (numeral 3 ).

 

En ese orden, el Despacho reitera lo dicho en la providencia recurrida y recuerda el pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia C - 280 de 1996, al declarar la constitucionalidad del artículo 66 de la Ley 200 de 1995: “... teniendo en cuenta la calidad de congresistas como altos dignatarios del Estado, es razonable que sean investigados disciplinariamente por la suprema autoridad disciplinaria, esto es, por el Procurador General, en única instancia...”.

 

JUVENAL DE LOS RÍOS HERRERA (21)

 

Fue declarado responsable disciplinariamente por recomendar a JUAN GUILLERMO RIASCOS SANTACRUZ y CAROLINA YELA GUERRERO, quienes fueron nombrados provisionalmente en la Contraloría General de la República, así:

 

JUAN GUILLERMO RIASCOS SANTACRUZ, nombrado como Profesional Universitario Grado 9 en la Contraloría General de la República en el departamento de Nariño, mediante Resolución No. 01075 del 3 de marzo de 1999.

 

CAROLINA YELA GUERRERO, nombrada como Profesional Universitario Grado 9 en la Contraloría General de la República en el departamento de Nariño, mediante Resolución No. 01268 del 5 de marzo de 1999.

 

El sancionado, una vez notificado del fallo presentó y sustentó el recurso de  reposición dentro del término legal (fls. 60 a 65 anexo 21), esgrimiendo las siguientes consideraciones:

 

Que fue en dos o tres ocasiones al Despacho del Contralor General para hablar sobre temas de su cargo cuando se desempeñaba como Senador de la Comisión IV de Presupuesto, y que en dichas ocasiones, mientras el Contralor se desocupaba y lo atendía, pasaba  a la oficina del lado, donde trabajaba su secretario privado, el doctor ALFREDO SAADE VERGEL  y se tomaba un tinto con él, pero aclara, que nunca acudió a ese Despacho a solicitar puestos para sus amigos, porque el hecho contundente, es que ninguno de sus amigos personales fue nombrado en la Contraloría General y que por ello, se debe demostrar si algún conocido suyo fue nombrado en esa dependencia del Estado. Que otra cosa muy distinta sería que el señor SAADE, haya “metido a sus amigos” y hubieren sido apuntados a su nombre y sin su conocimiento, como muchas veces ocurre y así lo hacen varios funcionarios del Estado.

 

En cuanto a las listas elaboradas en la Contraloría donde “se reparten algunos puestos”, dice, que nunca participó en reuniones donde se repartían puestos en dicha Entidad y que tal como lo dicen las personas que declararon ante la Procuraduría, lo conocen de nombre pero que nunca tuvieron trato directo ni político con él.

 

Se pregunta, qué sentido tiene recomendar y hacer nombrar a una persona que no la conoce personalmente, que pertenece a otro grupo político y que no votó por él. En ese orden, anuncia el caso de CAROLINA YELA GUERRERO, que milita en el grupo político del señor ALBERTO ESCRUCERÍA MANZI y el caso de JUAN GUILLERMOS RIASCOS SANTACRUZ, con quien nunca ha tenido trato personal ni político, tal como aquel lo manifestó ante la Procuraduría.

 

Opina que el señor SAADE, para hacer creíble su testimonio involucró a cuanto parlamentario acudió a su Despacho, incluyendo a quienes como él, fueron a buscar puntos de vista del Contralor, sobre temas del presupuesto nacional. Que no encuentra la prueba objetiva necesaria y suficiente para sancionarlo por un hecho que nunca cometió y que si solo vale como prueba suficiente la palabra de un funcionario resentido con su jefe para castigar a un inocente se está ante la presencia de una doctrina donde prevalece la duda sobre la certeza.

 

Se refiere a la declaración rendida por el señor JUAN GUILLERMO RIASCOS SANTACRUZ, quien dijo que ingresó a la Contraloría por intermedio de un funcionario de la Contraloría en Bogotá, amigo de su primo y que entonces caben las preguntas que si ese “amigo” habló con el doctor SAADE, porque era oriundo del departamento de Nariño, que por eso se lo “apuntaron” al implicado y sin su consentimiento y agrega, que dónde esta su derecho de defensa, si ni siquiera fue enterado de tal situación.

 

También se refiere a la declaración de la señora CAROLINA YELA GUERRERO, quien dijo que se relacionó políticamente con el implicado en la campaña de HORACIO SERPA URIBE, pero dice el encartado, que ella pertenece al Partido Liberal y que hace política con ALBERTO ESCRUCERÍA MANZI, entonces se vuelve a preguntar, sobre el sentido de recomendar a alguien que nunca le ha colaborado en su vida política  personal y agrega el siguiente cuestionamiento: “¿ Será que los políticos actuamos sin lógica y recomendamos a las personas que no nos colaboran, a cambio de nada?. Además señala, que no entendería como ciudadano, el derecho a la igualdad jurídica, si se tienen dos raseros distintos para presumir la buena fe de los autores de esta investigación.

 

Considera que es complejo probar que se es inocente cuando sólo existen argumentos de pruebas testimoniales, que es más lógico que se prueba la culpabilidad y se presuponga la inocencia, porque la carga de la prueba la tiene el Estado y al ciudadano se lo considera inocente hasta que no se le pruebe lo contrario. Indica que se debe probar un acto jurídico y no uno político. Piensa además, que se encuentra en un caso donde se carece de la prueba objetiva que se necesita para sancionar a una persona inocente como él. También aduce que, para el esclarecimiento de una falta disciplinaria se deber partir del criterio de que las evidencias no son suficientes y que la verdad a medias no existe y que esta debe descubrirse en toda su complejidad objetiva.

 

Que para alcanzar la verdad material objetiva debe sumarse tanto lo aportado por el investigador y lo aportado por los implicados y que toda sanción deber basarse en la plena prueba sin dejar lugar a una posible duda.

 

Se pregunta sobre la prueba en su contra y responde que es una prueba oral de un funcionario que manipula nombramientos utilizando el nombre de congresistas y sin embargo, que las declaraciones de los supuestamente recomendados por él, que aseguran que no tienen ninguna relación con el implicado y que se enteraron de la supuesta recomendación hasta que fueron llamados a declarar. Agrega que su testimonio negando lo dicho por SAADE y explicando la utilización de su nombre debe tenerse en cuenta, en conformidad con pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que sobre el particular ha dicho que se debe enlazar todas las versiones y que el juicioso cotejo que entre ellas se establezca puede conducir al juzgador a la consecución de la verdad - Sentencia del 30 de Septiembre de 1.994 -

 

Insiste que para recomendar debió tener una motivación pero que respecto a los nombramientos que se le endilgan no tuvo ninguna motivación, por entre las preguntas que se hace, se encuentra la siguiente: “¿Acaso la política clientelista, que se pretende castigar con este tipo de investigaciones y sanciones, existe sin motivaciones?. Por ello señala, que para valorar la prueba testimonial se debe reparar en la verosimilitud y la consistencia de la declaración y que esa consistencia debe tener motivos ciertos y válidos para dar certeza al relato y que nadie transgrede la ley sin motivos reales o aparentes, y en ese orden, afirma que en el presente caso no existieron esos motivos.

 

Solicita se practiquen pruebas relacionadas con la ampliación de las declaraciones de los señores JUAN GUILLERMO RIASCOS SANTACRUZ, ALFREDO SAADE VERGEL y CAROLINA YELA GUERRERO, en el sentido de precisar ciertos temas relacionados con los hechos que se le imputan, al igual, que solicita la declaración del doctor CARLOS OSSA ESCOBAR, del Secretario General  u otro alto funcionario del Contraloría, para que depongan en lo relacionado con las veces que él acudió a esa Entidad en busca de puestos o contratos o por lo del trabajo parlamentario.

 

De esta manera, solicita se conceda el recurso de reposición presentado y se revise la resolución recurrida cotejándola con sus argumentaciones.

 

El despacho considera:

 

En cuanto a lo dicho por el implicado, que no acudió al Despacho del doctor ALFREDO SAADE VERGEL, a solicitar el nombramiento de sus amigos a la Contraloría, y que las veces que fue a esta Entidad fue para tratar temas de su cargo como Senador de la República de la Comisión de Presupuesto, dicha afirmación ha sido desmentida según lo declarado por ALFREDO SAADE VERGEL, cuando expresamente señaló el nombre del encartado, como uno de los congresistas que acudió a su Despacho a solicitar el nombramiento de personas en la Contraloría General de la República.

 

Igualmente, si bien los declarantes JUAN GUILLERMO RIASCOS SANTACRUZ y CAROLINA YELA GUERRERO, declararon que su vinculación a la Contraloría se hizo a través de gestiones personales y que ellos las adelantaron sin la ayuda del implicado, el Despacho reitera lo dicho en el fallo recurrido, en el sentido de señalar que los declarantes desconocieron o no quisieron reconocer la gestión adelantada por el implicado en su favor para ser vinculados en la Contraloría General de la República. Además, la señora CAROLINA YELA GUERRERO, declaró que conoce al implicado y que en una oportunidad participaron en el mismo movimiento político apoyando la candidatura a la presidencia del doctor HORACIO SERPA URIBE, igualmente, el señor JUAN GUILLERMO RIASCOS SANTACRUZ, afirma en su declaración que lo colocó como referencia en su hoja de vida, porque alguna vez había hablado con el investigado y éste lo había invitado a tomar algo.

 

En cuanto a la elaboración de las listas denominadas “Consulta Contactos “ y “Nombramientos Administración Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR” , al igual que los manuscritos elaborados por el Contralor OSSA, donde escribía los nombres de los congresistas que le hacían pedimentos para nombrar personas en la Contraloría General, dicha situación ya fue explicada en el fallo recurrido y el objeto de las mismas, fue reseñar el nombre de las personas nombradas en la Contraloría General y que fueron recomendadas por congresistas, reseñando igualmente el nombre de esos parlamentarios que hacía dichas recomendaciones. En el caso del implicado, aparece su nombre junto al de las personas que recomendó, esto es, JUAN GUILLERMO RIASCOS SANTACRUZ y CAROLINA YELA GUERRERO. En ese sentido el doctor ALFREDO SAADE, en los testimonios rendidos ante la Procuraduría, testimonio que es creíble para la Procuraduría, tal como se explicó en el fallo recurrido, se refirió este testigo, concretamente a los senadores que acudieron a su Despacho a solicitar el nombramiento de personas en esa Entidad, todo ello, en cumplimiento de la misión que le había sido encomendada por el doctor OSSA ESCOBAR, de atender a los congresistas que acudían a la Contraloría con los propósitos enunciados y clasificar las hojas de vida de las personas por ellos, recomendadas.

 

Respecto al acervo probatorio de la investigación que sirvió como fundamento para responsabilizar al investigado por la falta que se le imputa, es importante señalar que las pruebas tanto testimoniales como documentales fueron cotejadas y confrontadas e igualmente como se explicó en las consideraciones generales del fallo recurrido, su ponderación y valoración se hizo de conformidad con los principios de la sana crítica, con lo cual se determinó que el comportamiento culpable del implicado que infringió el mandato constitucional establecido en el artículo 268 numeral 10 de la Carta Política. En ese efecto, se respetó el debido proceso y se  garantizó el derecho de defensa del disciplinado, para fallar en justicia y equidad en concordancia con la demostración que brindaron las pruebas legalmente aportadas al proceso.  

 

En cuanto a lo declarado por el doctor SAADE VERGEL, reitera el Despacho lo dicho en las consideraciones generales del fallo recurrido, en el sentido que muestran un hilo conductor coherente y no los signos del amaño o el acomodo de nombres de congresistas, como intención deliberada del declarante. Así mismo, para el Despacho como se explicó en el fallo enunciado, no hay ninguna duda que la información contenida en las listas “Consulta Contactos” , “Nombramientos Administración Doctor CARLOS OSSA ESCOBAR” y en los manuscritos que elaboró el Contralor OSSA, para atender los requerimientos que le hacían los congresistas, es verídica y contenida en documentos auténticos que fueron valorados, previa confrontación con los restantes medios de prueba.

 

Se cuestionó la conducta del implicado por recomendar a personas para ser vinculadas a la Contraloría  y esa conducta se materializó cuando hizo presencia en el Despacho del doctor SAADE con dicho propósito como quedó plenamente demostrado en el fallo recurrido.

 

En cuanto a la solicitud de pruebas hechas por el implicado en el recurso de reposición interpuesto, el Despacho se remite a lo considerado en los aspectos generales de esta providencia.

 

Por lo anterior no se acepta la solicitud del investigado para reponer el fallo recurrido.

 

JAIME DUSSAN CALDERON (23)

 

Fue declarado responsable disciplinariamente por recomendar a AIDA XIMENA MANCHOLA DE CARRERA, quien fue nombrada provisionalmente en la Contraloría General de la República, como Profesional Universitario Grado 9 en la Seccional del Departamento del Huila, mediante la Resolución No. 01558 del 19 de marzo de 1999.

 

El sancionado, una vez notificado del fallo presentó y sustentó a través de apoderado el recurso de  reposición dentro del término legal (fls. 150 a 154 anexo 19), esgrimiendo las siguientes consideraciones:

 

Solicita que se revoque la parte de la resolución donde se declara responsable disciplinariamente a su defendido porque hay certeza que él no recomendó a la señora AIDA XIMENA MANCHOLA DE CARRERA para su nombramiento en la Contraloría General de la República.

 

Así mismo, se refiere a las pruebas que tuvo la Procuraduría para tomar la decisión contra el implicado. En ese efecto, dice que la Procuraduría acepta que las señoras NUBIA ELSY MARTINEZ CASTAÑEDA y AIDA MANCHOLA DE CARRERA, explicaron que su nombramiento en la Contraloría se hizo a través de la colaboración de su amiga MARIELA BARRAGAN, asesora del Contralor General de entonces CARLOS OSSA ESCOBAR y que lo afirmado por ellas, fue corroborado por ésta última, cuyo testimonio no se le da la credibilidad toda vez que según lo dicho por el señor NELSON PINEDA, la señora BARRAGAN fue la que destruyó los archivos de la base de datos que llevaba el Vicecontralor para interferir cualquier investigación. Igualmente que según lo declarado por ALFREDO SAADE, el implicado se presentó a su despacho a solicitar el nombramiento de personas en la Contraloría y que aparece su nombre relacionado en las listas de “Consulta Contactos y Nombramientos Administración OSSA ESCOBAR” junto con el de las personas nombradas, lo que indica una relación de causalidad entre la visita y los respectivos nombramientos.

 

Cuestiona los razonamientos de la Procuraduría diciendo que no se enjuicia lo dicho por las señoras NUBIA ELSY MARTINEZ CASTAÑEDA y AIDA XIMENA MANCHOLA DE CARRERA y que se descalifica el testimonio de la doctora MARIELA BARRAGAN. Sobre la descalificación de este testimonio dice que no se puede “ en el sistema de las <reglas de la sana crítica> adoptar una conclusión apriorística (tarifa) ni rechazar el testimonio...”, que el fallador debe estudiar el testimonio y argumentar por qué no lo convence y agrega que el testimonio de la doctora BARRAGAN, de conformidad con las reglas de la sana crítica, es atendible y verosímil.

 

Que de haberse atendido ese testimonio se hubiera concluído que la doctora BARRAGAN como Asesora del Contralor OSSA ESCOBAR, le queda más fácil entregar las hojas de vida de las señoras MARTINEZ CASTAÑEDA y MANCHOLA DE CARRERA y hacer “lobby” por ellas, además, que tal como lo dice en su declaración, la doctora BARRAGAN solicitó al Contralor OSSA ESCOBAR que se estudiara la posibilidad de vincular a estas personas a la Contraloría y que el Contralor, se encargaba de continuar el trámite. Aduce el apoderado del implicado, que el comportamiento de la doctora BARRAGAN,  se ajusta así, a las reglas de la experiencia.

 

Que la descalificación del testimonio de la doctora BARRAGÁN es propio de la tarifa legal pero no del sistema consagrado en el artículo 141 de la Ley 734 de 2002, sobre reglas de la sana crítica y que con ello, se le viola al implicado. el derecho a la prueba consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, porque él tiene derecho a que las pruebas sean razonadas pero no rechazadas.

 

Por otra parte, en cuanto a la declaración del doctor ALFREDO SAADE VERGEL, cuando afirma que el implicado se presentó a su despacho a solicitar el nombramiento de personas en la Contraloría, señala el apoderado del encartado que tal como lo dijo el mismo SAADE, no todos los congresistas que llegaban a la Contraloría iban a buscar “puestos”, sino también iban a buscar informes para hacer control político y que además, cuando se le indicó a SAADE VERGEL, la lista denominada “Nombramientos Administración Doctor CARLOS OSSA ESCOBAR” , efectivamente señaló al implicado como uno de los congresistas que atendió personalmente en su oficina, pero, que lo señala simplemente dentro de una lista que se le presenta con todos los datos allí contenidos, lo que significa que es difícil distinguir si el disciplinado fue a otras actividades diferentes a recomendar. Que esta respuesta fue conducida porque se le mostró la lista sin que previamente hubiese enumerado a los senadores que habían hecho recomendaciones.

 

Agrega que la lista antes enunciada se nutría de la manera como lo explicó el doctor OSSA ESCOBAR, teniendo en cuenta la información que le suministraba SAADE VERGEL y MAURICIO CASASFRANCO, encargados por él, para seleccionar las hojas de vida que llegaban enviadas por congresistas, amigos o conocidos del nuevo equipo de la Contraloría, dice, que este último, es el caso de la doctora BARRGAGAN; además,  elaborar un banco de datos con las mismas y buscar los mejores perfiles para llenar las vacantes existentes en la Contraloría, previa la anotación del nombre del seleccionado junto con el nombre del parlamentario que envío la hoja de vida de aquel y que todo eso el doctor OSSA lo anotaba con su puño y letra para armar una especie de bitácora. Al respecto dice el apoderado del implicado, que el doctor OSSA ESCOBAR nunca vió las hojas de vida ni sabía quien era el que supuestamente recomendó, sólo que anotaba el nombre del “representante” que envió la correspondiente hoja de vida. Pero que esta forma de elaboración de esa lista no da certeza de cuál es su fuente.

 

Que es posible entonces, haberse adjudicado el nombramiento de la señora AIDA XIMENA MANCHOLA DE CARRERA o “el grado”, al implicado por la circunstancia explicada por la misma señora cuando señala que conoce al encartado desde hace varios años porque frecuenta el municipio de Palermo (Huila) donde ella reside, pero que no le colaboró para su nombramiento, no obstante, haberlo colocado en su hoja de vida porque la conoce y puede dar referencias de ella, y que esto es atendible con lo que normalmente ocurre.

 

El despacho considera:

 

Respecto a las declaraciones de las señoras NUBIA ELSY MARTINEZ CASTAÑEDA y AIDA XIMENA MANCHOLA, el Despacho señala que las mismas se analizaron y valoraron en el fallo recurrido y reitera que si bien las mencionadas declarantes realizaron gestiones personales con el fin de ser nombradas en la Contraloría General de la República, como el de entregar sus hojas de vida a la Contraloría General de la República,  a través de la doctora MARIELA BARRAGAN, asesora del Despacho del Contralor General CARLOS OSSA ESCOBAR, tal como lo declararon porque no conocían o no quisieron admitir la gestión que en su favor adelantaba el encartado, también es cierto, que según lo declarado por el doctor SAADE VERGEL,  el implicado efectivamente adelantó gestiones en el sentido de recomendar a personas para que sean nombradas en la Contraloría y que de acuerdo al procedimiento utilizado en esa entidad y explicado en el fallo recurrido, se reseñaba en las listas denominadas “Consulta Contactos” y “Nombramientos Administración Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR” y que en el caso del investigado se reseñó su nombre junto al de varias personas que recomendó, entre los que se encuentran los nombres de las declarantes, especialmente, el de la señora AIDA XIMENA MANCHOLA, caso por el cual se sancionó al investigado. Además, que fue reseñado en los manuscritos que elaboró el doctor OSSA, donde asignaba junto al nombre de los congresistas los grados de los cargos, de acuerdo a los requerimientos que estos le hicieron.

 

En cuanto al testimonio rendido ante la Procuraduría General por la doctora MARIELA BARRAGAN, quien corrobora lo expresado por las precitadas declarantes, se consideró el mismo, falto de credibilidad por cuanto según lo declarado por el señor NELSON PINEDA, la doctora BARRAGAN, fue la persona que destruyó archivos de la base de datos que llevaba el señor Vicecontralor General de la República, y que según este declarante lo hizo para interferir cualquier investigación que se presentare, circunstancia que se explicó en las consideraciones generales del fallo recurrido, y que demuestra, que tal testimonio no se desechó por el libre albedrío del fallador sino por el contrario, para ello, se tuvo en cuenta el comportamiento anterior de la declarante respecto a los hechos materia de investigación que previamente había sido señalado en el testimonio del señor NELSON PINEDA.

 

No se ha violado con ello, el derecho a la prueba consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto las mismas fueron apreciadas y valoradas conforme a las reglas de la sana crítica  y desechando para el efecto, el viejo sistema de la tarifa legal.

 

Que las personas recomendadas hayan declarado, que para su nombramiento en la Contraloría General adelantaron gestiones personales como el haber presentado sus hojas de vida a través de la doctora MARIELA BARRAGAN, no desvirtúa el acervo probatorio obrante en el expediente y que compromete al investigado en la falta que se le endilga, por cuanto, el principal testigo de la investigación, el doctor SAADE VERGEL, fue enfático en declarar que el investigado fue a su Despacho a recomendar personas para ser vinculadas a la Contraloría, y  señaló claramente el nombre del investigado, como uno de los congresistas que realizó dicha acción, así el investigado haya acudido a la Contraloría en otras ocasiones con otros motivos, lo cierto, tal como lo dijo el doctor SAADE VERGEL, también acudió a su Despacho a realizar las recomendaciones enunciadas, reconociéndolo dentro de una lista de congresistas que se le presentó al momento de su declaración. Por ello, no se acepta la hipótesis del recurrente en el sentido de decir, que le era difícil al declarante SAADE VERGEL, distinguir el motivo por el cual, acudió el implicado a su despacho en la Contraloría General de la República.

 

Quedó explicado en las consideraciones generales del fallo recurrido, la forma como se alimentaban las listas denominadas “Consulta Contactos” y “Nombramientos Administración Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR” donde se reseñaba el nombre del congresista junto al de las personas que recomendaba  para su ingreso a la Contraloría y en ese orden de ideas, se estableció que el contenido de dichas listas fue alimentado con información de los nombramientos que se hicieron por recomendación de congresistas. Es decir, que estas lisas no se alimentaron de manera amañada o con fundamento en presunciones sino en forma detallada y basada en los nombramientos de las personas recomendadas, teniendo determinada su fuente de elaboración en las oficinas de la Contraloría General de la República y que tal como se explicó coincide su contenido con los listados de nombramientos de funcionarios de la Contraloría que expidió la Gerencia del Talento Humano de esa entidad.

 

Por otra parte, la información que daba el doctor SAADE VERGEL al Contralor General OSSA ESCOBAR, para que este elaborara sus manuscritos de acuerdo a los requerimientos que le hacían los congresistas, se fundamentaba en la misión que el Contralor OSSA ESCOBAR, le ordenó realizar, esto es, atender a los congresistas que acudían a recomendar personas para ser vinculadas en esa entidad y clasificar las hojas de vida de estas personas, lo cual fue explicado también en las consideraciones generales del fallo recurrido, por lo cual no se acepta la hipótesis del recurrente, en el sentido de que pudo haber sido adjudicado a su patrocinado, el nombre de la señora AIDA XIMENA MANCHOLA, quien declaró que colocó al implicado como referencia en su hoja de vida, porque lo conoce desde hace varios años.

 

Por lo anterior, no se revoca la sanción impuesta al implicado tal como lo solicita su apoderado en el escrito de reposición presentado.

 

JULIO ALBERTO MANZUR ABDALA (39)

 

Fue declarado responsable disciplinariamente por recomendar a ALMA VIOLETA SANSON HOYOS, quien fue nombrada provisionalmente en la Contraloría General de la República, como Jefe de División Seccional en el Departamento de Córdoba, Nivel Ejecutivo Grado 14, mediante la Resolución No. 01065 del 3 de marzo de 1999.

 

El sancionado, una vez notificado del fallo presentó y sustentó a través de apoderado, el recurso de  reposición dentro del término legal  (fls. 130 a 138 anexo 39), esgrimiendo las siguientes consideraciones:

 

Que está en desacuerdo con el contenido de la decisión y solicita se decrete la prescripción de la acción disciplinaria por cuanto los hechos que se refieren a su defendido ocurrieron hace más de cinco años.

 

Que tal como se observa en la providencia recurrida los hechos que originaron la correspondiente investigación ocurrieron entre septiembre de 1998 y abril de 1999, lo que demanda para su patrocinado un estudio especial a fin de establecer el día en que tuvo ocurrencia su conducta, porque no se le puede inmiscuir en la responsabilidad general y objetiva manifestada en la investigación.

 

Que no se explica por qué se le atribuyen al implicado hechos que ocurrieron antes de septiembre de 1998, como en el caso de los  nombramientos de  WALTER AHUMADA BALLESTA y de ROSMARY DE LA ROSA GAZABON, nombrados en la Contraloría General de la República, los días 2 y 12 de febrero, respectivamente, de 1998, lo cual no corresponde al periodo de ocurrencia de los hechos señalado por la Procuraduría y en ese evento debe declararse la prescripción de los hechos y la absolución del implicado.

 

Manifiesta que no se tuvo en cuenta la prueba aportada en descargos relativa a que cursaba demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa para demostrar que la señora ALMA VIOLETA SANSON HOYOS, era de carrera administrativa en la Contraloría General de la República y fue desvinculada en el año de 2000 de esa entidad, por lo tanto que no tendría sentido la recomendación del implicado, porque los cargos de carrera administrativa presumen la existencia de un proceso de selección soportado en conocimientos y méritos personales, además, que en su declaración la señora SANSON HOYOS, manifestó que las gestiones para su ingreso a la Contraloría las había realizado su esposo. Así mismo, que la Procuraduría indicó al valorar la “recomendación” que esta era inexistente en los casos de personas vinculadas por carrera administrativa.

 

Por la anterior razón, expresa que no acepta que la Procuraduría se niegue a valorar el documento aportado sobre la condición de la señora ALMA VIOLETA SANSON HOYOS, como servidor de carrera administrativa en la Contraloría General de la República y que da realce probatorio y sirve para enfrentarlo a las declaraciones que dicen que su patrocinado fue personalmente a la Contraloría a interceder por este nombramiento, pero que nunca se estableció que día fue a la Contraloría, que hojas de vida presentó o si fue a interceder por la señora SANSON HOYOS. 

 

No cree en la consideración que hace la Procuraduría respecto a que la conducta endilgada sea de medio y no de resultado por cuanto, el comportamiento relativo a la “recomendación” presenta el mismo tratamiento de la causal de tráfico de influencias para la pérdida de investidura de los congresista. Así mismo señala que se deber establecer en la conducta endilgada la fecha en que sucedieron los hechos, es decir que se debe probar no sólo el extremo final sino también el inicial, porque la conducta debió realizarse mucho tiempo antes de su consolidación.

 

Agrega,  que si en los hechos esta probado que existe un lapso de dos meses entre la ocurrencia de la conducta y el nombramiento, se concluye entonces que si la señora ALMA VIOLETA SANSON HOYOS, fue nombrada el “9 de marzo”, la presunta recomendación debió realizarse mínimo con un mes de anticipación, es decir el “9 de febrero”  y por lo tanto, la misma estaría prescrita. De esta manera, dice el apoderado del implicado, mal haría el investigador de la Procuraduría, en ejercicio del principio de duda, para fijar el día de la ocurrencia de los hechos, acogerse al extremo final en detrimento de los intereses del disciplinado a la fecha del resultado. Que ese hecho debe precisarse en el tiempo, pero no de manera intemporal y abstracta, basado en espacios más o menos posibles porque de lo contrario se vulneraría el debido proceso.

 

Señala que si el resultado es ajeno a la antijuridicidad de la conducta “- producido o no el nombramiento -” no puede tomarse como fecha probable de ocurrencia del hecho, la misma fecha cuando se produce el nombramiento. Se pregunta además el apoderado del implicado, que en el caso de no producirse el nombramiento, según la tesis de la Procuraduría, se acoge como materialización del comportamiento del disciplinado la fecha en que se solicita la vinculación de la persona, es decir, que si no se hubiera dado el nombramiento de la señora SANSON HOYOS, cuál sería la fecha de consumación del comportamiento antiético del implicado.

 

Argumenta que lo anterior, viola el debido proceso porque a la Procuraduría le corresponde la carga de probar al menos el día probable o el lapso probable en que ocurrieron los hechos, pero que no se hizo por cuanto con una prueba general se quiere particularizar un hecho, el cual pudo haber ocurrido en 1998 cuando su patrocinado supuestamente fue a la Contraloría a recomendar las otra dos personas mencionadas en la resolución recurrida y que no puede enrostrarse por vía de deducción el hecho atribuido a su defendido, de que la conducta endilgada se cometió el día del nombramiento, que por eso la investigación de la Procuraduría se quedó corta.

 

Llama la atención respecto a lo decidido frente al caso del senador MIGUEL PINEDO VIDAL, que tratándose de la misma falta y dentro de un marco espacial similar, la decisión en ese caso fue diferente a la de su patrocinado.

 

Solicita por lo anterior que se absuelva a su patrocinado o se declare la prescripción de la acción, pero que en caso de accederse a su petición se modifique lo relativo a la dosificación de la pena, teniendo en cuenta los antecedentes del implicado y se prescinda de la inhabilidad impuesta para ejercer función pública durante 45 días, porque aduce que es ilegal, ya que la conducta fue cometida con vigencia de la Ley 200 de 1995, y que esa pena debe estar establecida por el legislador y que no le es dable al juez imponer por vía de interpretación ese tipo de medidas, fundamentándose en argumentos supuestamente esbozados por la Corte Constitucional.

 

También solicita se aplique el principio de favorabilidad, porque indica que la Ley 734 de 2002 nunca estableció en su artículo 44 numeral 4, la inhabilidad como pena accesoria de la multa y en ese efecto, una interpretación contraria llevaría a que el implicado soporte dos sanciones, por un lado la multa y por otro la inhabilidad para ejercer funciones con la imposibilidad de recibir la respectiva remuneración, lo cual considera una exageración que desborda los límites de las sanciones establecidas en el artículo 46 ibidem.

 

El despacho considera:

 

En cuanto a la tipicidad de la falta objeto de sanción y  la responsabilidad endilgada al implicado, el Despacho se atiene a lo dicho en las consideraciones generales del fallo recurrido. Precisamente se determinó como falta, la violación del artículo 268 numeral 10 de la Constitución Política de 1991, cuya observancia corresponde a quienes hacen parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor y que constituye un deber legal para dichos servidores públicos tal como lo dispone el artículo 40 numeral 1o. de la Ley 200 de 1995, vigente para la época de los hechos. 

 

Se probó así mismo, la responsabilidad del implicado de acuerdo a las consideraciones generales y valoración de  las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el proceso con lo cual, se evidenció que la información contenida en las listas denominadas “Nombramientos Administración Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR” , el cuadro  “Consulta Contactos” y en la asignación de grados de los manuscritos del Contralor OSSA ESCOBAR, vincularon al investigado por el nombramiento de la señora ALMA VIOLETA SANSON HOYOS, en la Contraloría General de la República y lo hicieron responsable por la violación de las normas constitucionales y legales citadas en el fallo.

 

Se reitera igualmente, lo dicho en la providencia recurrida respecto a la época cuando ocurrieron los hechos, la cual, se determinó dentro del período comprendido entre el mes de septiembre de 1998 - cuando se posesionó el Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR - como Contralor General de la República - y el mes de mayo de 1999, cuando se realizaron los últimos nombramientos de las personas recomendadas por los congresistas, en la Contraloría General de la República. Es decir, que no se tomó como fecha de ocurrencia de los hechos, el día del nombramiento de los recomendados, por el contrario, tal como se dijo en el caso del Senador ROJAS BIRRY, esta época se determinó desde el momento de la posesión del Dr. OSSA como Contralor General - el 1 de Septiembre de 1998 - hasta el día cuando se dio el último acto constitutivo de la falta, que dependiendo de cada situación particular de los implicados, este habría ocurrido hasta el día antes de realizarse el respectivo nombramiento de la persona recomendada por ellos.

 

Es importante señalar que la valoración del acervo probatorio se hizo en correspondencia con las circunstancias individuales de cada uno de los implicados y en ese efecto, para algunos de ellos, la acción disciplinaria seguida en su contra, prescribió de conformidad con lo estipulado en la ley disciplinaria. Precisamente, eso fue lo que sucedió en relación con el caso del doctor MIGUEL PINEDO VIDAL, a quien no se le absolvió de responsabilidad sino que se le declaró la prescripción de la acción disciplinaria seguida en su contra.

 

Ahora bien, en el caso del investigado recurrente la conducta que se le endilgó habría sucedido hasta un día antes de cuando se realizó el nombramiento de la persona que recomendó para ser nombrada en la Contraloría, y por la cual, la Procuraduría lo sancionó, este es el caso de  ALMA VIOLETA SANSON HOYOS, cuyo nombramiento se realizó el día 3 de marzo de 1999. Se observa entonces que a la fecha de hoy, desde el día cuando se dio el último acto constitutivo de la falta no han transcurrido aún los cinco (5) años exigidos por la Ley para que se configure en este caso, el fenómeno jurídico de la prescripción disciplinaria. En ese orden, con estas consideraciones no se ha violado ninguna norma constitucional o legal ni tampoco se ha vulnerado el debido proceso ni el derecho de defensa del endilgado.

 

En cuanto a lo alegado por el recurrente sobre la situación laboral de la señora ALMA VIOLETA SANSON HOYOS, sobre quien se dice, que fue vinculada a la Contraloría General de la Nación mediante el sistema de carrera administrativa, dicha situación no ha sido probada, porque como bien lo ha señalado el apoderado del implicado existe una demanda que cursa ante lo contencioso administrativo, cuya autoridad correspondiente aun no se ha pronunciado al respecto. No obstante, las pruebas documentales obrantes en el proceso prueban que la señora SANSON HOYOS, fue vinculada en provisionalidad a la Contraloría como Jefe de División Seccional - División Jurisdicción Coactiva de la Seccional de Córdoba - mediante resolución 01065 del 3 de marzo de 1999 (fls. 1 y 5 anexo 39) e igualmente en su declaración  (flo. 91 anexo 39) la señora SANSON HOYOS, indica en relación con su nombramiento, que su marido averiguó que había una vacante en la Contraloría y presentó su hoja de vida pero no sabe que otras gestiones adelanto. Esta información de la declarante, explica que no participó en ningún concurso para ser admitida en la Contraloría como funcionaria de carrera administrativa, por el contrario las gestiones las hizo su marido para que ella, ocupara una vacante en esta entidad y tal como se dijo en la providencia recurrida si bien pudieron ocurrir dichas gestiones, por otro lado, el implicado también la recomendó para que fuera nombrada en el cargo de Jefe de División Seccional de la Contraloría General de la República.  

 

Igualmente se atiene el Despacho a las consideraciones hechas en el fallo recurrido respecto a la competencia de la Procuraduría para disciplinar a los congresistas por las faltas en que incurrieron y que los hizo merecedores de sanciones disciplinarias. Esta acción disciplinaria como se explicó es diferente a la competencia que tiene el Consejo de Estado, para adelantar en contra de dichos servidores, el proceso de pérdida de investidura, la cual, requiere la existencia de ciertas causales constitucionales claramente determinadas.

 

En cuanto a la solicitud de aplicar la favorabilidad para imponer el mínimo dentro de la dosificación de la sanción impuesta al implicado, el Despacho se remite a los aspectos generales considerados en esta providencia.

 

Por lo anterior, no se atiende la solicitud del apoderado del implicado para decretar la prescripción de la acción disciplinaria seguida en contra de su patrocinado ni revoca la decisión tomada en su contra en el fallo recurrido.

 

FRANCISCO ROJAS BIRRY (58)

 

Fue declarado responsable disciplinariamente por recomendar a DELGYS DEL CARMEN ROMERO CABEZA y MAGALYS MERCEDES ARAUJO MESTRE, quienes fueron nombradas en la Contraloría General de la República, así:

 

DELGYS ROMERO CABEZA, nombrada provisionalmente en la Contraloría General de la República, como Jefe de División Seccional en Chocó, grado 14, mediante Resolución 1998 del 21 de abril de 1999.

 

MAGALYS MERCEDES ARAUJO MESTRE, nombrada provisionalmente en la Contraloría General de la República, como Profesional Universitario, grado 10 en la Dirección del Sector Social, mediante Resolución 01475 del 17 de marzo de 1999.

 

El sancionado, una vez notificado del fallo, presentó y sustentó el recurso de  reposición dentro del término legal, igualmente, dentro de las mismas consideraciones lo hizo su apoderado. No se observan contradicciones entre lo dicho por el implicado y la defensa técnica presentada.

 

Sustentación del apoderado del implicado - fls. 69 a 70 Anexo 58 -:

 

Que las pruebas recaudadas en el proceso son el denominado cuadro contactos, publicado en la revista CAMBIO y el diario El Tiempo, donde aparece el nombre de los recomendados por el implicado, pero que no tienen ninguna validez por que no aparece ninguna firma o aval dado por el encartado y que además, ese cuadro no compromete al endilgado ni tampoco constituye plena prueba a la luz del artículo 128 del Código Disciplinario Único.

 

Aduce, que lo declarado por ALFREDO SAADE VERGEL, es mentira en cuanto al hecho de que su patrocinado haya visitado su oficina para tratar sobre los nombramientos respectivos, enuncia que el implicado no conoce al señor SAADE VERGEL.

 

Señala, que el doctor OSSA ESCOBAR, fue enfático en afirmar que no recibió presión alguna por parte de su defendido para nombrar personas en la Contraloría General y que el doctor MAURICIO CASASFRANCO, manifestó que las hojas de vida en la Contraloría se canalizaban a través del Asesor del Despacho y que un grupo de profesionales revisaban los perfiles para ubicarlos en los cargos correspondientes.

 

Afirma, que tal como se desprende de los testimonios obrantes en el expediente su patrocinado nunca visitó la  oficina de ALFREDO SAADE VERGEL para recomendar a alguna persona, a fin de ser vinculada a la Contraloría General de la República. Que las declaraciones de CESAR AUGUSTO TRIVIÑO BULLA, DELGYS ROMERO CABEZA y MAGALYS ARAUJO MAESTRE, no señalan al implicado como la persona que los recomendó para ser vinculados a la Contraloría General de la República y que cada uno de estos declarantes informan como fue su vinculación a esa entidad, el caso de TRIVIÑO BULLA, que fue a través de los doctores CANDELO y OSSA ESCOBAR y que conoce al implicado; en cuanto a la señoras DELGYS ROMERO CABEZA  y MAGALYS ARAUJO MAESTRE, dicen que nadie las ayudó para su vinculación a la Contraloría, la primera porque considera denigrante obtener un cargo por recomendación política y la segunda porque ella, llevó personalmente su hoja de vida al Despacho del Contralor General, ya que era conocida de éste, por razón a que su esposo JORGE RUIZ DITTA, trabajó con el Contralor OSSA ESCOBAR.

 

Agrega que para que una conducta sea punible deber ser típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, aduce que su defendido no participó positivamente en ningún actuar de la conducta que se le investiga, como es la recomendar o rogar para obtener algo. Así mismo, dice que para fallar, de acuerdo al artículo 128 del Código Disciplinario Único, debe haber plenas pruebas, pero que en este caso no las hay y por eso debe absolverse de toda responsabilidad al implicado.

 

Fundamenta su petición en los artículos 112, 113, 128, 129 del Código Disciplinario Único y artículo 232 del Código de Procedimiento Penal.

 

Sustentación del implicado - fls. 74 a 87 Anexo 58 - :

 

Reitera lo dicho por sus defensores en los correspondientes descargos y alegatos de conclusión.

 

Sobre las personas con quien aparece relacionado en la lista denominada “Consulta Contactos” dice que ellos, en sus declaraciones negaron haber sido recomendados por  él, y que nunca le solicitaron ninguna clase de ayuda para vincularse a la Contraloría, señala que el señor CESAR AUGUSTO TRIVIÑO BULLA declaró que fue invitado por el doctor RICARDO CANDELO, Contralor Delegado de Economía y Finanzas para trabajar en la administración del doctor OSSA ESCOBAR, que las señoras DELGYS ROMERO CABEZA y MAGALYS ARAUJO MESTRE, presentaron personalmente su hoja de vida a la Contraloría y que posteriormente fueron nombradas, que la primera lo conoce por su trabajo con las comunidades indígenas pero nunca le pidió esa recomendación y que la segunda que era conocida del Contralor OSSA ESCOBAR por cuanto su esposos JORGE RUIZ DITTA, trabajó con este en el Concejo de Bogotá. Agrega que lo dicho por estas personas no es valorado por la Procuraduría y solo se considera en cuanto a sus nombramientos, lo dicho por ALFREDO SAADE VERGEL

 

Reitera igualmente, lo dicho en su versión libre, en cuanto a que conoce a los señores CESAR AUGUSTO TRIVIÑO BULLA, DELGYS ROMERO CABEZA y MERCEDES ARAUJO MESTRE, que nunca les colaboró para su nombramiento en la Contraloría General y que no autorizó que su nombre apareciera como referencia en sus propias hojas de vida.  Además, que acompañó al doctor OSSA ESCOBAR en su aspiración a la Alcaldía de Bogotá y que votó por él, para Contralor General de la República, por amistad y conocimiento de sus capacidades académicas y profesionales.

 

En cuanto a las declaraciones de ALFREDO SAADE VERGEL, dice que no se señala en las mismas, la fecha o época aproximada en que tuvo ocurrencia la cita en que de consuno con el declarante atentaron contra el artículo 268 numeral 10 de la Constitución Política.

 

Igualmente aduce que el presente proceso presenta deficiencias que atentan con los principios que la rigen, en desmedro de la administración de justicia y en contra de la persona humana y que por ello, se conculcan los principios fundamentales.

 

Afirma, que no se le ha respetado el debido proceso, en especial los principios de favorabilidad y permisión que señala el artículo 29 de la Constitución Nacional, todo ello,  a pesar de haber tenido acceso al expediente, ejercido los derechos que le corresponden como disciplinado y de haberse surtido de manera normal las respectivas etapas procesales. Que no obstante lo anterior, no se han respetado las formalidades que señala la Ley disciplinaria que son de orden público y de obligatorio cumplimiento y que va en contra del artículo 81 de la Ley 190 de 1995, donde se establecen las garantías procesales concernientes a la plena prueba legal  y a la carga probatoria que corresponde al Estado, en este caso su representante en la titularidad de la acción disciplinaria, esto es,  la Procuraduría General de la Nación.

 

Que la Procuraduría recaudó pruebas que demostraron objetivamente una falta disciplinaria, que demostraron circunstancias de modo y lugar pero no de tiempo, lo cual, desconoce lo establecido en los artículos 163 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 y 92 numeral 3 de la Ley 200 de 1995, sobre la circunstancias de tiempo que deben estar contenidas en los autos de cargos.

 

Sin embargo, que la Procuraduría le da suma importancia a la declaración del doctor ALFREDO SAADE VERGEL, quien sin determinar la época, afirma que lo recibió en su oficina para recomendar a la personas citadas en el cargo y supone el implicado que esa cita, de ser cierto, debió ocurrir para los meses de septiembre u octubre de 1998, previo a la fecha en que se nombró a uno de sus supuestos recomendados, el señor CESAR AUGUSTO TRIVIÑO BULLA. Que debió ser una sola cita, la cual, se constituyó en la base para que al año siguiente se realizaran los otros nombramientos, y que quienes supuestamente recomendaron debían esperar a que hubiera vacantes en la Contraloría por razón de una reestructuración que en la entidad se gestaba.

 

Agrega, que debe tenerse en cuenta este argumento para no contradecir los artículos 6o. sobre el debido proceso y 9o. sobre presunción de inocencia establecidos en la Ley 734 de 2002, el cual establece en su inciso final que “ Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla” y trae a colación una sentencia de la Corte Constitucional - Sentencia 244 de 1996 - relacionada con la presunción de inocencia y derecho fundamental que tiene toda persona a que se presuma su inocencia mientras no haya sido declarada responsable.

 

Que con fundamento en este principio de la duda razonable, aduce que la Procuraduría, correspondiéndole la carga de la prueba, no determinó la época aproximada ni la circunstancia de tiempo en que ocurrió el comportamiento de mera conducta, por el simple hecho de recomendar, y que vulneró el artículo 268 numeral 10 de la Constitución Nacional.  

 

Solicita que por el principio de la duda, debe favorecerse la decisión a su favor y declarar la prescripción de la acción disciplinaria por haber transcurrido más de cinco años de la ocurrencia del comportamiento de mera conducta que se le imputa, por cuanto el nombramiento de sus otros supuestos recomendados se gestó presuntamente ante el señor SAADE en época anterior, al nombramiento del señor TRIVIÑO BULLA, realizado en el mes de octubre de 1998, en cuyo caso se declaró la prescripción de la acción disciplinaria y que lo mismo debe declararse en los otros casos de acuerdo a lo argumentado y lo establecido en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

 

Que de no aceptarse sus planteamientos, la sanción que se le impuso en fallo de instancia, sería el fruto de una valoración indebida de la prueba con fundamento en una responsabilidad objetiva basada en documentos ajenos a él, por no ser su autor y por el proceder de terceras personas, que como está demostrado, elaboraron esos documentos en fechas inciertas y que por ello, cualquier dato que allí aparezca, carece de certeza para demostrar el momento real en que se hizo la recomendación, porque, dice, la falta disciplinaria tiene “génesis y su razón de ser en su verbo rector en infinitivo que es: RECOMENDAR”. 

 

El despacho considera:

 

En relación con las declaraciones rendidas por el doctor ALFREDO SAADE VERGEL, donde según la impugnación no se fija fecha o época aproximada en que tuvo ocurrencia la  cita entre el implicado y el doctor SAADE  para atentar “ de consuno” contra el artículo 268 numeral 10 de la Constitución Política, hay que señalar que el Despacho ya se pronunció sobre esta circunstancia, en la providencia recurrida y reitera que para establecer la ocurrencia de los hechos, se determinó una época aproximada en que pudieron haber sucedido los mismos, como tal se tomó el periodo comprendido entre el mes de septiembre de 1998 - cuando se posesionó el Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR - como Contralor General de la República - y el mes de mayo de 1999, cuando se realizaron los últimos nombramientos de las personas recomendadas por los congresistas, en la Contraloría General de la República.

 

Es decir, se determinó esa época, desde el momento de la posesión del Dr. OSSA como Contralor General - el 1 de Septiembre de 1998 - hasta el día cuando se dio el último acto constitutivo de la falta, que dependiendo de cada situación particular de los implicados, este habría ocurrido hasta el día antes de realizarse el respectivo nombramiento de la persona recomendada por ellos. Lo anterior, por cuanto según se desprende de los hechos investigados, esa fue la época cuando el doctor SAADE VERGEL, recibió a los congresistas que acudieron a su Despacho a solicitar el nombramiento de personas en la Contraloría. En el presente caso, se considera que la conducta de recomendar, endilgada al encartado se habría dado hasta un día antes de la fecha en que se realizaron los nombramientos de las personas que recomendó para ocupar cargos en esa Entidad, y por las cuales, la Procuraduría lo sancionó, esto es, MAGALYS MERCEDES ARAUJO MESTRE y DELGYS ROMERO CABEZA, cuyo nombramientos se realizaron los días  17 de marzo y 21 de abril de 1999, respectivamente. Se observa entonces, que a la fecha presente, no han transcurrido aún los cinco (5) años exigidos por la Ley para que se configure en este caso, el fenómeno jurídico de la prescripción disciplinaria.

 

 Además, no es de recibo la hipótesis manifestada por el implicado en el sentido de que si hubo una cita de él, con el doctor ALFREDO SAADE VERGEL en la Contraloría para recomendar a las personas recomendadas, esta debió acontecer en fecha previa a la resolución de nombramiento del señor CESAR AUGUSTO TRIVIÑO BULLA, que se dio en el mes de septiembre de 1998 y que también porque se estaba gestando una reestructuración en la Contraloría y que quienes supuestamente recomendaban debían esperar hasta que existieran vacantes en esa entidad.  No está probado que así hubieran sucedido los hechos.

 

Así las cosas, no se ha desconocido por la Procuraduría, lo ordenado en los artículos 92 de la Ley 200 de 1995 y 163 de la Ley 734 de 2002, sobre los requisitos formales o contenido de la decisión de cargos y como se observa se han determinado las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

 

En cuanto a que no se le ha garantizado el debido proceso y el derecho de favorabilidad al implicado, porque no se le han respetado las formalidades de orden público y de obligatorio cumplimiento, porque van en contra del artículo 81 de la Ley 190 de 1995, sobre las garantías procesales y que en su caso, los concernientes a la plena prueba legal y a la carga probatoria a cargo de la Procuraduría General de la Nación. El Despacho reitera lo dicho en las consideraciones generales de la providencia recurrida en cuanto a las pruebas recogidas dentro del proceso, las cuales, como bien lo dice el disciplinado fueron conocidas por él y controvertidas en su oportunidad.  Es decir, que lo fallado por la Procuraduría se basó en un acervo probatorio que fue valorado de conformidad con los criterios de la sana crítica y de él se dedujo la responsabilidad personal del encartado, observándose siempre el debido proceso, y garantizándose el correspondiente derecho de defensa.

 

El acervo probatorio que comprometió al implicado en los hechos investigados probó la certeza de su comportamiento en la falta endilgada y tal como se resolvió en su oportunidad, las pruebas allegadas a la actuación fueron conducentes y pertinentes para ser valoradas por el fallador, quien luego de su examen minucioso, con convencido de su valor probatorio y sin ninguna duda, declaró la existencia de los hechos y la culpabilidad del implicado en el cometido de una conducta típica, antijurídica y culpable. De esta manera, nunca se violaron los principios del debido proceso y de la presunción de inocencia, porque se respetaron las garantías procesales del investigado y se fundamentó la sentencia en pruebas plenas, oportuna y legalmente aportadas al proceso, en concordancia con los artículo 128 y 129 del Código Único Disciplinario.

 

Ahora bien, en su declaración del 11 de marzo de 2003, el doctor ALFREDO SAADE VERGEL, señaló al encartado como uno de los congresistas que acudió a su Despacho a recomendar personas para que sean nombradas en la Contraloría General, dicho señalamiento no fue desmentido en su segunda declaración del 5 de agosto del mismo año. En ese efecto, las personas que recomendaban los congresistas en la Contraloría, tal como se probó en el subjudice, fueron relacionadas en las listas denominadas “Consulta Contactos” y “ Nombramientos Administración doctor CARLOS OSSA ESCOBAR”, listas que fueron elaborados con ese objetivo; y, que para el caso del implicado, fueron relacionados sus recomendados, que no fueron otros que el señor CÉSAR AUGUSTO BULLA TRIVIÑO y las señoras DELGYS ROMERO CABEZAS y MAGALYS ARAUJO MESTRE, que si bien dijeron haber gestionado por su propia cuenta su vinculación a la Contraloría, no conocieron o no admitieron conocer la gestión realizada por el implicado, pero tales declaraciones no desvirtúan lo dicho por  el doctor SAADE y el nexo de causalidad existente entre la conducta imputada al investigado y la visita realizada por él, al Despacho del doctor SAADE VERGEL.

 

Así mismo, en cuanto a las listas denominadas “Consulta Contactos” y “Nombramientos Administración Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR”, como claramente se explicó en las consideraciones generales del fallo recurrido, se debe señalara que son verdaderos documentos auténticos en la medida que fueron elaborados en oficinas de la Contraloría General de la República, probándose la certeza de los servidores públicos de la Contraloría General que intervinieron en su elaboración  y las oficinas de esa entidad donde fueron elaborados.

 

En cuanto a la declaración del doctor OSSA ESCOBAR, donde negó haber recibido presiones por parte del implicado para nombrar personas en la Contraloría General, su afirmación es negada con las pruebas documentales y los testimonios del doctor ALFREDO SAADE VERGEL que obran en este proceso, se reitera igualmente, que el doctor OSSA ESCOBAR, admitió que durante su administración en la Contraloría se recibieron hojas de vida enviadas por Congresistas y que el doctor SAADE, era la persona encargada de recibirlas y de informarle quién las había remitido para de esa manera asignarles los cargos y reseñarlos en las listas que elaboró el doctor OSSA, de su puño y letra, situación que es reafirmada con las declaraciones de los señores MAURICIO CASASFRANCO, DAGOBERTO QUIROGA y DANIEL MERA VILLAMIZAR, altos funcionarios de la administración del Contralor OSSA ESCOBAR. A su vez, las declaraciones de los doctores OSSA ESCOBAR y MAURICIO CASASFRANCO, fueron ratificadas con la declaración del doctor DAGOBERTO QUIROGA, Delegado de la Contraloría durante la administración de OSSA ESCOBAR, quien sobre el recibo de hojas de vida en la Contraloría General de la República, dijo que era cierto que Senadores y Representantes llevaban hojas de vida a la Contraloría y que el Contralor preguntó como evitarlo pero que no podía hacerlo, porque no podía tirarles la puerta a quien las llevara y que por ello, recién posesionado designó a ALFREDO SAADE para que atendiera a los parlamentarios y recogiera las hojas de vida que llevaban.

 

Por lo anterior, el Despacho no acepta lo solicitado en reposición por parte del implicado ni de su apoderado y confirma lo decidido en la providencia recurrida.

 

CAMILO ARMANDO SÁNCHEZ ORTEGA (60) - fls. 285 a 311 anexo 60 -

 

Fue declarado responsable disciplinariamente por recomendar a SAÚL CHARRY VELÁSQUEZ, FLOR EDITH MARTÍNEZ RINCÓN y GUILLERMO LADINO BARRANTES, quienes fueron nombrados en la Contraloría General de la República, así:

 

SAÚL CHARRY VELÁSQUEZ, nombrado provisionalmente en la Contraloría General mediante Resolución 2000 del 21 de abril de 1999, como Profesional Universitario grado 9 en la Seccional de Cundinamarca.

 

FLOR EDITH MARTÍNEZ RINCÓN, nombrada provisionalmente en la Contraloría General mediante Resolución 1485 del 17 de marzo de 1999, como Profesional Universitario grado 10 en la Seccional de Cundinamarca.

 

GUILLERMO LADINO BARRANTES, nombrado provisionalmente en la Contraloría General mediante Resolución 1203 del 4 de marzo de 1999, como Profesional Universitario grado 10 en la Seccional de Cundinamarca.

 

El sancionado, por conducto de apoderado, una vez notificado del fallo, presentó y sustentó el recurso de  reposición dentro del término legal, bajo las siguientes consideraciones - fls. 285 a 311 anexo 60 -:

 

Solicita se revoque la decisión tomada en contra de su defendido y en su lugar se le exonere y se ordene en consecuencia el archivo de la actuación.

 

Argumenta su solicitud en las consideraciones que a continuación se enuncian:

 

Que la investigación contra su patrocinado se fundamenta en la declaración rendida por el señor ALFREDO SAADE VERGEL y en un documento elaborado por éste declarante, que por su origen y formalidad se encuentra lejos de configurar medio de prueba, pero que en ninguna otra declaración o medio probatorio se imputa señalamiento en contra de su poderdante, tal como lo explicó en los correspondientes descargos.

 

Que lo dicho por el implicado en su versión libre especialmente en el sentido de no haber recomendado a nadie ni permitir que se le coloque como referencia para que cualquier persona pueda conseguir puesto o beneficio personal, se encuentra probado en el proceso con los testimonios y pruebas documentales allegadas al mismo, los cuales aluden a los antecedentes políticos del grupo político del implicado, la ajenidad a la conducta que se le endilgó, que no existe referencia inicial de SAADE VERGEL ni llamadas luego del seguimiento de rigor; que existe, el nombre del implicado como referencia en una hoja de vida, pero que esa referencia es diferente a recomendación, que por ello no existe posibilidad de deformar la verdad y lo contrario sería un error de hecho que se evidencia en la percepción, existencia y análisis de la prueba.

 

Sobre el verbo rector recomendar está de acuerdo con la Procuraduría que no se configura con el hecho de que los nombres de los implicados se encuentren como referencia en las hojas de vida de los recomendados, no obstante, dice el apoderado del implicado, que el verbo rector se ha de demostrar, en su caso no está demostrado sino que se evidenció la ausencia de participación de su patrocinado en los hechos objeto de investigación.

 

Insiste que en el acervo probatorio del proceso no existe ninguna referencia a su patrocinado, que lo anotado por SAADE VERGEL se encuentra lejos de ser documento y el hecho de aparecer el nombre de su defendido como referencia en una hoja de vida no atañe a ninguna recomendación. En ese sentido reafirma lo dicho en descargos en cuanto a que el testigo SAADE VERGEL fue punto de aceptación para fijar el cargo contra algunos implicados pero con respecto a otros de los investigados que él, da cuenta exacta de su actividad y desempeño para recomendar personas, no se le da credibilidad y por eso fueron desvinculados. Agrega entonces que en el caso de su defendido, el testigo SAADE VERGEL no afirmó en su contra hecho alguno, fuera de un papel que apareció y que supuestamente se le otorga valor de documento y que además la valoración y alcance de su testimonio no apunta a su patrocinado.

 

Se pregunta el apoderado del implicado, si la única prueba que existe en el expediente es la inspección judicial en donde aparece el nombre de su defendido,  entonces, cuál es la razón para llegar a la conclusión de la existencia de una recomendación; y si no existió un acto o comportamiento de recomendar qué posibilitaría la atribución de una irregularidad en su contra.  En ese sentido, reitera lo dicho por la  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en auto proferido, el 24 de agosto de 1999 y al que en su oportunidad aludió en los descargos según el cual el hecho de aparecer el nombre de un congresista en la hoja de vida de un aspirante a cargo público o privado, “no constituye un acto de inducción achacable al congresista”.

 

En cuanto a la prueba documental, argumenta que no se trata en verdad de un documento sino de un papel y que fuera de esa condición, más importante es considerar la calificación de los hechos que en ese papel se consignan, siendo ilógico pensar en una vinculación cuando la persona ahí referenciada no acepta dicha postura. Que las pruebas testimoniales indican otra cosa, tal como lo expresan los supuestos favorecidos que declaran no tener ninguna relación con el implicado en sus nombramientos. Que el papel no demuestra nada y que el nexo causal con las declaraciones existentes se rompió y que lo mismo sucede con lo encontrado en la inspección judicial, es decir que el hecho de tener al encartado como referencia personal significa el conocimiento que una persona tiene de otra. 

 

En cuanto a lo dicho por el Consejo de Estado sobre la competencia para investigar a los congresistas señala que en verdad es diverso el trámite y las causales establecidas para la pérdida de investidura , aunque no la naturaleza sancionatoria de la misma, porque que si bien la Procuraduría tiene competencia respecto a la conducta de los congresistas, la diferencia en la competencia con el Consejo de Estado, se da en la jurisdicción. Aduce que los mismos hechos dan unas mismas pruebas, pero asombrosamente, una diversa definición,  y agrega que los hechos que configuran  la pérdida de investidura como los hechos que configuran la causal disciplinaria tiene única jurisdicción el Consejo de Estado, porque, la Procuraduría tiene competencia pero no jurisdicción y quien dice el derecho es el Consejo de Estado. Que en los casos que no constituyen pérdida de investidura la competencia la tiene la Procuraduría.

 

Indica que quien posee jurisdicción y competencia para conocer los actos de la Procuraduría a nivel general es el Consejo de Estado que resolvió en favor, porque la jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para eventos especiales que cubre todos los casos de pérdida de investidura  y absorbe para dichos eventos la competencia de la Procuraduría General de la Nación. Por ello, afirma que sobre los mismos hechos el Consejo de Estado exonero de responsabilidad al implicado y que no es entendible proponer una naturaleza diferente porque ante los mismos hechos, el mismo contenido de la causal de pérdida de investidura del disciplinado y las mismas pruebas, deben tener igual consecuencia jurídica porque de lo contrario habría inseguridad jurídica.

 

Señala respecto al proceso de los nombramientos de los recomendados que una cosa es el nombramiento previa selección y otra es el hecho de haber colaborado en el trámite previo a ello, como llevar la hoja de vida y trazar el perfil. En ese orden, argumenta, no puede implicarse al patrocinado en el sentido que los nombramientos de los funcionarios se hicieron por medio de él, porque ninguno de estos funcionarios en sus declaraciones, acepta tal situación y afirma que es un error de hecho la afirmación de la Procuraduría al decir que el señor JOAQUIN OSORIO, desmintió que por su recomendación hayan sido vinculados a la Contraloría los señores SAÚL CHARRY VELASQUEZ, FLOR EDITH MARTÍNEZ RINCÓN, GUILLERMO LADINO BARRANTES  y MARCO JAVIER CORTES CASALLAS y que el señor JAVIER RIVERA haya desmentido que por su intervención se haya vinculado al señor CORTES CASALLAS, cuando lo cierto es que las hojas de vida llegan a la Contraloría General y que en unos casos el Dr. OSORIO o el señor RIVERA recibieron las hojas de vida pero sin la intervención del implicado.

 

Señala también, que una vez presentados los descargos, donde se dijo que había una falla en la valoración de la prueba y un doble criterio de credibilidad en el testimonio de SAADE, se dio la necesidad de fortalecer el dicho del testigo y corroborarlo con las relaciones políticas del implicado. Que por ello, la Procuraduría le da credibilidad a este testigo luego de la presentación de descargos porque inicialmente, en la primera declaración no aparece evidente el hecho de relación política entre OSSA y el implicado.

 

Que existe además, contradicción en el testimonio de SAADE VERGEL, porque a contrario de su segunda declaración, en la primera no hace ninguna referencia al patrocinado y que así mismo, se contradice cuando afirma que el implicado acudió a su oficina, no obstante, éste tener linea abierta con el Contralor OSSA, entonces, se pregunta el apoderado del encartado, para qué tenía que ir el el implicado a la oficina de SAADE VERGEL y agrega que lo cierto es que su patrocinado nunca fue a la oficina de SAADE VERGEL ni realizó ninguna clase de recomendaciones, tal como aparece probado testimonialmente en el proceso y que por lo tanto existe un error en la apreciación al respecto por parte de la Procuraduría.

 

No comparte el apoderado del implicado lo decidido por la Procuraduría en contra de su defendido y solicita la revocación de dicha decisión y en su lugar se exonere al implicado. Afirma que los llamados documentos obrantes en el expediente solo son refrendados por la declaración de SAADE VERGEL, que la califica de inoportuna, extemporánea y sin contenido de ciencia, que las posibles inconsistencias que apunta la Procuraduría General de la Nación son inconducentes respecto al verbo rector de la infracción, que lo encontrado en la inspección judicial es solo una referencia que no demuestra una tal recomendación, que los testimonios de los funcionarios declarantes y la valoración hecha por el Consejo de Estado sobre lo la causal estudiada descartan dicha  recomendación y que esta causal posee diversa redacción cuando la imputación fáctica es la misma.

 

El apoderado el implicado hace un análisis sustantivo y fáctico del tipo disciplinario investigado y en cuanto al verbo rector dice que está de acuerdo con la Procuraduría el diferenciar el verbo recomendar con el de referenciar y que referente al implicado la primera circunstancia nunca existió. Igualmente aduce que de acuerdo a lo fallado por el Consejo de Estado frente a los mismos hechos y la misma prueba, dentro de un proceso que también es disciplinario, hay inexistencia del hecho porque según esa Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo, no se demostró la existencia de recomendaciones por parte de los congresistas para que el Contralor General de la República designara personas en su Despacho, lo que impuso desestimar la causal de tráfico de influencias endilgada a los mismos y que tal hecho probatoriamente, es evidente en la Procuraduría, por lo cual, solicita se revoque la decisión tomada en contra de su defendido y como consecuencia se archive la investigación.  

 

El despacho considera:

 

En las consideraciones generales de la providencia recurrida, este Despacho ya se pronunció sobre la calidad de documento que tienen las listas denominadas “Consulta - Contactos” y “Nombramientos Administración Doctor CARLOS OSSA ESCOBAR”, donde aparece el nombre del implicado relacionado junto al nombre de las personas que recomendó para ocupar cargos en la Contraloría General de la República. Igual tratamiento de documento se dio a la lista que elaboró el propio doctor OSSA, de su puño y letra como él mismo lo afirma, para atender los requerimientos de los congresistas y donde le asignó al disciplinado, tres grados 10 y grado 13, al respecto se señala que dichas listas no son presunciones o sospechas sino verdaderos documentos auténticos en la medida que fueron elaborados en oficinas de la Contraloría General de la República, determinando la certeza de las personas que intervinieron en su elaboración y las oficinas donde fueron elaboradas, por lo cual fueron valoradas y confrontadas con las demás pruebas allegadas al proceso, todo ello, de conformidad con lo que nuestra legislación establece como documento de acuerdo a lo previsto en los artículos 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil. 

 

En cuanto a la declaración del doctor OSSA ESCOBAR ante el Consejo de Estado, donde negó haber recibido recomendaciones por parte del implicado para ocupar cargos en la Contraloría General, es negado su dicho con las pruebas documentales y los testimonios del doctor ALFREDO SAADE VERGEL, obrantes en el proceso, así mismo, el doctor OSSA ESCOBAR, admitió que durante su administración en la Contraloría se recibieron hojas de vida enviadas por Congresistas y que el doctor SAADE, era la persona encargada de recibirlas y de informarle quién las había remitido para de esa manera asignarles los cargos y reseñarlos en las listas que elaboró el doctor OSSA, de su puño y letra, situación que es reafirmada con las declaraciones de los señores MAURICIO CASASFRANCO, DAGOBERTO QUIROGA y DANIEL MERA VILLAMIZAR, altos funcionarios de la administración del Contralor OSSA ESCOBAR.

 

Por su parte, el doctor JOAQUIN OSORIO, en su declaración rendida a la Procuraduría, el 24 de junio de 2003 (fls. 110 a 113 anexo 60), fue enfático en afirmar que le fue encomendado por el doctor OSSA ESCOBAR, conformar y coordinar el grupo anticorrupción denominado “ELITE” de la Contraloría General de la República, para ello, informaba al Comité de Selección de Personal creado en la Contraloría General para estudiar hojas de vida de personal profesional y directivo, los perfiles de los profesionales que se necesitaban para conformar ese grupo anticorrupción y agrega que por esa razón, pudo conocer algunos de los funcionarios recomendados por el implicado, como es el caso del señor GUILLERMO LADINO BARRANTES, que lo conoció trabajando en la Contraloría y no en una ocasión anterior, como lo afirmó este declarante. Igualmente, al preguntársele sobre las gestiones realizadas por él, para vincular a la Contraloría General de la República a las  personas relacionadas en cargos como recomendadas por el disciplinado, contestó categóricamente, que ninguna en particular, debido al procedimiento explicado de selección llevado a cabo en la Contraloría para la selección de hojas de vida

 

Con esta declaración, el doctor OSORIO contradice lo dicho por el mismo, en declaración extraproceso, de fecha 21 de enero de 2003 (fls. 64 y 65 anexo 60) en el sentido de haber presentado al Contralor General a los personas recomendadas por el implicado para su nombramiento en la Contraloría y contradice además, lo declarado especialmente por GUILLERMO LADINO BARRANTES, SAÚL CHARRY VELASQUEZ y FLOR EDITH MARTÍNEZ RINCÓN, quienes dijeron que su vinculación a la Contraloría se hizo a través del doctor JOAQUÍN OSORIO.

 

Ha sido reconocido también por el doctor JOAQUIN OSORIO, la cercanía política que tuvo no sólo con el doctor OSSA ESCOBAR, sino también con el implicado Sánchez, por sus antecedentes cuando hizo parte del grupo político que acompaño al doctor OSSA ESCOBAR en sus campañas políticas a la alcaldía y al concejo de Bogotá, quien que se alió con el grupo político del implicado dentro del denominado grupo SAGASA, alianza política donde militaba el doctor JULIO CESAR SANCHEZ (qepd), padre del disciplinado y con cuyo apoyo el declarante aspiró en 1998 a la Cámara de Representantes, circunstancia que se observa en las pruebas documentales - fotografías, recortes de prensa - obrantes en el proceso (anexo 60).

 

Es notoria entonces la alianza política que existió entre el doctor OSSA ESCOBAR y el implicado, quien en su versión libre dijo  también conocer a los señores SAÚL CHARRY VELASQUEZ y GUILLERMO LADINO BARRANTES, por cuanto ellos, formaron parte del movimiento político dirigido por su padre JULIO CESAR SANCHEZ. Estas circunstancias dan mayor credibilidad a lo afirmado por el doctor ALFREDO SAADE VERGEL, Asesor del Contralor General OSSA ESCOBAR, cuando en su testimonio del 11 de marzo de 2003 manifiesta que el implicado fue uno de los congresistas que acudió a su Despacho para solicitar el nombramiento de personas en la Contraloría y agrega que el disciplinado era uno de los congresistas que tenía línea directa con el Contralor OSSA ESCOBAR, sin necesidad de cita previa, acudía al Despacho del Contralor OSSA y le entregaba las hojas de vida de sus recomendados.

 

Si bien no existen llamadas al seguimiento de rigor, ni tampoco el implicado es mencionado en la primera declaración del doctor SAADE VERGEL, en la segunda declaración de este testigo, es contundente la referencia al hecho de que el disciplinado acudió a su despacho en la Contraloría, a solicitar el nombramiento de personas en esa Entidad, lo mismo que acudió al despacho del Contralor OSSA y que por la amistad y cercanía política existente entre ellos, le entregaba la hoja de vida de sus recomendados.

 

El Despacho también se ha pronunciado en la sentencia recurrida, sobre la diferencia entre la acción de recomendar y de referenciar, haciendo énfasis en que no se puede desconocer que la prohibición constitucional que fue objeto de investigación, no exige que la recomendación se configure necesariamente con la entrega personal de una hoja de vida o la anotación del nombre del investigado en la misma, por el contrario, la recomendación se configura con la intervención que por cualquier medio realice el congresista ante la Contraloría  General, bien sea en forma verbal, escrita o de otra naturaleza.

 

Recomendación que respecto del implicado se encuentra plenamente demostrada por el nexo de causalidad existente entre el contenido de las listas donde aparece relacionado su nombre junto con el nombre de las personas recomendadas, en este caso, GUILLERMO LADINO BARRANTES, FLOR EDITH MARTÍNEZ RINCÓN y SAÚL CHARRY VELASQUEZ , su reseña en la lista que elaboró el doctor OSSA ESCOBAR para asignarle los grados frente a sus requerimientos y lo declarado por el doctor ALFREDO SAADE sobre la visita que hizo el encartado a su despacho a efecto de las recomendaciones de las personas citadas.

 

Ese nexo causal proveniente de la valoración de las pruebas mencionadas, alude a la responsabilidad del disciplinado en los hechos investigados y en verdad hacen referencia a su comportamiento reprochado por la Procuraduría. No es como lo dice su apoderado en el recurso de reposición interpuesto, esto es, que no existe hecho diferente a la anotación de SAADE VERGEL en algo que se encuentra lejos de ser documento y en la Inspección Judicial, donde se encuentra el nombre de su patrocinado como referencia. En ese punto como ya se explicó, el Despacho consideró la valoración de las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el proceso, confrontándolas en conjunto, otorgando valor a las listas donde aparece el nombre del implicado junto al de las personas recomendadas y precisando el alcance de la acción de recomendar, concluyendo, con tales consideraciones la participación del encartado en la violación del artículo 268 numeral 10 de la Constitución Política.

 

Sobre la credibilidad del testimonio de SAADE VERGEL, ha dicho el apoderado del implicado que se le otorga a este testimonio doble criterio de credibilidad y no credibilidad, porque para algunas personas son infundadas dichas acusaciones y son exoneradas y para otros como el caso de su patrocinado, se les otorga credibilidad y se le formula pliego de cargos, cuestiona que dicha formulación se dio sin imputación y cargo y que estas se basaron en la sospecha ofrecida por un papel de dudosa procedencia y elaboración. El Despacho no comparte dicha afirmación y como se explicó en las intituladas consideraciones generales de la resolución recurrida, la valoración de las pruebas obrantes en el proceso, se hizo de manera rigurosa, analizando  la situación de cada implicado y confrontándola con las pruebas existentes. En consecuencia, el testimonio de SAADE VERGEL se valoró en conjunto con las demás declaraciones y pruebas documentales obrantes en el proceso, es decir, que no hubo un doble criterio de valoración de este testimonio sino que acuerdo a su valoración y confrontación con las demás pruebas logró establecerse un hilo conductor coherente y alejado de la intención amañada o deliberada del declarante.

 

Las listas donde aparece relacionado el nombre del implicado junto al nombre de las personas que recomendó para su vinculación a la Contraloría y la elaborada por el propio doctor OSSA para atender los requerimientos que le hacían los congresistas, tiene valor probatorio como pruebas documentales con autoría conocida cuyo contenido concuerda con las declaraciones del doctor SAADE y con lo dicho por el doctor OSSA ESCOBAR respecto a lista que elaboró de su puño y letra, anotando el nombre de los congresistas y los cargos que les asignaba  de conformidad con sus requerimientos. Es decir, la imputación al implicado no se basó en un papel que ofrecía una simple sospecha sino en la valoración de verdaderas pruebas documentales que confrontadas con la prueba testimonial demuestran la existencia de un hecho que compromete el comportamiento del implicado y lo hacen responsable de los hechos investigados.

 

En la declaración inicial de noviembre de 2002, el doctor SAADE, explica la forma como se elaboraron las mencionadas listas y cuál fue el procedimiento utilizado para nombrar las personas recomendadas que ahí se relacionan, es decir, hay un cotejo de la prueba documental con la testimonial para formular cargos, cuya valoración se aleja de la simple sospecha. Además, la segunda declaración de SAADE VERGEL complementa lo dicho inicialmente por él, y se determinan los congresistas que acudieron a su Despacho para recomendar personas a fin de que fueran nombradas en la Contraloría General de la República, es decir, la segunda declaración de SAADE es un complemento de la primera y no un acomodo de la Procuraduría para sustentar los cargos formulados contra el implicado.

 

Tampoco se puede afirmar que la Procuraduría tenía la necesidad de fortalecer el dicho del testigo y que por ello, según la situación y después de responder el implicado los cargos, con la rendición de esa declaración la Procuraduría sale “gananciosa”. No es de recibo tal afirmación, hecha por el apoderado del disciplinado, por cuanto la segunda declaración del testigo ALFREDO SAADE, se ordena y decreta como consecuencia de la solicitud que hacen varios implicados en sus memoriales de descargos y al momento de rendir la misma, el testigo es interrogado no solo por funcionarios de la Procuraduría comisionados para el efecto, sino también por los apoderados de los implicados que solicitaron dicha prueba, reflejando la transparencia que caracteriza al proceso disciplinario y la garantía de poder ejercer el derecho de defensa de los encartados, es decir, las respuestas dadas por el testigo no se acomodaron ni se provocaron por parte de la Procuraduría hacia un fin determinado, sino que fueron el resultado de los cuestionamientos de las partes participantes en procura de concretar y complementar lo dicho inicialmente por el doctor SAADE VERGEL, en orden a lograr el esclarecimiento de los hechos.

 

En el proceso disciplinario no solamente se valoran las pruebas iniciales o preliminares o aquellas tenidas en cuenta para correr cargos. Al contrario, los cargos formulados en contra del implicado se enfrentan durante el transcurso de la respectiva investigación disciplinaria a las pruebas de descargos, a las decretadas de oficio y a las demás que obran en el proceso. Durante el devenir del proceso disciplinario se perfecciona la investigación.  Precisamente, la etapa de investigación disciplinaria busca unas finalidades concretas de acuerdo a lo establecido en el artículo 153  del Código Disciplinario Único, esto es, verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del investigado. Por ello, en el presente caso, el reproche inicial al implicado hubo de confrontarse con las pruebas existentes al momento de la formulación de los cargos y  con las pruebas subsiguientes allegadas a la investigación, en ese efecto, con su consideración y valoración se determinó el alcance de la conducta de recomendar y la existencia de la misma en condiciones que vinculaban al implicado como responsable la norma constitucional aludida.

 

Respecto a la competencia de la Procuraduría para disciplinar a los congresistas, dice el recurrente que hay que distinguirla con la jurisdicción frente a los hechos y que los mismos configuran tanto la causal de pérdida de investidura como la causal disciplinaria y la única jurisdicción la tiene el Consejo de Estado. Que la Procuraduría tiene competencia, pero que en casos especiales como la pérdida de investidura, el Consejo de Estado cubre todos sus aspectos y absorbe la competencia de la Procuraduría. Sobre este aspecto, el Despacho reitera lo dicho en la providencia recurrida y recuerda el pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia C - 280 de 1996, al declarar la constitucionalidad del artículo 66 de la Ley 200 de 1995: “... teniendo en cuenta la calidad de congresistas como altos dignatarios del Estado, es razonable que sean investigados disciplinariamente por la suprema autoridad disciplinaria, esto es, por el Procurador General, en única instancia...”.

 

Se trata entonces de un proceso que decide la responsabilidad disciplinaria como consecuencia del cometido de una falta disciplinaria. El proceso disciplinario no decide ni valora las causales que configuran la pérdida de investidura de los congresistas, su conocimiento pertenece al Consejo de Estado, como máxima autoridad de la justicia contenciosa administrativa. Es por ello, que el Consejo de Estado en sentencia del 5 de agosto de 2003, examinó por estos hechos la incursión de los congresistas en esas causales legalmente establecidas y finalmente desestimó la ocurrencia de las mismas, por cuanto no existieron pruebas que demostraran esas causalidades. Pruebas que en el caso disciplinario si existieron y demostraron la responsabilidad de los implicados.

 

Por lo anterior, este Despacho tomó una decisión autónoma e independiente frente a lo decidido por el Consejo de Estado, fundamentado en la competencia que le otorga la Ley y de conformidad con el acervo probatorio obrante en el proceso que demostraron la incursión por parte del implicado en un comportamiento disciplinario que atentó contra la prohibición establecida en el artículo 268 numeral 10 de la Carta Política y además, no comparte el criterio del recurrente, en el sentido de afirmar que en los casos de pérdida de investidura, el Consejo de Estado absorbe la competencia disciplinaria de la Procuraduría, esto último no solo porque no se demostró en el proceso surtido ante el Consejo de Estado la existencia de esta figura, sino que así hubiera configurándose, la prueba de sus causales es diferente a la pruebas que demuestran la falta disciplinaria, es por eso que la Corte Constitucional en sentencia C- 280 de 1996, reiterando lo dicho por la misma Corporación en sentencia C - 247 de 1995, expresó que “...la institución de la pérdida de investidura tiene <muy especiales características> pues <tan sólo puede operar en los casos, bajo las condiciones y con las consecuencias que la Carta Política establece>. Las causas que dan lugar a ella son taxativas. Esto significa que no puede la Ley restringir ni ampliar las causales establecidas por la Constitución como determinantes de la pérdida de investidura, esto es, las señaladas por los artículos 110 y 183 de la Carta..”

 

Así las cosas, se ha demostrado que la conducta reprochada al implicado ha existido y por lo tanto se hizo merecedor de una sanción disciplinaria como consecuencia de haber desobedecido una prohibición constitucional, esto es la establecida en el artículo 268 numeral 10 de la Constitución Política y por tal razón no revoca la providencia recurrida, ni lo decidido frente al disciplinado.

 

 

MARIO VARON OLARTE (68)

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar a LEONARDO FABIO CLARO SANCHEZ, quien fue nombrado en la Contraloría, como profesional universitario, grado 9, el 17 de marzo de 1999.

 

El investigado, una vez notificado, interpuso recurso de reposición dentro del término legal por conducto de apoderada, bajo las siguientes consideraciones:

 

La declaración de cargo del doctor SAADE se encuentra infirmada por las declaraciones que rindieron JAIRO ANTONIO BERNAL y AUSBERTO FRANCO, quienes fueron tajantes y contundentes en el sentido que el Senador no tuvo injerencia  en sus nombramientos y así lo corrobora el disciplinado, por lo que debe darse mayor credibilidad a quienes fueron beneficiados con los nombramientos, no obstante el fallo atacado no expone las razones por la que no acoge dichas declaraciones y tampoco porqué escoge la del doctor SAADE, lo cual desconoce lo previsto en el numeral 3 del artículo 170 del C.D.U. que ordena hacer el análisis de las pruebas en que se basa el fallo.

 

No existe certeza sobre la responsabilidad del investigado porque la versión rendida por ALFREDO SAADE fue severamente cuestionada por el Contralor, quien declaró que el documento denominado “Nombramientos Administración Dr, Carlos Ossa Escobar” fue elaborado por aquél a su arbitrio e imaginación, por lo cual no se puede responsabilizar al investigado dado el dudoso señalamiento y menos si los documentos en que se basa fueron elaborado arbitrariamente por dicho testigo.

 

EL senador VARON OLARTE no estuvo en el despacho del Contralor, ni en la oficina del doctor SAADE y además votó por otra persona para la Contraloría y no existe certeza para afirmar que acudió a la Contraloría para rogar o pedir por LEONARDO FAVIO CLARO SANCHEZ, quien no declaró y reside en Arauca donde el investigado no ha estado, por lo que debe aplicarse la presunción de inocencia, teniendo en cuenta que toda duda razonable se debe resolver a favor del investigado cuando no hay manera de eliminarla.

 

Solicitó reponer el fallo y en su lugar absolver de responsabilidad al investigado.

 

El despacho considera:

 

Los testimonios que rindieron  JAIRO BERNAL y AUSBERTO FRANCO  fueron enunciados como consta en el fallo, sólo que no se valoraron por obvias razones, pues la acción disciplinaria en relación con ellos se encontraba prescrita y por ello no se imputó ninguna responsabilidad al disciplinado respecto a su recomendación, tal como se explicó allí mismo.

 

Lo que no se puede ahora es tomar sus afirmaciones,  en cuanto negaron la intervención del disciplinado en sus nombramientos, para predicar lo mismo respecto de LEONARDO FAVIO CLARO, a quien  no fue posible recibirle su testimonio, pero figura como recomendado por el disciplinado, tanto en la lista denominada “Nombramientos Administración Dr, Carlos Ossa Escobar” como en  la denominada “Consulta Contactos”, cuyo valor probatorio fue ampliamente analizado en el fallo impugnado y particularmente en el aparte de consideraciones generales, quedando desvirtuado de esa manera la afirmación de la recurrente cuando dice que no se hizo análisis de las pruebas en que se fundamentó el fallo.

 

Igualmente se hizo el análisis de las tres declaraciones rendidas por el doctor SAADE, particularmente la  del 11 de marzo de 2003, en la cual manifestó que el Senador MARIO VARON  fue uno de los congresistas que acudió a su despacho para efectos de las recomendaciones, al igual que la rendida el 5 de agosto del mismo año, donde aclaró qué personas no habían acudido a su oficina o tenía duda que lo hubieran hecho con dicho fin, entre los cuales no se encuentra el disciplinado  y se explicó porqué no tenían fundamento las criticas que sobre dicho testimonio hizo el doctor OSSA, quien como Contralor le ordenó recibir las hojas de vida que le llevaban los congresistas y después se reunía con él para asignar los grados a los recomendados, razón por la cual es evidente que las circunstancias de modo y lugar como los congresistas efectuaron la recomendaciones fueron  conocidas directamente por el doctor SAADE y de allí el valor y la importancia de su testimonio; lo que no ocurrió con los dos recomendados que declararon y se limitaron a negar la intervención del disciplinado, porque seguramente no tuvieron conocimiento de la visita que realizó a la oficina del doctor SAADE.  De modo que es ilógico suponer que el testimonio de esas personas que no estuvieron en el lugar de los hechos pueda desvirtuar el de quien los percibió directamente.

 

Por tanto, no se puede ahora afirmar que lo que dijeron dos testigos distintos a LEONARDO FAVIO CLARO, desvirtúe que éste fue recomendado por el disciplinado y menos aún que éste no fue a la oficina del doctor SAADE a rogar o pedir por su nombramientos, pues ni declararon sobre ese preciso aspecto, ni estaban en capacidad de hacerlo en la medida que no hay prueba de que hubieran acompañaron al doctor VARON OLARTE durante dicha visita.

 

Está acreditado que fue el doctor LAFAURIE y no el doctor SAADE, como lo predica la recurrente, quien le ordenó a NELSON PINEDA  alimentar la base de datos que posteriormente en la oficina de sistemas le dieron el nombre de “Consulta Contactos”, para lo cual recibió la información de MARIELA BARRAGAN, asesora del despacho, la proporcionada por ALFREDO SAADE y la que los propios parlamentarios le daban cuando solicitaban corregir la información con autorización del propio Vicecontralor.

 

Por tanto, no encuentra el despacho que exista duda alguna que amerite la revocatoria del fallo y en su lugar la absolución del disciplinado, razón por la cual mantendrá la decisión impugnada.

 

JUAN DE DIOS ALFONSO GARCIA (75):

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar para que fueran nombrados en la Contraloría a PEDRO JAVIER NIÑO LIEVANO y ANTONIO MARIA MORENO MORENO quienes fueron efectivamente designados el 26 de abril y el 3 de marzo de 1999, respectivamente.

 

El sancionado por conducto de apoderado interpuso y sustentó el recurso de reposición bajo las siguientes consideraciones:

 

Pide se revoque lo pertinente del numeral 2° de la parte resolutoria del fallo y en su lugar se dicte fallo absolutorio a favor de su representado porque:

 

HUBO INEXISTENCIA DE CERTEZA RESPECTO DE LA FALTA  DISCIPLINARIA ATRIBUIDA Y LA RESPONSABILIDAD DEL DOCTOR JUAN DE DIOS ALFONSO GARCIA, pues el fallo se fundamentó en prueba indirecta, inferida de prueba documental y testimonial, pues el operador jurídico desconoció las reglas de la sana crítica y los principios de la lógica.

 

HUBO ERROR DE HECHO POR FALSO RACIOCINIO pues el operador jurídico falló en el raciocinio por lo ilógico de la inferencia, pues según la Corte Suprema "…se impone para el demandante demostrar que la valoración que el juzgador hizo de la prueba desconoce de manera manifiesta los principios de la lógica, las reglas de la experiencia, o los postulados de la ciencia, y que dicho error incidió de manera directa y determinante en la decisión impugnada…", razón por la cual debe realizarse una nueva valoración probatoria.

 

En cuanto a la NATURALEZA DE LOS DOCUMENTOS DENOMINADOS "NOMBRAMIENTOS ADMINISTRACION DR. CARLOS OSSA ESCOBAR" Y "CONSULTA CONTACTOS" Y SU VALOR PROBATORIO, expresa que a folio 142 del fallo de 28 de enero de 2004 el despacho concluyó que tales escritos son "verdaderos documentos auténticos en la medida que fueron elaborados en oficinas de la Contraloría General de la República", apoyados en los testimonios de Luz Marina Noreña y Nelson Pineda porque ingresaban al computador la información a la base de datos, con el soporte de las resoluciones de nombramiento firmadas por Ossa Escobar y demás listados.

 

Pero también dijo el despacho que en ellos "se han podido evidenciar ciertas inconsistencias que no hace posible asignar a esos documentos un grado de certeza absoluta" (folio 145), como se concluyó en la respectiva valoración probatoria del operador disciplinario.

 

Si no arrojaban certeza sobre la comisión de la falta y la responsabilidad del disciplinado, se les atribuyó un valor del cual carecen, al atribuir al doctor Juan de Dios Alfonso García el haber dado recomendaciones personales y políticas.

Tales documentos no tienen esa connotación pues quien firma un documento es su autor, como también lo es quien lo elabora.

 

La calidad de público hace referencia al hecho de ser otorgado por un funcionario del Estado en ejercicio de sus funciones, y la autenticidad se refiere, en cambio, al hecho de que su autor verdadero sea el que aparece como tal en el documento.

         

El artículo 122 de la Carta Política determina la obligatoriedad de que todo empleo público "tenga funciones detalladas en ley o reglamento" y el 123 ídem especifica directamente a los servidores públicos.

 

Quien alimentó la base de datos fue ALFREDO RAFAEL SAADE VERGEL atendiendo órdenes del Contralor General: Saade no era servidor público sino del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo Institucional (PNUD), como asesor del doctor Ossa Escobar y su labor fue recibir las hojas de vida que llevaban los congresistas y el doctor Ossa le enviaba datos y éste alimentaba la base respectiva "con las resoluciones de nombramiento firmadas por el Contralor".

 

Si las listas las hacía Saade, no podían tener la calidad de documentos públicos por no estar amparados por la presunción de autenticidad y veracidad.

 

Al raciocinar que tales documentos tenían la calidad de públicos siendo que son de carácter privado, se confundió autenticidad con veracidad, y si había inconsistencias, no tenía porqué arrojar certeza al definir que existió "…responsabilidad disciplinaria del congresista, porque existe prueba creíble de que éste, de las cinco personas que le figuran en los manuscritos de Ossa Escobar, en la lista Nombramientos Administración Ossa y en la de Consulta Contactos, "recomendó" a dos de ellas ante el Contralor General para que fueran nombradas…".

 

Si no hay certeza de tales listas por las inconsistencias no puede haber certeza de las recomendaciones que según el despacho dio el congresista.

 

No está demostrado en momento alguno que concurrió al despacho de la Contraloría para recomendar a nadie ni tampoco a Pablo Javier Niño Liévano y Antonio María Moreno Moreno.

 

Culmina esta parte afirmando que "…En síntesis, de los escritos o listados no se puede inferir algún indicio que revele con certeza que el disciplinado incurrió en la falta disciplinaria atribuida."   

 

Continúa expresando que hubo ERROR DE HECHO POR FALSO RACIOCINIO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA INFERENCIA, porque no existió ningún medio de prueba directa que demuestre con certeza que el doctor Juan de Dios Alfonso García acudió ante el Contralor General u otro servidor de la misma entidad o ante el doctor Saade, a "…rogar, pedir, suplicar, o hablar a favor de unas personas para que obtuvieran con facilidad el nombramiento, lo cual configura sin duda alguna la recomendación…", que fue como el operador jurídico definió la conducta reprochada.

 

Se construyó prueba indiciaria en base a los testimonios de Niño Liévano y Moreno Moreno y al apreciarlos incurrió el despacho en error de hecho porque hizo una inferencia errónea que se tradujo en conclusión ilógica. 

 

Argumenta que NIÑO LIEVANO expresó que presentó hoja de vida en la Contraloría de Bucaramanga y que colocó como referencia en ella, sin su autorización, al doctor Juan de Dios Alfonso García. También que no lo conocía ni lo distinguía pero ante el interrogatorio precisó que lo "ha tratado de saludo" y después agregó que ha "asistido a las reuniones que él o sus dirigentes a nivel departamental le han programado".

 

Pero fue concluyente en que el congresista NO LE COLABORO para su nombramiento, aserto no desvirtuado por prueba creíble.

 

Por eso es equivocada la apreciación del despacho que entre su representado y el beneficiado existió una evidente comunicación y que al asistir a las reuniones políticas era porque estaba de acuerdo con su ideología o programas, cuando en la realidad, dice el memorialista, se asiste o se vota por muchas razones pero no para lograr beneficios como un empleo público. Menos tratándose de un elemento que como Niño Liévano, persona de escaso nivel académico y grado de instrucción le dio perfil únicamente para mensajero.      

 

Incluir el nombre del parlamentario en la hoja de vida sin su autorización no implica que éste actuó recomendándolo ante el Contralor General, pues esto no ocurrió ni existe prueba creíble y cierta que así lo demuestre. 

 

En cuanto a ANTONIO MARIA  MORENO ocurre situación similar porque el despacho asumió que porque el beneficiado dijo conocer al congresista desde 1995 y haberlo acompañado programáticamente en sus ideas, como a inscribir su candidatura a la Cámara para el período 1998-2002, no se le puede aceptar que hubiera roto con el parlamentario en 1998 para concluir que efectivamente tuvieron vinculación social y política y le colaboró en la Contraloría ejerciendo su influencia para que fuera nombrado.

 

Sostiene que tal inferencia es ilógica porque lo único que puede deducirse de la declaración es que a) nadie está obligado a mantenerse en un movimiento político por la frecuencia de las rupturas programáticas a pesar de que los dirigentes hacen esfuerzos por lograr que sus ex adherentes vuelvan a su seno y, b) que sólo después de retirarse de la Contraloría el señor Moreno fue que le pidió ayuda al congresista. No existe prueba alguna que destruya este aserto.

 

Ningún funcionario de la Contraloría ni el particular Saade lo mencionaron como que hubiera acudido ante ellos para pedir el nombramiento, ni a revisar las listas elaboradas por los funcionarios.

 

VIOLACION DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y DE FAVORABILIDAD (artículos 36 del C.C.A., 143 y 18 de la Ley 734 de 2002):

 

Manifiesta que censura la imposición de la sanción accesoria de inhabilidad para ejercer funciones públicas a los disciplinados en las ramas ejecutiva, jurisdiccional o ministerio público, impuesta en el inciso2 del fallo de 28 de enero de 2004.

  

Al haber sucesión de leyes, ya que el hecho se materializó con la Ley 200 de 1995 pero su juzgamiento y fallo ocurrió con la 734 de 2002, se observa que a folio 141 de la decisión se dijo que la conducta se consumó cuando hicieron presencia los congresistas ante el Contralor o ante el doctor Saade con dicho propósito, lo cual es de mera conducta, pero al folio 149 se lee en algunos casos que para la prescripción se tuvo en cuenta el resultado, es decir, el acto administrativo del nombramiento, lo cual es contradictorio.

 

La retroactividad favorable en materia penal se debe aplicar en este caso porque cuando al momento de la comisión de la falta disciplinaria la ley permite imponer además de la sanción principal una sanción accesoria, si una ley posterior a la comisión del hecho elimina la sanción accesoria, debe aplicarse la norma posterior por ser mas favorable. De lo contrario se viola el artículo 29 de la Carta Política.

 

Además, el principio de legalidad exige que tanto la falta como la sanción deben estar determinados en ley previa sin que se pueda seleccionar discrecionalmente la sanción.

 

Sostiene, la multa como sanción pecuniaria se establece en la actualidad sobre el salario básico mensual (art. 45 numeral 3 actual y 46 C:D.U.) y no sobre el salario devengado como lo decía la Ley 200 de 1995, y la sanción impuesta fue de 45 días pero debe ser únicamente sobre el salario básico.

 

Además al imponer la multa se le impuso inhabilidad por igual término lo que equivale a que la sanción accesoria es mas fuerte que la principal, porque ésta cesa al ser pagada, pero sigue la inhabilidad por los 45 días para ejercer otro cargo público.

 

Si se aplica tal sanción de inhabilidad, resultaría más gravosa porque se aplica sobre todo ciudadano (num. 7 del artículo 40 de la C. Política), mientras que para el congresista la establece como una incompatibilidad y como causal de pérdida de investidura (artículos 180 num. 1 y 183 ídem) además que el régimen de sanciones imponibles a los congresistas lo describe el artículo 270 de la Ley 5 de 1992.

 

En la actual legislación disciplinaria no existe la inhabilidad como sanción accesoria, y sólo se impone la inhabilidad general para las faltas gravísimas dolosas o por culpa gravísima; hay inhabilidad especial en los casos de suspensión en el ejercicio del cargo para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas, mientras que si se impone multa o la suspensión para las faltas graves culposas no es procedente imponer como accesoria la inhabilidad para ejercer algunos empleos públicos, normas posteriores que se imponen sobre la legislación anterior.

 

Culmina que es errado decir en el fallo (folio 459) que la multa por falta grave es equivalente con la suspensión de funciones teniendo en cuenta si se encuentra o no vinculado con el servicio (numeral 3 del artículo 29 de la Ley 200 de 1995), pues la multa es pecuniaria y es una obligación de pago nada mas. 

 

Finalmente adujo que hubo PRESCRIPCION de la acción disciplinaria porque se debe tener en cuenta son las sesiones ordinarias hasta diciembre 16 de 1998 y no la época posterior, ya que en ella no podían actuar como tales los parlamentarios. De otro lado no se deben tener en cuenta las fechas de nombramiento o el resultado (el 26 de abril y el 3 de marzo de 1999) sino los actos de recomendar (delito de mera actividad) que sólo pudieron ocurrir después de la posesión el 1° de  1998 del doctor Ossa Escobar como Contralor General y hasta finales de diciembre del mismo año que son las fechas en que pudieron recomendar  posiblemente a los testigos.

 

Como desde diciembre 31 de 1998 a la fecha han transcurrido los cinco años de prescripción, pide sea declarada en la reposición del fallo como principal, pues queda incólume la presunción de inocencia.

 

El despacho considera:

 

Nos abstendremos de analizar en el presente caso los argumentos del libelista referentes a inexistencia de existencia de la falta y la responsabilidad,  al error de hecho por falso raciocinio en la apreciación de la prueba, a la naturaleza de los documentos o listados y al error de hecho por falso raciocinio en el proceso de construcción de la inferencia, por cuanto tiene que ver con las pruebas que fueron analizadas ampliamente en las Consideraciones Generales del fallo del 28 de enero de 2004 (ver folios 134 a 154 del C. O. 9) y en el acápite respectivo de la responsabilidad de cada implicado y también en acápite especial de esta providencia.

 

Por ello no caben las críticas a la prueba indirecta inferida de prueba documental y testimonial, porque no hubo falso raciocinio del operador jurídico pues la valoración probatoria es consistente. Las declaraciones de los servidores recomendados tienen contradicciones que permiten deducir el conocimiento y trato como la afinidad programática de los ideales políticos, y el hecho de tener la referencia personal en la hoja de vida respectiva.  

 

Igual ocurrió con el estudio de los documentos y listados que aparecen en el proceso como se dijo en el fallo recurrido y a lo cual nos atenemos, afirmando que no cabe aceptar que Saade Vergel por ser funcionario del PNUD y no de la Contraloría al ingresar datos a la lista Nombramientos Administración Ossa sea un particular: lo que ocurrió es que era un asesor  al servicio del Contralor a quien encargaron la misión de atender a los congresistas y recibirles  hojas de vida, función agregada a las que cumplía en relación con su contrato. 

 

En cuanto a los principios de proporcionalidad y de favorabilidad y en lo atinente a la inhabilidad, en esta providencia que resuelve los recursos de reposición interpuestos, se hicieron los comentarios respectivos y los ajustes necesarios en cuanto a la proporcionalidad y la favorabilidad a los cuales nos atenemos.

 

En el presente caso con referencia a la prescripción se ha determinado que la acción de recomendar atribuida al implicado de conformidad con las consideraciones generales del fallo recurrido, en un período comprendido entre el 1°. de septiembre de 1998, día de posesión del Contralor General Ossa Escobar, -hasta cuando se dio el último acto constitutivo de la falta, esto es un día  antes de la expedición del acto administrativo del nombramiento del recomendado.

 

Respecto del término de las sesiones ordinarias del Congreso y del acto de posesión del Contralor General el 1 de septiembre de 1998 hasta diciembre del mismo año que culminan las sesiones precitadas, no pueden tomarse esas fechas como lo pretende el memorialista para efectos de la prescripción, porque el congresista conserva su carácter de servidor aunque no esté en las mismas, o se encuentre en sesiones extraordinarias. De manera que para efectos de la investigación el término que se tomo para la prescripción va desde el acto de posesión del Contralor hasta mayo de 1999. Por esa razón, no se tendrá en cuenta la alegación del libelista para esos efectos.

 

Por eso en el caso presente tampoco hay lugar a decretar la prescripción respecto de la acción y falta disciplinaria de recomendar, por parte del Representante Juan de Dios Alfonso García.  

 

De otra parte en toda decisión judicial debe prevalecer la imparcialidad en el examen de las pruebas como en la determinación a tomar en relación al examen de los varios sujetos procesales.

 

En efecto, en la visita especial que la Procuraduría hizo en septiembre de 2002 a las hojas de vida de la Oficina de Talento Humano de la Contraloría General, le apareció la referencia personal del congresista investigado, así fuera inconsulta, a la hoja de vida de Antonio María Moreno Moreno, la que aparece incompleta en el expediente porque no trae ese folio y otros, habiendo sido nombrado el 3 de marzo de 1999. En lo que respecta a Pablo Javier Niño Liévano no le apareció ninguna referencia.

 

La crítica a las presuntas inconsistencias de sus declaraciones no las acepta el despacho porque de ellas vio en sus aparentes contradicciones que efectivamente sí tuvieron conocimiento, trato y comunicación, intervinieron en los movimientos políticos del representante Juan de Dios Alfonso García y hasta lo acompañaron programáticamente; inclusive Antonio María Moreno Moreno le sirvió de testigo electoral ante la Registraduría Nacional, cuando inscribió su candidatura como representante a la Cámara 1998-2002.  

 

Quien aprecia un candidato asiste a sus reuniones políticas y hasta lo acompaña a la inscripción de su candidatura como se demostró.

 

A pesar de que ante Alfredo Rafael Saade Vergel no acudió el representante a recomendarle candidatos, sí hubo recomendación ante la Contraloría como puede deducirse de la afinidad programática y participación en reuniones de su movimiento político, aceptados por los declarantes, y por ello aparecieron como recomendados del doctor Juan de Dios Alfonso García pues no podían aparecer gratuita ni equivocadamente en los manuscritos aceptados por Ossa Escobar, la lista Nombramientos Administración Ossa elaborada por Saade Vergel y Consulta Contactos creación de Lafaurie Rivera.

 

La imputación de haber violado la prohibición constitucional del artículo 268.10 de la Carta Fundamental, permanece incólume, por consiguiente el fallo se mantendrá.

 

 

ALONSO RAFAEL ACOSTA OSIO (73)

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar a RAFAEL ANTONIO ESCORCIA ZURITA y PABLO CESAR  GUTIEREZ,  el primero nombrado en  la Seccional Atlántico, el 3 de marzo de 1999, y el segundo nombrado como auxiliar administrativo, el 5 de marzo de 1999.

 

El disciplinado interpuso recurso de reposición dentro del término legal, por conducto de apoderado, bajo las siguientes consideraciones:

 

Solicitó la declaratoria de nulidad por falta de fundamentación del fallo  y violación del derecho de defensa del investigado, por cuanto a su juicio las pruebas fueron mal interpretadas y mal valoradas lo que constituye una vía de hecho, pues no se ha fallado a la luz de la sana critica, ni existe una unidad de criterio para sancionar, ya que ante los mismos hechos que dieron lugar a la sanción de los parlamentarios, para unos se tuvo en cuenta las declaración de ALFREDO SAADE y para otros la declaración del doctor CARLOS OSSA.

 

Se dijo en el fallo que la lista de nombramientos, donde aparecen ESCORCIA ZURITA, ARELLANO TIJERA y  GUTIERREZ PEREZ, como recomendados del investigado “no lo toma el despacho como prueba de cargo y responsabilidad, por las inconsistencias que a lo largo de la investigación se han evidenciado, como se advirtió en las consideraciones generales”; que advirtiendo esas inconsistencias no pueden servir de base para sancionar al investigado, pues la prueba es cuestionable y dudosa por cuanto en el caso del doctor ACOSTA, en la lista de nombramientos no figura el investigado en  los manuscritos que realizó el Contralor para asignar cargos o grados, tal como se dice al inicio de las consideraciones específicas.

 

El doctor SAADE, en su declaración del 5 de agosto de 2003, no se refirió al nombre del investigado y tampoco figura en la lista de nombramientos.

 

Los testigos ESCORCIA ZURITA y ARELLANO TIJERA, dijeron en su orden que no conocía al Representante ACOSTA OSIO, el primero,  y que había metido su hoja de vida en Barranquilla, que lo conocía como a cualquier otro congresistas, pero que no le colaboró, el segundo; que el investigado al referirse a los dos manifestó que en ningún momento tuvo que ver con ello, porque no recordaba conocerlos y nunca intervino en el nombramiento de ZURITA.

 

Que en consecuencia, las pruebas que obran en el proceso permiten afirmar que el investigado no intervino en los nombramientos de las citadas personas y que decir lo contrario es faltar a la verdad y constituye una errónea valoración de la prueba por defecto fáctico.

 

En memorial separado y con  similares argumentos, solicita la revocatoria del fallo porque no existen los elementos para una sanción y cita sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia  sobre la falta de consideración  de medios de prueba, en las que se explica que  para  que constituya una vía de hecho, se requiere que el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que  sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión; que el desconocimiento de las pruebas, sea por ausencia de apreciación o por manifiesto error de entendimiento, conduce a la injusticia judicial.

 

Para sostener su tesis, el señor apoderado cita el caso de FREDY ARELLANO y dice que su testimonio favorece al investigado y no queda otra opción que reconocer que no fue recomendado por el Representante ALONSO ACOSTA, por lo cual se pregunta cual es el fundamento de la sanción que se le impuso, pues en este caso es ostensible que el investigador se aparta de los preceptos legales y no tiene base probatoria que le permita aplicar una sanción con base en este  testimonio como en efecto no se hace.

 

En el caso del señor ESCORCIA ZURITA, éste inició labores en la Contraloría el 5 de mayo de 1998 hasta el 16 de marzo de 1999, lapso en el cual se posesionó el doctor OSSA y por tanto, existía un conocimiento personal entre el Contralor y el testigo, razón por la cual no requería de la recomendación del investigado y que ello coincide con lo manifestado por el doctor ACOSTA  quien en su  declaración (sic) explicó que conocía al testigo y era probable que hubiera hablado con él durante el periodo de reestructuración de la Contraloría; pero nunca intervino en su nombramiento provisional, pues por su actividad política son muchas las personas que le hablaban y planteaban inquietudes.

 

Consideró la defensa que no se tuvo en cuenta esas circunstancias y  en su lugar se dijo que como el testigo conocía al investigado eso le permitía acudir a él para  que lo ayudara en su nombramiento, con lo cual se manifiesta una  duda de que pudo acudir al investigado y es evidente que no constituye plena prueba para sancionar, pues va en contravía de lo previsto en el artículo 6 de la ley 200 de 1995, que consagra la resolución de la duda en favor del procesado y del artículo 9 de la ley 734 de 2002, que consagra la presunción de inocencia, lo que evidencia que el investigador antepone de manera arbitraria su propia voluntad o capricho con consecuencias para el investigado, sin tener apoyo probatorio que sustente la decisión.

 

En el caso del testigo GUTIERREZ PEREZ, afirma que si bien no compareció a rendir declaración, tampoco existe explicación probatoria que demuestre que fue otra persona diferente al investigado quien le colaboró para su nombramiento, lo cual, a juicio de la defensa, constituye una vía de hecho por violar el debido proceso al producir una sanción sin tener el acervo probatorio que le permita justificar la sanción. Que en éste caso fue el propio investigado quien recurrió al derecho de petición para conseguir la dirección del testigo para que compareciera al proceso y ahora esa diligencia se vuelve en contra suya por no poderlo localizar, debiendo el investigar ser más diligente y  hacerlo conducir para rendir la diligencia.

 

Lo que dio origen a la investigación fueron las declaraciones del doctor ALFREDO SAADE y éste no se refirió al investigado ACOSTA OSIO, como persona que hiciera recomendaciones  para vincular funcionarios a la Contraloría, tal como lo expresa el funcionario investigador que al citar la declaración del 5 de agosto de 2003, donde el doctor SAADE aclaró algunos nombres porque tenía duda, se dice que  no se refirió al investigado; por tanto, la conclusión de que el investigado acudió a la Contraloría y habló con el doctor SAADE  para efectos de las recomendaciones de ESCORCIA ZURITA  y GUTIERREZ PEREZ, viola  el debido proceso por proferir  un fallo sancionatorio, sin pruebas que demuestren plenamente lo dicho.

 

El despacho considera:

 

Causa perplejidad que se alegue la falta de fundamentación del fallo y  el error en la apreciación probatoria, para concluir que la sanción impuesta al disciplinado es fruto de una apreciación arbitraria y caprichosa de las pruebas,  desconociendo para ello el recuento de hechos y pruebas que obra en las primeras cinco paginas del fallo y las consideraciones generales, a partir de  la pagina 134, donde se hace el análisis general y valoración de los medios de prueba que sirvieron de fundamente para llegar a la conclusión de responsabilidad del investigado, en el aparte relacionado con su situación disciplinaria.

 

Se parte para ello de afirmaciones que no tienen ningún fundamento, como la de que el nombre del Representante ALONSO ACOSTA no aparece en la lista denominada “nombramientos” recomendando personas para la Contraloría, cuando es evidente que tanto en el cuaderno dos, como en el anexo 73, aparece la lista denominada “Nombramientos Administración Dr., CARLOS OSSA ESCOBAR” y allí aparece su nombre recomendando a RAFAEL ANTONIO ESCORCIA (no. 35), FREDY ENRIQUE ARELLANO TIJERA (no. 64) y PABLO CESAR GUTIERREZ PEREZ (no.450).

 

Dice la defensa que el doctor SAADE no mencionó el nombre del investigado, cuando es evidente y se dijo expresamente en el fallo, que en la declaración que rindió el 11 de marzo de 2003, al ser interrogado sobre el nombre de los parlamentarios que habían hecho recomendaciones, señaló claramente que el doctor ALONSO ACOSTA,  fue uno de los congresistas que acudió a su oficina de la Contraloría para efectos de las recomendaciones, tal como aparece a folio 276 del cuaderno original siete.

 

En la declaración del 5 de agosto de 2003, se interrogó nuevamente al doctor SAADE sobre el nombres de los parlamentarios que lo habían visitado en su oficina para efectos de las recomendaciones y contestó que entre los nombres de los congresistas que había suministrado en la diligencia del 11 de marzo del mismo año, los cuales figuraban a folios 276 y 277 del cuaderno siete, rescataba algunos  por duda, pues no recordaba bien sus rostros y mencionó el nombre de seis parlamentarios entre quienes no figura el doctor ACOSTA OSIO, precisamente por que no tenía duda que había acudido a su oficina para efectos de las recomendaciones.  Por tanto, no se entiende cómo la defensa pretenda que el despacho diga lo contrario de lo que manifestó el doctor SAADE, quien fue la persona  designada por el Contralor justamente para atender a los congresistas que llevaban hojas de vida de los aspirantes a ingresar a la entidad y por tanto tuvo, el conocimiento directo y personal de qué congresistas lo visitaron con dicho propósito.

 

En el numeral cinco (5) de las consideraciones generales del fallo proferido el 28 de enero de 2004, se hizo un amplio análisis de la manera como se recopiló la información de los parlamentarios y las personas que recomendaron en la lista denominada “Nombramientos Administración Dr., CARLOS OSSA ESCOBAR”; en tanto que,  en los numerales dos (2) y tres (3) de dichas consideraciones se examinó ampliamente las versiones rendidas por los doctores OSSA y CASASFRANCO, al igual que las declaraciones que rindió el doctor SAADE, destacando cómo ellos aceptaron que el doctor SAADE recibía las hojas de vida de los parlamentarios, hecho que también  reconoció el doctor QUIROGA, quien declaró que era cierto que Senadores y Representantes llevaban las hojas de vida a la Contraloría y como el Contralor no encontró la forma de evitarlo, designó al doctor SAADE para que atendiera a los parlamentarios y les recibiera las hojas de vida.

 

No es cierto que para decidir en unos casos se haya tomado lo dicho por el doctor OSSA y en otros lo dicho por el doctor SAADE, por el contrario, el análisis fue integral como se puede observar particularmente en las consideraciones generales.

 

No puede acudirse a afirmaciones alejadas de la realidad probatoria, para decir que no hubo fundamentación del fallo, que fue arbitraria la sanción o que el doctor SAADE no mencionó al investigado como una de las personas que lo visitó en su oficina para efectos de las recomendaciones y que  su nombre, junto con el de los recomendados aparecen en la  lista denominada “Nombramiento Administración Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR”, cuando las pruebas demuestran todo lo contrario.

 

Es cierto que en el fallo se afirmó que según lo analizado en las consideraciones generales, la mencionada lista de “Nombramientos” no se tomaría como única prueba de cargo y de responsabilidad, porque  se encontraron algunas inconsistencias; pero no, que no tuviera ningún valor probatorio, precisamente porque la obligación del juzgador es valorarla confrontándola con las restantes pruebas que obran en el proceso y frente a  cada uno de los investigados, de manera individual porque su responsabilidad es también individual, lo cual lejos de ser arbitrario, es fruto de su valoración conforme a la sana crítica.

 

Se refiere la defensa al caso de  FREDY ARELLANO, una de las personas que figuraba como recomendado, para afirmar que su testimonio  favorece al investigado, pero el fallo se aparta ostensiblemente de la prueba, teniendo que absolver y se pregunta cual es el fundamento de la sanción impuesta con base en pruebas como ésta que evidencia la transparencia en la vinculación del señor ARELLANO; semejante apreciación no puede menos que reflejar  su ligereza en la lectura  del fallo, pues lo que allí se hizo y se dijo fue precisamente todo lo contrario, es decir, se aceptó que su testimonio era creíble en cuanto a que su vinculación a la Contraloría obedeció a que era amigo del doctor OSSA, a quien le envió la hoja de vida y por ello no se le imputó ninguna responsabilidad al doctor ACOSTA, como consta en las paginas 262 y 263 de dicho fallo.

 

En cuanto a RAFAEL ESCORCIA ZURITA, se afirma que como laboró en la Contraloría del 5 de mayo de 1998 al 16 de marzo de 1999, existía un conocimiento personal con el Contralor y por ello no necesitaba la recomendación del investigado y que ello coincide con lo afirmado por el doctor ACOSTA, cuando dijo que una vez conversó con el testigo cuando se iba a dar la reestructuración en la Contraloría, pero que no había intervenido en su nombramiento, por la cual, dice la defensa, no se puede concluir que pudo acudir al investigado para que le ayudara en su nombramiento, porque no constituye plena prueba y lo que existe es una duda que debe ser resuelta a favor del investigado.

 

La afirmación del testigo, cuando dice que había laborado anteriormente con la Contraloría, por lo cual la defensa deduce que no necesitaba de recomendaciones, no es cierta, pues en la certificación de tiempo de servicio que obra en el proceso no aparece que el señor ESCORCIA ZURITA haya laborado  con la Contraloría en esas fechas, lo que allí consta es que su nombramiento en esa entidad se produjo mediante resolución 1106 del 3 de marzo de 1999, en el cargo de auxiliar administrativo y fue retirado por supresión del empleo, el 22 de febrero de 2000, como consta en el documento visible a folio 4 del anexo 73.

 

En su declaración afirmó el señor ESCORCIA que  no sabia si el disciplinado le había colaborado, pero que efectivamente le pidió colaboración al doctor ACOSTA OSIO a quien le dijo que “si era posible como Jefe y congresista, me podía colaborar en la Contraloría”, sobre lo cual le contestó el disciplinado que eso se daba de acuerdo a la reestructuración y no sabía de las pautas que se iban a tomar(fl. 67 anexo 73), por lo cual, lejos de incurrirse en una errónea apreciación de la prueba, como dice la defensa, simplemente el fallo se apoya en el dicho del testigo para concluir que pudo acudir al disciplinado para la recomendación, así no afirme que lo haya recomendado.

 

No duda puede existir de la responsabilidad del disciplinado, porque se demostró que el señor ESCORCIA ZURITA, aparece en la lista de “Nombramientos” como recomendado del doctor ACOSTA OSIO; que el doctor SAADE, en su declaración del 11 de marzo de 2003 manifestó que el doctor ACOSTA OSIO acudió a su despacho para efectos de las recomendaciones y que el propio ESCOCIA ZURITA  declaró que si le solicitó su colaboración  para el ingreso a la Contraloría.

 

En cuanto a PABLO CESAR  GUTIERREZ PEREZ, en el anexo consta que fue citado por la Procuraduría a la dirección suministrada por la Contraloría y no por el disciplinado, pues a solamente pidió que la  Contraloría le informara en que calidad habían nombrado a las tres personas que le aparecían como recomendados y en ese sentido le dieron respuesta, pero no le informaron de otra dirección residencial (fls.39 y 78 anexo 73); consta igualmente que el testigo no compareció a las citaciones (fls. 84 y 85) y no puede olvidarse que la conducción es una media extrema que sólo puede tomarse cuando la diligencia sea imprescindible y exista algún grado de certeza que el testigo se enteró del requerimiento e injustificadamente se niega a comparecer, lo cual no se dio en el proceso, pues por el paso del tiempo no se sabe con certeza que resida en dicha dirección o que se hubiera enterado y se negara injustificadamente a comparecer.

 

No se trata de sancionar al investigado con fundamento en la existencia de un testigo a quien no se le pudo recibir declaración, como dice la defensa, se trata de que en éste caso el señor GUTIERREZ PEREZ aparece en la lista de “Nombramientos” como recomendado del doctor ACOSTA OSIO y el doctor SAADE, como tantas veces se ha explicado, ratificó que el disciplinado estuvo en su oficina para efectos de las recomendaciones a que se refiere el listado, que fue precisamente el punto sobre el cual se interrogó al doctor SAADE.

 

De suerte que no  existiendo prueba alguna que desvirtúe la responsabilidad del doctor ACOSTA OSSIO en la recomendación de los señores  ESCORCIA ZURITA y GUTIERREZ PEREZ, como se concluyó en el fallo impugnado, es evidente que no le asiste razón al recurrente, ni existe mérito para revocar el fallo sancionatorio, por errónea apreciación de pruebas, como lo sostiene la defensa, razón por la cual el fallo será confirmado.

 

 

GERMAN ANTONIO AGUIRRE MUÑOZ (74)

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar a MARIA NORA LOPEZ GUTIERREZ, quien fue nombrada el 21 de mayo de 1999, en el cargo de auxiliar administrativo, grado 4, en la Dirección de Investigación y Juicios Fiscales.

 

El sancionado interpuso recurso de reposición dentro del término legal, por conducto de apoderado, bajo las siguientes consideraciones:

 

Existe falta de competencia del despacho, pues por razón de la investidura del investigado, su juez natural es el Procurador General de la Nación, según el artículo 7, numeral 21 del Decreto 262 de 2000, quien al declararse impedido por un familiar, no podía despojarse de la competencia en relación con los restantes 204 parlamentarios.

 

El disciplinado nunca ha avalado por ningún medio recomendaciones para la Contraloría y por tanto no ha violado la prohibición constitucional, pues no hay prueba documental o testimonial sobre la existencia de recomendaciones, tal como se estableció en la visita practicada por la Procuraduría a la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Contraloría, el 5 de agosto de 2003.

 

Se vinculó al disciplinado porque  acudió a la Contraloría para abogar por el nombramiento de MARIA NORA LOPEZ, quien laboró de junio de 1998 a marzo de 1999 y fue mencionado por el doctor SAADE en la declaración del 11 de marzo, como congresista que lo visitó, de lo cual se deduce que la señora fue vinculada antes de que el doctor AGUIRRE MUÑOZ estuviera en la oficina del doctor SAADE,  por lo cual solicita que se declare la prescripción de la acción disciplinaria.

 

El artículo 153 de la ley 734 de 2003, exige probar el perjuicio causado a la administración y éste no se ha probado, pues entre las pruebas que obran está la lista del señor SAADE que es para nombramientos y que según el señor FAURIE (sic) son para garantizar la imparcialidad en los organismos de control.

 

 En el proceso se violó el principio de igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución, porque en el caso del disciplinado se tuvo en cuenta lo dicho por el doctor SAADE, los escritos del Contralor donde le asignó un grado 13 y la lista “contactos”, en tanto que a otros congresistas como JACOBO RIVERA fue absuelto porque no lo mencionó y se dice que la información contenida en las listas no tiene suficiente respaldo probatorio, al igual que ocurrió con otros congresistas como MARCO AURELIO IGUARAN, MARIA EUGENIA JARAMILLO, JORGE HUMBERTO MANTILLA y JOSE RAUL RUEDA.

 

La relación de nombramientos del doctor OSSA, en la cual colocaba nombres de congresistas, no se puede tener siquiera como indicio, por no ser de su puño y letra, ni tener conocimiento de dichos listados; por tanto, las pruebas documentales y testimoniales apuntan a la inexistencia de falta atribuible al disciplinado, por lo que debe darse por terminado el proceso, por no existir los presupuestos de culpabilidad y tipicidad.

 

El despacho considera:

 

No existe la causal de incompetencia alegada por la defensa, tema sobre el cual se pronunció el despacho mediante auto del 28 de febrero de 2003 (fl. 307 c.o. 6), al cual nos remitimos y ratificamos pues está claro que el impedimento declarado por el Señor Procurador General de la Nación, el 18 de mayo de 2001, originó la remisión del proceso al Viceprocurador, quien asume la competencia plena en su reemplazo, conforme al mandato expreso del artículo 17, numeral 3 del Decreto 262 de 2000, pues por mandato legal el impedimento no es personal, sino para el respectivo proceso y por ello no constituye causal de ruptura de la unidad procesa, según lo previsto en el artículo 92 del C. de P.P. , razón por la cual no se podía hacer esa ruptura arbitrariamente.

 

Aun cuando es cierto que en la visita practicada a las  hojas de vida de las personas que figuraban recomendadas por el disciplinado, particularmente en cuanto a MARIA NORA LOPEZ,  que es la personas por cuya recomendación se sancionó al despacho, no se encontró ninguna recomendación escrita, ello tiene su explicación en que conociendo la prohibición constitucional, el disciplinado no iba a dejar prueba escrita de su conducta que hiciera tan evidente su violación, tal como se explicó en el fallo impugnado, en el cual se demostró que los congresistas llevaban las hojas de  vida de sus recomendados y las entregaban al doctor SAADE, quien se reunía con el Contralor y le informaba quien había llevado la hoja de vida y acto seguido el Contralor de su puño y letra le asignaba al congresista el grado en que iba a nombrar a la personas recomendadas, en el caso del doctor AGUIRRE MUÑOZ está demostrado que le asignó un grado 13 en la Dirección Seccional (fl. 84 c.o. 2 y fl. 2 anexo 74)

 

No es cierto que MARIA NORA LOPEZ, haya laborado en la Contraloría  antes de que el doctor AGUIRRE MUÑOZ visitara al doctor SAADE, como lo sostiene la defensa, y que por tanto la acción disciplinaria se encuentre prescrita, pues aun cuando la testigo manifestó en su declaración que  había laborado desde junio de 1998 a marzo de 1999 (fl. 152  anx.),  el certificado oficial de servicios expedido por la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Contraloría, demuestra que dicha persona fue nombrada el 21 de mayo de 1999, en el cargo de auxiliar administrativo y se retiró el 22 de febrero de 2000, por  supresión del empleo(fl. 12 anx.)

 

Está acreditado que MARIA NORA LÓPEZ, nombrada el 21 de mayo de 1999, aparece en el cuadro “Consulta Contactos” como recomendada del doctor AGUIRRE MUÑOZ, no en la lista de “nombramientos” como dice la defensa, y que el doctor SAADE, en la declaración que rindió el 11 de marzo de 2003, manifestó que  el doctor AGUIRRE MUÑOZ fue uno de los congresistas que acudió a su despacho para efectos de las recomendaciones; aun cuando el doctor LAFAURIE esgrimió como defensa que ese listado se elaboró para buscar la imparcialidad de sus funcionarios  en las investigaciones que tuvieran que adelantar, esa afirmación quedó desvirtuada, como se analizó en las consideraciones generales del fallo, particularmente con lo declarado por NELSON PINEDA, quien fue la persona encargada de alimentar la base de datos y explicó que el listado tuvo como finalidad relacionar a los recomendados de parlamentarios y que incluso algunos de los parlamentarios le hacían correcciones en sus nombres, con autorización del Vicecontralor.

 

El hecho  de que  otros disciplinados fuera absueltos porque el doctor SAADE no los mencionó como congresistas que acudieron a su despacho para efectos de las recomendaciones,  no indica que se haya violado el principio de igualdad, por cuanto la responsabilidad de cada sujeto disciplinario es individual y  se tiene que definir en función de las pruebas que obren en su favor o en su contra, de suerte que si una información contenida en el listado, es desvirtuada por una prueba testimonial como la del doctor SAADE, quien fue la persona que tuvo el conocimiento directo y personal de los congresistas que hicieron las recomendaciones, no es posible desconocer dicha prueba   y sancionarlos, a menos que exista otro medio probatorio para demostrar que incurrió en la conducta imputada, como ocurrió en los casos en que el propio recomendado lo afirmó en su declaración.

 

No es cierto que para que se tipifique la falta disciplinaria se requiera probar un perjuicio, pues como se explicó en el fallo, en materia disciplinaria la tipicidad y la antijuridicidad están refundidas por no ser de la esencia de la descripción de los tipos disciplinarios la presencia de un resultado que sea separable en el espacio y en el tiempo de la conducta en sí misma considerada, por tanto, si el servidor incumple un deber o, como en este caso, viola una prohibición constitucional, sin que exista causal de justificación alguna, incurre en la conducta antijurídica porque su relación de sujeción con el Estado no le permite escoger qué deberes cumple y cuales no; menos aún cuando la prohibición contenida en el artículo 268, numeral 10 de la Constitución, busca evitar la interferencia de los congresistas en la autonomía que tiene el  Contralor para vincular a las personas más calificadas por sus capacidades personales y profesionales, no por que la recomienden, pues esto afecta los fines del Estado cuya actividad debe estar orientada por los principios de moralidad, transparencia y eficiencia, según lo previsto en el artículo 209 de la Constitución.

 

De suerte que la tipicidad de la conducta imputada al disciplinado y su responsabilidad, están debidamente acreditadas, como se analizó en el fallo,  razón por la cual se confirmará la decisión impugnada.

 

JAVIER TATO ALVAREZ MONTENEGRO (76):

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar para que fueran nombrados en la Contraloría a MONICA PATRICIA MARTINEZ y JULIO CESAR ALVAREZ GRANJA quienes fueron efectivamente designados el 19 de marzo y el 1° de febrero de 1999, respectivamente.

 

El sancionado por conducto de defensor interpuso y sustentó el recurso de reposición, y posteriormente el propio implicado lo adicionó, lo cual hicieron bajo las siguientes consideraciones:

 

Del defensor:

 

Expresó que las pruebas con las cuales la Procuraduría estimó probados los hechos por los que sancionó a su defendido, fueron la información suministrada por la Dirección de Talento Humano de la Contraloría y las declaraciones de los doctores Alfredo Saade Vergel y Carlos Ossa Escobar, según las cuales el Contralor General a medida que recibía las hojas de vida que le llevaban los parlamentarios producía el nombramiento de los recomendados Mónica Patricia Martínez y Julio Cesar Alvarez Granja.

 

Dijo que no estimó las declaraciones de estos dos ciudadanos ni los documentos que demostraron su vinculación anterior con la entidad, sin dar explicación jurídica.

 

A pesar de la prohibición a los congresistas a estos la Constitución no les prevé sanción alguna.   

 

Continúa asegurando que si los nombrados en la Contraloría ya habían estado vinculados a la entidad y volvieron a ella en 1999, pues no necesitaban de recomendación alguna porque les conocían su trabajo y expresaron además que no se la solicitaron al congresista, luego si esto no ocurrió mal podía remendarlos su representado Alvarez Montenegro.

 

Si precisamente cuando llega a la Contraloría Ossa Escobar en septiembre de 1998 estos se retiraron en diciembre ídem por vencimiento del período, entonces no necesitaban recomendación para ello. Tampoco para reintegrarse.

 

Que, a pesar de que Ossa en su declaración dijo que Alvarez Montenegro conversó con él en la Contraloría (?), no expresó que recibió recomendación alguna para favorecerlos y estaría prohibido entonces que un parlamentario hable con el Contralor porque le estarían haciendo recomendaciones personales y políticas para puestos.

 

Que ni Saade (?) ni Ossa declararon que Alvarez Montenegro les entregó hojas de vida o hizo recomendaciones, ni siquiera lo mencionan.

 

Culmina pidiendo la absolución para su defendido.  

 

Del sancionado:

 

Adicionó el anterior alegato de su abogado expresando que critica la adecuación típica respecto a las circunstancias de derecho  y de hecho en los que la Viceprocuraduría se fundamentó, pues en su criterio no se infringió el artículo 40 numeral 1° de la Ley 200 de 1995 y por ello la proposición jurídica es equivocada.

 

Dice que se erró al aplicársele la totalidad de la norma citada siendo ésta de tipo abierto cuando debió adecuarse estrictamente a la situación fáctica relacionada con el empleo o cargo.

 

También hay indeterminación en la calificación de Grave de la falta cuando no se fijó en base a cuál criterio de los enumerados en el artículo 27 del C.D.U. se hizo dicha calificación.

 

El artículo 118 ibídem indica que para poder sancionar debe obrar prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del autor.

 

Expresó que fue indebida la interpretación del artículo 268.10 de la Carta porque entonces ningún servidor público, incluidos los congresistas, podría recomendar a persona alguna que tenga calidades profesionales para aspirar a un empleo de carrera administrativa, lo que no obsta para que el nominador, de acuerdo a la ley, lo escoja.

 

El despacho no aclaró por qué al violar el artículo referido se transgrede el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 e interpretó erróneamente la conducta atribuida porque la correcta es la de que ella no es disciplinable.     

 

VIOLACION DEL DEBIDO PROCESO : 1.- Adujo que se violó el artículo 29 de la Carta Política porque se dictó fallo en su contra sin darle valor probatorio a lo declarado por Mónica Patricia Martínez y Julio Cesar Alvarez Granja, cuando expresaron que llegaron a la Contraloría mucho antes de ser Contralor General el doctor Ossa, es decir en el periodo del doctor Turbay y que enviaron sus hojas de vida por medios diferentes. Igualmente no tuvo en cuenta la Procuraduría la documentación que probaba la vinculación desde fecha anterior al de Ossa Escobar.

 

Nombrar era potestad autónoma del Contralor General.

 

El despacho, dice el sancionado, aceptó el dicho de Saade Vergel frente al de los declarantes referidos sin darle al procesado el beneficio de la duda, además, la declaración de Saade está desvirtuada por la prueba testimonial. Ello indica que no hubo la debida valoración de la prueba de Saade porque no suministró las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las recomendaciones.

 

Ello desvirtúa el hecho de que Saade haya manifestado que lo visitó personalmente en su despacho para efectos de los nombramientos.

 

Por ello no existió la falta endilgada por la que se le sancionó y debe revocársele la multa y en su lugar absolverlo.

 

Se debió examinar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica y como puede verse los testimonios de Mónica Patricia Martínez y de Julio César Alvarez Granja gozan de características que los hacen creíbles.

 

Si Saade Vergel por tratarse de ciudadano tuvo interés particular, por qué no denunció en su debida oportunidad los hechos cuando era funcionario público?.

 

En su declaración de noviembre 2 de 2000 dijo que no todos los congresistas llegaban a la Contraloría General por puestos, pues algunos iban buscando informe para hacer luego el control político, lo cual denota incoherencia en la declaración de Saade Vergel, transcribiendo apartes de autores sobre la credibilidad y coherencia del testimonio.

 

Por lo mismo el despacho deberá exonerarlo de responsabilidad disciplinaria porque no hay en el plenario prueba que desvirtúe la presunción de inocencia, citando otro autor y al Tribunal Constitucional Español en tal sentido.

 

EL DEBER COMO SUSTRATO DE LA FALTA DISCIPLINARIA: explicó que el centro de referencia del derecho disciplinario viene dado por el concepto de deber funcional y que su desconocimiento sustancial origina la falta disciplinaria como lo reza el artículo 5° de la Ley 200 de 1995 al atentarse contra el buen funcionamiento del Estado y sus fines, norma que reitera el artículo 29 de la Carta y la aplicación del artículo 18 del C.D.U. sobre los principios rectores del derecho disciplinario, entre ellos el debido proceso.

 

CONCEPTO DE LA VIOLACION Y CONCRECION DE LA MODALIDAD ESPECIFICA DE LA CONDUCTA: no violó el artículo 268.10 pluricitado porque se partió de normas generales sin precisarse las particulares que tienen que ver con el ejercicio del empleo en el cual se es responsable por conductas que vulneran las funciones o tareas propias del cargo.

 

Reitera que no infringió las disposiciones citadas en los cargos y en el fallo y que no se calificó en forma debida como grave la conducta según el artículo 27 en causal alguna de las contempladas.

 

Consideró insuficiente el concepto de violación porque no aclara el por qué transgredió el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995.

 

Dice que aunque la conducta es típica por estar descrita en el ordenamiento jurídico y posiblemente antijurídica por la producción de una contradicción entre la conducta asumida y lo establecido en las normas, se evidencia en gracia de discusión, una causal de justificación contemplada por la Ley 734 de 2002, que lo excluye de responsabilidad porque actuó con la convicción errada e invencible de que su conducta consistente en recomendar no constituía falta disciplinaria.

 

Esto produce la duda razonable del artículo 9 de dicha ley porque no se demostró el hecho central, hubo vacíos y una deficiente investigación preliminar y debe admitirse el indubio pro-reo.

 

Así mismo, alega en su favor la buena fe, o sea emplear con los demás una conducta leal ajustada al decoro social. Es decir, obrar con rectitud  y honestidad y comentó jurisprudencia del Consejo de Estado en tal sentido y el artículo 83 de la Constitución.

 

Esto encaja en la presunción de inocencia y citó jurisprudencia en tal sentido de la Honorable Corte Constitucional para significar que no se recaudó prueba suficiente en su contra por lo que debe absolvérsele.

 

CAUSALES DE JUSTIFICACION DE LA CONDUCTA: reitera que por vía de discusión al aceptar los cargos debe la Viceprocuraduría contemplar en su favor una de las causales de exclusión de responsabilidad del artículo 23 y en especial de la cuarta o convicción errada  invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria.

 

Finalmente pidió pruebas (?) en apoyo de los descargos (?) y los relacionó.

 

El despacho considera:

 

Sea lo primero anotar que en cuanto a la recomendación efectuada por el congresista Alvarez Montenegro respecto del servidor JULIO CESAR ALVAREZ GRANJA nombrado el 1° de febrero de 1999, la investigación por dicha falta disciplinaria ha cumplido cinco años y por ende prescribe respecto de la misma, y sólo en cuanto a tal recomendación. 

 

Los planteamientos del defensor son inexactos porque en el fallo se analizaron las declaraciones de los servidores Alvarez Granja y Mónica Patricia Martínez con los documentos que demostraron su vinculación anterior con la entidad, y puede decirse respecto de estos que son veraces y provienen de la Gerencia de Talento Humano de la Contraloría General y poseen idóneamente toda la información laboral de los mismos. Basta con observarlos en el anexo 76.

 

Curiosamente se refiere a que la conducta de los congresistas no está prevista como prohibición ni se les prevé sanción alguna, cuestión que fue ampliamente tratada en las Consideraciones Generales del fallo, y a lo cual se atiene el despacho.

 

No ha querido entender el libelista que los dos servidores estuvieron en dos épocas distintas al servicio de la Contraloría hasta diciembre de 1998, razón por la cual en esa época no tenía por qué el Contralor Ossa recibir recomendaciones directamente o a través de su asesor Saade. Sólo cuando nuevamente a principios de 1999 son recibidos en la Contraloría, merced a la recomendación del Representante Alvarez Montenegro, gestión que adelantó en el despacho de Saade como éste mismo lo expresó.

 

Una cosa es hablar el congresista con el Contralor General para recomendarle candidatos para puestos en la entidad y otra que puedan reunirse en cualquier lugar para tratar sobre el desarrollo de las funciones técnicas de las dos entidades.

 

El apoderado no leyó el proceso porque sostuvo equivocadamente que Alvarez Montenegro, su representado, no acudió al despacho de ningún funcionario a pedirle el nombramiento a Sadee de su recomendado, cuando en la realidad así lo reconoció el asesor de Ossa Escobar y lo dijo expresamente en su declaración del 11 de marzo de 2003.

 

En cuanto  a la tipicidad y a las circunstancias de hecho y derecho en que se infringió la norma y la calificación de grave de la falta como las bases del fallo, ya se pronunció el Despacho en las consideraciones del mismo de los folios 134 a 154, que al parecer leyó superficialmente el recurrente.

 

En relación con lo expresado por el sancionado, el articulo 268.10 de la Carta Fundamental  para prohibir el nombramiento por el Contralor General de personas aspirantes a cargos, no es para el ingreso a la carrera administrativa porque eso es precisamente lo que se busca proteger, la igualdad de todos los aspirantes a través de la misma y no el privilegio de unos cuantos que accedan por recomendaciones a cargos en provisionalidad o en otros de dirección, para asegurar la independencia de la Contraloría.

 

La explicación sobre cómo sucedió la transgresión a la Constitución y a la Ley por parte de los disciplinados fue ampliamente analizada en el fallo, a lo cual se atiene el Despacho.

 

Vuelve a insistir el sancionado en una violación al debido proceso citando el articulo 29 de la Constitución Nacional al darle la Procuraduría valor probatorio equivocado, según él, a los testimonios de los servidores, pero no ha querido entender que ellos llegaron a la entidad en dos momentos diferentes como lo refleja la documentación u hojas de servicio de los beneficiados.          

 

La potestad o discrecionalidad de nombramientos por parte del Contralor General está limitada por el derecho de igualdad de todos los aspirantes y por la prohibición constitucional.

 

La valoración del testimonio de Saade fue exhaustivamente analizada bajo el espectro de la sana critica y no puede darse la duda sobre su categórica afirmación de que el señor congresista Alvarez Montenegro lo visitó exclusivamente, como otros parlamentarios, para solicitarle el nombramiento de sus recomendados ante el Contralor  General. Por ello la repetida solicitud de nulidad por dicho concepto debe atenerse a lo ya dispuesto por el Despacho anteriormente.

 

Los testimonios de los beneficiados igualmente sufrieron el rigor de la crítica que soportaron las declaraciones de Saade en su momento por lo que el Despacho no volverá sobre lo ya resuelto en tal sentido. No procede por lo mismo exonerar de responsabilidad al congresista.

 

Sobre los tópicos del deber, la falta disciplinaria la antijuridicidad, el funcionamiento del Estado y sus fines, el artículo 29 de la Carta, la calificación de la falta, el concepto de la violación y la tipicidad, ya fueron con amplitud estudiados y definidos en el fallo de única instancia, a lo cual el Despacho se atiene pues no hay un argumento nuevo sobre ello en este recurso.

 

Planteó el disciplinado el error invencible porque no sabía el congresista que su conducta de recomendar ante el Contralor para puestos en su despacho, era falta disciplinable. Semejante argumento en un parlamentario que jura al posesionarse como tal, cumplir la Constitución y leyes del país, es absurda y se  desecha porque el parlamentario sabe que está expresamente definido en el articulo 268.10 de la Constitución Nacional que les prohíbe a ellos recomendar y al Contralor y sus colaboradores inmediatos aceptar lo prohibido.

 

Tal conducta taxativamente prescrita impide que se produzca duda alguna por parte de miembros del poder legislativo, luego no existen vacíos ni deficiencias en la investigación como lo pretende el sancionado, y hay certeza de la comisión del hecho o falta disciplinaria.

 

Tampoco puede predicarse la buena fe al desconocerse a sabiendas una norma que se juro cumplir y que se impuso con exclusividad para asegurar la independencia del ente de control fiscal, y su consecuente autonomía frente al Congreso.

 

Ninguna causal de justificación procede en defensa del sancionado, por que no hubo ni fuerza mayor, ni caso fortuito en la actuación del sancionado, tampoco obró en estricto cumplimiento de un deber legal, ni de orden legítima de autoridad competente, y mucho menos con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria, lo cual es inexplicable en un miembro del poder legislativo al pretender desconocer las normas superiores y las legales que ellos mismos han expedido a través de Actos legislativos o de ordenamientos legales.

 

Finalmente es inexplicable que ya culminado el proceso que nos ocupa se pidan pruebas cuando estas ya fueron practicadas en las oportunidades procesales pertinentes.

 

Debe entonces mantenerse el fallo contra Alvarez Montenegro por la recomendación personal y política suya  en relación únicamente con el nombramiento de Mónica Patricia Martínez el 19 de marzo de 1999, pues en relación con Julio Cesar Alvarez Granja, designado el 1 de febrero de 1999, ya prescribió la investigación.

 

MARIO DE JESUS ALVAREZ CELIS (77):

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar para que fuera nombrado en la Contraloría a VICTOR FREDDY RUIZ AGUDELO quien fue efectivamente designado el 3 de marzo de 1999.

 

El sancionado por conducto de apoderado interpuso y sustentó el recurso de reposición bajo las siguientes consideraciones:

 

Argumentó que la Procuraduría sustentó el fallo en contra de su representado en las declaraciones de Alfredo Rafael Saade Vergel del 11 de marzo de 2003, donde señaló el nombre de los congresistas que acudieron a su despacho a recomendar y solicitar el nombramiento de personas,…", pero que no señaló que el investigado hubiera efectuado recomendación personal y política alguna.

 

La declaración de Saade fue seriamente cuestionada y la interpretación de la Procuraduría del artículo Constitucional está basada en simples suposiciones para endilgar responsabilidades.  

 

No está probado que el nombramiento de Ruiz Agudelo haya sido producido como consecuencia de una recomendación personal y política al señor SAADE por el doctor ALVAREZ CELIS en la visita mencionada.

 

Es equivocado decir, según la Procuraduría, en referencia al fallo de 5 de agosto de 2003 del Consejo de Estado, que allí no se pudo demostrar que se hubiera dado una de las causales taxativas para perder la investidura, pues después de ella la Procuraduría no produjo ninguna prueba adicional y tal sentencia se basó en las mismas pruebas de que conoció el Consejo de Estado y el Ministerio Público, enviadas por éste mismo ente.

 

CONTRADICCIONES DE LA PROCURADURIA. TIPICIDAD DE LA CONDUCTA: dice que en la Sentencia del Consejo de Estado de 5 de agosto de 2003 allí se afirmó que la prohibición del artículo 268.10 es una incompatibilidad de rango constitucional que hace parte del régimen de incompatibilidades aplicable a senadores y representantes .

 

O sea que si para tal Corporación esa causal de pérdida de investidura contemplada en el artículo 183 numeral 1 de la Carta, fue desestimada por no encontrarla típica, es decir, que no hubo violación al régimen de prohibición del artículo 268.10 ídem, no tenía por qué la Procuraduría fallar en contra de su representado y si encontró que era una falta por ser adecuación típica la falta por la que sancionó, debe entonces revocar la sanción disciplinaria y enviar el proceso al Consejo de Estado para lo de su competencia. Es decir, la Procuraduría debe decir qué situaciones nuevas encontró después del fallo del Consejo de Estado y por ser causal de pérdida de investidura remitirlas a dicha Corporación.

 

Por lo mismo pidió revocar el fallo que sancionó a su defendido con multa de cuarenta y cinco días del salario devengado en 1999.

 

El despacho considera:

 

El cuestionamiento del testimonio del asesor Saade Vergel y lo que significa la recomendación personal y política de los Congresistas, así como la explicación de la conducta constitutiva de falta disciplinaria fueron ampliamente analizados en las Consideraciones generales del fallo recurrido, de  folios 134 al 154, y a ella nos atenemos.

 

Se probó que el nombramiento de Victor Freddy Ruiz Agudelo fue producto de la gestión o recomendación del doctor ALVAREZ CELIS ante el propio Saade Vergel en su despacho, como lo dijo categóricamente éste el 11 de marzo de 2003.

 

Respecto de la tipicidad de la conducta hubo serio análisis del despacho en el mismo fallo de única instancia y no aceptó que la prohibición superior tuviera carácter de incompatibilidad aplicable a Senadores y Representantes, pues su proceder fue en contra del derecho disciplinario que los cobija, y no el reflejo de que se presentara una causal taxativa de pérdida de investidura de competencia del Consejo de Estado.

 

El Congreso de la República o poder legislativo no ha expedido ni sancionado aún el Código de Ética que maneje sus propias faltas disciplinarias para sustraerse a la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, y por ende están cobijados por su acción.

 

El fallo del 5 de agosto de 2003 del Consejo de Estado mencionado por el apoderado del disciplinado, ocurrió precisamente el día que el ex asesor Saade Vergel amplió su declaración ante la Procuraduría, reafirmando cuáles de los congresistas acudieron a su Despacho exclusivamente a solicitar los nombramientos de sus recomendados ante la Contraloría General, lo cual sucedió también en otras oportunidades como se demostró en el voluminoso expediente que no ocupa.

 

La causal que examinó el Consejo de Estado, como se explicó en el fallo recurrido (folio 147 cuaderno 9), y se reitera ahora, tenía que ver con la posible incursión de los congresistas demandados en la causal de pérdida de investidura, cuya tipificación, requisitos y características propias tanto de la Constitución como de la ley que no son las mismas que sustentan y explican la conducta disciplinaria, la cual está encaminada a determinar si el servidor público cumplió o no los deberes legales, particularmente la observancia de los preceptos constitucionales.   

 

De suerte que son dos procesos autónomos e independientes, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-280 de 1996, al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 200 de 1995.

 

Como el recurso no trae nada nuevo a lo ya explicado ni hay demostración alguna  de la inocencia del congresista Alvarez Celis, el fallo se mantendrá.    

 

 

RAFAEL FRANCISCO AMADOR CAMPOS (78):

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar para que fuera nombrado en la Contraloría a HECTOR MAURICIO QUINTERO CASTRILLON quien fue efectivamente designado el 19 de marzo de 1999.

 

El sancionado por conducto de apoderado interpuso y sustentó el recurso de reposición bajo las siguientes consideraciones:

 

Debe probarse la infracción sustancial que origina la falta disciplinaria porque se atenta contra el buen funcionamiento del Estado y contra los fines del mismo, y no por el simple desconocimiento del deber. Ahí radica la antijuridicidad de la conducta.

 

No está probada la recomendación y por ende no existe el comportamiento previsto como falta disciplinaria porque no hay ilicitud sustancial.

 

No se dan los requisitos de los artículos 162 de la Ley 734 de 2002 ni el 150 de la Ley 200 de 1995 por no estar demostrada objetivamente la falta, ni el comportamiento prohibido ni su autor ni hay prueba mínima de responsabilidad disciplinaria.

 

No están cumplidos los elementos de validez y legitimidad para sancionar al representante Amador Campos. El manuscrito y listas que sirvieron de prueba para sancionarlo fue refrendada con la declaración de Saade Vergel, o sea que tal declaración tiene pleno respaldo en ellas.

 

Los documentos o listas auténticas, requieren un procedimiento confirmatorio de carácter garantístico y deben ser presentadas por las partes y Ossa y Saade no lo son, por lo mismo no puede dársele valor probatorio a los documentos porque aunque demostraron quien los aportó, no se corroboró su contenido.

 

Al hablar el despacho de que el funcionario debe analizar todas las condiciones en que el hecho ha sido percibido por el testigo, conservado, evocado y transmitido, solicita se sirva nuevamente revisar con mayor diligencia las pruebas a favor de su defendido.

 

Para ello anota que en la hoja de vida de Héctor Mauricio Quintero Castrillón apareció como referencia personal el doctor Eduardo Gechem Turbay y no Amador Campos, y así lo manifestó el propio Quintero, luego hay una duda razonable a favor de su defendido.  Este expresó que colocó a Gechem porque así se lo pidió Saade Vergel para poder ayudarlo, pues era su amigo y compañero en la Universidad Libre. Que después Saade le dijo que no lo podía vincular como candidato de Gechem y tuvo la salida a su nombramiento como recomendado de Rafael Amador porque no le habían puesto ninguna persona, que por ahí lo podía ayudar. Que, Amador no tuvo ningún conocimiento de lo anterior.

 

O sea que, según el declarante el doctor Amador no había ido al despacho de Saade y como no le había pedido nada, se lo colocó como cuota de él.

 

Citó como pruebas las declaraciones de Quintero, Giovanni Arias y Orlando Acuña y las certificaciones de la Universidad Libre y la visita de la Procuraduría a la hoja de vida de Quintero, donde aparece referenciado por Gechem Turbay. Luego Saade manipuló la verdad.

 

Dice que hubo violación al principio de igualdad porque en todos los casos en que se demuestre la recomendación, la solución debe ser igual. Que en el caso de Flora Lara la Procuraduría aplicó a su favor el beneficio de la duda razonable y la absolvió. Igualmente con Piedad Zuccardy. En cambio para Rafael Amador sí hubo sanción.  Como en esos casos no se pronunció Saade y aquí sí, por qué se dio la diferencia de valoración ? Ello significa que se afectó el debido proceso.

 

Dice el defensor, que debe haber fallo absolutorio para AMADOR CAMPOS porque las contradicciones entre Saade y sus compañeros de Universidad y los supuestamente nombrados, fueron valorados equivocadamente porque debió aplicarse la duda a su favor.

 

Dice el recurrente que la única prueba de cargo fue desvirtuada: la declaración de Saade. Dicho ex servidor tuvo el propósito deliberado de causarle daño a su jefe Ossa porque 1) no lo promovió o apoyó para ser candidato a la Secretaría del Senado; 2) no ayudó a su hermano en las investigaciones fiscales en su contra; 3) protestó airadamente a Ossa por tales investigaciones y 4) sus declaraciones fueron controvertidas por los documentos aducidos, en la hoja de vida no aparece referencia de Amador Campos y la declaración de Mauricio Quintero Castrillón.

 

El despacho considera:

 

En relación con el punto 1 del alegato parece que el defensor no leyó bien el fallo recurrido, pues allí están analizados con amplitud la infracción sustancial que originó la falta disciplinaria que atenta contra el buen funcionamiento del Estado y contra los fines del mismo, no el simple desconocimiento del deber para considerarlo como responsabilidad objetiva y el fenómeno de la antijuridicidad de la conducta. La recomendación, referencia, entrega de hojas de vida, la demostración de la conducta como tal, es decir, como opera ésta, todo ello del folio 134 al 154 del cuaderno original 9.

 

Respecto del punto 2 debe decirse por igual que los elementos probatorios para sancionar a los Representantes y concretamente al doctor AMADOR CAMPOS se analizaron como tal en Consideraciones Generales del fallo y las pruebas de responsabilidad concretas, como la responsabilidad es individual, personal e intransferible, se analizó en cada caso concreto.    

 

También se habló de los documentos consistentes en los manuscritos, listados y versiones de los implicados que sirvieron de prueba para sancionar al congresista, las que fueron confirmadas por la versión de Saade Vergel y se explicó por qué.

 

Precisamente pide el recurrente se revise o se analice con mayor diligencia las pruebas a favor de su defendido, refiriéndose a los compañeros de Universidad de Saade que aparecieron nombrados y la forma como sucedió, para que se absuelva a su representado.

 

Precisamente, el análisis de fondo de las declaraciones de estos ciudadanos permitió llegar a la conclusión de que Saade se mantuvo en la verdad de sus afirmaciones, al ser confrontado.

 

En la declaración del 11 de marzo de 2003 Saade mencionó a Rafael Amador como uno de los congresistas que acudió a su despacho a solicitar los nombramientos de sus recomendados.

 

En la del 5 de agosto del mismo año fue explícito y categórico en cuanto a Quintero Castrillón al explicar cómo se produjo el nombramiento de éste y cómo ocurrió el cambio de congresista porque AMADOR CAMPOS, recomendó al doctor Ossa que al revocar el nombramiento de Giovanni Arias quien no aceptó, le nombrara a Héctor Mauricio Quintero como en efecto ocurrió.

 

Respecto del punto 3 el argumento es inexacto. Existen casos en que no se pronunció Saade Vergel sobre el respectivo congresista como que hubiera dado recomendación por alguien, y sin embargo su beneficiado sí, por ejemplo el Representante Leonardo Caycedo Portura.

 

En los demás mencionados, Flor de Lara y Piedad Zuccardy, no hubo manera de demostrar la recomendación a pesar de estar en las listas sus probables beneficiados, porque Saade no las recibió en su despacho para tal fin.

 

En el caso en concreto de RAFAEL AMADOR, así la hoja de vida no tuviera referencia personal de éste sino de Amador Campos, Saade Vergel discutió ampliamente el tema el 5 de agosto de 2003 al ser interrogado por la Procuraduría y expresó que las hojas de vida de Giovanni Arias y Mauricio Quintero fueron entregadas y avaladas por el Representante Amador Campos, "…tanto así que primero se nombra a Giovanni Arias y por no cumplir los requisitos para el nombramiento que se le había hecho, el doctor AMADOR en acuerdo con el doctor Ossa le solicitó que para no perder el cargo, revocar el nombramiento de Giovanni Arias y nombrarle al señor Mauricio Quintero…". Y aceptó que fueron compañeros en la Libre pero que lo dicho por Quintero en relación con su nombramiento es falso. 

 

La responsabilidad es individual y por eso se calificó y probó en cada caso concreto.

 

Sobre el punto 4 las supuestas contradicciones entre los compañeros de Universidad de Saade y éste, fueron ampliamente desvirtuadas por el propio Saade en la ampliación de su testimonio harto referida en el proceso y el acápite anterior, a lo cual nos atenemos.

 

Sobre el punto 5 o argumento resumen del recurrente, los puntos 1 a 3 del mismo ya fueron debatidos ampliamente en la investigación y fallo sobre la tacha de sospecha del testimonio de Saade, al igual que el punto final ídem del mismo y en esta respuesta al memorial, a los cuales se atiene el despacho, por no contener puntos nuevos. 

 

En definitiva no prospera el recurso porque la prueba que sirvió de base a la declaratoria de responsabilidad del Representante Amador Campos, no fue desvirtuada.

 

LEONARDO CAICEDO PORTURA (97):

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar para que fuera nombrado en la Contraloría a PEDRO CHAVEZ BURGOS quien fue efectivamente designado el 3 de marzo de 1999.

 

El sancionado por conducto de apoderado interpuso y sustentó el recurso de reposición bajo las siguientes consideraciones:

 

La prueba común, es decir, las versiones y entrevistas y las declaraciones de Saade y Pineda que sirvieron de base para sancionar a su representado, son contradictorias y nada se hizo para dirimirlas.

 

La sana crítica de la prueba no da para escoger gratuitamente versiones menospreciando normas y principios de la lógica jurídica.

 

Se sobrevaloró el testimonio de Saade y la Viceprocuraduría concluyó que no había duda de que lo afirmado por éste es cierto, pues la persona designada por el Contralor para recibir a  los parlamentarios y recoger las hojas de vida que llevaron, de suerte que percibió permanente y directamente los hechos, además, aclaró el nombre de los congresistas sobre los cuales tenía duda que le hubieran recomendado personas.

 

Si Saade Vergel no mencionó a Leonardo Caycedo obviamente se le sancionó por suposiciones de que recomendó. Luego no cometió falta disciplinaria.

 

Sobre la prueba específica: si dicho declarante Saade Vergel no incluyó a Leonardo Caycedo como quien hubiera recomendado para puestos, pues es porque no lo hizo.

 

Al ver contundencia en el testimonio que PEDRO CHAVEZ BURGOS de que el propio doctor Caycedo le informó sobre vacantes en la Contraloría y que de tener requisitos enviara una hoja de vida, le entregó en Mitú a través de su secretaria y ésta la hizo llegar al representante y él hizo gestiones ante la Contraloría, cómo se enteró de esto último, de que el representante hizo las gestiones personalmente ante la Contraloría, si el servidor vivía en Mitú? Luego son meras suposiciones.

 

Sostuvo el defensor, que la Procuraduría deformó el testimonio porque el beneficiado Chávez Burgos nunca dijo que se enteró por funcionarios de la Contraloría de unas vacantes en la seccional de Vaupés (y no porque el doctor Caycedo se lo hubiera dicho) al llenar los requisitos exigidos por la entidad, envió la hoja de vida a Bogotá por intermedio de terceros (no de la Secretaria del doctor Caycedo) para hacerla llegar a la División de recursos Humanos de la Contraloría General.

 

Que la hoja de vida fue enviada por terceros (no se los entregó a la secretaria como dice la Procuraduría) que nunca se la entregó al parlamentario y que tengo entendido por su intermedio se entregó….

 

Se horroriza de que la Procuraduría dijera que Chávez Burgos relaciona a su Representante como que gestionó directamente ante la Contraloría su cargo en el  Vaupés, su departamento.

 

Al estudiar la tipicidad y la falta de responsabilidad el defensor toma la palabra recomendar como pedir o rogar por otro y como no está probado ni ante el Contralor o ante Saade, ruega se le transcriba la prueba que así lo diga. Si no la hay, se revoque el fallo. De no ser así, invoca la nulidad.

 

Afirma que se quebró el debido proceso porque no se notició al doctor Caycedo de la apertura de investigación en su contra; se deformó la prueba al suponerla; el defensor nombrado realizó mínima actividad en defensa de su cliente hasta el punto que la Procuraduría lo censuró, y finalmente dice que faltó defensa técnica en el sentido que el propio apoderado aceptó según la Procuraduría, que el Representante aceptó que recomendó al beneficiado.

 

El despacho considera:

 

En cuanto a los puntos 1 y 2 de la defensa, los horrores que predica el memorialista del fallo de la Procuraduría al sancionar al Representante Caycedo Portura basado en las pruebas del proceso, según él manipuladas por la entidad, simplemente registran su preocupación porque el doctor Alfredo Rafael Saade Vergel, asesor del Contralor General, no lo mencionó en su declaración del 11 de marzo de 2003, como que hubiera ido a su despacho a solicitar los nombramientos de sus recomendados, como ocurrió con otros casos.

 

Lo que permitió llegar a la conclusión de que dicho congresista sí había gestionado por otro, es decir, lo recomendó ante la entidad para un cargo valiéndose de su influencia personal y política como tal, fue la propia afirmación del señor PEDRO CHAVEZ BURGOS quien fue designado como servidor de dicha entidad el 3 de marzo de 1999.

 

Para replicar a los comentarios de la defensa el despacho para demostrar la inexactitud de las apreciaciones del defensor en el sentido de que la entidad mutiló, varió y deformó el testimonio o prueba del declarante, simplemente transcribe de ella lo pertinente para rebatirlos y por el contrario definirle que se hizo análisis preciso y crítico, a pesar de que no fue mencionado por Saade en sus declaraciones, pues una cosa es que no se haya presentado el congresista ante Saade  pero sí ante otra entidad, a gestionar por su recomendado, así:

 

a)       "Me enteré por medio de algunos funcionarios de la Contraloría que habían unas vacantes en esta seccional, dentro de las cuales estaba la de profesional universitario grado 10…".

 

b)       Mas adelante dijo: "…el parlamentario me manifestó que si estaba interesado en laborar en la Contraloría General Seccional Vaupés y existían unas vacantes para lo cual tenía que reunir los requisitos exigidos en el cargo para lo cual me solicitó la respectiva hoja de vida, que la hiciera llegar a su despacho". (el subrayado es de la Procuraduría).

 

c)       "…La hoja de vida fue enviada por terceros me la hicieron llegar a las oficinas del parlamentario Leonardo Caycedo Portura,…tengo entendido que por su intermedio se entregó en la división de recursos humanos la hoja de vida respectiva…".

 

d)       "No recuerdo el nombre de las personas ni la fecha, la hoja de vida fue entregada aquí en Mitú por la calle en un sobre de manila y estas personas se la hicieron llegar al representante y al parecer la recibió su secretaria Dioselina Perilla actualmente radicada en Mitú".

 

Entonces el propio LEONARDO CAYCEDO PORTURA, además de funcionarios de la Contraloría informaron a PEDRO CHAVEZ BURGOS la existencia de vacantes en la entidad seccional, y éste envió su hoja de vida por intermedio de terceros a Bogotá; la entregaron en Mitú y se la hicieron llegar al representante y que al parecer la recibió su secretaria Dioselina Perilla.

 

Se desprende de la declaración que el mismo representante, así lo niegue éste, la entregó en Bogotá en recursos Humanos de la Contraloría, no a Saade ni otro funcionario, sino a dicha oficina, él personalmente.

 

La aseveración de que "tengo entendido" la entregó en Recursos Humanos hecha por el testigo e interpretada por el abogado en la forma de que era imposible saberlo dado que el interesado estaba en Mitú, es francamente deplorable considerando en la vida contemporánea la facilidad de los diferentes y avanzados medios de comunicación para establecer cualquier hecho.

 

De manera que existe certeza de la intervención del Representante Caycedo Portura al recomendar a Chávez Burgos para un puesto en la Contraloría, así no hubiera hablado con Saade para tal efecto, pues de por medio aparece la declaración directa del beneficiado con el nombramiento, así no aparezca su referencia personal. La intervención fue directa, personal y política. Recuérdese que el propio congresista se ofreció a ayudarlo cuando le solicitó la hoja de vida.

 

De manera que la prueba no fue distorsionada según la afirmación del defensor del disciplinado, sino que es trasunto fiel de la declaración, como se transcribió, demostrativa de la responsabilidad del sancionado.

 

En cuanto al punto 3 sobre la tipicidad y la responsabilidad dichos temas se analizaron con amplitud, igual que los términos recomendar referenciar y entregar hojas de vida en las Consideraciones Generales del fallo recurrido, a lo cual se atiene el despacho. La prueba de la recomendación la dio la declaración del propio beneficiado, aquí nuevamente comentada del por qué sirvió para probar, entre otras, la falta disciplinaria del representante Caycedo Portura, a quien, además, le aparecieron en los manuscritos y listados ya analizados en el fallo, dos recomendados, Jorge Hernando Hoyos nombrado el 8 de enero de 1999, cuya acción disciplinaria respecto de él prescribió, y el actual PEDRO CHAVEZ BURGOS quien lo señaló directamente como la persona que lo recomendó.

 

Abundante fue la prueba que sirvió para sancionar al congresista.

 

En lo que toca al punto 3 ya se dijo que no se violó el debido proceso porque no se deformó la prueba, como se explicó. En cuanto que no se le notificó la apertura de investigación en su contra, ello es inexacto, pues es abundante la prueba en el anexo 97 de los telegramas remitidos a su dirección en Mitú y al Congreso, hasta el punto de que se le nombró defensor de oficio  quien alegó por él (ver folios 10 al 20) y pidió pruebas.

 

El punto 4 tiene muchas inexactitudes de parte del defensor pues el despacho lo que sí dijo en el fallo de 28 de enero de 2003, en relación con la defensa del representado es muy diferente a lo sostenido por el actual apoderado. Allí se expresó que la recomendación laboral de un congresista para sus candidatos ante la Contraloría, sí es una recomendación personal y política y no simplemente laboral como lo sostuvo el abogado, pues tratándose de que ella opere ante la Contraloría está prohibido para los parlamentarios en esa entidad. 

 

Se considera esto como una recomendación porque está la prueba directa de ella en la declaración del beneficiado Chávez Burgos, como ya se anotó.

 

Entonces, se mantendrá el fallo en contra del Representante Caycedo Portura.

 

 

 

 

LUIS EDGAR CALDERON TOVAR (100):

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar para que fueran nombrados en la Contraloría EDUARDO FARID PAEZ MORENO Y SANDRA PATRICIA CHAVARRO DIAZ quienes fueron efectivamente designados el 5 de enero y el 3 de marzo de 1999, respectivamente.

 

El sancionado por conducto de apoderado interpuso y sustentó el recurso de reposición bajo las siguientes consideraciones:

 

Pide el defensor del disciplinado que se reponga o revoque el fallo y en su lugar se le absuelva; subsidiariamente que se decrete la prescripción de la acción disciplinaria en su favor.

 

Argumenta que 1. el doctor Calderón Tovar goza del beneficio de la presunción de inocencia; 2. que no hay ninguna prueba legalmente recepcionada de que hubiese recomendado personal o políticamente a la señora Chavarro Díaz ni a Páez Moreno; 3. que los cargos son infundados, falsos y de mala fe; 4. Que su defendido en versión libre los rechazó por carentes de veracidad; 5. que se valoró mal los documentos pues no tienen ninguna validez ya que la hoja de vida de aquella carece de firma y fecha de presentación, ella misma lo entregó a la Contraloría sin influencia del sancionado y pudo haberlo hecho desde antes de ser representante el doctor Calderón; 6, 7 y 8: hace reparos la declaración de Páez Moreno y pide respecto de la investigación sobre su supuesta recomendación que la prescriba por ser del 5 de enero de 1999 y haber transcurrido los cinco años; 8 (bis): que en ninguna parte se hace mención por funcionario alguno de la Contraloría del nombre de su representado como que hubiera hecho la recomendación, y que no hay nada de puño y letra del Contralor que así lo indique ni las listas prueban nada sin firmas, letra y manuscrito; 9. Que del doctor Calderón Tovar no existe prueba de su conducta para endilgarle responsabilidad disciplinaria, pues no fue mencionado por Saade Vergel el 11 de marzo de 2003 como que lo hubiera atendido para nombramiento de sus recomendados, por lo que los documentos no tienen validez alguna y se deberá absolver a su representado; 10. Que hay discriminación en contra de su cliente porque se absolvió a algunos congresistas que no fueron nombrados por Saade Vergel y en cambio a Calderón Tovar que tampoco lo fue, se le sancionó; 11. que SANDRA PATRICIA CHAVARRO, a pesar de que lo incluyó en su hoja de vida por la referencia personal sin su consentimiento se le dio viraje para elevarle pliego de cargos y finalmente se le sancionó, interpretando equivocadamente la norma de la Constitución violada; 12. Que ningún cargo se le comprobó a su cliente pues todos han sido desvirtuados y si existen dudas al respecto, éstas se resuelven a favor del investigado; 13. Que la decisión impugnada atenta contra la seguridad jurídica al causarle agravio injustificado a su representado; 14. que en su caso se violó el artículo 27 del C. C. sobre interpretación gramatical de la ley al sancionar al doctor Calderón basado en pruebas inexistentes y el artículo 20 del C. de P. Penal porque el funcionario judicial debe investigar tanto lo favorable como lo desfavorable.

 

Finaliza pidiendo la absolución y en últimas la prescripción de la acción respecto de ambos nombrados.

 

El despacho considera:

 

El memorialista leyó superficialmente el fallo en relación con la recomendación de EDUARDO FARID PAEZ MORENO hecha ante la Contraloría General por el Representante LUIS EDGAR CALDERON TOVAR, pues el despacho en el fallo reconoció que por haberse efectuado su nombramiento el 5 de enero de 1999, la acción disciplinaria por tal falta, prescribió.

 

Sin embargo, es conveniente recordar que en tal declaración, el servidor Páez Moreno, había aceptado libremente que quien lo recomendó ante la Contraloría para el cargo en el cual fue nombrado, no había sido el Senador Germán Vargas Lleras sino precisamente el doctor Luis Edgar Calderón.

 

En cuando a Sandra Patricia, efectivamente el Representante Calderón Tovar no fue mencionado por Saade Vergel como que hubiera acudido a su despacho a recomendarlos según lo expresó en su declaración del 11 de marzo de 2003. Tampoco en la ampliación del 5 de agosto ídem.

 

Al disciplinado se le había sancionado en relación con ella por razón de la referencia personal que le apareció en la hoja de vida y dado que aunque afirmó que lo incluyó como tal nunca se lo consultó. Por eso sostiene el recurrente que a la versión se le dio un viraje equivocado al concluir que se sancionó equivocadamente al investigado.

 

Al absolverse a algunos congresistas que no fueron nombrados por Saade y al desaparecer por prescripción la acusación directa por la recomendación personal y política a favor de Páez Moreno, no debe subsistir la incriminación en contra del Representante a la Cámara, pues desapareció el factor que la producía.

 

Encuentra el despacho que eliminada la investigación por dicha prescripción, o sea la única por la cual fue directamente sindicado por el testigo de haberlo recomendado violando el artículo 268.10 de la Carta Fundamental, como el doctor Calderón Tovar no acudió personalmente al despacho de Saade Vergel, asesor del Contralor, para recomendar candidatos a puestos en la Contraloría, surge ahora la duda en relación con la referencia personal; pues es evidente que queda sin soporte la afirmación de la responsabilidad del sancionado, ya que los manuscritos y listados pierden la capacidad de señalar a la beneficiada como que realmente hubiera llegado al cargo por la recomendación imputada como falta disciplinaria, duda que deberá solucionarse a su favor, debiendo absolvérsele porque se conserva respecto de él la presunción de inocencia de tipo constitucional.

 

En consecuencia se repondrá el fallo y se absolverá de todo cargo.

 

GERARDO DE JESUS CAÑAS JIMENEZ (103):

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar para que fueran nombrados en la Contraloría a MARIA ELENA CANO CAÑAVERAL y SONIA RODRIGUEZ OSORNO quienes fueron  efectivamente designados el 3 y 17 de marzo de 1999.

 

El sancionado por conducto de apoderado interpuso y sustentó el recurso de reposición bajo las siguientes consideraciones:

 

Pidió la revocatoria del fallo y la consiguiente absolución del Representante Cañas Jiménez.

 

Hay ausencia total de prueba para derivar responsabilidad en contra de su representado, luego no hay certeza, por lo tanto la recomendación que se le imputa no existió.

 

En el expediente el único que lo acusa es Alfredo Saade de haber asistido a su despacho con tal finalidad, pero en la segunda oportunidad omitió hacer referencia a que su defendido hubiera acudido a su despacho con tal propósito. Tal contradicción no puede ser fundamento de un fallo sancionatorio. A ello se agrega que el doctor Cañas afirmó no conocer a Saade.

 

María Elena Cano dijo que el doctor Cañas no intercedió en su favor, no se lo solicitó y que apenas lo distingue. Sonia Rodríguez expresó que a quien ella colocó en su hoja de vida no fue dicho doctor sino a Juan Ignacio Castrillón a quien cree deberle su puesto.

 

Que la conclusión de la Procuraduría para fallar en contra del doctor Cañas Jiménez es errada, igual que su aparición en las listas como recomendadas por el congresista.

 

Finalmente pidió pruebas para mejor proveer entre ellas la ampliación del ex Vicecontralor Lafaurie y la de Saade Vergel.

 

El despacho considera:

 

El fallo impugnado se sustentó en prueba que arrojó certeza sobre la responsabilidad disciplinaria de GERARDO DE JESUS CAÑAS JIMENEZ por la recomendación efectuada ante la Contraloría General de la Nación, a favor de María Elena Cano Cañaveral y Sonia Rodríguez Osorno, basados en la declaración del asesor de Ossa Escobar, rendida el 11 de marzo de 2003, en la que fue enfático en mencionar al Representante aludido como uno de los parlamentarios que acudió a su despacho.

 

También porque aparecieron mencionadas en las diferentes listas aportadas al proceso, inclusive la de manuscritos del propio doctor Ossa, en la que éste le asignó al Representante aludido un grado 10, que fue precisamente en el que apareció nombrada María Elena Cano respaldada por Cañas Jiménez. Inclusive se le dio un grado 5 a Sonia Rodríguez por el respaldo del congresista precitado, quienes también aparecían en las listas Nombramientos Administración Ossa Escobar y Consulta Contactos.

 

A pesar de que las servidoras negaron haber sido recomendadas por el disciplinado, tales documentos reconocidos por sus autores como creación de los mismos, no podían tener allí gratuitamente involucrados los nombres de los servidores frente al de los congresistas que los recomendaron, pues fue obvio que obedeció a un compromiso con el Contralor como quedó planteado en la parte general del fallo recurrido.

 

Para que haya contradicción se requiere que el testigo o el versionista diga algo de lo que después se niega. Por eso es inexacto que haya una contradicción entre la categórica mención del nombre del doctor Gerardo Cañas en la declaración de Saade Vergel del 11 de marzo de 2003, cuando manifiesta el defensor que en la ampliación del 5 de agosto ídem, para nada mencionó el ex asesor de Ossa al Representante disciplinado.

 

Ocurre que en dicha prueba, el prementado respondió preguntas de la Procuraduría y de abogados e investigados que asistieron a la diligencia, aclarando dudas y precisando detalles sobre algunos interrogantes, sin que a la misma hubiera acudido el doctor Cañas o su apoderado. Entonces no puede haber duda respecto de una afirmación categórica que no fue objeto de interrogatorio, sobre lo cual seguramente se hubiera pronunciado el declarante.

 

Prueba de ello fue que motu propio dijo tener duda de algunos congresistas que le hicieron recomendaciones ante la Contraloría General, de otros tajantemente los volvió a acusar de tal procedimiento ante sí u otros funcionarios, inclusive hubo polémica con los apoderados, y, de otros negó que hubiera recibido recomendaciones.  

 

En el caso presente persistió la no desmentida acusación frente al doctor Gerardo Cañas en relación con las dos servidoras, por cuya recomendación ante la entidad se le sancionó.

 

A lo largo del proceso se practicaron las pruebas con las formalidades legales y por ende sirvieron de fundamento al fallo, por consiguiente se rechaza la solicitud de nuevas pruebas, pues el proceso culminó.

 

Como nada nuevo trae el recurso interpuesto para resolver sobre lo pedido en cuanto la responsabilidad del implicado, la decisión respecto de él será confirmada, se mantendrá.    

 

OCTAVIO CARMONA SALAZAR (105):

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar para que fueran nombrados en la Contraloría a LUISA FERNANDA ROZO MORERA Y ALBERTO ANIBAL RAMIREZ ZULUAGA quienes fueron efectivamente designados el 3 y el 5 de marzo de 1999, respectivamente.

 

El sancionado por conducto de apoderado interpuso y sustentó el recurso de reposición bajo las siguientes consideraciones:

 

Basa su inconformidad con el fallo, al transcribir y analizar apartes de las declaraciones de los nombrados Luisa Fernanda Rozo y Alberto Aníbal Ramírez, quienes expresaron que conocían al Representante Carmona y lo colocaron de referencia personal si su autorización, que el verbo rector recomendar implica solicitar y que en la visita a las hojas de vida se observó simplemente la referencia de su nombre lo cual no es una recomendación ni indica que el Representante se hubiera reunido con el Contralor para influir por otro en su condición de congresista.   

 

Manifestó que su poderdante NO fue mencionado por el doctor Saade en la declaración del 11 de marzo de 2003, como congresista que hubiera recomendado y solicitado el nombramiento de las personas citadas. Que tampoco su nombre aparece citado en los manuscritos que elaboró el Contralor asignándole grados.

 

Que Saade y Lafaurie dijeron que la lista Contactos se abrió para identificar qué funcionarios de la Contraloría tenían relación política con los congresistas, a fin de tenerlos en cuenta para las investigaciones fiscales o llevar el control de los que podían colaborar en proyectos de ley de interés de la Contraloría.

 

Que en las hojas de vida de los mencionados, no apareció recomendación escrita alguna y que no hay ningún documento del Contralor que relacione al investigado con los declarantes.

 

Que la declaración de Saade Vergel no es imparcial sino interesada por el afán de revancha.

 

Que falta una prueba esencial como es la identificación de los congresistas que tuvieron contacto con Saade y con Ossa y que efectivamente le recomendaron a las personas que aparecen en las listas.

 

Hay prueba para archivar porque los declarantes expresaron que el doctor Carmona no los recomendó ante el Contralor.

 

No hay antijuridicidad de la conducta porque el artículo 268.10, lo que busca es evitar la interferencia de los congresistas en la autonomía otorgada al Contralor, para nombrar a las personas mas idóneas y no por el respaldo de un congresista, y en este caso no hubo interferencia.

 

EN CUANTO A LA TIPICIDAD: la norma del 268.10 constitucional establece la prohibición a los congresistas que recomienden ante el Contralor elegido a personas para puestos en la Contraloría.

 

El artículo 40 numeral 1 de la Ley 200 de 1995, establece para los servidores públicos el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley (artículo 34 Ley 734 de 2002).

 

Es decir, es una falta de mera conducta en la que se incurre con el solo hecho de interceder ante el Contralor General por alguien, sin importar la eficacia de la gestión o resultado.

 

No se probó la recomendación, luego no hubo falta.

 

EN CUANTO A LA CONDUCTA: está regida por el verbo recomendar personal y políticamente a personas para empleos que nombre el Contralor, según la norma citada.

 

El Consejo de Estado en fallo de 5 de agosto de 2003, dijo que tal prohibición es de rango constitucional y por ello hace parte del régimen de incompatibilidades de los congresistas.

 

Tal prohibición de RECOMENDAR verbalmente o por escrito no está probada: no hay norma que establezca la prohibición de referencias personales.

 

Debe entonces, aplicarse los principios de presunción de inocencia y como no existe prueba de la falta disciplinaria ni de la responsabilidad de CARMONA SALAZAR porque además no es típica la conducta investigada, solicita el beneficio de la duda y que se absuelva a su defendido.

 

El despacho considera:

 

Las menciones del recurso acerca de lo que debe entenderse por recomendación, referencia y entrega de hojas de vida, autoría de los manuscritos, la lista Nombramientos Ossa Escobar y Consulta Contactos, como su contenido y la función por ellas desempeñada y, en lo referente a la situación de sospecha o parcialidad del testigo Alfredo Rafael Saade Vergel, en relación con lo expresado por Ossa Escobar, como la tipicidad, antijuridicidad de la conducta y a ésta misma, ya fue objeto de análisis y resuelto por el despacho en las Consideraciones Generales del fallo y a ello se atiene.

 

Hay una inexactitud del recurrente al afirmar, que falta una prueba sustancial como la identificación de los congresistas que tuvieron contacto con el doctor Saade o el doctor Ossa y que efectivamente recomendaron a las personas que aparecen en al lista, pues el primero dijo que esa labor la cumplía el Contralor y éste afirma que no recibió recomendaciones.

 

Al analizar exhaustivamente las peticiones del apoderado del congresista Carmona Salazar, encuentra el despacho que LUISA FERNANDA ROZO y ALBERTO ANIBAL RAMIREZ indicaron en sus declaraciones que lo conocían, pero lo incluyeron en su hoja de vida sin consultárselo.  

 

Sin embargo, la primera manifestó no saber si él tuvo que ver con su nombramiento, y mas adelante textualmente expresó: ":::Cuando yo hablé con él, le comenté que ya me había salido el nombramiento y él me contestó que lo habían llamado para pedir referencias mías, él dijo haber atendido la llamada y haber dado las referencias; yo aproveché para solicitarle que me ayudara para un cargo mejor, pero no me ayudó porque quedé igual".

 

Al respecto, en su versión libre el doctor Carmona expresó que "…en lo primero que ella manifiesta frente al tema de comentarme que la habían nombrado, si es verdad; igualmente me pidió el favor de que hablara con el Contralor para que la mejorara y yo no lo hice porque la verdad estaba como un poco incómodo con el Contralor, porque no me había ayudado con una de las personas que le llevé para la Gerencia Departamental. Y en cuanto a que si me llamaron para dar unas referencias de ella, eso no es cierto, porque nunca recibí llamada alguna y además porque es muy difícil que de este tipo de despachos llamen a pedir referencias".

 

También dijo que conoce a Saade antes de la elección de Ossa como Contralor, que tuvo trato con él cuando estaba en campaña para la Contraloría pero nada mas. Aceptó haber hablado después con el doctor Ossa Escobar, siendo Contralor y que le llevó dos hojas de vida para aspirantes a cargos de la Contraloría, pero que no son los que le aparecen como sus recomendados.

 

Por su parte Saade Vergel admitió en su declaración del 11 de marzo de 2003 haber recibido a Octavio Carmona como uno de los congresistas que estuvo en su despacho solicitando exclusivamente le hiciera los nombramientos a sus recomendados.

 

Luego en la rendida en este proceso el 5 de agosto del mismo año, frente al interrogante de quiénes de los nombrados el 11 de marzo por él que lo habían visitado en su despacho, cuál fue el medio empleado como le hicieron la presunta recomendación, si le entregaron hojas de vida, o le dieron los nombres o que otro medio utilizaron para ello, expresó textualmente a la Procuraduría: " Entre los nombres de los congresistas que se encuentran en el folio 276 y 277 del cuaderno 7, me permito rescatar algunas nombres por duda, ya que ha pasado demasiado tiempo y no tengo presentes sus rostros, no se como explicarte, pero no los tengo presentes: OCTAVIO CARMONA, ….", y mencionó a otros cinco congresistas más.  

 

La duda que arrojó Saade sobre la participación de Carmona en la prohibición constitucional, no alcanza a cobijarlo con la presunción de inocencia, porque el mismo sancionado aceptó libremente haber acudido ante el Contralor Carlos Ossa Escobar, con dos hojas de vida de recomendados suyos para puestos en la Contraloría; luego su conducta era reiterada en tal sentido y en su versión espontáneamente aceptó que recomendaba candidatos, situación que constituye falta disciplinaria.

 

Entonces la duda planteada por Saade es irrelevante porque el 11 de marzo fue enfático en recordarlo con seguridad y aquí lo rescata pero solo por el transcurso del tiempo como si en la primera oportunidad éste no hubiera pasado.

 

También porque aceptó llevarle hojas de vida de sus recomendados a Ossa Escobar como bien lo afirmó el propio Carmona Salazar, y por ende se confirmará el fallo respecto de él.

 

 

 

 

ANTENOR DURAN CARRILLO (117):

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar para que fueran nombrados en la Contraloría a IGNACIO RAFAEL ESCUDERO FUENTES y SEYDI ELENA OBREGÓN ROMERO quienes fueron  efectivamente designados el 5 de marzo de 1999.

 

El sancionado por conducto de apoderado interpuso y sustentó el recurso de reposición bajo las siguientes consideraciones:

 

Expresó el defensor que: 1) los servidores nombrados Ignacio Rafael Escudero Fuentes y Seidy Elena Obregón Romero, presuntamente vinculadas a la Contraloría General por recomendación suya, fueron enfáticos en afirmar que en ningún momento él les hizo diligencias en tal sentido. 2) Que la Procuraduría recabó una serie de documentos sin su concurso y anuencia que conjuntamente con  la versión de Alfredo Saade motivaron el fallo sancionatorio pues en las diligencias el instructor actuó al margen de la ley. Que al sancionársele por dolo no hizo fundamentación de la calificación de la falta. 3) Que el fallo violó el debido proceso porque en la práctica de las pruebas documentales aportadas al expediente no se le dio aviso oportuno de su ordenamiento y realización. Que tener amistad con alguien no puede ser motivo de cuestionamiento a un servidor público, pues no hubo recomendación. Lo que dijo Saade Vergel de que estuvo personalmente en su despacho para hacerle los nombramientos es falso. Su vida como parlamentario ha sido de servicio a la Guajira. Las declaraciones de los nombrados si no le dan certeza le permiten la duda y debe absolverse a su favor. Los manuscritos y listas no los cuestiona en su contenido sino en su forma de incorporarlos al proceso, pues debe decretarse por providencia a las partes para que asista a su desarrollo, lo que no ocurrió, por lo que transcribió apartes de jurisprudencia de la Corte Constitucional en tal sentido. Por eso son nulas de pleno derecho las pruebas obtenidas con la violación de los artículos 128 de la Ley 200 de 1995 y 140 de la Ley 734 de 2002.

 

Es decir, no hubo publicidad de los autos que decretaron pruebas y deben desestimarse los documentos. 4) Se violaron derechos constitucionales (artículo 29) porque los testimonios coherentes de los servidores no se tuvieron en cuenta frente a las explicaciones de Saade, soporte de la sanción, porque no dijo las circunstancias de tiempo, modo y lugar como sucedió el hecho de la recomendación, igual que los documentos fueron aportados ilegalmente. El proceso y la sentencia no cumplieron las ritualidades de la ley procesal disciplinaria y debe ser retirada del ámbito jurídico. 5) El bloque de derechos constitucionales fundamentales (artículo 5 C. Pol.) es irrenunciable e imprescriptible, es decir, el debido proceso administrativo, la favorabilidad, duda y presunción de inocencia y citó jurisprudencia del M.P. Rodrigo Escobar Gil, pues ella es auxiliar de la actividad judicial. 6) La providencia cuestionada estableció respecto suyo una responsabilidad objetiva porque no hubo testimonios en su contra y las pruebas documentales fueron aportadas irregularmente, luego existió vía de hecho para sancionarle, y debe revocarse el fallo. 7) La decisión es errada porque no hizo un análisis ponderado de los cargos y descargos por él presentados violando el numeral 4 del artículo 170 de la Ley 734 de 2002. No se realizó la fundamentación de la calificación de la falta y tampoco se valoró debidamente la culpabilidad. Por tales falencias se debe anular el fallo. 

 

El despacho considera:

 

1. En el recurso de reposición se insiste sobre la circunstancia de que Ignacio Rafael Escudero Fuentes y Seidy Elena Obregón Romero, manifestaron no haber sido recomendados ante la Contraloría General por recomendación del representante Durán Carrillo de la Guajira; es decir que no les hizo gestiones en tal sentido. Ello va en contraposición categórica de la declaración del 11 de marzo de 2003 de Rafael Saade Vergel, asesor del doctor Ossa, a quien éste le había encomendado la misión de recibir las hojas de vida y atender a los congresistas. De manera que no trae planteamiento nuevo al respecto sobre la que ya se dijo en el fallo.

 

2. Sobre los documentos allegados al plenario, en forma irregular según el recurrente porque fueron elaborados sin el concurso del investigado y que sirvieron de base para el fallo con la versión de Saade Vergel, es inexacto considerar que se hubiera actuado en la instrucción por fuera de la ley porque los manuscritos y los listados publicados en la revista Cambio permitieron que actuara de oficio la Procuraduría y ordenara primero indagación previa y posteriormente se abriera investigación, cuando el caso del ex Contralor Ossa Escobar radicado con el número 01-47054-00. De allí se compulsaron copias para la presente investigación, la 02-73503-02 y posteriormente se formularon los cargos, se presentaron los descargos y se practicaron las pruebas pertinentes en gran volumen dada  el número alto de investigados y se llegó a fallo como en el caso presente.

 

Por auto del 28 de febrero de 2003, el despacho se pronunció sobre las nulidades planteadas  en el cual se dijo que: "no es cierto que se haya violado el derecho de defensa de los investigados por el hecho de no haberlos vinculado a la indagación preliminar que se adelantó inicialmente, pues si se observa el auto que la originó, proferido por el Procurador general el 10 de octubre de 2000, aquella tenía por finalidad establecer la veracidad de lo denunciado por la revista Cambio y determinar si existía algún autor de falta disciplinaria, lo cual vino a ser evaluado, una vez adelantado el recaudo probatorio, mediante auto del 18 de enero de 2002, en el cual se ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el Contralor y otros servidores de dicha entidad".  

 

Cuando se dictó en este expediente el fallo del 28 de enero de 2004, se tuvo en las consideraciones generales, la apreciación jurídica debidamente fundamentada de la calificación de la falta, al igual que de los demás aspectos, lo que seguramente no revisó detenidamente el memorialista.

 

A pesar del número de sancionados, sobre cada uno se hizo la apreciación individual del caso concreto, pues la responsabilidad es individual, al igual que también se formó un capítulo de consideraciones comunes para todos.

 

Es decir, nada faltó en el fallo por revisar, analizar y concluir.

 

3. En relación con las pruebas ordenadas a lo largo del expediente, a las partes se les notificó en forma legal, personalmente, o por exhorto o por edicto acerca de ellas y su realización. Baste con observar el anexo 117 perteneciente al Representante Carrillo y los cuadernos originales del proceso, donde se observan sin mayor esfuerzo, la decisión sobre las pruebas pedidas y decretadas el 24 de abril del 2003, los exhortos remitidos a la Guajira y las citaciones para realizar las pruebas.

 

Desde luego, a nadie se le cuestiona tener amistades y menos con un congresista, según lo afirma el recurrente; lo que se critica es que éste intervenga ante la Contraloría para recomendar a personas para puestos en la Contraloría General porque ello está constitucional y legalmente prohibido. Si los beneficiados lo niegan es lógico afirmar que no dijeron la verdad porque el propio asesor del Contralor General aseguró que Durán Carrillo estuvo en su oficina pidiendo el nombramiento de sus recomendados.

 

De manera que puede sostenerse que sí efectuó las recomendaciones ante el asesor de Ossa Escobar, doctor Saade Vergel, quien categórico así lo sostuvo el 11 de marzo de 2003 ante la Procuraduría y tal afirmación no ha sido desvirtuada.

 

De otro lado, resulta extraño que el impugnante no critique los documentos o listas por su contenido, es decir, prácticamente lo que asegura es que ellos son ciertos. Ya nos referimos antes a su legal incorporación al expediente explicando el por qué y cómo, de manera que dichas pruebas son auténticas y veraces y por consiguiente válidas. Es decir, no hubo nulidad de las pruebas obtenidas de conformidad con los lineamientos del derecho sancionador porque sobre ellas hubo publicidad y contradicción: lo que ocurre es que si las partes o los sujetos procesales, directamente, a través de apoderados o en ambas formas no participan en su realización, mal pueden criticarlas si no estuvieron atentos a su práctica y por ello no pueden desestimarse.

    

4) No hubo violación del debido proceso en relación a los testigos, los cuales son coherentes en sus afirmaciones pero infirmados por la declaración de Saade Vergel, frente a sus explicaciones que fueron soporte de la sanción, porque como se dijo en el fallo, a pesar de que no se podía establecer en cada caso las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la recomendación de los congresistas por sus candidatos, ésta se entendió antes de la fecha de la resolución de nombramiento, y se agotó con ella. Por eso, de allí parte la contabilización del término de la prescripción de la acción disciplinaria.

 

La prolija sentencia fue pródiga en el cumplimiento de las ritualidades sustanciales y procesales, pues a lo largo del plenario solo se encuentran las garantías debidas a la tramitación del proceso disciplinario.

 

5) Persiste el investigado en que se violó el bloque de derechos constitucionales fundamentales, pero ya se dijo cómo el proceso disciplinario cumplió sus etapas procesales con el lleno de los requisitos formales, no hay duda sobre la responsabilidad individual de cada sancionado y se explicó el porqué de la sanción, su proporcionalidad y no se destruyó el principio de inocencia pues al contrario, no fueron desvirtuados los cargos, y el principio de inocencia cedió ante la certeza de la responsabilidad a título de dolo del infractor Durán Carrillo.

 

Es cierto que la jurisprudencia sirve de criterio auxiliar a la justicia por lo que al mismo tiempo le sirve de fundamento: los antecedentes citados de la Corte Constitucional son pilar o columna del desarrollo del proceso.

 

6) No es cierto que se halla sancionado al doctor Durán Carrillo por responsabilidad objetiva porque la prueba documental fuere irregular, como ya se explicó en párrafo anterior, pues no se le sanciona por la simple conducta sino por su intervención en la prohibición demostrada. Es inexacto que el recurrente diga que no hay testimonios en contra del investigado; basta leer las declaraciones de Saade Vergel del 11 de marzo de 2003  en la que lo señaló como uno de quienes le recomendaron a él directamente a sus protegidos, los cuales fueron nombrados.

 

Entonces no hubo vía de hecho que configure una responsabilidad objetiva que obligue a reponer el fallo, porque éste cumplió con los lineamientos constitucionales y legales que lo deben preceder y que ya se explicaron.

 

 7) No es cierto que deba anularse el fallo porque no hubo análisis de cargos, descargos, calificación de la falta y culpabilidad, pues lo que se evidencia es la superficial lectura del mismo por algunas de las partes.

 

Si ésta se hubiera hecho con responsabilidad por el recurrente, habría encontrado fácilmente que de la página 134 a la 154 encuentra en Consideraciones Generales todos los tópicos que desee analizar en relación con diferentes aspectos como las hojas de vida, lo que se entiende por recomendación, referencia y entrega de ellas, la no mención de nombres por Ossa, Casasfranco y Saade, los Comité de estudio de hojas de vida y sus integrantes, la prueba testimonial de Saade y la crítica n de sospechosa, los manuscritos y listados como documentos, el análisis probatorio a través de la sana crítica probatoria, lo que se entiende por empleos del despacho.

 

También sobre las supuestas falencias denunciadas por el impugnante y muchos mas fenómenos jurídicos, pues existe fundamentación sobre la falta disciplinaria, la tipicidad, el tipo disciplinario, los sujetos activos de la falta disciplinaria, conducta, antijuridicidad, finalidad de la prohibición y sus efectos en la administración, análisis de culpabilidad, calificación definitiva de la falta, graduación de la sanción y la sanción accesoria.

 

A ello se atiene el despacho y por consiguiente no repondrá el fallo respecto del recurrente.

 

 

 

FRANKLIN SEGUNDO GARCIA RODRIGUEZ (124):     

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar para que fueran nombrados en la Contraloría a OSCAR YEZID GONZALEZ PERDOMO Y JULIO CESAR CUELLAR FUENTES quienes fueron efectivamente designados el 4 de marzo y el 15 de abril de 1999, respectivamente.

 

El sancionado directamente interpuso y sustentó el recurso de reposición bajo las siguientes consideraciones:

 

Transcribió apartes de la declaración del servidor nombrado en la Contraloría General señor González Perdomo, quien apareció como recomendado del Representante Julián Silva Meche (190) en la lista denominada "Nombramientos administración del doctor Ossa", mientras que en la lista Consulta Contactos" apareció recomendado por el Representante Franklin Segundo García Rodríguez.

 

En la declaración el servidor expresó para cada caso en forma unánime que su hoja de vida la envió a Bogotá por correo y que no fue recomendado por ninguno de los dos investigados, por lo que en el fallo del 28 de enero de 2004 se lee lo siguiente: "…de suerte que en este caso existe duda razonable que debe resolverse a favor del investigado".

 

Efectivamente aunque el precitado Representante Silva Meche fue sancionado con multa de cuarenta y cinco (45) días porque se probó que recomendó a otros servidores, por el caso de Oscar Yezid González Perdomo se le aceptó el beneficio de la duda absolviéndolo respecto del mismo.

 

Entonces el recurrente pide que se le otorgue el mismo tratamiento en cuanto al servidor por cuya recomendación fue sancionado.   

 

En lo que respecta a la sanción por haber recomendado a Julio César Cuéllar Fuentes, también transcribió apartes de su declaración, indicando que éste aceptó que entregó directamente en el despacho del Contralor Seccional de Vichada señor Alfredo Mora Acosta, su hoja de vida, quien la enviaría por trámite interno al despacho del Contralor, y que así lo hizo.

 

El testimonio aludido fue claro en que al Representante García Rodríguez, lo colocó como referencia personal en su hoja de vida sin consultárselo a él porque de haberlo hecho no se lo hubiera aprobado.

 

Insiste el impugnante en que no recomendó a éste señor ante nadie de la Contraloría, ni ante el doctor Ossa Escobar ni ante Sade Vergel y que no entiende que su nombre aparezca en los manuscritos del Contralor, en la lista Nombramientos administración Ossa ni en la de Consulta Contactos.

 

Hace una transcripción y relación de afirmaciones de las explicaciones suministradas por los sujetos procesales en las que ve contradicciones, con las cuales fundamenta su petición central de que no recomendó a ninguna persona ante ellos ni ante Saade Vergel.

 

Critica y transcribe apartes de la declaración de Javier Rivera Vera porque desconoció los parámetros que tenía Saade Vergel con Ossa Escobar para elaborar su lista de nombramientos y porque se negó a aceptar que alimentaba la base de datos de éste, la que habiéndosele presentado la ignoró.

 

Respecto del testigo Nelson Pineda Rodríguez también fue criticado por el Representante García Rodríguez porque éste dijo que de noviembre de 1998 al 23 de diciembre de 1999 que le colaboró en el despacho al Vicecontralor Lafaurie, su jefe inmediato, no recibió de éste orden para ingresar a la base de datos Consulta Contactos a los recomendados de los congresistas; tales fechas son los de la época de la investigación.     

 

 

También criticó en forma soslayada, en lo que le favorece, las versiones de Lafaurie transcribiendo apartes donde se lee que la lista Consulta Contactos era para fines muy diferentes a la de recomendaciones, fuera de afanes burocráticos.

 

Transcribió apartes de las versiones libres de Ossa Escobar y las comentó a su acomodo particular indicando que como él no entregó hojas de vida, y las que llegaron a la Contraloría General las remitió el doctor Mora Acosta titular de la Contraloría de Vichada, las que le fueron entregadas en su despacho por los interesados, inclusive la de Cuéllar Fuentes, lo que tiene respaldo en las siguientes afirmaciones del doctor Ossa: 1) Que nunca compró a nadie por recomendación personal y política de un congresista; 2) que a la Contraloría llegaron hojas de vida enviadas por congresistas y otras personas, sin decir de cuáles; 3) que al preguntar Ossa a sus colaboradores cuál fue la hoja de vida seleccionada, le contestaban que la del Representante tal y entonces anotaba de su puño y letra en frente de su nombre el cargo; 4) que la hoja de vida había sido seleccionada por la secretaría Administrativa; 5) que la lista fue elaborada por Saade vergel; 6) que no nombró por recomendaciones ni recibió hojas de vida ni transó con el Congresos para puestos; 7) que no conocía la lista Contactos elaborada por el Vicecontralor para formar el mapa político de la Contraloría sobre las relaciones de funcionarios con estos para el apoyo técnico.

 

Dice el impugnante que si hubo contactos fue para asuntos legislativos; que la lista la hizo motu propio por la Contraloría y no por los congresistas y que fue elaborada en momento diferente a los nombramientos.       

 

Criticó también la versión libre de Mauricio Casasfranco Vanegas en lo que le favorece al sostener que se conformó un banco de datos de hojas de vida de muchas personas, entre ellas algunos congresistas que remitían hojas de vida para ser consideradas por la entidad, pero no señaló nombres concretos.

 

Califica de sospechoso al testigo Saade Vergel y hace respecto de él una extensa crítica de sus versiones frente al mismo y en referencia a otros versionistas y declarantes, así:

 

Que lo que indicó Saade de que 1) "de la lista presentada a los siguientes parlamentarios fueron atendidos en mi despacho para los efectos de hacerles los nombramientos respectivos", se contradice con la otra afirmación de que 2) "en su gran mayoría por no decir que todos pasaron por mi oficina" y luego sostuvo que 3) "primero quiero aclarar algo: no todos los congresistas que llegaban a la Contraloría General iban por puestos, algunos iban buscando informes para juego hacer el control político" y finalmente expresó que 4) "como funciones primordiales era revisar los cargos disponibles en la Contraloría para dar cumplimiento a algunos compromisos que el señor Contralor había adquirido con algunos congresistas".

 

Dice que la lista de nombramientos sólo la alimentaban Noreña y Rivera en su despacho y nadie mas.

 

En cuanto a los Comités, hace un análisis de su existencia o su inexistencia y para qué cargos funcionaban y sobre las hojas de vida enviadas por congresistas y como el Representante García Rodríguez no entrego estas, entonces nada tiene que ver con ello y debe ser absuelto.

 

También apreció a su acomodo el impugnante una supuesta serie de contradicciones del testigo Saade Vergel respecto de sus explicaciones a lo largo del proceso, que no se resumen por lo extensas.

 

Respecto de las listas consideradas como documentos auténticos, expresó que la Procuraduría al referirse a ellas como tales, se equivocó porque citó lo artículos 251 y 252 del C. de P. C. para afirmar que los "manuscritos" de Ossa, la lista "Nombramientos Administración Ossa" y la lista "Consulta Contactos" son documentos públicos y auténticos pero que dichas normas hablan de documentos públicos y privados y entonces ellas no pueden tener dicha connotación de documentos públicos y privados.

 

El documento auténtico se hace valer frente quienes lo han creado y no frente a terceros que no intervinieron en su elaboración. Por eso como no fue parte en ello no puede ser auténtico frente a sí y cita casos extremos como ejemplo.

 

Si hubieran sido auténticos frente a él los habría tachado de falsos en su oportunidad. Otra cosa sería si a él le hubiera aparecido una recomendación escrita, que no la hubo, lo que ratificaría su inclusión en las listas.

 

En muchas hojas de vida aparecieron manuscritos de Ossa, de Daniel Mera y del propio Saade y en la de Cuéllar Fuentes apareció la palabra Compromiso Ojo y el grado, los que aceptó Saade ser suyos pero que no recuerda a dicho señor y que no sabe en esos momentos qué significa el manuscrito Compromiso Ojo. Apenas obvio y muy humano en medio de la gran cantidad de recomendados, a pesar de la aceptación de su autoría, de los manuscritos, por Saade Vergel.

 

Considera que en su caso hay ausencia total de pruebas y por lo mismo no debe haber sanción principal ni accesoria.

 

El despacho considera:

 

En este orden responderemos el recurso.

 

1. Se aprecia que la investigación disciplinaria contra el representante García Rodríguez tendrá el beneficio de la duda a favor del congresista, en relación con el recomendado Oscar Yesid González Perdomo en la lista Consulta Contactos, porque dicho servidor nombrado el 15 de abril de 1999 apareció también como recomendado del Representante Julián Silva Meche (190) en la lista Nombramientos Administración Ossa.

 

Esa fue una de las razones para considerar la duda y absolver a dicho representante por ese caso concreto.

 

En igual forma habrá de procederse en relación con el nombramiento de González Perdomo como recomendado de García Rodríguez, pues no hubo manera de establecer con seguridad, cuál de los dos lo recomendó. Por consiguiente, respecto de tal recomendado y por duda, se absolverá al Representante disciplinado.

 

2. En cuanto a las críticas y concretamente a la declaración de Rivera, ésta no prestó mucha ayuda a la investigación porque este ciudadano al estar ya fuera de la Contraloría, que fue amigo y protegido de Saade en su momento, obviamente no quiso comprometerse y negó cualquier participación en los hechos. Su negativa a cualquier vinculación, inclusive la de aceptar que recibía las hojas de vida de los congresistas en algunas oportunidades que no lo podía hacer Saade Vergel, se ve desmentida por el testigo Freddy Caso Ospina, declarante en el anexo 18 del Senador Jimmy Chamorro, quien expresó que la suya se la entregó a Javier Rivera Vera quien se la recibió.

 

3. Respecto del testigo Nelson Pineda no procede aceptar la crítica del profesional porque lo que no transcribió bien porque lo desfavorece, es que Nelson Pineda dijo (folio 101 c.o. 8) que "…el día 23 de diciembre de 1999 me enteré de la existencia de una base de datos que tenía en el computador personal y portátil el doctor Lafaurie. Me ordenó su alimentación que consistía en ingresar los datos de los funcionarios que a la fecha laboraban en la entidad y que eran recomendados o tenían afinidad política con algunos de los parlamentarios. Aclaro que eran nombres de funcionarios en cualquier categoría, o sea que yo recuerde de los que estaban en provisionalidad y escalafonados. El doctor Lafaurie me ordenó que alimentara esos datos con unos listados que me entregó Alfredo Saade y la doctora Mariela Barragán, asesores del despacho…". Datos que obviamente venían siendo alimentados desde las posesiones de las partes y desde la llegada de Saade como asesor del Contralor.

 

Lo que quiso ignorar y no transcribió el recurrente, pues tampoco lo favorece, fue que el testigo Nelson Pineda manejaba la base de datos Consulta Contactos ideada por el Vicecontralor Lafaurie y aprobada por Ossa Escobar, que Lafaurie recibió en su despacho a muchos congresistas y le dio a Pineda la orden de involucrar en la lista las modificaciones que le dictaban los congresistas, y que en el cuadro de Observaciones anotaba las hojas de vida de los recomendados. Además Lafaurie le dio la orden a Mariela Barragán su auxiliar directa, para que eliminara archivos y suprimieran la base de datos del computador creándole un back-up de respaldo. Fue cuando le echaron la culpa de que él era el autor de la filtración de datos a los medios de comunicación.

 

4. Que lo favorezca, al Representante García Rodríguez en su versión, el versionista Lafaurie, nada mas inexacto: el propio Lafaurie explicó que Consulta Contactos se nutrió de tres fuentes, una de ellas la información que suministraba Saade Vergel a su despacho la cual provenía de su lista sobre los nombramientos realizados, la que comenzó a realizar desde la asunción al poder por el doctor Ossa Escobar como Contralor General.   

 

Recuérdese cómo el propio asistente del Vicecontralor, el testigo Nelson Pineda Rodríguez afirmó que al despacho de Lafaurie venían congresistas con recomendaciones y que éste inclusive se los enviaba para que ingresara a la base da datos Consulta Contactos las recomendaciones y efectuara las modificaciones pertinentes, tanto que incluyó en el cuadro Novedades u Observaciones las hojas de vida de los candidatos de los congresistas, como lo demostró revisando la lista aludida.

 

5. Está bien el ánimo de defensa del señor Representante para tratar de demostrar su inocencia, pero no es suficiente. Está en contradicción con el haz probatorio que llevó a la certeza de la violación del artículo 268.10 de la Carta Fundamental.

 

En efecto: en sus versiones y por todos los medios de comunicación el doctor Carlos Ossa Escobar aceptó libremente haber recibido él o sus funcionarios, en definitiva la Contraloría General que él dirigió, las hojas de vida provenientes de los congresistas a su despacho o a través de otros funcionarios o por diferentes medios.

 

Que hayan sido o no seleccionados previamente por el Comité respectivo o por la Secretaría Administrativa, fue pretexto de formalidad para darle apariencia de legalidad, no sustrajo al Contralor ni a sus colaboradores inmediatos, de la obligación constitucional de NO ACEPTARLAS porque provenían de servidores a quienes les está prohibido hacer recomendaciones personales y políticas al Contralor. Tales comités de selección no tenían por qué funcionar tratándose de hojas de vida de congresistas así reunieran el perfil para el cargo, pues como se dijo, su nombramiento violaba el derecho de igualdad de los aspirantes a empleos en la Contraloría y maniataban la autonomía del Contralor, así éste lo negara, por provenir de personas con influencia política que detentaban el carácter de servidores públicos como parlamentarios, dándole a los designados el carácter de privilegiados frente a los otros aspirantes que no tuvieron recomendación alguna.

 

En el momento de preguntar cuál fue la hoja de vida seleccionada para tal cargo, si la respuesta fue que la de un recomendado de un congresista, debió de inmediato rechazarla si era que hasta ahora conocía de quien provenía, pues era evidente que estaba prohibido que las entregaran, enviaran, recomendaran verbalmente o por escrito o telefónicamente o averiguaran personalmente por ellas, así no las hubieran entregado, pues al fin y al cabo eran una recomendación personal y política por la calidad especial de servidor público al ser integrante del Congreso de la República.

 

Recuérdese que hubo tres listas: la de manuscritos aceptada ser de su puño y letra por el doctor Ossa Escobar; la de Nombramientos Administración Ossa Escobar alimentada por Saade Vergel, persona ésta a quien el propio Ossa dio la orden de recibir las hojas de vida y atender a los congresistas, la cual alimentaba con las resoluciones de nombramiento aprobadas por el Contralor y suministradas por el doctor Casasfranco Vanegas, Secretario Administrativo de la Contraloría; y la de Consulta Contactos ideada por el Vicecontralor General Lafaurie Rivera quien la alimentaba a través de sus empleados de tres fuentes, una de ellas consistente en los datos que le suministraba Saade de su lista precitada.

 

En ninguna de las tres tenía por qué registrarse hojas de vida ni mucho menos nombramientos de recomendados por los congresistas, pues está prohibido, y en eso consistió la falta, recomendar por un lado y aceptar lo prohibido por el otro.

 

Si el doctor Carlos Ossa Escobar no transó con el Congreso mucho menos tenía por qué elaborar manuscritos acogiendo candidaturas de los recomendados de los congresistas para puestos en la Contraloría, ni colocarle al frente de sus nombres los cargos asignados, ni permitir la elaboración de listas a otros funcionarios, ni exigirle a Saade que las recibiera igual que a los parlamentarios, ni permitir al Vicecontralor recibirlos con igual propósito, como en efecto sí ocurrió según se desprende del proceso, a pesar de la negativa de éste último.

 

Se demostró igualmente que la lista CONSULTA CONTACTOS no tuvo como exclusividad las relaciones técnicas de la Contraloría con el Congreso ni elaborar el mapa político de aquella por la relación de sus funcionarios con los congresistas, sino que recibió alimentación de los nombramientos en provisionalidad y para cargos directivos y de libre nombramiento y remoción, por parte de Saade, autorizado por Ossa, referente a los recomendados de los Senadores y Representantes a la Cámara.

 

El recibimiento de congresistas en diferentes despachos autorizados no tuvo como finalidad exclusiva las relaciones técnicas con el Congreso, sino también la admisión de hojas de vida de sus recomendados, así no tuvieran su referencia personal o la incluyeran, pues el solo averiguar por ellas y pedir los nombramientos, era suficiente recomendación no importa el medio utilizado.     

 

Es decir, el interés legislativo no fue el propósito exclusivo de muchas de esas visitas de los parlamentarios, como pretende afirmarlo el recurrente en su defensa por el solo hecho de que la hoja de vida no la entregó él, sino que llegó a la Contraloría remitida por el Contralor Departamental del Vichada.

 

No es cierto que las listas mencionadas fueran confección motu propio de la Contraloría sino que obedecieron al ánimo preconcebido de cumplir los compromisos con el Congreso. Los congresistas sabían que tenían su cuota de poder dentro de la entidad como ocurrió siempre en la historia de la Contraloría, como en efecto todos aceptaron que existió dicha cuota en el pasado y en ese momento de 1998 al 1999, y utilizaron la oportunidad.

 

Es inexacto afirmar que Consulta Contactos sólo apareció en el 2000 para las relaciones técnicas de la Contraloría con el Congreso y elaborar el mapa político de la entidad.

 

Se vuelven a confundir dos momentos: las épocas de la elaboración de las listas con la de la creación del Software para Consulta Contactos:

 

Las primeras tuvieron su origen a partir de septiembre de 1998 con las posesiones del Contralor, Vicecontralor y Secretario Administrativo y con la asistencia de Saade Vergel al primero, como asesor proveniente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Institucional ( PNUD ), a quien el doctor Ossa además de las funciones del contrato, le asignó las de atender a los congresistas y recibirles las hojas de vida de sus recomendados.

 

La segunda, diciembre de 1999 y enero de 2000 creación del software aplicativo, solicitado por Lafaurie y autorizado por Ossa Escobar según el propio dicho de aquél y de Marceliano Acosta el Jefe de Informática de la Contraloría, en el cual se incluyó además de la Planta de Personal, el mapa político y la información que venía siendo elaborada desde las posesiones en septiembre de 1998 y hasta mayo de 1999, inclusive hasta diciembre del mismo año.

 

6. La versión de Casasfranco Vanegas también afecta la participación en los hechos como congresista al Representante García Rodríguez porque suministraba al Contralor y a Saade los cupos vacantes en la Contraloría para los nombramientos en provisionalidad, previa selección. Como se dijo ésta selección era importante para personas sin recomendaciones personales y políticas, pero no debió hacerse para los que tenían dichas recomendaciones, por estar prohibidas. Debieron desecharse.   

 

El doctor Casasfranco sí hizo mención de alguna o algunas hojas de vida  llegadas a su despacho de parte de congresistas, la cual remitió mediante oficio al funcionario Saade por quien se canalizaban estas para los efectos de nombramientos (folio 181 c. o. 4).

 

Éste se refirió en ampliación de versión, en la diligencia de visita especial que la Procuraduría hizo en septiembre de 2002 a las hojas de vida que aún se encontraban en la Oficina de Talento Humano, su antigua oficina, y se le puso de presente la correspondiente a Cuéllar Fuentes el recomendado del investigado García Rodríguez (así éste dijera que fue sin su autorización), indicando Casasfranco que los manuscritos "Compromiso Ojo" eran de Saade Vergel.

 

7. La crítica a las declaraciones de Saade no tienen lógica. No son contradictorias, como sostiene el investigado, sino complementarias, pues significa que Saade Vergel habló con casi todos los congresistas, pero no solamente para tratar de puestos para sus recomendados sino también por las labores propias del Congreso en la Contraloría. Sobre recomendaciones habló directamente él con un número de sesenta y siete (67) parlamentarios, dos de ellos ya fallecidos, para exclusivamente hacerles los nombramientos respectivos.

 

Dicha tarea de atenderlos sólo la podía hacer él quien estaba encargado por el doctor Ossa de hacerlo y no sus auxiliares Luz Marina Noreña o Javier Rivera como caprichosamente pretende entenderlo el recurrente, ni tampoco Mariela Barragán la auxiliar del Vicecontralor Lafaurie.

 

8. La crítica a que las listas sólo las alimentaban Noreña y Rivera en su despacho y nadie mas, son inconsistentes. Esto debe entenderse en su sentido lógico, cual es el que después de Saade quien le suministraba sus datos a sus auxiliares, solo estos lo podían hacer bajo sus instrucciones. Que Rivera lo hubiera negado fue por el afán simple de no comprometerse contra su ex jefe y protector, y que Luz Marina Ñoreña no hubiera declarado porque no asistió a las citaciones, en nada contradice el acervo probatorio analizado sobre la autoría de la lista en cabeza de Saade, la cual era alimentada por éste de las órdenes de Ossa y las resoluciones de nombramiento.     

 

9. Sobre los comentarios críticos acerca de los Comités conviene observar que hubo los siguientes: uno de estudio de hojas de vida para cargos directivos y de libre nombramiento y remoción y otro ídem interinstitucional, de la Secretaría Administrativa dirigido por Casasfranco Vanegas para nombramientos en provisionalidad, que fueron creados verbalmente o autorizados por el doctor Ossa, para hacer la selección de la hoja de vida del candidato que debía ser nombrado. Obviamente éstos comité aludidos nunca debieron funcionar ni tener en cuenta hojas de vida de recomendados por los congresistas, pues estaba prohibido constitucionalmente.

 

10. Sobre las aparentes contradicciones del testigo Saade Vergel baste decir que ya fueron analizadas en el fallo y que en su alegato de conclusión, al parecer por no haber examinado a fondo las pruebas, nada dijo sobre la declaración del doctor Saade Vergel del 11 de marzo de 2003 ni sobre su ampliación del 5 de agosto del mismo año, a las cuales no asistió a contrainterrogarlo, donde hace mención de su nombre como uno de los congresistas que estuvieron en su despacho para pedir el nombramiento de sus recomendados, y que hubiera podido aclararlas fácilmente si asiste en la última fecha mencionada para que hubiera hecho precisión respecto de su caso concreto, como en efecto salvó de responsabilidad a algunos parlamentarios que directamente o a través de sus defensores excluyó frente a concretos interrogantes sobre su responsabilidad.

 

No es pues el momento de hacer elucubraciones frente al haz probatorio que arrojó certeza sobre su responsabilidad.         

  

10. Sobre los documentos y listados varios en los cuales aparece el Representante recurrente, criticados porque no los elaboró él ni haber entregado recomendaciones por escrito, es inexacto porque el Representante Franklin Segundo García Rodríguez fue señalado con nombre propio por el asesor Saade Vergel de recibirlo personalmente en su despacho para los efectos de hacerles los nombramientos a los recomendados de los congresistas, entre ellos a él.

 

Fue citado para que lo contrainterrogaran el 5 de agosto de 2003 y estando atento al proceso pudo criticar en su momento procesal las actuaciones con argumentos jurídicos pero no lo hizo. Obsérvese que los investigados que asistieron directamente o a través de sus defensores, lograron que el señor Saade hiciera repaso de su actuación y sacó algunos de ellos por seguridad y a otros por duda.

 

Entonces no es el momento para en últimas, intentar argumentos fuera de la órbita procesal.

 

Los documentos son públicos porque fueron elaborados por Ossa el Contralor General (sus manuscritos), Saade quien no siendo servidor público recibió como asesor del Contralor, sus órdenes en tal sentido creando la lista Nombramientos Administración Ossa, que también alimentaban Noreña y Rivera, y, Lafaurie como Vicecontralor, quien elaboró la lista "Consulta Contactos" desde su posesión y pidió se le creara un software por informática de la Contraloría, aprobada por Ossa para incluir desde el año 2000 los datos anteriores.

 

Los documentos son auténticos porque su veracidad proviene de sus autores todos servidores públicos quienes las idearon, crearon y alimentaron y porque en relación con el recurrente García Rodríguez, no fueron criticados y el propio Saade Vergel lo señaló como asistente a su despacho para pedir por sus recomendados, en este caso Cuéllar Fuentes.

 

11. En relación a la afirmación de que hay ausencia total de pruebas y por lo mismo no debe haber sanción principal ni accesoria para él, se le determina que Una cosa es que la hoja de vida se hubiera entregado en la Contraloría del Vichada al titular de ella quien la remitió a Bogotá, y otra muy diferente que después el Representante García Rodríguez acudiera ante el despacho de Saade Vergel como éste mismo lo manifiesta, a pedirle nombramiento de sus recomendados, en este caso de Cuéllar Fuentes, pues fue enfático el asesor del Contralor en explicar que fueron "…atendidos en mi despacho para los efectos de hacerles los nombramientos respectivos", es decir, de los recomendados de los congresistas.

 

Subsiste incólume la prueba de la responsabilidad en la falta imputada al Representante García Rodríguez, en referencia a su recomendado Julio César Cuellar Fuentes, y por lo mismo se mantendrá el fallo en su contra.

 

 

 

EMILIO MARTINEZ ROSALES (149)

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar a JAVIER ALFONSO CASTRO, quien fue nombrado como profesional universitario, el 23 de febrero de 1999.

 

El disciplinado interpuso recurso de reposición dentro del término legal, donde señal que existió error en la apreciación de la prueba testimonial porque se le dio credibilidad al doctor SAADE, sobre su presencia en la Contraloría, hecho que no se probó, pero no se tuvo en cuenta lo afirmado por el señor Castro.

 

Solicitó igualmente la nulidad, por falta de competencia del Viceprocurador para proferir el fallo, bajo la consideración de que en el Procurador General no concurría ninguna de las circunstancias previstas en los artículos 84 y 88 de la ley 734 de 2002, pues en su caso no ostentaban la calidad de nominador, por lo que debió romperse la unidad procesal y continuar el proceso contra quienes, como en su caso, no tenían la calidad de Senadores.

 

En escrito separado alegó la prescripción.

 

Sería del caso entrar a resolver la impugnación, no obstante se observa que el recomendado JAVIER ALFONSO CASTRO, fue nombrado el 23 de febrero de 1999, lo que indica que a la fecha han transcurrido más de cinco (5) años de ocurridos los hechos por los cuales se adelantó la investigación contra impugnante, por lo cual ha prescrito la acción disciplinaria, como en efecto lo declarará el despacho de conformidad con el artículo 34 de la ley 200 de 1995.

 

ERNESTO MESA ARANGO (153)

 

Fue declarado responsable disciplinariamente por recomendar a ALEJANDRO CASTAÑO BEDOYA, quien fuera nombrado en la Contraloría General de la República, el 3 de marzo de 1999, en el cargo de  Profesional Universitario, grado 9.

 

El sancionado, por conducto de apoderado, una vez notificado del fallo, presentó y sustentó el recurso de  reposición dentro del término legal, bajo las siguientes consideraciones:

 

Que el sustento del fallo fue la declaración de ALFREDO SAADE, quien en la versión del 2 de noviembre de 2002 no hizo ningún señalamiento contra  su poderdante y sí lo hizo en la declaración del 11 de marzo de 2003, por lo cual no merece credibilidad pues lo debió decir  en la primera  oportunidad, lo que demuestra que su interés es causar daño a las personas y además, con posterioridad al pliego de cargos no hay prueba que confirme la veracidad de esas manifestaciones imprecisas y mendaces  que fueron desvirtuadas en los descargos.

 

El doctor MESA ARANGO  negó en su versión libre cualquier relación con los hechos investigados y no se tuvo en cuenta, ni se valoró dicha versión.

 

No es cierto que ALEJANDRO CASTAÑO haya entregado hoja de vida a un asistente del doctor MESA ARANGO, lo que afirmó fue que la entregó a  la compañera permanente y el destino era para vincularlo al congreso como asesor de la U.T.L. del Representante, quien se había mostrado interesado en tenerlo como asesor personal; cosa distinta es que haya presentado otra hoja de vida a la Contraloría y aceptara ocupar un cargo que no era para su perfil y después de su insistencia infructuosa  ante el Vicecontralor para que lo  ascendiera, renunció, sin mencionar que el doctor MESA ARANGO  le haya recibido la hoja de vida o haya interferido en ese nombramiento e incluso manifestó  que tenía la impresión que no hizo ninguna gestión para su nombramiento y cuando se le preguntó si el Representante intervino contestó que no.

 

El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en innumerables acciones de pérdida de investidura contra diversos parlamentarios, en el expediente AC-5411 consideró que el hecho de haber expedido recomendaciones, per se, no puede ser una conducta prohibida a los congresistas.

 

El despacho considera:

 

Está acreditado en el proceso que si bien el doctor ALFREDO SAADE en  la declaración que rindió el 2 de noviembre de 2002 no mencionó el nombre del sancionado, sí lo hizo en la declaración del 11 de marzo de 2003  cuando indicó el nombre del doctor MESA ARANGO como uno de los congresistas que acudió a su despacho para efectos de las recomendaciones, diligencia que se cumplió con posterioridad a la formulación del auto de cargos, y lo ratificó en la declaración del 5 de agosto del mismo año, oportunidad en la que  hizo las aclaraciones pertinentes en respuesta al interrogatorio formulado, tanto por la Procuraduría como por varios de los investigados y apoderados que acudieron a la diligencia; por tanto, la circunstancia de que no lo hay mencionado en la primera oportunidad no le resta en manera alguna el valor probatorio que su testimonio tiene para el despacho, como se explicó en el fallo impugnado al analizar en las consideraciones generales las restantes pruebas que permiten apreciar su credibilidad.

 

No es cierto que la versión libre del Representante no se haya valorado en el fallo, pues allí consta que se hizo su análisis, sólo que  su manifestación de que no había dialogado con el señor CASTAÑO sobre  algún apoyo para vincularse a la Contraloría fue desvirtuado por el declarante cuando afirmó que en reconocimiento a sus capacidades y a los servicios que le había prestado fue el propio doctor MESA ARANGO quien le manifestó que le iba a colaborar para que lo nombraran asesor.

 

Ahora dice la defensa que esa colaboración era para nombrarlo como asesor del Representante en su Unidad de Trabajo Legislativo, pero eso no lo dijo el declarante porque jamás se le preguntó sobre ese tipo de vinculación, sino sobre las gestiones que realizó para ingresar a la Contraloría, por tanto, no se puede ahora decir que se refirió a ese tipo de asesoría, máxime cuando en el texto de la diligencia no se refirió a ninguna Unidad de Trabajo Legislativo.

 

En dicha declaración el señor CASTAÑO BEDOYA  manifestó claramente que  a la Contraloría no llevó hoja de vida, pues la entregó no recuerda si a la compañera o a los asistentes del doctor MESA  y que fue después que lo llamaron de la Contraloría y a raíz de ese llamamiento fue que llevó la hoja de vida al Departamento de Personal; dicha afirmación concuerda  con la asignación de un grado 13 que le hizo el Contralor al doctor MESA ARANGO, en su lista manuscrita, como se explicó en el fallo y, con lo afirmado por el doctor SAADE sobre la presencia del doctor MESA ARANGO en su despacho para efecto de las recomendaciones, de suerte que para el despacho existe certeza sobre la responsabilidad del investigado y por ello confirmará el fallo impugnado.

 

Situación diferente es que el señor CASTAÑO no se haya enterado sobre la asignación del grado 13 y como fue nombrado en un grado 9, que no correspondía a su perfil, piense que el doctor MESA ARANGO no intervino, pero el acervo probatorio demuestra lo contrario.

 

La cita que trae el impugnante sobre lo dicho por el Consejo de Estado, en el sentido de que a los congresistas no les está prohibido  expedir recomendaciones, está fuera de todo contexto en el  proceso examinado, toda vez que como se analizó ampliamente en el fallo, es la propia Constitución la que en su artículo 268, numeral 10, prohíbe esa conducta a los congresistas respecto a las personas que aspiren a ser nombrados por el Contralor General de la República.

 

En consecuencia, no encuentra el despacho fundamento alguno para revocar el fallo impugnado, como lo solicita el impugnante y por ello lo confirmará.

 

EMITH MONTILLA ECHAVARRIA (155)

 

Fue halla responsable disciplinariamente por  recomendar a OSCAR ALBERTO MORENO BOLAÑOS, quien fue nombrado  en la Contraloría como Jefe de División Seccional de Jurisdicción Coactiva en el Cauca, el 3 de marzo de 1999.

 

La sancionada interpuso recurso de reposición dentro del término legal, bajo las siguientes consideraciones:

 

Solicitó que se decrete la nulidad del proceso porque no se recibió la declaración de OSCAR ALBERTO MORENO, la cual fue decretada y den quien informó que se encontraba exiliado en México y su dirección podía ser suministrada por vía diplomática; la providencia impugnada dijo que  no era posible su localización, con notorio desconocimiento de los trámites que se usan en estos casos, por lo cual se incurrió en la nulidad al vulnerar el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, pues  se trata de una prueba indispensable para tomar la decisión de fondo, según lo previsto en los artículos 117, 118, 128 y 142 de la ley 200 de 1995.

 

Transcribió apartes de criterios doctrinales y de pronunciamientos  de la Corte Constitucional sobre la obligación de practicar todas las pruebas necesarias para ilustrar el criterio del juez, al igual que el derecho a la contradicción de las mismas, como garantía de  idoneidad del proceso; que la violación del principio de contradicción trae como consecuencia la  nulidad de pleno derecho de la prueba aportada  al proceso y no controvertida, como garantía del debido proceso; que así mismo, en la determinación de la responsabilidad sólo puede considerarse las pruebas debidamente aportadas al proceso y que hayan podido discutirse;  que cuando la administración decide ejercer su potestad sancionatoria  debe probar lo hechos y la conducta tipificada como infracción, además,  corresponde a la administración o  la Procuraduría, según el caso, reunir las pruebas que considere pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del investigado.

 

La providencia funda la responsabilidad en la declaración de ALFREDO SAADE, cuyas afirmaciones son vagas, porque no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, de manera que es difícil  desplegar el contradictorio.

 

Se violó el principio de proporcionalidad al imponerle la sanción principal de multa y la interdicción de derechos y funciones públicas, haciendo equivalente los días de sueldo a la interdicción, olvidando que sustancialmente las sanciones tienen alcances diferentes, pues mientras la sanción de multa afecta el patrimonio del disciplinado, la interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas incide sobre los derechos políticos y el ejercicio de la ciudadanía como atributo de la personalidad, por lo que resulta de mayor connotación la sanción accesoria, razón por la cual debe ser revocada la sanción accesoria.

 

Se refirió a una sentencia de la Corte Constitucional sobre el principio de proporcional, según la cual, tanto en las reglas de comportamiento como en las sanciones que se deriven de su inobservancia, deben perseguir un fin constitucionalmente legítimo, ser adecuadas y necesarias para su realización y guardar la correspondencia de medio a fin entre la conducta y la sanción.

 

Solicitó que se decrete la nulidad de lo actuado para recibir declaración a OSCAR MORENO BOLAÑOS y  subsidiariamente que se revoque el fallo por falta de prueba que origine certeza para la sanción, o reponer para revocar la sanción de interdicción derechos y funciones públicas.

 

El despacho considera:

 

No es cierto que se haya violado el debido proceso y el derecho de contradicción que le asiste  a la disciplinada por no recibir declaración a OSCAR MORENO BOLAÑOS, pues dicha prueba fue decretada y se adelantaron todas las gestiones necesaria para recibirla  por conducto de la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, ciudad a la cual correspondía la dirección residencial de dicha persona, según la información suministrada por la Contraloría; no obste, no fue  posible localizarlo para recibir su testimonio y las diligencias fueron devueltas el 28 de agosto de 2003, como consta en el anexo respectivo. El 10 de septiembre de 2003 se le informó a la disciplinada que mediante auto del día 5 del mismo mes y año, se ordenó correr traslado para presentar alegatos de conclusión  y en efecto lo presentó el día 18 del mismo mes y año, ocasión en la que manifestó que el declarante se encontraba en México y podía ser localizado por vía consular.

 

En consecuencia, es claro que cuando la disciplinada informó el posible país de residencia del testigo, el termino probatorio se encontraba vencido y es claro que también el respeto a las etapas procesales hacen parte del debido proceso a que está sometido el disciplinario.

 

Pero el hecho de que no se haya recibido declaración al recomendado, no implica de manera alguna que la disciplinada no hay podido ejercer el derecho de contradicción, no solo porque desde el momento en que fue notificada de la apertura de investigación tuvo a su disposición el proceso y acceso a la practica de pruebas, particularmente a la ampliación del testimonio rendido por el doctor SAADE el 5 de agosto de 2003, diligencia en la que fue interrogado por otros apoderadas e investigados sobre  la presencia de varios congresistas en su oficina para efectos de las recomendaciones, como lo había manifestado el 11 de marzo del mismo año, entre quienes se encuentra  la disciplinada, quien no asistió a la diligencia.

 

No existe indicio alguno del que el señor MORENO BOLAÑOS haya tenido conocimiento de la visita realizada por la disciplinada al doctor SAADE, para concluir que su testimonio sobre los hechos investigados es la única prueba idónea para acreditar o desvirtuar el hecho y que sin ella el despacho no pueda tomar ninguna decisión.

 

Por tanto, no es cierto que el fallo se haya proferido sin tener en cuenta la pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, ni que la disciplinada no haya podido conocerlas y controvertirlas, y menos se puede afirmar que no exista certeza sobre la recomendación que efectuó a favor de OSCAR ALBERTO MORENO, pues  como se explicó en el fallo, así aparece en la lista denominada “Consulta Contactos” que fue elaborada por orden del Vicecontralor y se acreditó que el Contralor de su puño y letra le asignó a la disciplinada un cargo de Jefe de División, lo cual concuerda con el nombramiento  que se hizo al señor MORENO como Jefe de División Seccional de Jurisdicción Coactiva del Cauca, circunscripción por la cual fue electa Representante la disciplinada, tal como consta en el proceso.

 

El doctor SAADE explicó que  varios congresistas, entre ellos la disciplinada acudió a su oficina de la Contraloría para efectos de las recomendaciones, por tanto, el hecho de que le haya faltado precisar la fecha no desvirtúa su afirmación.

 

Sobre  la afirmación de que se violó el principio de proporcionalidad por haber impuesto la sanción accesoria de inhabilidad, será tema a resolver en el aparte de aspectos generales; no obstante, es importante aclarar que en el fallo no se impuso sanción alguna de interdicción de derechos y funciones públicas que afecten los derechos políticos y el ejercicio de la ciudadanía como atributo de la personalidad de la disciplinada, como lo afirma en la impugnación, pues tal como consta en la parte considerativa y resolutiva del fallo impugnado, la sanción que se impuso fue solamente la de inhabilidad para ejercer funciones públicas en las ramas ejecutiva, jurisdiccional o ministerio público por el mismo término de la multa, de suerte que la sanción no afecta otros derechos políticos y ciudadanos.

 

La valoración sobre lo adecuado y necesario  para guardar la debida correspondencia de medio a fin entre la conducta y la sanción, la hizo el propio legislador al consagrar que para las faltas graves era procedente la sanción accesoria de inhabilidad y su legalidad  fue  declarada por la propia Corte Constitucional, como se explica en el aparte de aspectos generales.

 

Por tanto, no hay fundamento alguno para revocar el fallo impugnado.

 

 

ANTONIO JOSÉ PINILLOS ABOZAGLO (167)

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar a CARLOS OLMEDO CONTRERAS TRUJILLO y FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA, quienes fueron nombrados como profesionales universitarios, el 3 de marzo de 1999.

 

El sancionado interpuso recurso de reposición, por conducto de apoderado, bajo las siguientes consideraciones:

 

La Procuraduría fue incapaz de establecer la fecha precisa de los hechos y se limitó a fijar un periodo entre septiembre de 1998 y abril de 1999, con lo cual se está aplicando una especie de responsabilidad objetiva, porque es obvio que el disciplinado no pudo estar todos esos días en la Contraloría y es sabido que   la tipicidad  requiere determinación precisa de la conducta atribuida y ésta no se dio en la investigación, máxime cuando se ha dicho que la conducta es de medio y no de resultado, por lo que no se puede tomar como tal la fecha del nombramiento.

 

No se cumplió con la exigencia probatoria porque no se llamó a declarar PABLO BARON, siendo importante porque CARLOS CONTREARAS  declaró que el disciplinado lo había referenciado verbalmente pues dicha persona le dijo que tocaba meterle política y le había salido el nombramiento; al igual que la declaración de MERCEDES, secretaria del disciplinado, quien según CONTRERAS lo llamó para que pasara por la Contraloría porque estaba listo el nombramiento.    

 

Se vulneró el derecho a la igualdad porque  el testimonio del señor SAADE sirvió en unos casos para absolver ( como en el caso de JORGE GERLEIN,   MIGUEL PINEDO   y  el doctor IMBETT  ) y en otros para sancionar, a pesar de que en la primera declaración que rindió en noviembre de 2000, no mencionó al disciplinado; en la del 11 de marzo de 2003 dijo que se solicitó el nombramiento de personas, pero no señaló el día ni el nombre de los candidatos y cuando se le interrogó sobre ese aspecto, el 5 de agosto del mismo año, dijo que no podía precisar la fecha y no recordaba si le habían nombrado las personas, por lo que el investigador debe preguntarse cual de las tres declaraciones es la verdadera, pues no existe una sola prueba de certeza sobre que el disciplinado haya realizado las recomendaciones.

 

No se tuvo en cuenta lo declarado por CARLOS CONTRERAS y que deja sin ningún valor lo dicho por SAADE,  al decir que no le comentó nada al doctor SAADE,  ni utilizó el nombre del doctor PINILLOS para obtener su puesto de trabajo, y tampoco se puede tergiversar lo declarado por el doctor RAMIREZ, porque al decir que conocía a tres políticos, entre ellos al doctor PINILLOS, no se puede concluir que como se le investiga por las recomendaciones, debe haber cometido éste la conducta, ni puede imaginarse que por el hecho de que el testigo no diga donde conoció o quienes eran sus amigos, se pueda decir que está mintiendo o que fue el  disciplinado quien lo recomendó.

 

Se desbordó cualquier parámetro de interpretación constitucional y legal al imponer la sanción de inhabilidad porque ella no está consagrada en la ley 200 de 1995, bajo cuya vigencia se adelantó la investigación y en el evento remoto que ello fuera así, tiene derecho a que se aplique el principio de favorabilidad porque de acuerdo con el artículo 44 de la ley 734 de 2002, la multa, prevista para las faltas leves dolosas, no comporta inhabilidad alguna.

 

Existe nulidad, por falta de competencia de la Procuraduría, en razón a que según los artículos 62 y 66 de la ley 200, en concordancia con el artículo 8º de la ley 2001, vigentes por la época en que ocurrieron los hechos, la  competencia del Procurador General de la Nación era solamente para investigar a los congresistas con ocasión de sus actividades administrativa y es claro  la conducta  de “recomendar”  no tiene nada que ver con asuntos administrativos; por tanto, la falta de competencia resulta diáfana, ya que no es aplicable el Decreto 262 de 2000, que vino a modificar la situación, pues no estaba vigente por la época de los hechos y si existe alguna duda debe aplicarse el principio de favorabilidad, para resolver conforme a las leyes 200 y 201 de 1995.

 

El despacho considera:

 

Sobre la supuesta falta de competencia del Procurador General de la Nación para conocer del tipo disciplinario imputado a los investigados, el despacho  definió ese aspecto  en providencia del 28 de febrero de 2003, a solicitud de Representante JOSE MARIA IMBETT, a cuyo texto debió remitirse el impugnante , y reitera una vez más que ella no se ha configurado pues está demostrado que la apertura de investigación contra los disciplinados se produjo el 21 de junio de 2002, fecha para la cual  en materia de competencia estaba vigente el Decreto 262 de 2000, cuyo artículo 7º, numeral 21, atribuye la competencia al Procurador General de la Nación para conocer de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los congresistas, sin distinción alguna de la clase de función que cumpla, incluso por actividades desarrolladas antes de adquirir dicha calidad  y menos aun cuando no hay duda que los congresistas son servidores públicos, conforme lo previsto en el artículo 123 de la Constitución y como tales están sujetos a la acción disciplinaria según el artículo 25 de la ley 734 de 2002.

 

No puede olvidar el señor apoderado, que las normas de competencia son de orden público y por tanto de inmediata aplicación conforme  lo ordenado  el artículo 40 de la ley 153 de 1887 y sobre ellas no se puede alegar ningún principio de favorabilidad, conforme  lo previsto en el artículo 43 ibídem.

 

No se ha desbordado  ningún parámetro de interpretación constitucional y legal al imponer inhabilidad, pues como se explicará en el aparte de aspectos generales, dicha sanción accesoria está ordenada para las faltas graves, que son sancionables con multa o suspensión, según el artículo 32 de la ley 200 de 1995, conforme a lo previsto en el parágrafo  del artículo 30 ibídem; por tanto, no es cierto que dicha sanción no esté prevista en la ley y tampoco que sea viable la aplicación de la ley 734 de 2002, por favorabilidad, como lo sostiene la defensa.

 

El hecho de que no se haya podido establecer con precisión la fecha en que el disciplinado hizo presencia en la Contraloría para efectos de las recomendaciones de ninguna manera conlleva la atipicidad de la conducta, por el contrario, al estar demostrado  que el disciplinado, quien tenía la calidad de Representante a la Cámara y conocía la prohibición, hizo presencia en la Contraloría con  propósito de hacer recomendaciones sin duda realizó un comportamiento que le estaba prohibido por  la propia Constitución en su artículo 268, numeral 10, cuando tenía el deber legal de cumplir la Constitución, según lo previsto en el artículo 40, numeral 1º de la ley 200 de 1995; por tanto, la conducta en que incurrió está determinada y se conocen las circunstancias de modo y lugar, al igual que el periodo en que se cometió, el cual se extiende hasta el último acto constitutivo de la falta, es decir, hasta antes del nombramiento, pues éste resultado no lo exige el tipo disciplinario, y el fallo no  responsabiliza al disciplinado por ese resultado, sino sólo por las recomendaciones de los señores CONTRERAS Y RAMIREZ.

 

Es importante observar que el propio Contralor, en su versión del 15 de enero de 2002, explicó que en la lista denominada “Nombramientos” aparecía el nombre de las personas cuyas hojas de vida fueron enviadas por los parlamentarios y por otras personas, y que ese proceso se extendió de septiembre de 1998 a mayo de 1999; de suerte que aun cuando no se pueda precisar la fecha exacta en que el disciplinado acudió a la Contraloría para efectos de las recomendaciones, sí lo hizo dentro del periodo en que ocurrieron los hechos objeto de investigación, el mismo al que se refiere el doctor SAADE, quien precisamente fue encargado por el Contralor para el recibo de los congresistas que llevaban las hojas de vida y quien da cuenta de la presencia del disciplinado en la Contraloría para efectos de dichas recomendaciones.

 

Es cierto que CARLOS CONTRERAS mencionó el nombre del Edil PABLO BARON, como la persona que le sugirió meterle palanca política para su nombramiento, motivo por el cual acudió al doctor PINILLOS, y también dijo que MECEDES, quien era la secretaria del disciplinado, fue la persona que le informó sobre su nombramiento en la Contraloría; dichas afirmaciones son claras, concretar, coherentes y lógicas dentro del contexto de los hechos que relató el testigo sobre las gestiones que hizo para lograr su nombramiento , por lo cual ofrecen suficientes elementos de credibilidad y por ello no se consideró necesario llamarlos a declarar; no obstante, si la defensa las consideraba necesarias, bien pudo solicitarlas dentro de la etapa probatoria. Ahora, que el señor CONTRERAS no haya mencionado el nombre del doctor PINILLOS ante el doctor SAADE,  pues ello es claro y el despacho no ha afirmado lo contrario en el fallo, pero esa manifestación del testigo no desvirtúa que sea cierto que se entrevistó con el disciplinado antes de su nombramiento y que éste le tomó sus   datos y le dijo que después lo llamaba, y posteriormente recibió la llamada de sus secretaria MERCEDES informándole de su nombramiento en la Contraloría, como obran en el texto de la declaración que rindió.

 

No ocurre lo mismo con el testimonio que rindió FRANCISCO RAMIREZ, cuando al explicar las gestiones que realizó para su ingreso a la Contraloría, señaló que en una reunión “alguien” le dijo que llevara su hoja de vida a la entidad  a principio de 1999 y  que después  “otra” persona en febrero le dijo lo mismo y por ello acudió a la entidad y hablo directamente con el doctor SAADE, a quien al margen le dijo que conocía a tres políticos, entre ellos al doctor PINILLOS; precisamente porque de ser cierto su relato, no había razón para que ocultara el nombre de esas personas y menos para que informará que relaciones tenían con la entidad o con sus funcionarios para deducir que estaban enterado del procedimiento que se adelantaba para el recibo de hojas de vida. En el fallo no se dijo que el testigo haya declarado que lo recomendó el disciplinado, por ello no se puede afirmar que se tergiversó su testimonio, lo que se afirma es que en los aspectos mencionados no se le puede reconocer credibilidad por las razones comentadas.

 

En la primera declaración que rindió el doctor SAADE no mencionó el nombre del disciplinado, pues allí se refirió básicamente a los congresistas que recomendaron personas para la direcciones departamentales de la Contraloría, pero como quiera que del acervo probatoria surgió el hecho de que también se recomendaron personas para cargos subalternos, en su mayoría del nivel profesional, en la diligencia del 11 de marzo de 2003 se interrogó al doctor SAADE para que precisara el nombre de los congresistas que habían recomendado personas para los diferentes cargos de la Contraloría y fue allí cuando dio el nombre de varios congresistas, entre ellos el del doctor ANTONIO PINILLOS, y ratificó su dicho en la diligencia del 5 de agosto del mismo año, cuando fue  interrogado por la defensa sobre dicha afirmación.

 

No ocurrió lo mismo con el doctor JORGE GERLEÍN, cuando el doctor SAADE en su declaración del 5 de agosto de 2003 aclaró que tenía duda sobre si lo había visitado, porque no lo recordaba, ni el caso del doctor MIGUEL PINEDO, de quien dijo que  directamente nunca le había solicitado cargo alguno, o del doctor JOSE MARIA IMBETH,  de quien dijo que no  le solicitó ningún cargo, ni le entregó hojas de vida; pues es evidente que con su declaración lo que hizo fue dejar en duda o descartar  la presencia de los disciplinados en su oficina para efectos de las recomendaciones y cuando ello se reconoce en el fallo no se puede decir que se viola el principio de igualdad en la apreciación de ese testimonio, porque no se trata de  realizar ningún tipo de discriminación, por el contrario, lo que se hace es analizarlo desde el punto de vista de la responsabilidad individual que corresponde a cada disciplinado, cuyas circunstancias no se pueden trasmitir a los restantes, pues no podría legalmente sostenerse que como ratificó la presencia del doctor PINILLOS, ello afectaría también la responsabilidad de los tres restantes disciplinados.

 

Por tanto, no existe fundamento para revocar el fallo impugnado, razón por la cual será confirmado.

 

JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ (183)

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar a los señores PIO DAVILA ECOROIMA, MARIA LUISA BOHORQUEZ, SEVERIANO BAUTISTA, MARIA DEL PILAR CHUNA RIVERA y CELSO PINEDA BERNAL, para que fueran nombrados en la Contraloría General de la República.

 

El sancionado, una vez notificado del fallo, presentó  y sustentó dentro del término legal el recurso de reposición, bajo las siguientes consideraciones.

 

Desde cuando llegó al Amazonas, en 1974, denunció la corrupción y particularmente al ex congresista JAIRO RUIZ MEDINA, hoy condenado por la Corte, y a HERNANDO ZAMBRANO, como   Gobernador, quien fue  destituido por la Procuraduría,  por lo cual, ante un ambiente corrupto y la falta de trabajo fijó su residencia en Iquitos (Perú), razón por la cual no recibió las citaciones de la Procuraduría y se enteró del fallo por la prensa.

 

Ha militado en el partido conservador y las personas que le atribuyen como recomendadas pertenecen al partido liberal, de ellos sólo conoce  a PIO DAVILA ECOROIMA y a SEVERIANO BAUTISTA, el primero candidato a la Cámara en 1998 y a quien le ganó la elección, por lo cual no podía recomendar a su enemigo político, además, en la declaración que rindió dijo que le había entregado la hoja de vida al líder  indígena y candidato al Senado BONIFACIO CHICUNQUE y a FRANCISCO ROJAS BIRRY, elegido al Senado por el movimiento social indígena.

 

En cuanto a SEVERIANO BAUTISTA, como él mismo lo dijo en su declaración, lo trató por primera vez meses después de haber sido nombrado en la Contraloría y señaló que recibió la colaboración del Concejal CARLOS BACCA, quien fue elegido por el partido liberal, contrario al suyo, quien pudo hacer uso indebido de su nombre.

 

CELSO PINEDA BERNAL y MARIA PILAR CHUNA, han pertenecido al partido liberal, no los ha tratado y en su declaración no oculta el odio y malquerencia por sus ideas;  a MARIA LUISA BOHORQUEZ  no la conoce y si entregó la hoja de vida a la Diputada AMPARO LOZADA, de otro movimiento político, no le pueden atribuir responsabilidad.

 

No conoce a ALFREDO SAADE y piensa que lo nombró por aparecer primero en la lista del Consejo Electoral. Los nombramientos obedecieron a la reestructuración que hizo el Contralor y por ello es absurdo pensar en un requisito adicional como la  recomendación política; además, en el fallo se refiere a la recomendación de dos grados nueve y los sancionaron por  cinco.

 

Acompañó fotocopia de documentos relacionados con el carné de extranjería que le expidieron en el Perú, la denuncia formulada contra JAIRO RUIZ MEDINA, un acuerdo político para elecciones  de 1991 y 1992, al igual que de una constancia sobre la muerte de un Concejal y sugerencias sobre el manejo de una planta eléctrica, por la época en que se desempeñó como Representante y de dos registros de nacimiento de sus hijos.

 

Solicitó que se amplíe la declaración de los recomendados y se reciba el testimonio de CARLOS BACCA y AMPARO LOZADA.

 

Pidió la revocatoria del fallo y en subsidio  que se declare la prescripción  o que se reduzca la sanción y se convierta en arresto porque no puede pagar la multa sin desatender las obligaciones con sus hijos.

 

El despacho considera:

 

En el proceso consta que el sancionado fue citado, tanto en Bogotá como en Leticia y ante la no comparecencia al proceso se le designó defensor de oficio con quien se notificó los cargos, se recibieron y apreciaron sus descargos, al igual que las pruebas que solicitó, las que fueron decretadas y practicadas, dentro de la etapa procesal prevista en la ley para ese fin, razón por la cual las pruebas ahora solicitadas son extemporáneas y  no están previstas como parte del tramite del recurso de reposición, según el artículo 114 de la ley 734 de 2002, por ello es improcedente cualquier pronunciamiento sobre el particular, máxime cuando todas las persona que aparecen como recomendadas fueron debidamente interrogadas sobre el conocimiento que tuvieron de los hechos investigados y relaciones que mantenían con el sancionado, tal como se consignó  el fallo impugnado.

 

Como se consignó en el fallo, MARIA LUISA BOHORQUEZ explicó que aun cuando desconocía si el doctor SALAZAR  la recomendó, lo cierto era que en esa época estaba de moda que se requería el apoyo de los Representantes SALAZAR y PUENTES, por ello entregó su hoja de vida a AMPARO LOZADA quien pertenecía al mismo movimiento político del doctor SALAZAR, lo cual desvirtúa el argumento de defensa del impugnante, cuando dice que no pertenecía a su movimiento.

 

SEVERIANO BAUTISTA declaró que le entregó su hoja de vida al Concejal CARLOS BACCA, quien le manifestó que un Representante le iba a conseguir el cargo y días después de su nombramiento el mismo Concejal le manifestó que el Representante JOSE SALAZAR era quien le había ayudado, de suerte que no fue ajeno a dicha intervención como sostiene el impugnante.

 

En cuanto a MARIA DEL PILAR CHUNA y CELSO PINEDA BERNAL, si bien manifestaron que no tenían conocimiento si los había recomendado el  sancionado, no  hicieron ninguna clase de manifestaciones de malquerencia como lo afirma el impugnante.

 

Como se explicó en el fallo, el doctor ALFREDO SAADE, designado por el Contralor para atender a los congresista, manifestó que el doctor SALAZAR RAMIREZ  fue uno de los Representantes que acudió a su despacho para efectos de los nombramientos, lo cual coincide con la información contenida en la lista de nombramientos y el cuadro “contactos”, donde aparecen esas personas como recomendados suyos, al igual que con los manuscritos elaborados por el Contralor donde le asignó un grado 10 y dos grados 9, y está acreditado que en esos grados fueron nombrados CELSO PINEDA BERNAL, MARIA LUISA BOHORQUEZ, SEVERIANO BAUTISTA y MARIA DEL PILAR CHUNA.

 

Por tanto, para el despacho está acreditada la responsabilidad disciplinaria del doctor SALAZAR RAMIREZ , en los términos que se explicó en el fallo impugnado y en consecuencia no hay fundamento para revocarlo, aun cuando sí es procedente declarar la prescripción en relación con la recomendación de PIO DAVILA ECORIMA, quien fue nombrado el 23 de febrero de 1999, razón por la cual es evidente que han transcurrido más de cinco (5) años de ocurrido ese hecho, conforme lo previsto en el artículo 34 de la ley 200 de 1995, vigente por la época de los hechos.

 

Como consecuencia de lo anterior, se modificará el monto de la multa, teniendo en cuenta que son cuatro las personas recomendadas y de acuerdo con el sistema de graduación proporcional consignada en el fallo, le corresponde un valor equivalente a sesenta (60)  días del salario devengado en 1999.

 

En cuanto a la conversión de la multa en arresto, solicitada por el impugnante, tal mediada no es procedente en virtud a que no  ha sido autorizara por la ley, según lo previsto en los artículos 31 de la ley 200 de 1995 y 173 de la ley 734 de 2002.

 

JOSÉ DARIO SALAZAR CRUZ (184)

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar ante la Contraloría a RODRIGO PARDO PRIETO, nombrado como Jefe de División de Juicios Fiscales del Cauca, el 19 de marzo de 1999, y a YANNETH FAJARDO ROMERO, nombrada como Jefe de División de Control Fiscal del Cauca, el 5 de marzo de 1999.

 

El sancionado interpuso recurso de reposición por conducto de apoderada, dentro del término legal, bajo las siguientes consideraciones:

 

Debe declararse la prescripción de la acción disciplinaria por cuanto  si la conducta imputada es la de recomendar ésta se consuma al momento de hacerla  y para quien tiene la facultad de nombrar, se materializa con la designación al momento de expedir el respectivo acto administrativo, por tanto, de haber existido la recomendación por parte del disciplinado, se realizó con varios meses de anterioridad a los nombramientos efectuados a los doctores RODIGUEZ, FAJARDO y PARDO, es decir, del 17 de diciembre de 1998 y del 5 y 19 de marzo de 1999, pues según los testimonios de ALFREDO SAADE y NELSON PINEDA, mencionaron que tanto las recomendaciones como las hojas de vida las enviaron simultáneamente los parlamentarios, con anterioridad a los nombramientos y luego se adelantó un proceso de selección, por lo cual la recomendación no pudo hacerse en la misma fecha de nombramiento,  por tanto  la  conducta  sobre la presunta falta imputada al doctor SALAZAR CRUZ debió ocurrir con anterioridad al 17 de diciembre de 1998, pues reflexionar de manera diferente sería reprocharle no la recomendación sino el nombramiento.

 

Aun cuando el doctor SAADE, no  precisó la fecha en que supuestamente acudió el disciplinado a su oficina para presentar la hoja de vida de sus presuntos recomendados, esa situación la precisa el doctor RODRIGUEZ, al indicar que tanto su hoja de vida como la de sus amigos PARDO y FAJARDO, fueron presentados del ente estatal en diciembre de 1998 y así lo corroboraron sus amigos.

 

No es de recibo que NELSON PINEDA, quien manifestó que fue nombrado en noviembre de 1998 y asignado a la oficina del doctor LAFAURIE, donde se le ordenó alimentar la base de datos del computador del Vicecontralor, solamente comenzara su trabajo un año después, en 1999, pues la critica imparcial de éste testimonio permite afirmar que esa labor la realizó a partir de 1998, una vez posesionado en el empleo, frente a lo cual surge la lógica y razonable conclusión que la falta atribuida al doctor SALAZAR, de haber ocurrido, fue en diciembre de 1998 y por ello es evidente que han transcurrido más de los cinco años, situación que implica la improcedencia del proceso.

 

No hay certeza sobre la responsabilidad del disciplinado porque el doctor SAADE, en la declaración del 5 de marzo de 2003, haciendo gala de envidiable memoria acusó a un numeroso grupo de parlamentarios de estar incursos en la falta disciplinaria pero el cinco de agosto del mismo año, en un arrebato de arrepentimiento, resolvió “rescatar algunos nombres por duda” porque le preocupó maltratar la verdad y por ello su testimonio no es admisible en relación con el disciplinado.

 

Es tan dudoso lo dicho por SAADE, que  en una alarde de buena fe y honradez, suscribió una comunicación dirigida al proceso, el 6 de enero del presenta año, donde sostiene que el doctor SALAZAR nunca solicitó un cargo para las tres personas y advirtió que la gestión la realizó directamente el doctor RODRIGUEZ LAURIDO, amigo personal del Contralor, comunicación que no la tuvo en cuenta el despacho por ser extemporánea y contrariar lo manifestado en las declaraciones;  por ello, conocedor de la decisión resolvió hacerla llegar el original  directamente al disciplinado, con lo cual insiste en la rectificación de la acusación, el cual se aporta para que sea valorado, pues su autor aclara el posible error en que incurrió y por ello solicita reponer la decisión y absolver de responsabilidad al disciplinado.

 

Solicitó que en caso de no declarar la prescripción  o no absolver al disciplinado, se reabra la etapa de pruebas para ampliar las declaraciones de SAADE y PINEDA y practicar las restantes pruebas que surjan.

 

El despacho considera:

 

No es viable acceder a la declaración de la prescripción reclamada por la recurrente, pues la hipótesis por ella planteada no tiene respaldo  probatorio, toda vez que ningún de los testigos han dicho que el doctor Salazar acudió a la Contraloría en una fecha determinada y menos que hubiera sido antes del 17 de diciembre de 1998, como se sostiene en la impugnación.

 

No es cierto que el doctor GUILLERMO RODIGUEZ  haya dicho que su hoja de vida y la de los doctores PARDO Y FAJARDO  las haya llevado a la Contraloría en diciembre de 1998 y mucho menos que éstos hayan confirmado esa fecha; lo que manifestó en su declaración es que después de la elección del doctor OSSA le entregó esas hojas de vida, sin precisar la fecha, y que en diciembre de 1998 se enteró que lo habían nombrado a él, pero que en cuanto a sus amigos PARDO Y FAJARDO  fue en enero o febrero de 1999 que acudió a la oficina del doctor SAADE para preguntar  por  sus nombramientos.

 

El doctor RODRIGO PARDO, aun cuando declaró que la hoja de vida la había entregado por conducto del doctor RODRIGUEZ, no precisa la fecha y menos dice que fuera en diciembre de 1998, en tanto que la doctora FAJARDO, al ser interrogada sobre la fecha en que se entregó su hoja de vida, contestó que no recordaba si fue a finales de 1998 o en 1999.

 

De suerte que no existe respaldo probatorio para afirmar que el disciplinado acudió a la oficina del doctor SAADE en diciembre de 1998, para efectos de las recomendaciones y menos  que existiera alguna razón para que no se realizara esa visita en una fecha próxima al nombramiento, lo cual era perfectamente posible si tenemos en cuanta que en febrero de 1999 el doctor RODRIGUEZ aún estaba indagando por el nombramiento de sus amigos, quienes también  eran amigos personales del doctor Salazar, según sus testimonios.

 

Por tanto, debe tenerse en cuenta que el término de prescripción debe contarse a partir del último acto constitutivo de la infracción, según lo previsto en el artículo 34 de la ley 200 de 1995, y no hay duda que hasta el día inmediatamente anterior  al nombramiento de los doctores PARDO Y FAJARDO, es decir, del 5 y 19 de marzo de 1999, era perfectamente posible que el disciplinado adelantara las gestiones de recomendación de sus amigos, razón por la cual no han transcurrido los cinco años para declarar la prescripción de la acción adelantada en su contra.

 

La hipótesis planteada sobre que NELSON PINEDA comenzó a alimentar la base de datos que originó en listado denominado “Consulta Contactos” en diciembre de 1998, cuando ingresó a laborar en la oficina del doctor LAFAURIE y no  a finales de 1999, como lo señaló en su declaración, no tiene respaldo probatorio, pues no existe otro medio de prueba que desvirtúe la información que dio directamente el testigo y por ello no puede el despacho afirmar lo contrario.

 

Para el despacho no hay duda que el doctor SALAZAR acudió a la Contraloría para recomendar a los doctores Pardo y Fajardo, como se analizó en el fallo, pues así aparece  en los listados, tanto en el de “Nombramientos” como en el de “Consultas”, al igual que en la lista donde el Contralor de su puño y letra le asignó al disciplinado un cargo de Jefe de Unidad, tal como obra en el proceso, y está también demostrado que los dos recomendados fueron nombrados como Jefes de División, el uno de Juicios Fiscales y la otra de Control Fiscal , en el Departamento del Cauca, circunscripción electoral por la cual fue electo Representante el investigado.

 

Si bien el doctor SAADE, en la declaración del 5 de agosto de 1999, en la cual fue interrogado por varios de los apoderados e investigado, aclaró que tenía dudas sobre la presencia en su oficina de algunos de los congresistas que había mencionado el 11 de marzo, no es menos cierto que manifestó que lo hacía porque no los recordaba bien, pero no porque estuviera arrepentido de lo que había manifestado antes, lo cual es perfectamente explicable pues fue un buen número de congresistas quienes lo visitaron para efectos de la recomendaciones  y tenía el deber legal de aclarar como lo hizo en forma  espontánea al inicio de la diligencia, como en el curso de la misma cuando fue interrogado por la Procuraduría, los apoderados e investigados que concurrieron a la misma, pero en todo caso en ningún  momento manifestó que estuviera equivocado en el nombre o no lo recordara, o tuviera duda de que el doctor SALAZAR CRUZ lo había visitado en su oficina para efectos de las recomendaciones, máxime cuando el disciplinado tuvo la oportunidad de interrogarlo en esa diligencia  y no concurrió a la misma, probablemente por una estrategia de defensa que es perfectamente respetable.

 

Por esas razones es que no puede acoger la  nota escrita por el doctor SAADE, enviada en enero de 2004, no solo porque como se dijo en el fallo fue allegada por fuera de la etapa probatoria, sino porque es evidente que con una carta no se puede desvirtuar lo manifestado en declaraciones rendidas legal y oportunamente en el proceso.

 

En consecuencia, no encuentra el despacho fundamento alguno para declarar la prescripción o para revocar el fallo sancionatorio y menos para reabrir el proceso a pruebas, pues no existe duda alguna sobre la responsabilidad del disciplinado y no está prevista ninguna etapa probatorio en el trámite del recurso de reposición, según el artículo 114 de la ley 734 de 2002.

 

JORGE JULIAN SILVA MECHE (190)

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar a NANCY SALAMANCA FERNANDEZ, quien fue nombrada como profesional universitario, grado 9, en la Unidad de Acción Fiscal del Vichada, el 3 de marzo de 1999.

 

El disciplinado interpuso recurso de reposición, por conducto de apoderado, bajo las siguientes consideraciones:

 

Es errónea la apreciación del testimonio que rindió NANCY SALAMANCA, pues ella explicó que la hoja de vida la envió a la Contraloría por conducto de su compañera Betty y que no tuvo conocimiento de que el disciplinado la hubiera recomendado ante el Contralor, por tanto, si no pidió colaboración, qué interés podía tener él para hacerlo, cuando la experiencia indica que  nadie da ayuda si no se ha pedido o si no existe un interés, pero en este caso no se deduce ese interés y ello coincide con lo manifestado por el Contralor en el sentido que para conformar la gran base de hojas de vida se tuvieron en cuenta no solo las hojas de vida enviadas por los congresistas, sino las que directamente hicieron llegar los interesados.

 

De análoga manera  OSCAR YESID GONZALEZ declaró que envió su hoja de vida a la Contraloría, sin que el disciplinado le hubiera colaborado en alguna gestión, pero en el  fallo se destacó que como figuraba también como recomendado del Representante FRANKLIN GARCIA, se descartó la intervención del disciplinado porque en el cuadro “Consulta Contactos” figuraba éste último como su benefactor.

 

No existe nota manuscrita por el disciplinado en la que haga recomendación alguna al Contralor o prueba de que haya sostenido  conversación telefónica alguna con él, por lo que si en la anotación escrita le asignó un grado 10, pero a las dos personas las nombró en grado 9, se puede concluir que no se cumplió el ofrecimiento y quedó en el aire o que el disciplinado no presentó candidato alguno y por tanto no violó la prohibición contenida en el artículo 268, numeral 10 de la Constitución, y por tanto no incurrió en falta disciplinaria.

 

Se destacó en el fallo que ALFREDO SAADE había mencionado el nombre del disciplinado en su declaración del 11 de marzo de 2003, como uno de los congresistas que habían ido a las oficinas para efectos de las recomendaciones, pero se olvidó  que  con anterioridad había dicho que no todos los congresistas fueron con ese propósito, sino buscando información para ejercer el control político, como sería el caso del disciplinado que pertenecía  a una comisión económica de la Cámara; además, se le dio amplia margen de credibilidad  al testigo, quien era hermano de WILLIAM SSADE, investigado por obra y gracia de los malos manejos como Secretario de Hacienda del Cesar.

 

Se pregunta porqué si el despacho no le creyó a SAADE cuando sostuvo que GONZALEZ  era ficha política de SILVA MECHE, sí le va a creer en el caso de NANCY SALAMANCA, cuando ello debía abrir camino a la duda razonable; además, debe recordarse que certeza viene del verbo latino “cernere” que no solo significa divisar, sino escoger y por ello, en este caso como el acervo probatorio no le permite al fallador divisar claramente ni escoger, es decir que no hay seguridad de la responsabilidad del disciplinado, se presenta una duda razonable, imposible de eliminar lo que favorece los intereses del disciplinado, por lo cual solicita que se revoque el fallo y se le absuelva de responsabilidad.

 

El despacho considera:

 

No es que exista errónea apreciación del testimonio de NANCY SALAMANCA,

Lo que ocurre es que el despacho hizo en el fallo un amplio análisis probatorio sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar como se dieron las recomendaciones, particularmente en las consideraciones generales, que no es el caso repetir ahora, de lo cual emerge claramente que no se le puede dar credibilidad a dicho testimonio, en cuanto se niega la intervención ante la Contraloría del Representante SILVA MECHE.

 

Si bien es cierto la base de datos se alimentó con hojas de vida enviadas por los interesados,  y hasta allí podía ser el caso de NANCY, también lo es que el Contralor de su puño y letra le asignó al disciplinado un grado 10, y está demostrado que esto lo hacía cuando se reunía con el doctor SAADE y le preguntaba qué parlamentaria había llevado la hoja de vida del candidato a nombrar y una vez conocía el nombre de dicho parlamentario le asignaba el grado, tal como ocurrió en este caso con el Representante SILVA MECHE; ahora, que a dicha persona no la hayan nombrado en el grado 10, sino en un grado 9, es una circunstancia que de ninguna manera genera duda y mucho menos desvirtúa que el Representante acudió a la oficina del doctor SAADE para efectos de la recomendación, tal como lo declaró el 11 de marzo de 2003, diligencia en la que si bien es cierto ante una pregunta general manifestó que no todos los congresistas iban a la Contraloría por las recomendaciones, sino también  a pedir alguna información, también lo es que cuando la Procuraduría lo interrogó concretamente sobre quienes de los congresistas vinculados a la investigación habían ido a la entidad con el propósito específico de  hacer recomendaciones precisó el nombre de varios de ellos, entre quienes se encuentra el Representante SILVA MECHE, acción mucho más clara y directa que si hubiera enviado alguna recomendación escrita o hubiera realizado una llamada, con la cual incurrió sin duda alguna en falta disciplinaria por violar la prohibición constitucional, en los términos explicados en el fallo.

 

No es cierto que el despacho  no le haya dado credibilidad a ALFREDO SAADE, cuando dijo que OSCAR GONZALEZ era ficha política del Representante SILVA MECHE, y sí le haya creído en el caso de NANCY SALAMANCA, como afirma el impugnante, por la simple razón que en ninguna parte del proceso y mucho menos en el fallo, se afirma que el testigo hizo esa manifestación. La decisión, como constan en el fallo, obedeció a que el señor GONZALEZ aparecía como recomendado del disciplinado en la lista “nombramientos” y como recomendado del FRANKLIN GARCIA, en la lista “Contactos”, por tanto, surgió así una duda razonable que no podía eliminarse y por ello se resolvió a favor del disciplinado, acorde con el mandato legal, lo cual no ocurre en el caso de NANCY SALAMANCA.

 

Por tanto, no existe fundamento alguno para revocar el fallo impugnado.

 

FERNANDO TAMAYO TAMAYO (192)

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar a EFIGENIA HERRERA SANTOS para que lograra su nombramiento en la Contraloría General de la República. 

 

Una vez notificado su apoderado, dentro del término legal interpuso y sustento el recurso de reposición, en el cual  planteó que no es cierto que el sancionado haya recomendado a dicha persona y que al igual que el despacho lo reconoció en relación con las restantes dos personas, lo debe reconocer en este caso, según lo manifestado por EFIGENIA HERRERA y lo resuelto por el Consejo de Estado al negar la pérdida de investidura del sancionado.

 

Sería del caso resolver la impugnación, no obstante, se observa que el nombramiento de EFIGENIA HERRERA SANTOS se produjo el 15 de febrero de 1999, en el cargo de Profesional Universitario grado 10, lo que indica que a la fecha han transcurrido más de cinco años de ocurridos los hechos por los cuales fue sancionado el impugnante, razón por la cual la acción disciplinaria se encuentra prescrita y así lo declarará el despacho, conforme al artículo 34 de la ley 200 de 1995, vigente por la época de los hechos.

 

GERARDO TAMAYO TAMAYO (193)

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar a GLADYS HURTADO TAMAYO, nombrada como profesional universitaria, grado 12, el 4 de marzo de 1999; ADRIANA INES GUERRERO, nombrada como profesional universitario, grado 9, el 3 de marzo de 1999, y AURA LIGIA TAMAYO BRAVO, nombrada como profesional universitario, grado 10, el 3 de marzo de 1999.

 

El investigado interpuso recurso de apelación dentro del término legal, por conducto de apoderado; aun cuando  éste es improcedente por cuanto el fallo proferido es de única instancia, y por ello se advirtió en la parte resolutiva que procedía el recurso de reposición; no obstante, el despacho resolverá la impugnación para garantizar el derecho de contradicción del disciplinado.

 

Afirmó el apoderado que el fallo sólo hizo un análisis global del material probatorio,  no en referencia  a cada uno de los investigados y omitió analizar la finalidad que buscaba el legislador con la prohibición prevista en el artículo 268, numeral 10 de la Constitución, que a su juicio se encamina hacia los miembros del congreso que hayan participado en la elección del doctor CARLOS OSSA, que son quienes en algún momento  pueden “cobrar favores políticos” y solicitar de esta manera el nombramiento de personas; pero en el caso del doctor GERARDO TAMAYO la norma constitucional resulta inocua, porque su finalidad carecía de aplicación en virtud a que por la época de elección fue un hecho notorio que él estuvo secuestrado por el “EPL”, del 27 de julio  al 22 de septiembre de 1998.

 

No existe relación casual entre la conducta del disciplinado y la decisión unilateral y sopesada del Contralor al realizar los nombramientos.

 

GLADYS HURTADO TAMAYO incluyó el nombre del disciplinado en su hoja de vida, sin su consentimiento, como lo dijo en la declaración que rindió y lo hizo en razón al conocimiento impersonal surgido del hecho de ser oriundos del mismo municipio; jamás existió recomendación a favor de ella, ni de ADRIANA INES GUERERO y AURA LIGIA TAMAYO; la infracción se configura al emitir la recomendación y ésta con la presencia del disciplinado en el despacho del doctor SAADE o del Contralor, pero no con la inclusión de su nombre en la hoja de vida, sin consentimiento del afectado; además, existe una contradicción porque supuestamente se asignó al disciplinado un grado 9 y un grado 10, pero se sabe que a GLADYS HURTADO la nombraron en un grado 12, por lo que no hay prueba contra el disciplinado, ni el fallo no se  menciona expresamente.

 

La declaración del doctor SAADE es etérea, pues allí refiere que el doctor GERARO TAMAYO estuvo en su oficina, lo cual es cierto, ya que varias veces acudió al despacho del Contralor con el fin de abordar temas fiscales, propios de su Comisión, pero en parte alguna se precisa en cual de ellas tuvo alguna conversación de tipo venal o integrante, la hora de la misma y los términos; en la ampliación de su versión dijo que no todos los congresistas iban a buscar puestos en la Contraloría, por tanto el disciplinado ésta amparado por la presunción de inocencia y es al Estado a quien le corresponde demostrar que la visita la hizo con otros fines. Además, el Contralor dijo que los nombres que colocó de su puño y letra, los anotó atendiendo la información que le suministró el doctor Saade y bien pudo ocurrir que para obtener él mismos los nombramientos, colocó el nombre de Representantes o Senadores.

 

Solicitó insistir en la recepción de las declaraciones de ADRIANA INES GUERRERO y AURA LIGIA TAMAYO, para que certifique la inocencia del disciplinado, y que se revoque el fallo.

 

El despacho considera:

 

No es cierto que  la prohibición contenida en el artículo 268, numeral 10 de la Constitución, sea aplicable únicamente a los congresistas que han participado en la elección del Contralor, como lo sostiene el impugnante, pues como lo explicó el despacho en auto del 29 de julio de 2003, al cual nos remitimos, el texto de la norma se refiere a quienes formen parte de las corporaciones que les corresponde efectuar la postulación y elección del Contralor (fl. 18 c.o. 8), y está acreditado que el doctor GERARDO TAMAYO, tomó posesión como Representante a la Cámara el 20 de julio de 1998 (fl. 5 anx. 193), razón por la cual aun cuando haya estado secuestrado al momento de ser elegido el Contralor, no había perdido la calidad de Representante y como tal  le estaba prohibido realizar las recomendaciones por las que fue sancionado.

 

La finalidad de la prohibición, como se explicó en el fallo, es precisamente evitar que las personas que tiene  la calidad de congresistas interfieran con recomendaciones la autonomía que tiene el Contralor para designar a  sus empleados, pues ello afecta los fines del Estado, cuya actividad debe estar orientada por los principios de moralidad, transparencia y eficacia, según lo previsto en el artículo 209 de la Constitución; por ello, el “cobro de favores políticos” a que se refiere el impugnante, es un comportamiento que le estaba prohibido al disciplinado.

 

Se explicó en el fallo que el hecho de que GLADYS HURTADO haya sido nombrada en un grado diferente a los que le fueron asignados por el Contralor, de su puño y letra al doctor GERARDO TAMAYO, y que en la declaración   dijera que lo había colocado como referencia en su hoja de vida, sin su consentimiento, no desvirtúa que tanto ella como ADRIANA INES GUERRERO y AURA LIGIA TAMAYO, aparecen como sus recomendadas en la lista denominada “Consulta Contactos”, la cual no fue elaborada por  el doctor SAADE, como dice la defensa, sino por orden del doctor LAFAURIE y  que tal como lo explicó NELSON PINEDA, en esos listados se anotaba el nombre de las personas recomendados por congresistas y que algunos de éstos hacían correcciones a los nombres, con autorización del Vicecontralor. Como se explicó en el fallo impugnado, la conducta imputada al disciplinado no exige el resultado, se incurre en ella con la recomendación que se realice, sea por medio verbal o escrito, por tanto no desvirtúa la conducta el hecho de que la persona recomendada haya sido nombrada en un grado diferente a los que le asignaron, pues el resultado no hace parte de la conducta tipificada.

 

El doctor OSSA ESCOBAR, como se explicó en el fallo,  designó al doctor SAADE, para que  les recibiera a los congresistas las hojas de vida de las personas recomendadas y se reunía con él para preguntar quien había llevado esa hoja de vida y le asignaba los grados en que le iba a hacer los nombramientos, en el caso del doctor GERANDO TAMAYO le asignó un grado 9 y un grado 10, en los cuales fueron nombradas sus recomendadas ADRIANA INES GUERRERO y ANA LIGIA TAMAYO, respectivamente.

 

Si bien el doctor SAADE,  afirmó que no todos los congresistas iban a la Contraloría para buscar puestos, también es cierto que el 11 de marzo de 2003 fue interrogado sobre el nombre de los congresistas que lo habían visitado expresamente para efectos de las recomendaciones y en dicha diligencia mencionó a quienes habían acudido a su despacho con ese específico propósito, entre quienes mencionó expresamente al doctor GERARDO TAMAYO TAMAYO, hecho que ratificó en la ampliación de declaración del 5 de agosto del mismo año, en la cual fue nuevamente interrogado sobre ese aspecto y solamente hizo la salvedad respecto a cinco congresistas, porque no los recodaba, pero entre ellos no mencionó al disciplinado, de suerte que para el despacho no existe ningún duda que cuando visitó al doctor SAADE, lo hizo con el específico propósito de recomendar  a las tres personas que aparecen en la lista “Contactos”, la cual como se explicó, no fue elaborada por él; por tanto, la visita no  fue para tratar asuntos propios de sus labores en la Cámara, como dice la defensa, sino para efectos de las recomendaciones.

 

Por tanto, no hay duda que existió un relación causal entre las personas que aparecen recomendadas por el disciplinado en la lista “Contactos”, la asignación de grados que le hizo el Contralor y la visita que realizó al doctor SAADE, con el especifico propósito de abogar por sus nombramientos, lo cual configura la recomendación, por cuya conducta se le ha sancionado.

 

Las señoras AURA LIGIA TAMAYO Y ADRIANA INES GUERRERO, fueron citadas en tres oportunidades, durante la etapa probatoria, a las direcciones suministradas por la Contraloría y no comparecieron; se les hicieron llamadas telefónicos y no las conocían, de lo cual se dejó constancia en el proceso( fl. 56 anx. 193), por tanto, no viable hacer nuevas citaciones , pues es claro que en el trámite del recurso de reposición no esta prevista ninguna etapa probatoria, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la ley 734 de 2002.

 

En consecuencia, no existe fundamento alguno para revocar el fallo impugnado, ni es procedente una nueva etapa probatoria, razón por la cual se confirmará la decisión impugnada.

 

MAURO ANTONIO TAPIAS DELGADO (194)

 

El despacho lo encontró responsable de haber recomendado a JORGE RAFAEL GARCIA NUÑEZ, nombrado el 17 de marzo de 1999, y  SILVESTRE MARCELO AROCA COTES, nombrado el 16 de febrero de 1999.

 

Una vez notificado el fallo, el apoderado presentó y sustentó el recurso de reposición, bajo las siguientes consideraciones:

 

Se refirió a lo declarado por JORGE RAFAEL GARCIA, para señalar que no entiende porque se le dio credibilidad a su testimonio en la primara parte, cuando se refirió a que su primera vinculación la logró cuando era Contralor el doctor TURBAY y no en  cuanto a la segunda vinculación  del 17 de marzo de 1999, cuando señaló que no hizo ninguna gestión personal para ello y que posiblemente el Director TIRADO FLOREZ en algún viaje a Bogotá hablo con el Contralor y lo nombraron por necesidades del servicio y no por recomendación del investigado.

 

Que la declaración de los testigos, fueron claras, directas, completas, con explicación de las circunstancias  de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, que no dejan incertidumbre sobre que MAURO TAPIAS  no tuvo nada que ver en su nombramiento.

 

Señaló que como no se interrogó al Director sobre si había hablado con el Contralor, existe una duda que debe resolverse a favor del sancionado, conforme al principio del in dubio pro disciplinado y absolverlo de responsabilidad.

 

Que del testimonio rendido por ALFREDO SAADE, surgen serias dudas porque

Elaboró su lista para fines de nombramiento, en tanto que la que elaboró el Vicecontralor era para tenerla en cuenta en caso de tramitar proyectos de ley de interés para la Contraloría, lo que indica que existe una contradicción y se está interpretando sin tener en cuenta la favorabilidad para los congresistas y si no aparecen las cartas de recomendación de éstos, no puede hablarse que dichas listas eran para hacer nombramientos.

 

La personalidad de ALFREDO SAADE se encuentra afectada por la esquizofrenia paranoica y la amnesia, pues sus testimonios son contradictorios por falta de concordancia y convergencia, que no puede tomarse siquiera como indicio para proferir fallo sancionatorio por lo que la apreciación que se hizo fue equivocada y distante de las pruebas.

 

Frente a lo manifestado por el doctor OSSA, no se sabe cuales hojas de vida fueron enviadas por congresista y cuales pos sus amigos, por lo cual estaríamos frente a la duda y por ello no se puede endilgar responsabilidad al sancionado.

 

Que los hechos carecen de antijuridicidad sustancial, tipicidad y culpabilidad porque los nombramientos no afectaron el deber funcional del Contralor, pues los hizo dentro de sus funciones y el artículo 153 de la ley 734 de 2002, exige demostrar el perjuicio causado a la administración pública.

 

Al responsabilizar al sancionado se viola el principio de imparcialidad porque debe investigarse tanto lo favorable como lo desfavorable y según el artículo  142 de la ley 734 de 2002, no se puede proferir fallo sancionatorio sin que obre prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado, pues con los testimonios del GARCIA NUÑEZ y los otros dos nombrados, se desvirtuó la existencia de falta y se demostró que MAURO TAPIAS  no incurrió en responsabilidad.

 

La responsabilidad objetiva etapa proscrita y el sancionado no incurrió en conducta dolosa, como se afirma en el fallo, pues de acuerdo con los dicho por la Sala de  Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el dolo es una culpa intencional que implica astucia o engaño para  sorprender el consentimiento de la víctima y el sancionado nunca  ejecutó  maniobras engañosas  ante el Contralor ni ante  el  asesor SAADE, pues como lo dijeron los testigos, el sancionado no habló  con ninguno de ellos, ni llevó sus hojas de vida para su vinculación laboral y por tanto, no se pueden construir afirmaciones sobre supuestos o hipótesis que no tienen fundamento en la prueba recaudada, por lo cual solicita la revocación del fallo y el archivo definitivo de la investigación.

 

El despacho considera:

 

Si bien en el fallo impugnado se encontró responsable al Representante TAPIAS DELGADO por haber recomendado a los señores JORGE RAFAEL GARCIA NUÑEZ y SILVESTRE MARCELO AROCA COTES, en este momento procesal se observa que en cuanto a éste último su nombramiento en la Contraloría se produjo el 16 de febrero de 1999, según el certificado de servicio, lo que indica que a la fecha han transcurrido más de cinco (5) años de ocurridos los hechos que originaron la sanción y por ello la acción disciplinaria se encuentra prescrita, conforme lo previsto en el artículo 34 de la ley 200 de 1995.

 

En consecuencia, se procede al análisis del recurso impetrado en relación con la responsabilidad deducida al Representante por la recomendación de JORGE  RAFAEL GARCIA NUÑEZ. 

 

 Estamos de acuerdo con el impugnante en que no se puede construir afirmaciones sobre supuestos o hipótesis que no tengan fundamento en las pruebas recaudada en el proceso, por ello no se puede plantear dudas donde no las hay, pues el señor GARCIA NUÑEZ   no afirmó que  el Director Regional TIRADO FLOREZ haya hablado con el Contralor para  el nombramiento del 17 de marzo de 1999, sino que  en medio de las dudas que reflejó sobre la real causa para que lograra dicho nombramiento, planteó como una hipótesis la de que el Director hubiera hablado con el Contralor o que se hubiera debido a las necesidades del servicio o a su experiencia laboral, más no expresó certeza sobre que una de esas hipótesis fuera la real causa de su nombramiento.

 

Lo que esta realmente probado es que el Representante TAPIAS DELGADO visitó al doctor ALFREDO SAADE, con el propósito de  rogar, pedir o abogar para que el señor GARCIA NUÑEZ lograra con mayor facilidad su nombramiento, así éste lo  haya negado en su declaración, entendible en la medida que no quisiera  comprometerse con el investigado, pero la declaración del doctor SAADE, rendida el 11 de marzo de 2003, fue clara al manifestar que efectivamente el Representante TAPIAS DELGADO acudió a su despacho para efectos de los nombramientos y lo ratificó en la  audiencia del 5 de agosto del mismo año, donde fue interrogado por varios investigados y apoderados, oportunidad en la cual hizo aclaró que en relación con algunos de los congresistas que lo habían visitado para efectos de los nombramientos tenía dudas porque no los recordaba, pero entre ellos no mencionó al Representante TAPIAS DELGADO y menos manifestó que no lo hubiera visitado para dichos propósitos, ratificando de esa manera su declaración anterior, razón por la cual son infundados los argumentos del impugnante cuando dice que existe duda porque  a su testimonio le faltó concordancia y convergencia.

 

Las razones para apreciar la credibilidad del testimonio rendido por el Doctor ALFREDO SAADE, particularmente a lo que manifestó el 11 de marzo y el 5 de agosto de 2003, fueron ampliamente explicadas en el fallo impugnado y a ello se remite el despacho, pues no encuentra ahora sombra alguna de duda con lo manifestado por el impugnante, menos aun por el hecho de que la lista que elaboró para reflejar las personas nombradas y quienes lo recomendaron fuera supuestamente diferente a la que elaboró el Vicecontralor con otro propósito, según su dicho, pues como se explicó en el fallo, esa aparente contradicción quedó plenamente desvirtuada con lo declarado por NELSON PINEDA, quien alimentó la base de datos por orden del Vicecontralor y precisó sin equivoco alguno que  parte de la información la recibió precisamente en los listados suministrados por el doctor SAADE y que el propio Vicecontralor autorizaba a los congresistas para que hicieran correcciones sobre los nombres de los recomendados.

 

No es cierto que la antijuridicidad sustancial no se haya configurado, como lo asegura el impugnante, porque los nombramientos no afectaron el deber funcional del Contralor y que la investigación debía demostrar el perjuicio causado a la administración, según el artículo 153 de la ley 734 de 2002, pues como se explicó en el fallo,  la antijuridicidad  en materia disciplinaria tiene directa relación con la infracción de los deberes y no con la protección de bienes jurídicos extraídos de los derechos fundamentales, por cuanto el servidor público tiene una relación de sujeción con el Estado enmarcada dentro de una reglas de conducta que a manera de deberes, prohibiciones, etc., vinculan al funcionario como prenda de garantía para el cumplimiento de los deberes funcionales del Estado bajo los principios de moralidad, eficacia y transparencia, previstos en el artículo 209 de la Constitución.

 

Además, no hay duda alguna que la prohibición  prevista en el artículo 268, numeral 10 de la Constitución, está enmarcada dentro de dichos principios, pues lo que busca es precisamente impedir la interferencia de los congresistas en la autonomía otorgada al Contralor para nombrar a la personas más calificadas por su capacidades profesionales, intelectuales y personales, y no por la ayuda de un congresista por que ello desvirtúa la moralidad, transparencia y eficacia en su escogencia, lo cual,  sin duda, afecta el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

 

Por tanto, la existencia de falta disciplinaria no está condicionada a la demostración del perjuicio material, como se explicó ampliamente en el fallo, pues en materia disciplinaria la tipicidad y la antijuridicidad están refundidas por no ser de la esencia de la descripción de los tipos disciplinarios la presencia de un resultado que sea separable  en el espacio y en el tiempo de la conducta en sí misma considerada, porque el servidos publico tiene una relación de sujeción con el Estado que no le permite escoger que deberes quiere cumplir y cuales no.

 

Tampoco es cierto que el sancionado no haya incurrido en conducta dolosa, porque no ejecutó maniobras engañosas ante el Contralor ni ante el doctor SAADE, ni ante ningún otro funcionario, como lo afirmaron los testigos, pues en primer lugar éstos y en particular el señor GARCIA NUÑEZ no estuvo presente al momento de la visita que el Representante TAPIAS DELGADO hizo al doctor SAADE para efectos de los nombramientos y por ello no pueden dar fe de lo ocurrido.

 

Además, el impugnante tiene que diferenciar la connotación jurídica que tiene el dolo en materia civil donde se deduce o equipara  las conductas consideradas como constitutivas de culpa grave (art. 63 C.C.), en tanto que en materia punitiva el dolo es definido como la conducta del agente que conoce los hechos constitutivos de la infracción y quiere su realización (art. 22  C.P.)

 

Para el caso, es claro que el Representante TAPIAS DELGADO conocía que el artículo 268, numeral 10 de la Constitución le prohibía recomendar personas para que fueran nombradas por el Contralor General de la República y no obstante acudió al despacho del doctor SAADE, quien fue designado por el Contralor para atender a los congresistas, con el propósito de que le efectuara nombramientos, razón por la cual no hay duda que  incurrió en conducta dolosa, como se explicó ampliamente en el fallo impugnado al referirnos a la culpabilidad de los sancionados.

 

En consecuencia, no existe fundamento  para revocar el fallo proferido y por ello se confirma la responsabilidad del Representante TAPIAS DELGADO por la recomendación de JORGE RAFAEL GARCIA, en los términos explicado en el fallo, manteniendo la misma sanción por ser la mínima dosificada según el principio de proporcionalidad diseñado en el fallo que se confirma.

 

EDGAR EULISES TORRES MURILLO (196)

 

Fue hallado responsable disciplinariamente por recomendar para que fueran nombrados en la Contraloría a JULIO ELIECER GONZALEZ CUESTA, quien fue nombrado Jefe de Unidad de la Seccional Chocó, el 5 de marzo de 1999, y LUZ CELESTE GOMEZ LONDOÑO, quien fue nombrada el 3 de marzo de 1999, como profesional universitario, grado 9.

 

El sancionado, por conducto de apoderado, interpuso y sustentó dentro de término legal el recurso de reposición bajo las siguientes consideraciones:

 

Existe error de hecho por falso raciocinio al otorgarle la calidad de documento auténtico a los listados denominados “Nombramientos Administración Dr. Carlos Ossa Escobar” y “Consulta Contactos”, pues estos no tienen la calidad de públicos ni están aparados por la presunción de autenticidad y veracidad, ya que según la doctrina la calidad de públicos hace referencia al hecho de ser otorgados por un funcionario del Estado en ejercicio de sus funciones, y la autenticidad se refiere a que su autor verdadero sea el que aparece como tal en el documento.

 

El doctor SAADE  atendía ordenes del Contralor General pero no tenía la calidad de servidor o empleado público, porque era un particular vinculado a la Contraloría por el programa de Naciones Unidades –PNUD- como asesor del Contralor y su labor, según su testimonio, era recibir las hojas de vida que llevaban los congresistas y el doctor OSSA le enviaba los datos  y el alimentaba la base de datos con la resoluciones de nombramiento firmadas por el Contralor.

 

La circunstancia de que los documentos se hayan elaborado en la Contraloría no les da la calidad de público, porque quien dirigió su elaboración fue el doctor SAADE, quien era particular  y tanto LUZ MARINA NOREÑA como NELSON PINEDA se limitaban a incorporar la información que  también les suministraba el doctor LAFAURIE,  la cual se elaboró  hacia finales de diciembre de 1999, es decir, un año después de verificarse las posibles recomendaciones y fueron esas circunstancias las que llevaron al despacho a concluir que eran documentos públicos, cuando no es el lugar donde se elaboren, sino la calidad y funciones del empleado que los elabore o firme; por tanto, son documentos privados que no están amparados por la presunción de autenticidad y no se puede confundir autenticidad con veracidad, al decir que la información contenida en los listados son documentos auténticos, sin individualizar a los autores.

 

Al admitirse en el fallo que esos listados  presentan ciertas inconsistencias es obvio que no puede generar certeza como lo exige el artículo 142 de la ley 734 de 2002 y si esto no ocurre se viola el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución.

 

La falta de certeza impide concluir que el sancionado acudió a la Contraloría a realizar las recomendaciones de Luz Celeste Gómez y Julio Eliécer González, pues el operador jurídico lo infiera de las listas que presentan inconsistencias, lo cual no permite elaborar  una conclusión válida, por falta de cohesión y firmeza, y menos puede tenerse como respaldo probatorio el testimonio del doctor SAADE, el cual es inverosímil.

 

Existe atipicidad por ausencia de los elementos estructurales de la prohibición contenida en el numeral 10 del artículo 268  de la Constitución, cuyo verbo rector e ingredientes normativos consiste en “dar recomendaciones personales y políticas para empleos de su despacho”, lo que exige que el propio congresista entregue o haga la recomendación ante el Contralor, la que también deber ser “política”, es decir, con el fin de hacer proselitismo, para conservar unos adeptos con fines “clientelistas”; estos elementos no son alternativos, porque la norma no contiene la “o” , conjunción disyuntiva o alternativa, sino la copulativa “y”, de tal manera que al decir el fallo que  la conducta esta regida por el verbo rector recomendar, personal o políticamente, se hizo un errado raciocinio, que consolida una  violación al debido proceso, según el artículo 29 de la Constitución y el artículo 4 de la ley 734 de 2002

 

No fue ante el Contralor que presuntamente se hizo la recomendación, que también debía ser personal y política, sino posiblemente ante el doctor SAADE, como se concluyó en el fallo, quien, además, no ejercía funciones públicas, porque era un particular, y según la prohibición constitucional, esa recomendación debía hacerse ante el Contralor o nominador, pero se hizo ante un particular y por ello la atipicidad de la conducta.

 

También sería atípica la conducta porque el Contralor sostuvo en su versión libre que el listado lo elaboró (Saade) a su arbitrio y antojo,  lo que se consideró como  un medio de defensa, a pesar que la critica es fundada, pero se le dio credibilidad, sin preguntar las razones por la cuales omitió esos detalles en su primera declaración y los manifestó  después de cuatro años de cometida la posible falta.

 

A la referencia personal se le dio un doble y contradictorio valor, pues en el fallo se dice que no se le puede dar el alcance de recomendación a la entrega de la hoja de vida o que se registre el nombre del parlamentario, pero respecto a Julio Eliecer González, quien colocó el nombre del doctor TORRES MURILLO, como referencia sin su autorización, se le atribuye como indicio de que sí recomendó, siendo ello contradictoria con el aparte donde se dijo que el auto de cargos no solicitó explicación por llevar hojas de vida o por las referencias personales, sino por recomendarlas y esa conducta se materializó  cuando algunos hicieron presencia ante el Contralor o ante el doctor SAADE, lo cual viola el principio de no contradicción porque con raciocinios contradictorios se concluyó que el disciplinado actuó ante el Contralor General, lo que equivale a que recomendó, sin existir prueba creíble y cierta que así lo demuestre; por tanto, debe admitirse la explicación rendida por el congresista en su versión libre, porque no obra medio de prueba que lo desvirtúe y con evidencia se infiere que no recomendó a Luz Celeste Gómez, a quien no conoce, y a Julio Eliecer González, lo que indefectiblemente conduce a un fallo absolutorio, previa revocación del fallo sancionatorio, como en efecto lo solicita.

 

Se violó el principio de proporcionalidad y favorabilidad, previsto en el artículo 14 del C.D.U. y el artículo 15 de la ley 200 de 1995, pues el hecho se cometió en vigencia de ésta última ley, pero el juzgamiento y fallo en vigencia de la ley 734 de 2002 y de acuerdo con el principio de identidad  toda norma derogada pierde la capacidad o  fuerza normativa que le es propia, en consecuencia, por aplicación del principio de favorabilidad si al momento de la comisión  de la falta la ley permitía imponer además de la sanción principal una sanción accesoria, pero la ley posterior la elimina, debe aplicarse ésta retroactivamente por favorabilidad.

 

 El fallo impuso una multa equivalente a 45 días del salario devengado en 1999, sin precisar si sólo se limita al salario básico o comprende otros factores, por favorabilidad debe entenderse sólo el salario básico, como le prescribe el actual C.D.U.

 

En vigencia de la ley 200 de 1995, el parágrafo del artículo 30, la inhabilidad sólo se imponía cuando la sanción principal era la destitución o suspensión, en éste último caso para evitar que el sancionado se retirara durante el término de la suspensión y entrara a desempeñar otro empleo público diferente, eludiendo hábilmente la ejecución de la sanción, pero en ningún caso se imponía en el evento de la multa.

 

En este caso la sanción accesoria de inhabilidad resulta más grave que la principal, pues así pague la multa, durante los 45 días no podría ejercer otro empleo público y debe tenerse en cuenta que según el artículo 151 de la Constitución el ejercicio de la actividad legislativa debe estar reglamentada en una ley orgánica que es de mayor jerarquía que una ley ordinaria como lo es la 734 de 2002.

 

Por favorabilidad se debe aplicar el nuevo C.D.U. que consagra la inhabilidad general para los casos en que se aplique la destitución y la inhabilidad especial cuando se impone sanción de suspensión, según el artículo 44, numerales 1 y 2, pero cuando se impone la multa o la suspensión por faltas graves culposas no es procedente la sanción accesoria de inhabilidad.

 

Es equivocado decir en el fallo que la sanción de multa por razón de falta grave es equivalente con las suspensión de funciones, teniendo en cuenta que la imposición de una u otra depende de si para el momento de su imposición se encuentra vinculado con el servicio, porque la multa es pecuniaria  y el número de días es apenas un equivalente, para ese aspecto y no para otro.

 

Se debe declarar la prescripción de la acción disciplinaria adelantada contra el doctor TORRES MURILLO y ordenar el archivo definitivo conforme a lo previsto en los artículos 30 y 73 de la ley 734 de 2002, pues la actividad de los congresistas, cuyas labores ordinarias concluyeron el 16 de diciembre de 1998, terminó el 31 de diciembre del mismo año, por lo cual ha operado la prescripción, teniendo en cuenta que la comisión de las faltas no se puede  determinar por la fecha de emisión de los actos de nombramiento de los presuntos recomendados, el 3 y 5 de marzo de 1999, fechas de la posible efectividad de la presunta recomendación, es decir, la verificación del resultado, sino que la fecha es la subsiguiente a la posesión del Contralor, el 1 de septiembre de 1998 hasta diciembre de dicho año, teniendo en cuenta que la actividad del los congresistas culmina el 16 de diciembre y se inicia el 16 de marzo del año siguiente, lo cual es más lógico y favorable, por cuanto  los actos de nombramiento, que constituyen el resultado, son independientes del momento en que posiblemente el disciplinado hizo presencia en las instalaciones de la Contraloría en Bogotá, lo cual debió ocurrir cuando el congresistas asistía a las sesiones ordinarias, que culminaron el 16 de diciembre de 1998, por cuanto  el disciplinado reside en Quibdó.

 

 

El despacho considera:

 

No existe error de hecho por falso raciocinio al otorgar la calidad de documentos auténticos a las listadas denominadas “Nombramientos Administración Dr., Carlos Ossa Escobar” y “Consulta Contactos”, porque en su elaboración haya intervenido el doctor ALFREDO SAADE, quien no era empleado o servidor público, sino que estaba vinculada mediante un programa de Naciones Unidas como asesor del Contralor.

 

En efectos, el artículo 251 del C. de P.C. considera documento público el otorgado por funcionario público  en ejercicio de su cargo o con su intervención, en tanto que el artículo 252 ibídem, señala que auténtico el documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado; para el caso examinado no existe ninguna duda que dichos listados fueron elaborados el de “Nombramientos” por LUZ MARINA NOREÑA, empleada pública al servicio de la Contraloría General de la República, quien alimentaba la base de datos con la información que el doctor OSSA  le enviaba al doctor SAADE, quien a pesar de no estar vinculado formalmente como empleado público cumplía la función de recibir las hojas de vida que llevaran los congresistas por orden del propio Contralor General de la República, lo cual demuestra sin duda alguna que la base de datos se alimentó por la intervención del Contralor, quien dio la orden de recibir las hojas de vida y de la empleada que operó el sistema en que se elaboró la base de datos y no porque el doctor SAADE haya decidió por su cuenta pedir hojas de vida y relacionar nombres directamente, como acción eminentemente personal y particular, sino que trasmitió la información en cumplimiento de la función que le atribuyó el propio Contralor General de la República, por lo cual no se puede desconocer la calidad de público de dicho listado, ni la certeza sobre la identidad y calidad de los servidores públicos que intervinieron para su realización.

 

El otro listado, denominado “Consulta Contactos” fue elaborado por orden del propio Vicecontralor, doctor LAFAURIE y la base de datos la alimentó NELSON PINEDA, sobre quienes no hay duda alguna que eran empleados públicos al servicio de la Contraloría General de la República. Cabe aclarar, que no es cierto que esa base de datos se elaboró un años después de ocurridos los hechos como se dice en la impugnación o  que se elaboró simultáneamente con junto con la lista de “nombramientos” como se da a entender, pues NELSON PINEDA  es muy claro al explicar que cuando el Vicecontralor le entregó su computador personal  para alimentar la base de datos comprobó que esa información se venía almacenando de tiempo atrás y que recibió del Vicecontralor la orden de continuar alimentándola con la información que le suministrara el doctor SAADE y MARIELA BARRAGAN, quien era asesora del despacho y con los datos que los propios parlamentarios le hacían corregir.

 

No hay duda sobre la calidad de servidores públicos que tenían el doctor LAFAURIE, NELSON PINEDA y MARIELA BARRAGAN  y menos duda alguna sobre las personas que intervinieron en su elaboración, para llegar a pensar que se trató de simples documentos privados elaborados por ALFREDO SAADE y concluir, allí sí erróneamente, que  los listados son documentos privados no amparado por la presunción de autenticidad; cosa distinta es que su grado de eficacia pueda quedar desvirtúa al aparecer otras pruebas que así lo determinen, porque ellos es una consecuencia de la apreciación de las pruebas bajo el principio de la sana critica que es un deber del juzgador y lo ha hecho cada vez que así los demuestren los restantes medios de prueba.

 

El hecho de que en el fallo se diga que dichos listados presentan algunas inconsistencias, obedece precisamente a la confrontación que el despacho está obligado a hacer con otros medios de prueba que obran  en el proceso, al resolver la situación disciplinaria de cada investigado en particular, pues es evidente que hubo casos en que se demostró que la persona que le aparecía como recomendada, en realidad la había recomendado otro congresista o que su hoja de vida no la había entregado el congresista, sino la persona nombrada directamente al doctor SAADE y que el congresista que figuraba en los listados recomendándolo nunca había hecho presencia en la oficina del doctor SAADE, según su testimonio, por tanto mal podría desconocer el despacho esa inconsistencia, pero ese no en el caso del doctor TORRES MURILLO  quien sí  acudió a la oficina del doctor SAADE para efectos de las recomendaciones, por lo cual no se puede desconocer el grado de certeza sobre su conducta dirigida a recomendar a Luz Celeste Gómez y Julio Eliecer González, quienes figuran en los listados como recomendados suyos y para quien el Contralor le asignó un grado 9, el mismo grado en el que se nombró a Luz Celeste Gómez, como se acreditó en el proceso.

 

El artículo 268, numeral 10 de la Constitución prohíbe a quienes forman parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleos de su despacho, pero ello no  significa que para que se tipifique la conducta el congresista deba hacerlo directamente ante el Contralor, porque no lo exige la norma, pero en gracia de discusión, si ello fuera así, no existe duda que por decisión del Contralor no quiso recibir personalmente las hojas de vida que le llevaran los congresistas y por ello designó al doctor SAADE para que cumpliera esa función, hasta el punto que cuando se reunía con él preguntaba quien había llevado la hoja de vida del recomendado y con su puño y letra le asignaba los grados  en que iba a nombrarle a sus recomendados, como en efecto concurrió con el doctor TORRES MURILLO a quien le asignó un grado 9, como se explicó en el fallo; ahora, que la recomendación debe ser personal y política, para significar que debe existir un interés “clientelista” con el fin de hacer proselitismo para conservar sus adeptos, es más una apreciación de forma que de fondo, porque realmente en casos como éste no se puede escindir lo personal de lo político, pues cómo se podría entender  que el congresista cuya actividad gira al rededor de la política,  acuda a la Contraloría para rogar o pedir a fin de que una persona obtenga con mayor facilidad su nombramiento, sin el propósito de favorecer a sus adeptos, cuando justamente su elección obedece a la representación política que logra de la comunidad y por ello se inscribe a nombre de un partido político,  defiende tesis políticas y finalmente ejerce un poder político durante todo el periodo de su actividad parlamentaria; de suerte que no podría afirmase razonablemente que el Representante que ostenta una representación política  se pueda despojar de se esa calidad para hacer recomendaciones ante el Contralor  y por ello sea atípico su comportamiento.

 

Es apropiado recordar lo que dice Norberto Bobbio: “política y poder forman un binomio inescindible. El poder es la materia o la sustancia del universo que llamamos política”

 

No hay duda que prohibiciones como la que es materia de examen, está encaminada a impedir la interferencia de los miembros del poder  legislativo en la actividad administrativa que le corresponde desarrollar a los miembros del poder ejecutivo, en este caso más precisamente de un órgano de control como es la Contraloría y de esa manera proteger la libertad por medio de la limitación de los poderes públicos, pues como lo dice Montesquieu  en el Espíritu de las Leyes, para asegurar la libertad política, debe ordenarse el funcionamiento independiente de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, porque si las funciones que  corresponden a los tres poderes se encuentran en unas solas manos, habrá lugar al despotismo desenfrenado.

 

Tampoco existe atipicidad por las críticas que el doctor OSSA hizo al testimonio rendido por el doctor SAADE, pues como se explicó ampliamente en el fallo, esa criticas carecen de fundamento, pues fue el propio Contralor quien le ordenó al doctor SAADE recibir las hojas de vida que llevaban los congresistas y después se reunía con él para asignarles los grados en que iba a nombrar a los recomendados y elaboró los listados con su puño y letra, tal como se acreditó en el proceso, lo cual unido a la prueba documental y a lo declarado por NELSON PINEDA permitieron al despacho apreciar la credibilidad  de su testimonio, máxime cuando en sus tres declaraciones, así fueran distantes en el tiempo, como lo plantea el impugnante, lo que obedeció más a la dinámica de la investigación, no  incurrió el testigo en contradicción alguna sobre los congresistas que habían acudido a su despacho para efectos de las recomendaciones.

 

La afirmación contenida en la pagina 139 del fallo, en cuanto que no se le puede dar el alcance de recomendación a la entrega de la hoja de vida  o a que se registre el nombre del parlamentario, no corresponde a una afirmación del despacho, sino  a uno de los argumentos planeados por los investigados y defensores y por ello aparece como enunciado del punto cuarto de las consideraciones generales.

 

Lo que  afirmó el despacho  sobre ese cuestionamiento es que sería ilógico que un congresista llevara a la Contraloría la hoja de vida de un aspirante a conseguir empleo para  solicitar que no nombraran a esa persona, con mayor razón si además su nombre aparecía como referencia personal en la hoja de vida, o que hiciera presencia en la Contraloría para pedir que no nombraran al aspirante que había presentado personalmente su hoja de vida o la había entregado por conducto de terceras personas y agregó que, en todo caso, se trató de actos que en su conjunto buscaban una sola finalidad que era rogar, pedir, suplicar, sugerir o hablar a favor de unas personas para que obtuvieran con mayor facilidad el nombramiento, lo cual configura sin duda alguna la recomendación.

 

Estas afirmaciones las reitera ahora el despacho y por ello encuentra que no existe la doble y contradictoria apreciación a la referencia personal del disciplinado que aparece en la hoja de vida presentada por Julio Eliecer González, como lo considera la defensa.

 

En cuanto a  la aplicación del principio de favorabilidad  en relación los factores salariales para definir el monto de la multa y la no aplicación de sanción accesoria de inhabilidad, éstos puntos serán resueltos en el aparte de aspectos generales.

 

No es de recibo la apreciación de la defensa sobre la fecha de prescripción de la acción disciplinaria adelantada contra el Representante TORRES MURILLO, toda vez que su hipótesis sobre que las  recomendaciones se debieron presentar entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 1998, por que era la época en que estaban laborando los congresistas, ya que después regresaban a su lugar de origen hasta la reanudación de la siguientes sesiones en marzo de 1999, toda vez que  esa hipótesis no tiene respaldo probatorio alguno y es claro que  el término de los cinco años, debe contarse a partir del último acto constitutivo de la falta, según el artículo 34 de la ley 200 de 1995, el cual sin duda es la fecha previa a los nombramientos, ocurridos el 3 y el 5 de marzo de 1999, a menos que existiera prueba de que el Representante acudió  en una fecha anterior a donde el doctor SAADE para efectos de las recomendaciones, pero ello no se acreditó , razón por la cual no es viable declara la prescripción como lo solicita la defensa.

 

ASPECTOS GENERALES

 

PRIMERO.

 

En cuanto a los factores salariales para definir el monto de la multa, no es cierto que no se hayan discriminado, como se ha planteado en la impugnación, pues en la pagina 154 del fallo se explicó que de acuerdo con las certificaciones expedidas por el Senado y la Cámara, el salario mensual esta integrado por cuatro factores, pese a que el Decreto 801 de 1992, dispuso que dos de esos factores no tiene carácter salarial y por ello se tomo los restantes, es decir, el salario básico y los gastos de representación, por cuanto el artículo 32 de la ley 200 de 1995, asignó para las faltas graves una sanción de multa de once (11) a noventa (90) días del salario devengado al tiempo de cometerlas, es decir, no hizo ninguna distinción entre salario básico y otros factores salariales.  La ley 734 de 2002, derogatoria de la anterior, dispuso en el artículo 46 que para la sanción de multa se tomara el salario básico mensual, por lo que efectivamente, en aplicación del principio de favorabilidad se modificará la cuantía de la multa, teniendo en cuenta sólo el factor salario básico, que según las certificaciones, en el año 1999 para los Representantes era de  $2.676.976 y para los Senadores era de $ 2.670.974.00.

 

SEGUNDO

 

1. El verbo rector a partir del cual se construye la tipicidad endilgada es el de “recomendar”, lo cual, según el Diccionario de la Lengua Española – Real Academia Española-, significa entre varias acepciones “encargo o súplica que se hace a otro” y “empeñarse por uno”.

 

Como se puede ver, el verbo rector es de naturaleza transitiva, esto es, si bien se materializa ya sin más ni más con la mera recomendación, su desarrollo puede extenderse cuando es atendida la recomendación por la persona a quien va dirigida.

 

En efecto, son verbos transitivos aquellos en los cuales surge una causa cuya relación de causalidad “se pasa y se transfiere de uno a otro” –ibídem-, extendiéndose su verificación por un lapso de tiempo determinado, cuya muestra palpable de dicha extensión está marcada por el cumplimiento de la recomendación. Es decir, mientras en el despacho del Contralor General se encontraban las hojas de vida de los recomendados, es obvio que se mantenía vigente la recomendación y por tanto se estaba recomendado.

 

Lo anterior guarda armonía con lo que pretendió asegurar el constituyente: evitar las influencias indebidas de quienes eligen al Contralor General de la Nación en el ejercicio de sus facultades de nominador.

 

De allí que este despacho acoja la teoría de la valoración jurídica o diferenciadora absolutamente dominante y compatible con la naturaleza normativa del derecho disciplinario que rechaza cualquier concepción naturalística, según la cual, en exposición de MEZGER, parte “de que tanto el tiempo como el lugar de la comisión del delito son cuestiones jurídicas y, como tales, pertenecientes al mundo de la valoración y la teleología. En consecuencia, la determinación del momento o el lugar de la comisión de la infracción se hará de forma independiente dependiendo de la solución, en cada caso, de la finalidad perseguida con cada institución[1].

 

De allí que, como se ha sostenido, pues ya se puso de presente en decisiones anteriores, la acción disciplinaria no se encuentra prescrita en aquellos eventos donde se reclama su declaratoria.

 

Proponer nuevamente dicha petición es acto de deslealtad que debe ser rechazado, pues lo que se busca es dilatar indebidamente el trámite procesal (artículos 142 numeral 2º del C. de P.P., 38 numeral 2º del C. de P.C. y 21 del CDU). 

 

2. El CDU señala que las etapas para practicar pruebas están precisamente consagradas en su cuerpo normativo, de allí que las mismas tiene que ser decretadas y evacuadas dentro de los seis  meses que dura la indagación preliminar (artículo 150), seis o doce meses según el caso la investigación disciplinaria (artículo 156), tres o seis en la reapertura de investigación (artículo 156 inciso final) y tres meses en la etapa del juicio (artículo 168).

 

Excepcionalmente, y exclusivamente de manera oficiosa, se podrá decretar pruebas en segunda instancia, para lo cual se tiene un término de tres meses (artículo 171 del CDU).

 

No obstante, la Corte Constitucional, por sentencia C-181 de 2002, señaló que la prueba decretada en segunda instancia “restringe la posibilidad de solicitar pruebas durante la segunda instancia del proceso disciplinario, dejando a discreción de la autoridad disciplinaria la facultad de ordenarlas de oficio”. Pero además, su aceptación “no está encaminada a probar o a desvirtuar los hechos que promueven la apertura de investigación disciplinaria y sobre los cuales recae la formulación de dichos cargos, sino a controvertir la apreciación que de los mismos ha hecho el funcionario en primera instancia”.

 

Como tal controversia no es viable plantearla ante el mismo funcionario que debe proferir la reposición es obvio que la petición en manifiestamente inconducente y por ello debe ser rechazada in limine de conformidad con las normas de ordenación procesal antes mencionada.

 

3. El proceso es una sucesión ordenada de actos donde opera el principio de las eventualidades y preclusión de las instancias.

 

Significa lo anterior que las peticiones que se efectúen tienen que ser presentadas en los términos procesales propicios, pues si se postulan cuando los mismos han fenecido, es claro que las peticiones son extemporáneas.

 

La petición de nulidad podrá formularse hasta “antes de proferirse el fallo definitivo, esto es, hasta antes del falló de primera o única instancia” (artículo 146 del CDU).

 

Postulación de una nulidad después del fallo de primera o única instancia es de naturaleza extemporánea. Se dice fallo de primera o única instancia por cuanto, los fallos de segunda instancia o el de reposición se integran con aquellos, respectivamente, jurídicamente hablando.

 

Si así no se entendiera la norma entonces no existiría límite a la petición de nulidad, pues operaría en cualquier momento procesal, esto es, después del fallo de primera instancia y antes de resolver la segunda o después del fallo de única y antes de la reposición; luego entonces, en cualquier oportunidad procesal, pues proferidas esas decisiones pendientes se han agotado las instancias.

 

De allí que, como en el presente caso, las peticiones de nulidad efectuadas antes del fallo de primera instancia y debidamente resueltas, como las que se hacen después del fallo objeto de esta reposición, son asuntos de los cuales no puede ocuparse nuevamente el despacho, toda vez que dichas peticiones son manifiestamente inconducentes y dilatorias en los términos de los artículos 142 numeral 2º del C. de P.P., 38 numeral 2º del C. de P.C. y 21 del CDU.

 

Pero también, como se analizó en el parte pertinente, la petición de nulidad cuya supuesta causal se ancla en una violación al derecho de defensa o al debido proceso por falta de análisis o análisis indebido de la prueba en el fallo de responsabilidad es petición manifiestamente inconducente y dilatoria que pretende abrir las puertas a nuevos pronunciamientos y recursos fundados en la ilegalidad de una interpretación ajena al orden jurídico y contraria a la prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 de la Carta Política), marcada por la deslealtad procesal y contraria al principio de protección en tanto ni siquiera se preocupó el sujeto procesal de ajustar formalmente su petición con el intento de “demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales del proceso”, como es su deber (artículos 17 y 310 numeral 2o  del C. de P.P., 21 y 143 parágrafo del CDU), lo cual reclama, por otra parte, por ser un deber del director del proceso, su sanción y rechazo (artículos 142 numeral 2º del C. de P.P., 38 numeral 2º del C. de P.C. y 21 del CDU).

 

4. La decisión que niega una nulidad tomada en el fallo de primera o única instancia, como también en segunda cuando se postula una nulidad surgida en el fallo mismo o cuya petición es objeto del recurso no se constituye en una determinación jurídica diferente al fallo mismo que autorice a interponer recurso de reposición contra esa decisión.

 

En efecto, cuando el artículo 113 del CDU afirma que el “recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que se pronuncia sobre la nulidad”, está significando, teleológica y sistemáticamente interpretada la norma, que ello tiene ocurrencia cuando el pronunciamiento se hace en decisión diferente al fallo.

 

Son argumentos contundentes para tal afirmación los siguientes:

 

a) Si bien el artículo 147 del CDU señala que la petición de nulidad debe resolverse dentro de los tres días siguientes a su formulación, no es menos cierto que cuando nos encontramos en la etapa del juicio impera dar aplicación al principio de concentración, pues de lo contrario las peticiones y decisiones serían dispersas como en la indagación preliminar y en la investigación, introduciendo el caos procesal. De allí que, la etapa del juicio, esté marcada por el principio de la eventualidad o los compartimentos, tratando de concentrar todas las actividades de una manera que su desarrollo resulte ordenado.

 

Por ello, como resulta de una interpretación sistemática y teleológica impregnada por principios procesales tan caros como el de concentración del juicio, el artículo 410 del C. de P.P., aplicable por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del CDU, por demás acorde con la naturaleza simétrica de lo penal y disciplinario como lo requiere la sentencia de la Corte Constitucional C-107 de 2004, M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, se “podrá diferir para el momento de dictar sentencia –fallo en disciplinario-, las decisiones que deba tomar (el funcionario) respecto de las peticiones hechas por los sujetos procesales en el curso del juicio, cuando éstas no afecten sustancialmente el trámite” (artículo 410 del C. de P.P.).

 

Tal ocurre con las peticiones de nulidad y de cesaciones de procedimiento no fundadas en motivos que enerven la acción penal o disciplinaria, especialmente con aquellas que tienen que ver con asuntos poco claros o debatibles en mayor medida, buscando encauzar por el orden la actuación procesal y evitar constantes pronunciamientos que dilaten el proceso, forma específica de cumplir con el deber de director del proceso que le asigna el artículo 142 numeral 2º ibídem.

 

Por tanto, no es que la decisión que resuelve una petición de nulidad una vez diferida la misma se constituya en una providencia diferente a la sentencia o al fallo de primera o única instancia que autorice la interposición del recurso de reposición, toda vez que se encuentra integrada a la misma, habida cuenta que necesaria e inescindiblemente el primer requisito para dictar una de las mencionadas providencias que ponen fin al proceso  es verificar la inexistencia de motivos invalidantes de la actuación (así, por ejemplo, el artículo 304 del C. de P.C. requiere que en la sentencia se haga pronunciamiento sobre los “demás asuntos que corresponda decidir”). 

 

b) Si se trata de un fallo de primera instancia la viabilidad de controvertir la negativa de declarar la nulidad no es interponiendo recurso de reposición contra el mismo, pues el funcionario que profirió la decisión no puede volver a revisarla, toda vez que se ha precluido la instancia y por tanto ha perdido competencia “funcional” para pronunciarse. Sólo por excepción se puede adicionar o corregir el fallo (artículos 412 del C. de P.P y 21 del CDU).

 

Por tanto, las controversias sobre nulidades, presentadas en formas atípicas como en el recurso de reposición o como peticiones de nulidad, deben ser resueltas en el recurso de apelación, que se entiende interpuesto así no se afirme que se trata de dicho medio de impugnación, pues es el único que procede contra una decisión de primera instancia.

 

Si se trata de un fallo en única instancia las controversias sobre nulidades que tengan que ver con peticiones formuladas antes del mismo o surgidas del mismo deben tramitarse en la órbita del recurso de reposición, pues peticiones por fuera de éste implicarían desquiciar el orden procesal, de tal manera que dilatarían el pronunciamiento del recurso y estarían desvirtuando su sentido, puesto que el fallo de reposición tiene como presupuesto para dictarlo el que se esté frente a un proceso válido.

 

Peticiones de nulidad luego de proferido el fallo de primera o única instancia tienen que canalizarse a través de los recursos de apelación o reposición, respectivamente, puesto que de lo contrario resultan manifiestamente inconducentes y dilatorios, debiéndose rechazar su formulación in limine conforme con los artículos 142 numeral 2º del C. de P.P., 38 numeral 2º del C. de P.C. y 21 del CDU.

 

Así lo ha entendido el despacho del señor Procurador General de la Nación en el auto de marzo 5 de 2003, radicación No. 001-68350-02, al expresar:

Señala el Código Único en el artículo 146, que la solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.

En el proceso de única instancia fallo definitivo es la decisión que pone fin a la instancia, esto es, precluye la fase el juicio, independientemente si es interpuesto el recurso de reposición. Lo anterior es obvio, pues de lo que se trata es de poner en práctica principios como el de la preclusión de oportunidad de solicitar la nulidad y su convalidación (regulado en el artículo 310 numeral 4º. Del C. de P.P., aplicable por virtud de la norma arriba señalada). Pensar que no es así sería interpretación que anula los efectos buscados por la norma, esto es, introducir límites preclusivos a las peticiones de nulidad, toda vez que tendría oportunidad de seguir presentándose escritos petitorios en tal sentido indefinidamente hasta el término de ejecutoria de las decisiones, propiciando el desorden procesal.

Una interpretación sistemática y armónica de las anteriores disposiciones llevan a la conclusión de que en primer lugar resultaba improcedente resolver la nulidad planteada luego de producido el fallo de única instancia …

… si una vez proferido el fallo y sin que  este se encuentre ejecutoriado se admite la presentación de una petición de nulidad no sólo se quebranta la norma que entiende cuando la misma precluye, sino que se abren caminos paralelos de cuestionamiento: por un lado lo atinente a los recursos y por otro lo relacionado con la nueva petición de nulidad, todo lo cual desquicia la marcha correcta y ordenada del procedimiento, propiciando la existencia material de "dos cuerdas procesales diferentes", lo cual atenta contra el debido proceso.

En efecto, si de acuerdo con el numeral 5º. del artículo 310 del C. de P.P., que regla un principio de la declaratoria de la nulidad, "ésta sólo puede declararse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial", quiere decir con paladina claridad que si la decisión tomada no ha cursado ejecutoria material, la vía por la cual debe ser solucionado el asunto es por la ordinaria, por virtud del llamado "principio de la ejecutoria material”.  Esto es, si la decisión no está en firme, debe procederse, de ser viable la irregularidad, decretar su revocatoria tal como lo enseña JAIME BERNAL CUÉLLAR[2].

Significa lo anterior que una vez producida una decisión, especialmente; cuando se trata de un fallo, si un sujeto procesal estima que están presentes los presupuestos de una causal de nulidad debe proceder a interponer los recursos de ley, puesto que todavía tal decisión no ha adquirido ejecutoria material y por lo tanto cabe su revocatoria.

Pero pretender abrir dos cuerdas procesales diferentes, una la del cuestionamiento de la responsabilidad disciplinaria y otra la del estudio de la nulidad, es procedimiento desviado que no consulta con el debido o proceso. Por demás ello resulta absurdo, puesto que, si se impugnó por razón de la declaratoria de responsabilidad, antes de decidir sobre ello el operador jurídico tiene que pronunciarse sobre la validez de los presupuestos procesales y por tanto sobre la nulidad siendo entonces ambas peticiones necesarias de ser resueltas en una misma decisión.

Por tanto, si para dictar el fallo se tienen en cuenta los presupuestos de validez del proceso y ya los mismos se habían constatado, es más, contextualmente se habían respondido todos los cuestionamientos de los sujetos procesales, resulta obvio que, por respeto al debido proceso (artículo 6 del CDU) y al principio de lealtad procesal (artículo 17 del C. de P.P. y 21 del CDU) el sujeto procesal que propuso la nulidad lo hizo de manera protuberantemente incorrecta, desleal y tendenciosa.

El despacho entendió, con el objeto de no rechazar in limine una postulación indebida, que los cuestionamientos referentes a la nulidad hacen parte del recurso de reposición interpuesto contra el fallo y por esa vía le dio contestación -así como la jurisprudencia ha entendido que cuando se dice "apelo" contra una sentencia de segunda instancia no se procede a declarar improcedente el recurso, sino que se concede el de casación-. Ninguna nulidad puede ello generar, pues se garantizó al extremo la defensa; lo cual lo relevaría de legitimidad para solicitar cualquier nulidad por cuanto ha actuado deslealmente (artículo 310 numeral 32 del C. de P.P.), tal como lo pregona la doctrina y jurisprudencia constitucional[3].

Así como en la segunda instancia lo pregona la doctrina, cuando se trata de reposición en única instancia estima el despacho debe predicarse que cuando se trata de cuestionar "actuaciones procesales que tienen influencia directa sobre ella o que constituyen su presupuesto, no procede el recurso de reposición", pues allí terminan los límites de la instancia[4].

 

5.  En todos los eventos anteriores procede el rechazo in limine  de lo indebidamente solicitado. También esta decisión, que debe ser tomada por auto de sustanciación no susceptible de recurso alguno -según lo ha aceptado la Corte Constitucional- y por lo tanto perfectamente integrable al fallo de reposición, tiene apoyo en doctrina del despacho del señor Procurador general de la Nación, Dr EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN, según se lee en la decisión antes transcrita:

… los cuestionamientos realizados resultan irrelevantes para cualquier estudio de nulidad, pues no sólo se muestran caprichosos sino que se antojan de una subjetividad tal que lo único que permiten es inferir el entorpecimiento de la culminación del proceso, leguleyadas que el despacho tiene que rechazar in limine y de plano de conformidad con los artículos 38 numeral 2º del Código de procedimiento Civil y 142 numeral 2º del C. de P.P., por constituir una petición manifiestamente inconducente y dilatoria.

.. habrá rechazo in limine de la petición por ser manifiestamente inconducente y dilatoria, tampoco resulta válida la petición de decretar la prescripción de la acción disciplinaria, porque no es cierto que haya ocurrido tal fenómeno con el simple argumento de que "todos los contratos", se celebraron en el mes de diciembre de 1997.

Tal solicitud fue elevada como un derecho de petición en general, cuando, como se sabe, debe conducirse como petición en sus vertientes de derecho de postulación e impugnación en tanto lo que solicita es objeto de un trámite procesal disciplinario, con lo que denota nuevamente la tendenciosa búsqueda de enredar la culminación del proceso.

… doble razón de inconducencia e intemperancia dilatoria que justifica el rechazo de plano de la petición.

 

Lo que se muestra en el expediente es la constante y persistente proceder desleal de los sujetos procesales…desconociendo en grado superlativo lo expuesto sobre lealtad procesal por la Corte Constitucional en sentencia T -003 de enero 12 de 2001, M.P. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.

…Como quiera que todo lo aquí resuelto resultó de peticiones y recursos  manifiestamente dilatorios y totalmente inconducentes, esta decisión es de mero trámite y en consecuencia, de conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional C-641 de agosto 13 de 2002, M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL, no será notificada en tanto "evita el entorpecimiento del curso del proceso" y ello la califica como de "simple trámite" (artículo 328 del C. de P. Civil)[5].

 

 

TERCERA ANOTACIÓN FINAL

 

La sanción accesoria de inhabilidad para acceder a cargos en la rama ejecutiva, judicial o en el Ministerio Público impuesta a los procesados que resultaron declarados responsables, será revocada puesto que gravitan los siguientes argumentos que la desvirtúan en esta nueva revisión del expediente:

 

1. El principio de legalidad, que exige definición previa, escrita, certera y clara de la conducta constitutiva de lo punible, pero también de la sanción a imponer, no queda muy bien librado si se hacen remisiones que no están ancladas en la existencia al menos de un núcleo duro de la definición.

 

De allí que, siguiendo el principio de tipicidad, expresión específica del de legalidad, el artículo 10 inciso 1º del Código Penal exija al menos la fijación de las características básicas estructurales”, de lo cual carecía el artículo 30 de la ley 200 de 1995.

 

La Corte Constitucional ha señalado, concordantemente con lo sostenido arriba y especialmente compatible con el entendimiento del tipo disciplinario y la sanción como prototipo de la técnica de los tipos abiertos o en blanco, que desde “el punto de vista de la suficiencia de contenidos normativos el Código Disciplinario Único se caracteriza por ser un régimen jurídico propicio a la presencia de reglas de remisión”, toda vez que, “por razones de técnica jurídica frente a la multiplicidad de temas que pueden implicar una ley o un código, como lo es el disciplinario, la norma de remisión resulta de gran utilidad a efectos de comprender las disposiciones de otras leyes o códigos que han de darle precisión y especificidad para cada caso particular”. Citando a importante doctrina mexicana precisa que “se está frente a un reenvío cuando una norma se refiere a otra como parte de su contenido, creando una dependencia respecto de ella en orden a la determinación de su propio sentido”[6] (Resaltado fuera de texto).

 

Como se puede ver, la remisión debe llenar el faltante en materia de contenido de la definición de la sanción, pero no fijarlo completamente. Esto es, la norma disciplinaria debe contener el continente y parte del contenido, pero no puede admitirse que la norma de remisión sea, a la vez, continente y contenido.

 

2. Es cierto, como se argumenta por uno de los defensores, que la inhabilidad impuesta desapareció en la ley 734 de 2002, pues aquí sólo se reguló las inhabilidades general y especial, consistiendo ésta en “la imposibilidad de ejercer función pública, en cualquier cargo distinto de aquel” por el cual fue suspendido (artículo 45 numeral 2º del CDU). 

 

3. El Procurador General de la Nación, lo cual acoge este despacho, ha expuesto su criterio sobre el tema así:

 

La inhabilidad como sanción disciplinaria es la más poderosa herramienta con que cuenta el derecho para luchar en contra de la corrupción. En términos prácticos, consiste en la “impotencia moral” impuesta a in ciudadano o a un extranjero para ejercer cargos o funciones públicas por un tiempo determinado.

 

A diferencia de aquellos provenientes de circunstancias inherentes a la persona (por ejemplo, relaciones consanguíneas cercanas en la burocracia), que cumplen un fin preventivo a priori, más por razones de transparencia que de moralidad, buscando preservar la buena imagen y la imparcialidad de la administración, las aquí tratadas son consecuencia de la comisión de un ilícito disciplinario.

 

Demuestran a posteriori que la persona no tiene las calidades morales mínimas que la ley exige para el desempeño de cargos o funciones públicas.

 

Tienen función represiva por cuanto se tasan de acuerdo a la gravedad de ilícito-culpabilidad. Y preventiva por cuanto no se puede volver a la administración pública por un tiempo determinado, imposibilitándosele al sancionado incurrir temporalmente en conductas antiéticas (prevención-especial). De contera envían un mensaje a los demás servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas en el sentido de que el Estado y la Sociedad no están dispuestos a tolerar conductas que van en contra de caros valores constitucionales (prevención-general negativa). Trasmiten, no obstante que aquéllos han defraudado los deberes componentes de sus respectivos roles, que la norma de orientación mantienen su vigencia, configurando hacia sus instituciones (prevención-general positiva).

 

El tratamiento del tema durante la vigencia de las últimas leyes disciplinarias resulta pertinente aclararlo:

 

1. Durante la vigencia de la ley 200 de 1995.

 

Se hace necesario distinguir:

 

a)             Aplicable sólo para los servidores públicos por hechos ocurridos entre octubre 4 de 1995 y julio 24 de 2001, fecha en que entró en vigencia el Código Penal de 2000, rigiendo la inhabilidad general de que da cuenta el artículo 30 del CDU, cuyo carácter es accesorio y se aplica para las faltas graves y gravísimas.

 

Como el CDU no regula el tiempo de inhabilidad, por virtud de una interpretación integrativa y sistemática había que remitirse al Código Penal de 1980 (sentencia C-187 de 1998), el cual, en su artículo 51 la tasó hasta cinco años pero para cargos públicos.

 

En consecuencia, cuando la sanción principal a imponer es la destitución, comoquiera que existe norma expresa de remisión, la inhabilidad como sanción accesoria oscilará entre uno y cinco años. Si la sanción principal a imponer es la suspensión en el ejercicio del cargo, como la accesoria no puede ser superior a la principal (sentencia citada), oscilando aquélla entre once y noventa días (artículo 29 numeral 3º y 32 CDU), la accesoria se tasará respetando esos marcos y acorde su determinación específica (artículo 3º ibídem).

 

Como la multa, cuando es grave la falta, no se tasa con fundamento en una circunstancia temporal sino de acuerdo a un criterio económico, aunque involucre como parámetro al primero, siendo decisivo lo pecuniario y por tanto resultando incompatible con los criterios para determinar la inhabilidad como sanción accesoria, no comportará la imposición de ésta[7].

 

En consecuencia, se revocará la sanción accesoria de inhabilidad, pues la impuesta como principal fue una de multa.

 

Por lo expuesto, el Viceprocurador General de la Nación, en ejercicio de sus facultades legales:

 

R E S U E L V E

 

PRIMERO.- RECHAZAR  in limine las peticiones de pruebas, nulidades y prescripción de las acciones disciplinarias por manifiestamente inconducentes y dilatorias. Esta decisión no tiene recurso alguno.

 

SEGUNDO.- REPONER PARCIALMENTE Y EN CONSECUENCIA MODIFICAR la base salarial fijada en el fallo citado, sobre la cual se impuso la multa a los sancionados y en su lugar fijar como tal el salario básico a que se refiere esta providencia, por las razones consignadas  en la parte motiva de esta decisión.

 

TERCERO.- DECLARAR PRESCRITA la acción disciplinaria, archivando lo pertinente, del siguiente procesado en cuanto a la recomendación de PÍO DÁVILA ECORIMA y REPONER PARCIALMENTE EL FALLO, EN CONSECUENCIA MODIFICAR  el monto de la sanción impuesta al doctor JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ (183) y en su lugar imponerle MULTA en cuantía equivalente  a sesenta (60) días del sueldo básico devengado en 1999, por las razones anotadas en la parte motiva de esta decisión. Se confirma en cuanto a la declaratoria de responsabilidad disciplinaria dejando en firme el fallo impugnado en tal aspecto.

 

CUARTO.- REPONER PARCIALMENTE Y EN CONSECUENCIA ABSOLVER de todo cargo a LUIS EDGAR CALDERÓN TOVAR (100).

 

QUINTO. CONFIRMAR el fallo impugnado, DEJÁNDOLO EN FIRME, en lo que tiene que ver con la declaración de responsabilidad disciplinaria e imposición de la sanción de multa en relación con los siguientes disciplinados: JUAN JOSÉ CHAUX MOSQUERA (19), JUVENAL DE LOS RÍOS HERRERA (21), JAIME DUSSÁN CALDERÓN (23), JULIO ALBERTO MANZUR ABDALA (39), FRANCISCO ROJAS BIRRY (58), CAMILO ARMANDO SÁNCHEZ ORTEGA (60),  MARIO VARON OLARTE (68), ALONSO RAFAEL ACOSTA OSSIO (73), GERMAN ANTONIO AGUIRRE MUÑOZ (74), JUAN DE DIOS ALFONSO GARCÍA (75), JAVIER TATO ÁLVAREZ MONTENEGRO (76), MARIO DE JESÚS ÁLVAREZ CELIS (77), RAFAEL FRANCISCO AMADOR CAMPOS (78), LEONARDO CAYCEDO PORTURA (97), GERARDO DE JESÚS CAÑAS (103), OCTAVIO CARMONA SALAZAR (105), ANTENOR DURÁN CARRILLO (117), FRANKLIN SEGUNDO GARCÍA RODRÍGUEZ (124), ERNESTO MESA ARANGO (153), EMITH MONTILLA ECHAVARRIA (155), ANTONIO JOSE PINILLOS ABOZAGLO (167), JOSE DARIO SALAZAR CRUZ (184), JORGE JULIAN SILVA MECHE (190), GERARDO TAMAYO TAMAYO (193), MAURO ANTONIO TAPIAS DELGADO,  (194) y EDGAR EULISES TORRES MURILLO (196).

 

SEXTO.-           DECLARAR la prescripción de la acción disciplinaria en relación con los disciplinados  EMILIO MARTINEZ ROSALES (149) y FERNANDO TAMAYO TAMAYO (192). Se dispone el archivo definitivo de las diligencias respecto de ellos.

 

SÉPTIMO. REPONER PARCIALMENTE Y EN CONSECUENCIA REVOCAR  la sanción ACCESORIA DE INHABILIDAD impuesta a los sancionados.

 

OCTAVO.- Notificar a los sujetos procesales, informándoles que contra esta decisión no procede recurso alguno.

 

NOVENO.-        Remítase copia del fallo y de esta decisión, con la constancia de ejecutoria,  a la Presidencia del Senado y a la Presidencia de la Cámara de Representantes para que se proceda a hacer efectivas las sanciones, conforme a lo previsto en los artículos 172 y 173 de la ley 734 de 2002.

 

DÉCIMO.-         Comuníquese a la División de Registro y Control esta decisión, en el formulario respectivo, para los efectos previstos en el artículo 174 de la ley 734 de 2002.

 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

 

 

 

CARLOS ARTURO GOMEZ PAVAJEAU

Viceprocurador General de la Nación

 

AD. 002-73503

OROS/ OTAG/ LCVL/JH



[1] GONZÁLEZ TAPIAS MARÍA ISABEL. Determinación del tiempo de comisión del delito. Granada, Comares, 2002, p. 37 y ss.

[2] BERNAL CUÉLLAR JAIME y MONTEALEGRE LYNETT EDUARDO. El Proceso Penal. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, pp. 3596 y 360.

[3] Confrontar BERNAL CUÉLLAR, obra citada, pp. 356 y 357.

[4] Ibídem, p. 336.

[5] Confrontar especialmente la cita número 28 de la sentencia.

[6] Corte Constitucional sentencia C-107 de  febrero 10 de 2004; M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA.

[7] Ámbito Jurídico, edición de enero 23 de 2003.