LEY 190 DE 1995

 

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la

moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones

con el objeto de erradicar la corrupción administrativa.

 

 

Nota: El artículo 224 de la Ley 734 de 2002 señaló que con la expedición de esta disposición se derogaban las disposiciones que le fueran contrarias, salvo las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el régimen especial disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública.

 

 

El Congreso de Colombia

 

DECRETA:

 

I.

 

RÉGIMEN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

 

A. CONTROL SOBRE EL RECLUTAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

 

Artículo 1º. Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita:

 

Jurisprudencia: El aparte subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional en sentencia C-326/97.

 

1. Su formación académica, indicando los años de estudio cursados en los distintos niveles de educación y los títulos y certificados obtenidos;

2. Su experiencia laboral, relacionando todos y cada uno de los empleos o cargos desempeñados, tanto en el sector público como en el privado, así como la dirección, el número del teléfono o el apartado postal en los que sea posible verificar la información;

3. Inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar el empleo o cargo al que se aspira o para celebrar contrato de prestación de servicios con la administración;

4. En caso de personas jurídicas, el correspondiente certificado que acredite la representación legal; y

5. Los demás datos que se soliciten en el formato único.

 

Jurisprudencia: Este inciso fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-567/97.

 

Parágrafo. Quien fuere nombrado para ocupar un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con la administración deberá, en el momento de su posesión o de la firma del contrato, presentar certificado sobre antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación y el certificado sobre antecedentes penales expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-. Sólo podrán considerarse como antecedentes las providencias ejecutoriadas emanadas de autoridad competente.

 

Jurisprudencia: La Corte Constitucional en sentencia C-446/98 declaró EXEQUIBLE la totalidad del artículo anterior.

 

Artículo 2º. Modificado por el artículo 8123 de la Ley 443 de 1998. Crease para todas las ramas del poder público, sus organismos de control y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el nivel nacional, el Sistema Único de Información de Personal, como un sistema estructurado para la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y la gestión de la Función Pública, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno.

 

Parágrafo. La inclusión de los contratistas de prestación de servicios en el Sistema Único de Información de Personal no genera vínculo laboral alguno con la administración pública ni da lugar a un régimen de carrera o prestacional especial.

 

Conc.: Decreto 1049 de 2001

 

Jurisprudencia: El texto original de este artículo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional en sentencia C-446/98.

 

Artículo 3º. Modificado por el artículo 8234 de la Ley 443 de 1998. La Hoja de Vida de los servidores públicos o de los contratistas de la administración, contendrá las modificaciones sucesivas que se produzcan a lo largo de toda la vida laboral o vinculación contractual, en los términos en que lo establezca el reglamento.

 

Jurisprudencia: El texto original de este artículo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional en sentencia C-446/98.

 

Artículo 4º. El jefe de la unidad de personal de la entidad que reciba una solicitud de empleo, o quien haga sus veces, dispondrá de un término de quince (15) días para velar por que la correspondiente hoja de vida reúna todos los requisitos.

 

Si a ello hubiere lugar, dejará constancia escrita de las correspondientes observaciones.

 

&$ Artículo 5º. En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción.

 

Jurisprudencia: La Corte Constitucional mediante sentencia C-672/01 declaró EXEQUIBLE el inciso 1º de este artículo.

 

Cuando se advierta que se ocultó información o se aportó documentación falsa para sustentar la información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria a que haya lugar, el responsable quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3) años.

 

Jurisprudencia: El inciso 2º fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-631-9645, "bajo el entendido de que la inhabilidad allí prevista constituye una sanción accesoria que debe ser impuesta a través del correspondiente proceso penal o disciplinario".

 

&$Artículo 6º. En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio.

 

Si dentro de los tres (3) meses siguientes el servidor público no ha puesto final a la situación que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar.

 

Jurisprudencia: Inciso 2o. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-038-9647 de 5 de febrero de 1996, "pero únicamente bajo el entendido de que la inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes no se hayan generado por dolo o culpa imputables al nombrado o al funcionario público a los que se refiere dicho precepto".

 

(...)

 

Artículo 33.- Harán parte de la reserva las investigaciones preliminares, los pliegos y autos de cargos que formulen la Procuraduría General de la Nación y demás órganos de control dentro de los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal, lo mismo que los respectivos descargos; los fallos serán públicos.

 

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el investigado tenga acceso a la investigación, desde los preliminares.

 

Jurisprudencia: Los incisos 1º y 2º del artículo 33 fueron declarados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-038-9647 de 5 de febrero de 1996, "pero únicamente bajo el entendido de que la reserva que en ellos se consagra se ha de levantar tan pronto se practiquen las pruebas decretadas en la oportunidad legal y, en todo caso, una vez expire el término señalado en la ley para la investigación".

 

Parágrafo 1º. La violación de la reserva será causal de mala conducta.

 

Jurisprudencia: Parágrafo 1º declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, en sentencia C-038-96.47

 

Parágrafo 2º. Tampoco podrán publicarse extractos o resúmenes del contenido de la investigación sometida a reserva, hasta que se produzca el fallo.

 

Jurisprudencia: El parágrafo 2º de este artículo fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional en C-038-96.47

 

Parágrafo 3º. En el evento de que se conozca la información reservada, la entidad deberá verificar una investigación interna y explicarle a la opinión las posibles razones del hecho.

 

Jurisprudencia: Este artículo fue declarado exequible por razones de forma, por la Corte Constitucional en sentencia C-054/96, “salvo en lo relativo al parágrafo segundo que fue declarado inexequible. En lo demás estése a lo resuelto en la sentencia C-038-96.47

 

(...)

 

Artículo 38.- Lo dispuesto en el artículo 27 numeral 1 de la Ley 24 de 1992 se aplicará en materia penal y disciplinaria, a menos que existan medios probatorios suficientes sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la actuación de oficio.

 

(...)

 

Artículo 46.- La entidad sin ánimo de lucro que de aplicación diferente a los recursos que reciba del Estado a cualquier titulo, será sancionada con cancelación de la personería jurídica y multa equivalente al valor de lo aplicado indebidamente, sin perjuicio de las sanciones penales que por tal hecho se puedan generar.

 

Artículo 47.- El representante legal de una entidad sin ánimo de lucro que reciba recursos del Estado a cualquier título, estará sujeto al régimen de responsabilidad administrativa previsto por el Estatuto General de Contratación de la Administraci6n Pública para los representantes legales de las entidades del sector público, cuando celebre cualquier tipo de contrato, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.

 

(...)

 

Artículo 81.- GARANTÍAS PROCESALES. Derogado. Ley 600 de 2000. Art. 535.

 

Conc.: Sentencia C-836 de 2002.

 

(NOTAS de vigencia tomadas de Notinet)