PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

 

DECRETO 262 DE 2000

(Febrero 22)

 

 

Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas Para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos.

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

 

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el numeral 4 del artículo primero de la Ley 573 de 2000, y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

 

DECRETA:

 

TITULO I.

 

NATURALEZA JURÍDICA

 

Artículo 1o. Suprema Dirección del Ministerio Publico. La Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público. Tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional y ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación.

 

TITULO II.

 

ORGANIZACIÓN

 

Artículo 2o. Estructura orgánica. Para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, la Procuraduría General de la Nación tiene la siguiente estructura orgánica:

 

1. NIVEL CENTRAL

 

1.1. DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL

 

1.1.1. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales

1.1.2. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios

1.1.3. Dirección Nacional de Investigaciones Especiales

1.1.4. Oficina de Planeación

1.1.5. Oficina de Selección y Carrera

1.1.6. Oficina de Control Interno

1.1.7. Oficina de Prensa

1.1.8. Oficina Jurídica

1.1.9. Oficina de Sistemas

 

1.2. DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL

 

1.2.1. División de Registro y Control y Correspondencia

1.2.2. División de Documentación

1.2.3. División de Seguridad

 

1.3. SALA DISCIPLINARIA

 

1.4. PROCURADURÍAS DELEGADAS

 

1.4.1. Procuradurías Judiciales

 

1.5. INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

1.5.1 Consejo Académico

1.5.2. Dirección

1.5.3. División de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos

1.5.4. División de Capacitación

1.5.5. División Administrativa y Financiera

 

1.6. SECRETARÍA GENERAL

 

1.6.1 División de Gestión Humana

1.6.2 División Administrativa

1.6.3 División Financiera

1.6.4 División Centro de Atención al Público

 

1.7. VEEDURÍA

 

2. NIVEL TERRITORIAL

 

2.1. Procuradurías Regionales

2.2. Procuradurías Distritales

2.3. Procuradurías Provinciales

 

 

TITULO III.

 

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

 

CAPITULO I.

 

DISPOSICIONES GENERALES Y FUNCIONES

 

Artículo 3o. Elección y posesión. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado de la República para un período personal de cuatro años, de terna integrada por un candidato del Presidente de la República, uno de la Corte Suprema de Justicia y uno del Consejo de Estado.

 

El Procurador General tomará posesión ante el Presidente de la República o ante quien haga sus veces.

 

Artículo 4o. Inhabilidades. No podrá ser elegido ni desempeñar el cargo de Procurador General de la Nación:

 

1. Quien padezca alguna afección física o mental debidamente comprobada que comprometa la capacidad necesaria para el desempeño del empleo.

 

2. Quien haya sido condenado, en cualquier época, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

 

3. Quien haya sido condenado, en cualquier época, por delitos contra el patrimonio del Estado, incluidos peculado culposo y por aplicación oficial diferente, o por enriquecimiento ilícito.

 

4. Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación provisional de la libertad o haya sido afectado por resolución de acusación o su equivalente, debidamente ejecutoriada, excepto por delitos políticos o culposos.

 

5. Quien se halle en interdicción judicial.

 

6. Quien haya sido sancionado disciplinariamente, en cualquier época, mediante decisión ejecutoriada, por falta grave o gravísima.

 

7. Quien, dentro de los cinco (5) años anteriores, haya sido retirado del servicio por haber obtenido calificación de servicios insatisfactoria por decisión en firme.

 

8. Quien haya sido excluido, en cualquier época, del ejercicio de una profesión o suspendido en su ejercicio.

 

9. Quien tenga vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con los Senadores que intervienen en su elección, con los miembros de la Corporación que lo candidatiza para el cargo o con el Presidente de la República.

 

10. Las demás que señalen la Constitución y la ley.

 

Artículo 5o. Incompatibilidades. La investidura del cargo de Procurador General de la Nación es incompatible con:

 

1. El desempeño de otro empleo público o privado.

 

2. La celebración de contratos, por sí o por interpuesta persona, con entidades públicas, o la celebración de contratos de prestación de servicios con entidades privadas.

 

3. El desarrollo de funciones de árbitro, conciliador o amigable componedor, salvo que cumpla con estas funciones en razón de su empleo.

 

4. La condición de miembro activo de la fuerza pública.

 

5. La gestión profesional de negocios ajenos y el ejercicio de la abogacía o cualquier otra profesión u oficio.

 

6. Las demás que señalen la Constitución Política y las leyes.

 

Parágrafo. En los casos establecidos en los numerales 1, 2 y 5 de este artículo se exceptúan la docencia y la investigación académica.

 

Artículo 6o. Falta Absoluta. En caso de falta absoluta del Procurador General de la Nación, se procederá a nueva elección, siguiendo el procedimiento señalado en este decreto, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca la falta.

 

Mientras se realiza la elección y posesión, el Viceprocurador ejercerá como Procurador General de la Nación.

 

Artículo 7o. Funciones. El Procurador General de la Nación cumple las siguientes funciones:

 

1. Representar a la Procuraduría General de la Nación ante las autoridades del poder público y los particulares.

 

2. Formular las políticas generales y criterios de intervención del Ministerio Público en materia de control disciplinario, vigilancia superior con fines preventivos, actuación ante las autoridades administrativas y judiciales y centros de conciliación, y promoción, protección y defensa de los derechos humanos.

 

 

 

DIRECTIVA Nº 13

2 de julio de 2004

 

“Por medio de la cual se fijan criterios en relación con la conducta a seguir por los servidores públicos frente a la desvinculación de menores de edad de los grupos armados al margen de la ley”

 

El Procurador General de la Nación como supremo director del Ministerio Público, como defensor de los derechos humanos, especialmente los prevalentes del menor de edad, con fundamento en sus competencias constitucionales y legales, especialmente las atribuidas en el artículo 7, numerales 2, 11 y 15 del Decreto-Ley 262 de 2000,

 

TENIENDO EN CUENTA:

 

Que es necesario que en el desarrollo del programa de desmovilización y reincorporación a la vida civil que viene promoviendo el Gobierno Nacional, todos los servidores públicos involucrados en éste, tengan presente que en la aplicación de la normativa implementada para el efecto, tratándose de un menor de edad, es decir, de toda persona menor de 18 años, su función debe estar dirigida a proteger sus derechos fundamentales, tanto los contemplados en la Constitución Política como en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado colombiano, consultando siempre el interés superior del menor de edad.

 

Que en aplicación de la normativa contenida, entre otros, en el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, en el Protocolo de San Salvador y en la Convención de los Derechos del Niño, instrumentos ratificados por el Estado colombiano, ha de entenderse que el menor de edad desvinculado del conflicto, fuere cual fuere la razón de su desvinculación, es una víctima de la violencia política y, en consecuencia, el tratamiento que debe recibir de las autoridades estatales debe ser acorde con su condición de menor de edad aunada a su calidad de víctima, como expresamente lo reconoce el inciso final del artículo 6 de la Ley 782 de 2002,

 

DISPONE:

 

Primero: Los miembros de la fuerza pública, una vez reciban un menor de edad desvinculado, deben dar aviso inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través del Defensor de Familia más cercano o en su defecto al personero municipal, al defensor del pueblo, al procurador provincial o al regional, según el caso, funcionarios que en su calidad de garantes de los derechos y el interés superior del menor de edad deben tener contacto permanente con éste.

 

En consecuencia, la fuerza pública no puede impedir a los mencionados funcionarios el acercamiento y comunicación con el menor de edad desvinculado.

 

Segundo: El término de treinta seis (36) horas para la entrega del menor de edad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe entenderse como el término máximo de permanencia de éste en las instalaciones militares. En consecuencia, los servidores mencionados en el numeral anterior deben gestionar lo necesario para la entrega inmediata del menor de edad.

 

Tercero: Es contrario a los derechos del menor de edad desvinculado, que las autoridades militares en ejercicio de las funciones que les asigna la Ley 782 de 2002, lo sometan a cualquier tipo de interrogatorio, llámese entrevista, acercamiento o actividad de inteligencia.

 

La entrevista sólo es viable con los desmovilizados mayores de 18 años.

 

Cuarto: Los defensores de familia, los personeros municipales y los procuradores judiciales en familia que actúen antes los jueces de menores, promiscuos de familia y promiscuos de circuito, solicitarán a éstos que se abstengan de iniciar investigaciones judiciales contra menores de edad desvinculados, teniendo en cuenta su calidad de víctimas.

 

En las investigaciones que actualmente cursan ante dichos funcionarios, deberán presentar de forma inmediata una solicitud para que se cese el procedimiento y, en consecuencia, se ordene su archivo.

 

Quinto: Los preceptos de la normativa vigente en materia de desvinculación, que hagan referencia al aviso que debe darse a las autoridades judiciales cuando de menores desvinculados se trate, han de entenderse como una garantía de protección reforzada del Estado frente al menor de edad.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

DIRECTIVA Nº 07

 

DE:            PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA:       GOBERNADORES, DIPUTADOS DEPARTAMENTALES, ALCALDES Y CONCEJALES MUNICIPALES

ASUNTO:   EJERCICIO DEL CONTROL PREVENTIVO QUE DEBE REALIZAR EL MINISTERIO PÚBLICO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA.

FECHA:     BOGOTÁ, D. C., 21 DE MAYO DE 2004.

 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN COMO SUPREMO DIRECTOR DEL MINISTERIO PÚBLICO, ATENDIENDO QUE LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES NO CONSTITUYE UN ACTO DE CARIDAD NI DE LIBERALIDAD SINO EL CUMPLIMIENTO Y EXIGENCIA PERENTORIA DE PRINCIPIOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES COMO LOS DE RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL A CARGO DEL ESTADO Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS (ARTS. 1 y 2 DE LA CARTA POLÍTICA);

 

TENIENDO EN CUENTA,

 

Que la Constitución Política en los artículos 339 a 344 señala que las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y la comunidad, en ejercicio del principio de autonomía, los planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les haya sido asignadas por la Constitución y la ley; igualmente, dispone que en las entidades territoriales habrá también consejos de planeación según lo determine la Ley.

 

Que el artículo 366 de la Constitución Política determina que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales debe dársele prioridad al gasto público social sobre cualquier otra asignación. El inciso final del artículo 44, ibídem señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

 

Que el artículo 305 de la Constitución Política en su numeral 4º señala como atribución del gobernador la de presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social.

 

Que el artículo 300 numeral 3º de la Constitución Política establece que corresponde a las Asambleas Departamentales por medio de ordenanzas, adoptar de acuerdo con la ley los planes de desarrollo económico y social, con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento.

 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91 numeral 2º del literal A) atribuye dentro de o las funciones de los alcaldes municipales, la de presentar oportunamente los .proyectos de acuerdo sobre los Planes de Desarrollo Económico y Social.

 

Que el artículo 32 numeral 10 de la precitada Ley, consagra como atribución de los Concejos, la de dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, lo cual deberá corresponder al Plan de Desarrollo municipal de conformidad con las normas orgánicas de planeación.

 

Que la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único en su artículo 34 numeral 3º señala como deber de todo servidor público: "Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público". El artículo 50 Ibídem, prescribe que: "Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley".

 

EL ORDEN JURÍDICO LE IMPONE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y AL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN EN ESPECIAL COMO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD, DEBERES Y OBLIGACIONES INELUDIBLES, Así:

 

1. El numeral primero del artículo 277 de la Constitución Política consagra dentro de sus funciones: "vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos".

 

2. Los numerales segundo y séptimo del artículo 7º del Decreto 262 de 2000 disponen que en cumplimiento de sus funciones, lo faculta para "formular las políticas generales y criterios de intervención del Ministerio Público en materia de control disciplinario, vigilancia superior con fines preventivos, actuación ante las autoridades administrativas y judiciales y centros de conciliación, y promoción, protección y defensa de los derechos humanos" y "Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarias para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley".

 

3. Los numerales 3º y 4º del artículo 3º del Decreto 1137 de 1999, disponen que los departamentos, distritos y municipios, integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. El artículo 1º Ibídem, señala que el Bienestar Familiar es un servicio público a cargo del Estado.

 

4. El artículo 11 del Decreto 1137 de 1999 dispone que en los entes territoriales se conformarán consejos o comités para la política social; cuya integración y fijación de funciones será de competencia de los gobernadores y alcaldes, pero deberán contar con un subcomité o subcomisión permanente, encargados del análisis y políticas de infancia y familia.

 

5. Dentro de la temática del reciente Seminario de "Actualización en Gestión Pública y Responsabilidad de los Administradores de las Entidades Territoriales", dirigido a alcaldes y gobernadores, se destacó la importancia de incluir en los Planes de Desarrollo las políticas de infancia.

 

POR LO ANTERIOR, EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN COMO SUPREMO DIRECTOR DEL MINISTERIO PÚBLICO, COMO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ESPECIALMENTE LOS PREVALENTES DE LOS NIÑOS, EN LO CUAL TIENE SIGNIFICATIVO INTERÉS LA SOCIEDAD, A QUIEN REPRESENTA, POR VIRTUD DEL CONTROL PREVENTIVO Y CON EL FIN DE ASEGURAR EL EJERCICIO CORRECTO DE LAS "FUNCIONES PÚBLICAS" Y "PREVENIR LA COMISIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS" (NUMERAL 36 DEL " ARTÍCULO 7 DEL DECRETO 262 DE 2000) EN LA ÓRBITA DE COMPETENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUE SE REFIEREN LAS NORMAS SEÑALADAS EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE DOCUMENTO,

 

DISPONE:

 

PRIMERO. Solicitar a los gobernadores y alcaldes tener en cuenta que a los departamentos y municipios les corresponde formular y desarrollar planes, programas y proyectos de bienestar social integral en beneficio de la población vulnerable y con necesidades básicas insatisfechas, dentro de las cuales se encuentren los niños, niñas, jóvenes y mujeres gestantes.

 

SEGUNDO. Llamar la atención a los gobernadores y alcaldes para que conformen los consejos o comités para la política social, fijarles sus funciones y tener en cuenta que dentro de los mismos se debe crear un subcomité o una subcomisión permanente encargada de las políticas de infancia y familia.

 

TERCERO. Instar a los miembros de las Asambleas Departamentales y de los Concejos municipales para que en la expedición anual del presupuesto de rentas y gastos se verifique la inclusión de partidas que den cumplimiento a las políticas de infancia y familia propuestas en el Plan de Desarrollo departamental y municipal.

 

CUARTO: A través de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia se hará el seguimiento y verificación del cumplimiento de esta Directiva.

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

DIRECTIVA Nº 08

 

DE:            PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA:       PERSONEROS MUNICIPALES

ASUNTO:   EJERCICIO DEL CONTROL PREVENTIVO QUE DEBE REALIZAR EL MINISTERIO PÚBLICO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA.

 FECHA:    BOGOTÁ, D. C., 21 DE MAYO DE 2004

 

 

El PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN COMO SUPREMO DIRECTOR DEL MINISTERIO PÚBLICO, ATENDIENDO QUE LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES NO CONSTITUYE UN ACTO DE CARIDAD NI DE LIBERALIDAD SINO EL CUMPLIMIENTO Y EXIGENCIA PERENTORIA DE PRINCIPIOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES COMO LOS DE RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL A CARGO DEL ESTADO Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS (ARTS. 1 y 2 DE LA CARTA POLÍTICA);

 

TENIENDO EN CUENTA,

 

Que la Constitución Política en los artículos 339 a 344 señala que las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y la comunidad, en ejercicio del principio de autonomía, los planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les haya sido asignadas por la Constitución y la ley; igualmente, dispone que en las entidades territoriales habrá también consejos de planeación según lo determine la Ley.

 

Que el artículo 366 de la Constitución Política determina que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales debe dársele prioridad al gasto público social sobre cualquier otra asignación. El inciso final del artículo 44, ibídem señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91 numeral 22 del literal A) atribuye dentro de las funciones de los alcaldes municipales, la de presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre los Planes de Desarrollo Económico y Social.

 

Que el artículo 32 numeral 10 de la precitada Ley, consagra como atribución de los Concejos, la de dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, lo cual deberá corresponder al Plan de Desarrollo .municipal de conformidad con las normas orgánicas de planeación.

 

Que la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único en su artículo 34 numeral 3º señala como deber de todo servidor público: "Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público". El artículo 50 Ibídem, prescribe que: "Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley.

 

EL ORDEN JURÍDICO LE IMPONE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y AL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN EN ESPECIAL COMO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD, DEBERES Y OBLIGACIONES INELUDIBLES, Así:

 

1. El numeral primero del artículo 277 de la Constitución Política consagra dentro de sus funciones la de "vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos",

 

2. Los numerales segundo y séptimo del artículo 7º del Decreto 262 de 2000, en cumplimiento de sus funciones, lo faculta para "formular las políticas generales y criterios de intervención del Ministerio Público en materia de control disciplinario, vigilancia superior con fines preventivos, actuación ante las autoridades administrativas y judiciales y centros de conciliación, y promoción, protección y defensa de los derechos humanos" y "Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarias para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley".

 

3. Los numerales 3º y 4º del artículo 3º del Decreto 1137 de 1999, disponen que los departamentos, distritos y municipios integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. El artículo 1ºIbídem, señala que el Bienestar Familiar es un servicio público a cargo del Estado.

 

4. El artículo 11 del Decreto 1137 de 1999, dispone que en los entes territoriales se conformarán consejos o comités para la política social, cuya integración y fijación de funciones será de competencia de los gobernadores y alcaldes, pero deberán contar con un subcomité o subcomisión permanente, encargados del análisis y políticas de infancia y familia.

 

5. La Directiva No. 0007 de mayo 21 de 2004 recordó a los gobernadores, .diputados, alcaldes y concejales sus obligaciones frente a la niñez y al Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

 

POR LO ANTERIOR, EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN COMO SUPREMO DIRECTOR DEL MINISTERIO PÚBLICO, COMO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ESPECIALMENTE LOS PREVALENTES DE LOS NIÑOS, EN LO CUAL TIENE SIGNIFICATIVO INTERÉS LA SOCIEDAD, A QUIEN REPRESENTA, POR VIRTUD DEL CONTROL PREVENTIVO Y CON EL FIN DE ASEGURAR EL EJERCICIO CORRECTO DE LAS "FUNCIONES PÚBLICAS" Y "PREVENIR LA COMISIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS" (NUMERAL 36 DEL ARTICULO 7 DEL DECRETO 262 DE 2000) EN LA ORBITA DE COMPETENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUE SE REFIEREN LAS NORMAS SEÑALADAS EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE DOCUMENTO DISPONE QUE LOS PERSONEROS MUNICIPALES, EN EJERCICIO DEL CONTROL MENCIONADO, ADELANTEN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

 

 

PRIMERO. Revisar y hacer seguimiento a los planes de desarrollo con el objeto de verificar si dentro de los mismos fueron incluidos programas de prevención promoción y restitución de derechos de la niñez y la familia.

 

SEGUNDO. Hacer seguimiento y verificar si existen y funcionan en los municipios los Consejos de Política Social.

 

TERCERO. Hacer seguimiento y vigilar el cumplimiento del plan de inversiones.

 

CUARTO. Los funcionarios rendirán un primer informe a este Despacho, que será remitido a la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia, a más tardar el 15 de junio de 2004 y posteriormente un informe trimestral para verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

DIRECTIVA Nº 09

 

DE:            PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA:       PROCURADORES DEPARTAMENTALES, PROVINCIALES Y JUDICIALES EN MATERIA DE FAMILIA

ASUNTO:   EJERCICIO DEL CONTROL PREVENTIVO QUE DEBE REALIZAR EL MINISTERIO PÚBLICO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA.

FECHA:     BOGOTÁ, D. C., 21 DE MAYO DE 2004

 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN COMO SUPREMO DIRECTOR DEL MINISTERIO PÚBLICO, ATENDIENDO QUE LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES NO CONSTITUYE UN ACTO DE CARIDAD NI DE LIBERALIDAD SINO EL CUMPLIMIENTO Y EXIGENCIA PERENTORIA DE PRINCIPIOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES COMO LOS DE RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL A CARGO DEL ESTADO Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS (ARTS. 1 y 2 DE LA CARTA POLÍTICA);

 

TENIENDO EN CUENTA,

 

Que la Constitución Política en los artículos 339 a 344 señala que las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y la comunidad, en ejercicio del principio de autonomía, los planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les haya sido asignadas por la Constitución y la ley; igualmente, dispone que en las entidades territoriales habrá también consejos de planeación según lo determine la Ley.

 

Que el artículo 366 de la Constitución Política determina que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales debe dársele prioridad al gasto público social sobre cualquier otra asignación. El inciso final del artículo 44, ibídem señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

 

Que el artículo 305 de la Constitución Política en su numeral 4º señala como atribución del gobernador la de presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social.

 

Que el artículo 300 numeral 3º de la Constitución Política establece que corresponde a las Asambleas Departamentales por medio de ordenanzas, adoptar de acuerdo con la ley los planes de desarrollo económico y social, con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento.

 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91 numeral 2º del literal A) atribuye dentro de las funciones de los alcaldes municipales, la de presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre Planes de Desarrollo Económico y Social.

 

Que el artículo 32 numeral 10 de la precitada Ley consagra como atribución de los Concejos, la de dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, lo cual deberá corresponder al Plan de Desarrollo municipal de conformidad con las normas orgánicas de planeación.

 

Que la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único en su artículo 34 numeral 3º señala como deber de todo servidor público: "Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público". El artículo 50 Ibídem, prescribe que: "Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley".

 

EL ORDEN JURÍDICO LE IMPONE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y AL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN EN ESPECIAL COMO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD, DEBERES Y OBLIGACIONES INELUDIBLES, Así:

 

1. El numeral primero del artículo 277 de la Constitución Política consagra dentro de sus funciones la de "vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos".

 

2. Los numerales segundo y séptimo del artículo 7º del Decreto 262 de 2000, en cumplimiento de sus funciones lo faculta para "formular las políticas generales y criterios de intervención del Ministerio Público en materia de control disciplinario, vigilancia superior con fines preventivos, actuación ante las autoridades administrativas y judiciales y centros de conciliación, y promoción, protección y defensa de los derechos humanos" y "Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarias para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley".

 

3. Los numerales 3º y 4º del artículo 3º del Decreto 1137 de 1999, disponen que los departamentos, distritos y municipios integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. El artículo 1º Ibídem, señala que el Bienestar Familiar es un servicio público a cargo del Estado.

 

4. El artículo 11 del Decreto 1137 de 1999, dispone que en los entes territoriales se conformarán consejos o comités para la política social, cuya integración y fijación de funciones será de competencia de los gobernadores y alcaldes, pero deberán contar con un subcomité o subcomisión permanente, encargados del análisis y políticas de infancia y familia.

 

5. La Directiva No. 0007 de mayo 21 de 2004 recordó a los gobernadores, diputados, alcaldes y concejales sus obligaciones frente a la niñez y al Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

 

 

POR LO ANTERIOR, EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN COMO SUPREMO DIRECTOR DEL MINISTERIO PÚBLICO, COMO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ESPECIALMENTE LOS PREVALENTES DE LOS NIÑOS, EN LO CUAL TIENE SIGNIFICATIVO INTERES LA SOCIEDAD, A QUIEN REPRESENTA, POR VIRTUD DEL CONTROL PREVENTIVO Y CON EL FIN DE ASEGURAR EL EJERCICIO CORRECTO DE LAS "FUNCIONES PÚBLICAS" Y "PREVENIR LA COMISIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS" (NUMERAL 36 DEL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO 262 DE 2000) EN LA ÓRBITA DE COMPETENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUE SE REFIEREN LAS NORMAS SEÑALADAS EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE DOCUMENTO DISPONE QUE LOS PROCURADORES REGIONALES, PROVINCIALES Y JUDICIALES EN MATERIA DE FAMILIA, EN EJERCICIO DEL CONTROL MENCIONADO, ADELANTEN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

 

PRIMERO. Revisar y hacer seguimiento a los planes de desarrollo con el objeto de verificar si dentro de los mismos fueron incluidos programas de prevención, promoción y la restitución de derecho de la niñez y la familia.

 

SEGUNDO. Hacer seguimiento y verificar si existen y funcionan en los departamentos y municipios los Consejos de Política Social.

 

TERCERO. Hacer seguimiento y vigilar el cumplimiento del plan de inversiones.

 

CUARTO. Donde no existan Procuradores Provinciales y Judiciales en materia de familia, a instancia del Procurador Delegado para la Defensa del Menor y la Familia, previo estudio pertinente que presentará al despacho, se habilitarán procuradores judiciales de otras ramas para que cumplan con el cometido de esta directiva.

 

QUINTO. Los funcionarios rendirán un primer informe a este Despacho, que será remitido a la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia, a más tardar el 15 de junio de 2004 y posteriormente un informe trimestral para verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

3. Expedir, en ejercicio de la suprema dirección del Ministerio Público, los actos administrativos, órdenes y directrices necesarios para señalar las políticas generales y criterios orientadores de actuación de la Defensoría del Pueblo en la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos.

 

4. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso de la República.

 

5. Ejercer directamente las funciones señaladas en el artículo 278 de la Constitución Política.

 

6. Asignar funciones especiales a las dependencias y empleos de la Procuraduría General de la Nación.

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 114

(10 MAYO 2006)

 

Por medio de la cual se ordena la designación de administradores funcionales y administradores técnicos para los sistemas de información de la Entidad

 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 6º  y 7º del Artículo 7º  del Decreto 262 de 2000, y

 

CONSIDERANDO:

 

1.   Que el numeral 6º del Artículo 7º del Decreto 262 de 2000  faculta al Procurador General de la Nación para asignar funciones especiales a las dependencias y empleos de la Procuraduría General de la Nación.

2.   Que el numeral 7º del Artículo 7º del Decreto 262 de 2000 asigna al Procurador General de la Nación la función de "Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la Entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la Ley".

3.   Que los numerales 1º y 6º  del Artículo 16 del Decreto 262 de 2000, asignan a la Oficina de Sistemas la función de "Asesorar al Procurador General de la Nación en la definición de las políticas, planes y programas para la adopción de sistemas de procesamiento automatizado de la información" y de "Elaborar y mantener las metodologías necesarias para el desarrollo de sistemas de información."

4.   Que se requiere asignar responsabilidades a las diferentes dependencias de la Entidad y fijar parámetros para la incorporación, ajuste, exclusión y elaboración de los datos integrantes de los sistemas de información de la Entidad.

5.   Que para desarrollar las funciones enunciadas; organizar y registrar la información necesaria para cumplir los mandatos legales a cargo de la Procuraduría General de la Nación; garantizar y asegurar la confiabilidad y fidelidad de la información registrada en ellos, se hace necesario que los mismos cuenten de manera paralela pero separada de administradores técnicos y administradores funcionales.

 

RESUELVE:

 

Artículo 1º.- De los Sistemas de Información: A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, la Oficina de Sistemas y las dependencias de la Entidad que administren o tengan bajo su responsabilidad la determinación e inclusión de datos en  los distintos sistemas de información de la Entidad, contarán  con  un plazo máximo de 2 meses para designar uno o más funcionarios encargados de la administración técnica y funcional del o los sistemas de información a su cargo.

 

 

Artículo .- Administrador Funcional Todo sistema de información de la Entidad tendrá un Administrador Funcional, designado por el Jefe de la dependencia encargada de administrarlo o responsable del mismo, quien velará por la oportunidad, consistencia y confiabilidad de los datos, hará el seguimiento al funcionamiento y operación del Sistema y presentará los proyectos de mejoramiento que considere necesarios. Para ello, tendrá a su cargo el cumplimiento de las siguientes funciones:

 

1.   Garantizar que la información del sistema sea coherente con los procesos y funcionalidades definidos.

 

2.   Establecer los procedimientos para recibir y tramitar las solicitudes de quejas y mejoras presentadas por los usuarios del sistema de información.

 

3.   Autorizar la creación de perfiles y usuarios del sistema de información.

 

4.   Administrar los usuarios y perfiles del sistema de información, siempre y cuando el mismo provea interfaz para dicha labor.

 

5.   Remitir al administrador técnico, con el visto bueno del jefe de la respectiva dependencia, las solicitudes de inconsistencias de la funcionalidad del sistema de información.

 

6.   Remitir al administrador técnico, con el visto bueno del jefe de la respectiva dependencia, los nuevos requerimientos y/o modificaciones al sistema de información.

 

7.   Coordinar en los casos que sea necesario con los demás administradores funcionales de los otros sistemas de información la ejecución de las actividades que puedan tener incidencia en los distintos aplicativos y concertar los correctivos para minimizar su impacto.

 

8.   Generar los reportes y crear las estadísticas que permitan evaluar la gestión del sistema de información.

 

9.   Proponer planes y proyectos para el mejoramiento del Sistema de Información.

 

10. Revisar que el sistema de información esté acorde con la normatividad vigente.

 

Parágrafo: En atención a la multiplicidad de módulos que integran el Sistema de Información SIAF, existirán, bajo la coordinación de la Secretaría General de la Entidad, 5 Administradores funcionales, uno por cada dependencia, según se enuncia a continuación:

 

 

Artículo 3º.- Administrador Técnico. Todo sistema de información de la Entidad tendrá un Administrador Técnico designado por el Jefe de la Oficina de Sistemas, quien tendrá la función de brindar soporte, asistencia y capacitación técnica a todos los usuarios, de modo tal que se garantice la operatividad del respectivo sistema de información.

 

La Oficina de Sistemas solucionará las inconsistencias que se detecten en el sistema de información y hará los ajustes por cambios normativos y procedimentales, conforme las solicitudes documentadas que le presente el administrador funcional del respectivo sistema de información, con el propósito de que el sistema pueda reflejar la información de acuerdo con los parámetros y lineamientos para los cuales fue diseñado.

 

 

Artículo 4º.- Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

 

Dada en Bogotá D.C., a los, 10 MAYO 2006

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 111

(-8  MAYO 2006)

 

Por medio de la cual se crean Grupos de trabajo al interior de la estructura orgánica de la Oficina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nación y se asignan funciones

 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en los numerales 6, 7, 34 Y 38 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 6 y 7 del Artículo 7 del Decreto 262 de 2000, corresponde al Procurador General de la Nación "Asignar funciones especiales a las dependencias y empleos de la Procuraduría General de la Nación” y "Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la Entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley”.

 

Que de acuerdo con los numerales 34 y 38 del Artículo 7 del Decreto 262 de 2000, el Procurador General de la Nación, está facultado para: "Crear comités asesores y Grupos de trabajo para el cumplimiento de las funciones de la Entidad y los previstos en la ley." y " Organizar las Dependencias de la Procuraduría General de la Nación para su adecuado funcionamiento conforme a las reglas y principios establecidos en este decreto y denominarlas, de acuerdo con las necesidades del servicio, sin establecer a cargo del tesoro público obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la Ley de Apropiaciones'.

 

Que mediante el Decreto 262 de 2000 y la Resolución 450 de 2000, se asignan funciones a la Oficina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nación, las cuales deben ser objeto de redefinición en atención al proceso de modernización de la Entidad y las nuevas responsabilidades a cargo de dicha dependencia.

 

Que corresponde a la Oficina de Planeación adelantar los estudios técnicos referidos a la organización del trabajo, los manuales de funciones y procedimientos.

 

Que la Oficina de Sistemas y la Oficina de Planeación adelantaron el estudio necesario para definir la división del trabajo y la asignación de funciones, que una vez revisada la estructura interna y el funcionamiento de la Oficina de Sistemas, la Oficina de Planeación recomienda dar desarrollo a la estructura de la Procuraduría General de la Nación, Oficina de Sistemas, en los términos previstos en la presente Resolución.

 

Que el mencionado estudio concluye que se hace necesario crear unos Grupos en la estructura orgánica de la Oficina de Sistemas y asignar funciones a los Coordinadores en los Grupos de SOPORTE A USUARIOS, INFRAESTRUCTURA Y APOYO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

 

RESUELVE:

 

CAPÍTULO PRIMERO

ESTRUCTURA ORGÁNICA

 

1. Artículo Primero: De la Estructura Orgánica de la Oficina de Sistemas: Se crean en la estructura de la Oficina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nación, los Grupos de trabajo de Soporte a Usuarios, Infraestructura y Apoyo a Sistemas de Información. Cada Grupo tendrá a la cabeza un Coordinador y estarán conformados de la siguiente manera:

 

1.1. Grupo de Soporte a Usuarios:

1.1.1. Coordinación Grupo de Soporte a Usuarios.

1.1.2. Grupo de Soporte a Usuarios.

 

1.2. Grupo de Infraestructura:

1 .2.1. Coordinación Grupo Infraestructura.

1.2.2. Grupo de Infraestructura: Seguridad Informática, Administradores de Redes y Energía (UPS), Administradores de Centro de Cómputo, Administrador de Bases de Datos, y Administradores de Servicios de Red.

 

1.3. Grupo de Apoyo a Sistemas de Información:

1.3.1 .Coordinador Grupo Apoyo a Sistemas de Información.

1.3.2. Grupo Apoyo a Sistemas de Información.

 

CAPÍTULO SEGUNDO

Grupo de Soporte a Usuarios

 

Artículo Segundo: Del Grupo de Soporte a Usuarios: El Grupo de Soporte a Usuarios estará bajo la dirección de un Coordinador de Grupo y tendrá a su cargo la atención de las solicitudes de Soporte técnico de hardware y software competencia de la Oficina de Sistemas. Para ello, contará con el número de funcionarios que determine el Jefe de la Oficina de Sistemas, quienes serán responsables del cumplimiento de las funciones a que refiere el Artículo Cuarto de la presente Resolución.

 

Artículo Tercero: De la Coordinación del Grupo de Soporte a Usuarios. Misión y Funciones: La Coordinación del Grupo de Soporte a Usuarios tendrá a su cargo la dirección de las actividades y tareas de mantenimiento y Soporte técnico necesario para el hardware y software de la Entidad, así como el seguimiento a la atención de los requerimientos efectuados por los usuarios.

 

En este sentido, tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes,

 

FUNCIONES:

 

1.          Asesorar al Jefe de la Oficina de Sistemas en la definición de las políticas, planes y programas para la optimización del servicio de Soporte que requiera la Entidad.

2.          Investigar, evaluar y proponer permanentemente la aplicación de mejores prácticas y nuevas soluciones informáticas, en los temas de Soporte que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional.

3.          Coordinar el Grupo de Soporte al usuario, distribuir y controlar el trabajo de sus colaboradores inmediatos.

4.          Formular los proyectos del Grupo de Soporte, someterlos a consideración del Jefe de la Oficina de Sistemas y orientar su ejecución.

5.          Coordinar y aprobar la elaboración de los requerimientos técnicos, la evaluación técnica y dar las recomendaciones requeridas a las interventorías en desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten para ejecutar proyectos del Grupo de Soporte.

6.          Emitir conceptos técnicos para la adquisición y mantenimiento de hardware y software relacionados con el área de Soporte.

7.          Velar porque los equipos de cómputo de la Entidad funcionen óptimamente.

8.          Propender porque los requerimientos de Soporte de los usuarios, a nivel nacional, sean atendidos de manera satisfactoria.

9.          Garantizar la existencia del registro, control y seguimiento de los requerimientos de Soporte efectuados por los usuarios.

10.      Coordinar la elaboración de las estadísticas e indicadores de cada uno de los servicios prestados por el Grupo, hacer evaluación, seguimiento, recomendaciones y presentar informes de gestión al Jefe de la Oficina de Sistemas.

11.      Coordinar la elaboración y actualización del inventario y fichas técnicas de hardware y software de la Entidad, asignado a usuarios finales.

12.      Coordinar la elaboración y actualización de los procesos, procedimientos y manuales asociados al Grupo de Soporte y velar por su estricto cumplimiento.

13.      Liderar la atención de requerimientos internos y externos relacionados con las funciones y responsabilidades del Grupo de Soporte.

14.      Garantizar, de acuerdo a las necesidades, la existencia de estrategias y planes que aseguren la disponibilidad de los servicios ofrecidos por el Grupo de Soporte.

15.      Liderar el desarrollo de estrategias de comunicación que permitan generar un mayor conocimiento informático entre los usuarios.

16.      Administrar los recursos que le sean asignados al área de Soporte para el cumplimiento de sus funciones.

17.      Comunicar al Jefe de la Oficina y a los demás Coordinadores de Grupo las actividades que les puedan afectar el normal desarrollo de los servicios y responsabilidades a su cargo y concertar las medidas correctivas necesarias.

18.      Garantizar el archivo de toda la información relacionada con las responsabilidades del Grupo.

19.      Las demás funciones que le asigne el Procurador General o el Jefe de la Oficina de Sistemas.

 

Artículo Cuarto. Funciones del Grupo de Soporte a Usuarios: Son funciones del Grupo de Soporte a Usuarios las siguientes:

 

1.          Participar en la definición de las políticas, planes y programas para la optimización del servicio de Soporte que requiera la Entidad.

2.          Participar en la elaboración de los proyectos del Grupo de Soporte de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Entidad y someterlos a consideración del Coordinador del Grupo.

3.          Investigar, evaluar y proponer permanentemente la aplicación de mejores prácticas y nuevas soluciones informáticas, en los temas de Soporte que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional.

4.          Elaborar los requerimientos técnicos, efectuar las evaluaciones técnicas y realizar las interventorías en desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten para ejecutar proyectos del Grupo de Soporte.

5.          Apoyar la elaboración de conceptos técnicos para la adquisición y mantenimiento de hardware y software y otros temas relacionados con el área de Soporte.

6.          Evaluar tecnologías para la atención, registro y seguimiento de problemas con el fin de incorporar las que mejoren la calidad y eficiencia del servicio.

7.          Recibir las solicitudes de servicios que formulen los usuarios, registrarlas y hacer el seguimiento y verificación hasta que los incidentes por ellos reportados sean resueltos, garantizando la respuesta oportuna a cada requerimiento de acuerdo a su prioridad.

8.          Diagnosticar los problemas reportados, calificar su impacto, establecer prioridades, resolverlos a satisfacción de los usuarios y/o enviarlos a las unidades competentes para solucionarlos.

9.          Diseñar estrategias orientadas a garantizar el mejoramiento continuo para la atención de usuarios.

10.      Elaborar las estrategias de comunicación que permitan generar un mayor conocimiento informático entre los usuarios.

11.      11 .Realizar las actividades necesarias para garantizar que los equipos de cómputo de la Entidad funcionen óptimamente.

12.      Mantener actualizados en software todos los equipos de la Entidad.

13.      Elaborar y actualizar el inventario y fichas técnicas de hardware y software de la Entidad, asignado a usuarios finales.

14.      Prestar el Soporte técnico de primer nivel a los Sistemas de Información y a los diferentes aplicativos institucionales.

15.      Definir políticas y especificaciones técnicas para adquisición, actualización, mantenimiento y crecimiento de los, equipos de cómputo y del software en el área informática. 

16.      Elaborar y presentar al Coordinador del Grupo las estadísticas, indicadores y demás informes periódicos, detallados y consolidados de los servicios y actividades desarrolladas por los funcionarios que integran el equipo de trabajo.

17.      Participar en la elaboración y actualización de los procesos y procedimientos asociados al Grupo de Soporte.

18.      Elaborar los manuales y/o guías para la prestación de los servicios a cargo del Grupo.

19.      Atender los requerimientos internos y externos relacionados con las funciones y responsabilidades del Grupo de Soporte

20.      Participar en la elaboración de estrategias y planes que aseguren la disponibilidad de los servicios ofrecidos por el Grupo de Soporte.

21.      Comunicar al Coordinador de Grupo las actividades que puedan afectar el normal desarrollo de los servicios y responsabilidades a cargo de los demás Grupos y sugerir las medidas tendientes a minimizar su impacto.

22.      Llevar un archivo general de toda la información relacionada con las responsabilidades del Grupo.

23.      Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

 

CAPÍTULO TERCERO

Grupo de Infraestructura

 

Artículo Quinto: Del Grupo de Infraestructura: El Grupo de Infraestructura estará conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales quienes tendrán bajo su responsabilidad el cumplimiento de las funciones contenidas en los Artículos Séptimo y Octavo de la presente Resolución a efectos de garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de los equipos y sistemas que conforman la red de datos, la red eléctrica regulada (UPS), la red de telecomunicaciones y los sistemas de seguridad competencia de la Oficina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nación, así como la administración del centro de cómputo, de los servidores, de las bases de datos, de los servicios institucionales de Correo Electrónico e Internet y los otros servicios de red que existan en la Entidad.

 

Para ello, contará con el número de funcionarios que determine el Jefe de la Oficina de Sistemas y estará bajo la dirección de un Coordinador de Grupo.

 

Artículo Sexto: De la Coordinación del Grupo de Infraestructura. Misión y Funciones: La coordinación del Grupo de Infraestructura tendrá a su cargo la dirección de las actividades y tareas encaminadas a la administración, mantenimiento y desarrollo de los equipos y sistemas que conforman la red de datos, la red eléctrica regulada, la red de telecomunicaciones y los sistemas de seguridad competencia de la Oficina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nación, así como la administración del centro de cómputo, de los servidores, de las bases de datos, de los Servicios Institucionales de Correo Electrónico e Internet y los otros servicios de red que existan en la Entidad.

 

Para el cumplimiento de lo anterior, la Coordinación del Grupo de Infraestructura tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes,

 

FUNCIONES:

 

1.          Asesorar al Jefe de la Oficina de Sistemas en la definición de las políticas, planes, programas y proyectos para la adquisición e implementación de la infraestructura que requiera la Entidad.

2.          Investigar, evaluar y proponer permanentemente la aplicación de mejores prácticas y nuevas soluciones informáticas, en los temas de infraestructura tecnológica que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional.

3.          Coordinar al Grupo de infraestructura, distribuir y controlar el trabajo de los integrantes de acuerdo con sus perfiles y habilidades.

4.          Formular los proyectos del Grupo de infraestructura, someterlos a consideración del Jefe de la Oficina de Sistemas y orientar su ejecución.

5.          Coordinar y aprobar la elaboración de los requerimientos técnicos, la evaluación técnica y dar las recomendaciones requeridas a las interventorías en desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten para ejecutar proyectos del Grupo de infraestructura,

6.          Emitir conceptos técnicos para la adquisición y mantenimiento de hardware y software y otros temas relacionados con el área de infraestructura.

7.          Coordinar la elaboración y actualización del inventario y fichas técnicas de hardware y software de la Entidad, asignado al Grupo.

8.          Coordinar la elaboración y actualización de los procesos, procedimientos y manuales asociados al -Grupo de infraestructura y velar por su estricto cumplimiento.

9.          Propender porque se garantice la conectividad necesaria para interconectar las sedes de la Entidad.

10.      Coordinar las tareas necesarias para mantener actualizados y en correcta operación los sistemas que permiten el funcionamiento de los servicios de DNS, Directorio Activo, DHCP, el Correo Electrónico, el acceso a Internet, entre otros,

11.      Liderar el diseño y aplicación de las políticas de seguridad, integridad y acceso a la información sistematizada de la Procuraduría General de la Nación.

12.      Velar por la correcta ejecución y mantenimiento de todas las bases de datos independientemente de la información almacenada por ellas y de los servidores donde se ejecuten.

13.      Definir y supervisar los programas de mantenimiento y Soporte técnico para garantizar la operación y disponibilidad de la infraestructura de energía, redes, equipos servidores de datos y servicios de Telecomunicaciones

14.      Monitorear el desempeño de la red de datos, sistemas operativos, bases de datos, disponibilidad de recursos y servicios, utilización de las bases de datos para establecer las acciones a seguir en pro del mejoramiento.

15.      Garantizar, de acuerdo a las necesidades, la existencia de planes de contingencia que aseguren la disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la Entidad, la información y los servicios a cargo del Grupo.

16.      Coordinar la elaboración de las estadísticas e indicadores de cada uno los servicios prestados por el Grupo, hacer evaluación, seguimiento, recomendaciones y presentar informes de gestión al Jefe de la Oficina de Sistemas.

17.      Comunicar al Jefe de la Oficina y a los demás Coordinadores de Grupo las actividades que les puedan afectar el normal desarrollo de los servicios y responsabilidades a su cargo y concertar las medidas correctivas necesarias.

18.      Garantizar el archivo de toda la información relacionada con las responsabilidades del Grupo.

19.      Las demás funciones que le asigne el Procurador General o el Jefe de la Oficina de Sistemas.

 

Artículo Séptimo: De la división de trabajo: El Coordinador del Grupo de Infraestructura asignará actividades y tareas a los integrantes del Grupo conforme a los siguientes temas:

 

Administración de Seguridad informática: El o los funcionarios responsables de la Seguridad informática tendrán a su cargo la definición, documentación y seguimiento de las políticas de seguridad necesarias dentro de la Entidad para la protección de la información; la identificación y gestión de riesgos y la elaboración, prueba y actualización de planes de contingencia y continuidad del servicio.

 

Administración de Redes y Energía: Los funcionarios responsables de Redes y Energía tendrán a su cargo el diseño, Soporte y mantenimiento de los sistemas de energía regulada instalados en todo el país, así como el diseño, funcionamiento y mantenimiento de las redes LAN y WAN y, el acceso a Internet.

 

Administración del Centro de Cómputo; El o los funcionarios responsables de la Administración del Centro de Cómputo tendrán a su cargo la custodia, funcionamiento y mantenimiento de los equipos ubicados en el centro de cómputo de la Entidad y la definición y ejecución de políticas de backup.

 

Administración de Bases de Datos: El o los funcionarios responsables de la Administración de Bases de Datos de la Entidad tendrán a su cargo la correcta ejecución y mantenimiento de todas las bases de datos, independientemente de la información almacenada en ellas y de los servidores donde se ejecuten.

 

Administración de Servicios de Red: El o los funcionarios responsables de la Administración de Servicios de Red tendrán a su cargo la operatividad y mantenimiento de los servicios como el correo electrónico, directorio activo y otros servicios de red existentes en la Entidad.

 

Artículo Octavo: Funciones del Grupo de Infraestructura. Será responsabilidad del Grupo de Infraestructura el ejercicio de las siguientes,

 

FUNCIONES:

 

1.          Participar en la definición de las políticas, planes, programas y proyectos para la adquisición e implementación de la infraestructura que requiera la Entidad.

2.          Investigar, evaluar y proponer permanentemente la aplicación de mejores prácticas y nuevas soluciones informáticas, en los temas de infraestructura tecnológica que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional.

3.          Participar en la elaboración de los proyectos del Grupo de infraestructura de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Entidad y someterlos a consideración del Coordinador del Grupo.

4.          Elaborar los requerimientos técnicos, efectuar las evaluaciones técnicas y realizar las interventorías en desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten para ejecutar proyectos del Grupo de infraestructura.

5.          Participar en la elaboración de conceptos técnicos para la adquisición y mantenimiento de hardware, software y otros temas relacionados con el área de infraestructura.

6.          Elaborar y actualizar el  inventario y fichas técnicas de hardware y software de la Entidad, asignado al Grupo.

7.          Participar en la elaboración y actualización de los procesos y procedimientos asociados al Grupo de infraestructura.

8.          Elaborar los manuales y/o guías para la prestación de los servicios a cargo del Grupo.

9.          Realizar las tareas necesarias para interconectar adecuadamente las sedes de la Entidad.

10.      Desarrollar las actividades necesarias para mantener actualizados y en correcta operación los sistemas que permiten el funcionamiento de los servicios de DNS, Directorio Activo, DHCP, el correo electrónico, el acceso a Internet, entre otros.

11.      Participar en la definición de las políticas de seguridad, integridad y acceso a la información sistematizada de la Procuraduría General de la Nación y aplicar aquellas que competen al Grupo.

12.      Administrar todas las bases de datos de la Entidad independientemente de la información almacenada por ellas y de los servidores donde se ejecuten, garantizando la información que allí se encuentre.

13.      Ejecutar los programas de mantenimiento y Soporte técnico para garantizar la correcta operación y disponibilidad de la infraestructura de energía, redes, equipos servidores de datos y servicios de telecomunicaciones

14.      Elaborar y probar los planes de contingencia que aseguren la disponibilidad de la infraestructura, los servicios informáticos y la conservación e integridad de la información.

15.      Registrar organizadamente los sucesos y eventos relacionados con cada uno de los bienes y servicios a cargo del Grupo, mediante el empleo de bitácoras.

16.      Elaborar las estadísticas e indicadores de cada uno los servicios prestados por el Grupo y presentar informes de gestión al Coordinador.

17.      Comunicar al Coordinador de Grupo las actividades que puedan afectar el normal desarrollo de los servicios y responsabilidades a cargo de los demás Grupos y sugerir las medidas tendientes a minimizar su impacto.

18.      Llevar el archivo general de toda la información relacionada con las responsabilidades del Grupo.

19.      Las demás funciones que le asigne el Procurador General o el Jefe de la Oficina de Sistemas.

 

CAPÍTULO CUARTO

Grupo de Sistemas de Información

 

Artículo Noveno. Del Grupo de Apoyo a Sistemas de Información: El Grupo de Apoyo a Sistemas de Información será el responsable de prestar la eficiente administración a nivel técnico de los Sistemas de Información competencia de la Oficina de Sistemas y garantizar a nivel técnico su correcto funcionamiento. Tendrá el número de funcionarios que determine el Jefe de la Oficina de Sistemas y estará bajo la dirección de un Coordinador de Grupo.

 

Artículo Décimo. Funciones de Coordinador del Grupo de Apoyo a Sistemas de Información: Al Coordinador del Grupo de Apoyo a Sistemas de Información le corresponde el ejercicio de las siguientes,

 

FUNCIONES:

 

1.          Asesorar al Jefe de la Oficina de Sistemas en la definición de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información requeridos por la Entidad.

2.          Investigar, evaluar y proponer permanentemente la aplicación de metodologías, mejores prácticas y nuevas soluciones informáticas, en temas de sistemas de información que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional.

3.          Coordinar al Grupo de Apoyo a Sistemas de Información, distribuir y controlar el trabajo de los integrantes de acuerdo con sus perfiles y habilidades.

4.          Formular los proyectos del Grupo de sistemas de información con los respectivos Soportes, someterlos a consideración del Jefe de la Oficina de Sistemas y orientar su ejecución.

5.          Coordinar y aprobar la elaboración de los requerimientos técnicos, la evaluación técnica y dar las recomendaciones requeridas a las interventorías en desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten para ejecutar proyectos del Grupo de apoyo a sistemas de información.

6.          Emitir conceptos técnicos relacionados con el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información y con adquisición y mantenimiento de hardware y software relacionados con el procesamiento de información.

7.          Coordinar la elaboración y actualización del inventario de sistemas de información de la Entidad y de sus respectivas fichas técnicas.

8.          Coordinar la elaboración y actualización de los procesos, procedimientos y manuales asociados al Grupo de apoyo a sistemas de información y velar por su estricto cumplimiento.

9.          Coordinar y liderar el desarrollo, directamente o por medio de terceros, del software necesario para apoyar y mejorar los procesos de la Entidad.

10.      Analizar y evaluar los requerimientos de los usuarios de los sistemas de información y coordinar todas las actividades relacionadas con su solución, garantizando una respuesta efectiva a cada requerimiento de acuerdo a su prioridad.

11.      Velar por el correcto funcionamiento, mantenimiento y Soporte de los sistemas de información de la Entidad.

12.      Propender por la confiabilidad y calidad de la información que se registra en los sistemas de la Entidad.

13.      Garantizar la existencia de la documentación actualizada para cada uno de los sistemas de información.

14.      Coordinar y apoyar la capacitación técnica relacionada con los sistemas de información de la Entidad.

15.      Participar en la definición de las políticas de seguridad, integridad y acceso a la información sistematizada de la Procuraduría General de la Nación y coordinar la aplicación de aquellas que competen al Grupo.

16.      Garantizar, de acuerdo a las necesidades, la existencia de planes de contingencia que aseguren la disponibilidad de los sistemas de información de la Entidad y de los servicios a cargo del Grupo.

17.      Coordinar la elaboración de las estadísticas e indicadores relacionados con los sistemas de información y los servicios prestados, hacer evaluación, seguimiento, recomendaciones y presentar informes de gestión al Jefe de la Oficina de Sistemas.

18.      Comunicar al Jefe de la Oficina y a los demás Coordinadores de Grupo las actividades que les puedan afectar el normal desarrollo de los servicios y responsabilidades a su cargo y concertar las medidas correctivas necesarias.

19.      Garantizar el archivo de toda la información relacionada con las responsabilidades del Grupo.

20.      Las demás funciones que le asigne el Procurador General o el Jefe de la Oficina de Sistemas.

 

Artículo Decimoprimero: Funciones del Grupo de Apoyo a Sistemas de Información:

Es responsabilidad del Grupo de Apoyo a Sistemas de Información el cumplimiento de las siguientes,

 

FUNCIONES:

 

1.          Participar en la definición de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información requeridos por la Entidad.

2.          Investigar, evaluar y proponer permanentemente la aplicación de metodologías, mejores prácticas y nuevas soluciones informáticas, en temas de sistemas de información que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional.

3.          Participar en la elaboración de los proyectos del Grupo de sistemas de información de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Entidad y someterlos a consideración del Coordinador del Grupo.

4.          Elaborar los requerimientos técnicos, efectuar las evaluaciones técnicas y realizar las interventorías en desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten para ejecutar proyectos del Grupo de apoyo a sistemas de información.

5.          Participar en la elaboración de conceptos técnicos relacionados con el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información y con adquisición y mantenimiento de hardware y software relacionados con el procesamiento de información.

6.          Elaborar y actualizar el inventario de sistemas de información de la Entidad con sus respectivas fichas técnicas.

7.          Participar en la elaboración y actualización de los procesos y procedimientos asociados al Grupo de apoyo a sistemas de información.

8.          Elaborar los manuales y/o guías para la prestación de los servicios a cargo del Grupo.

9.          Realizar el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implantación y mantenimiento del software, no contratado con terceros, necesario para apoyar y mejorar los procesos de la Entidad.

10.      Participar en los proyectos de implementación de sistemas de información, contratados con terceros, realizando las tareas que competan al Grupo según los compromisos adquiridos.

11.      Ejecutar todas las actividades relacionadas con la solución de los requerimientos de los usuarios de los sistemas de información, garantizando una respuesta efectiva a cada requerimiento de acuerdo a su prioridad.

12.      Efectuar todas las tareas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento, mantenimiento y Soporte de los sistemas de información de la Entidad.

13.      Propender por la confiabilidad y calidad de la información que se registra en los sistemas de la Entidad.

14.      Formular las recomendaciones necesarias para garantizar los ambientes de desarrollo, pruebas y producción de los sistemas de información y apoyar su implantación.

15.      Elaborar y actualizar la documentación de cada uno de los sistemas de información.

16.      Realizar la capacitación técnica relacionada con los sistemas de información de la Entidad.

17.      Participar en la definición de las políticas de seguridad, integridad y acceso a la información sistematizada de la Procuraduría General de la Nación y aplicar aquellas que competen al Grupo.

18.      Elaborar y probar los planes de contingencia que aseguren la disponibilidad de los sistemas de información de la Entidad y de los servicios a cargo del Grupo.

19.      Registrar organizadamente los sucesos y eventos relacionados con cada uno de los sistemas de información y servicios a cargo del Grupo, mediante el empleo de bitácoras.

20.      Elaborar las estadísticas e indicadores relacionados con los sistemas de información y los servicios prestados por el Grupo, hacer evaluación, seguimiento, recomendaciones y presentar informes de gestión al Coordinador del Grupo.

21.      Comunicar al Coordinador de Grupo las actividades que puedan afectar el normal desarrollo de los servicios y responsabilidades a cargo de los demás Grupos y sugerir las medidas tendientes a minimizar su impacto.

22.      Llevar el archivo de toda la información relacionada con las responsabilidades del Grupo.

23.      Las demás funciones que le asigne el Procurador General o el Jefe de la Oficina de Sistemas.

 

Artículo Decimosegundo.- Vigencia: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

 

Dada en Bogotá, D.C., a los  - 8  MAYO  2006

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

7. Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley.

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 478

22 DIC. 2005

 

Por medio de la cual se modifica y adiciona la resolución No. 150 del 5 de marzo de 2003, que reglamentó el uso del carné de identificación en la Procuraduría General de la Nación y se adoptan otras disposiciones relacionadas.

 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN,

 

en ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales, en especial la conferida en el numeral 7 del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, y,

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante Resolución 150 de marzo 5 de 2003, se estableció la obligatoriedad del porte del carné institucional por parte de todos los servidores de la Entidad.

 

Que la Procuraduría General de la Nación adelanta un nuevo proceso de carnetización para todos los servidores de la Entidad, razón por la cual se hace necesario reglamentar su entrega, uso, porte y reposición en caso de pérdida.

 

Que en mérito de lo expuesto,

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO PRIMERO: Todos los servidores de la Procuraduría General de la Nación, recibirán el carné institucional, tarjeta de seguridad (para el nivel central) y el respectivo porta carne, los cuales formarán parte del inventario individual del funcionario.

 

ARTÍCULO SEGUNDO Es obligación de todos los servidores de la Procuraduría General de la Nación, portar en lugar visible el carné institucional mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Entidad, así como su presentación ante las autoridades frente a las cuales gestionen actividades en desarrollo de las funciones asignadas.

 

ARTÍCULO TERCERO: Para la entrega de los documentos mencionados, los Coordinadores Administrativos de las Regionales donde exista este cargo y los Procuradores Regionales en los demás, se responsabilizarán de la entrega de los documentos antes referidos a los servidores que laboran tanto en las Procuradurías Regionales como en las Procuradurías Provinciales y Judiciales del departamento y dispondrán lo pertinente con el fin de recepcionar los antiguos carnés a quienes lo posean o en su defecto dejar las constancias respectivas, para ser anexadas a las Historias Laborales de cada servidor.

 

ARTÍCULO CUARTO: Para el ingreso a las instalaciones de la Entidad los servidores del nivel central deberán hacer uso de la tarjeta de seguridad para el registro de la hora respectiva.

 

ARTÍCULO QUINTO: Al producirse retiro o suspensión de un servidor de la Entidad, el carné y porta carné serán devueltos a la División de Gestión Humana a través del respectivo jefe inmediato.

 

ARTÍCULO SEXTO: El carné se debe utilizar estrictamente para el cumplimiento de las funciones propias del cargo y su uso indebido originará las acciones penales y/o disciplinarias a que haya lugar

 

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de pérdida del carné institucional, se deberá formular el denuncio, y se hará entrega del mismo al Grupo de Hojas de Vida, donde se gestionará el respectivo duplicado previa consignación por una suma equivalente al valor de un (1) día del salario mínimo Legal Mensual Vigente.

 

En caso de pérdida de la tarjeta de seguridad se deberá allegar igualmente copia del denuncio y recibo de consignación por valor de tres (3) días de salario mínimo Legal Mensual Vigente.

 

El valor del Porta-Carné en caso de pérdida es de Diez mil pesos ($10.000.00) M/ Cte.

 

Las consignaciones se efectuarán en el BANCO DE LA REPÚBLICA, diligenciando el formato correspondiente con la siguiente información:

 

NOMBRE DE LA CUENTA: DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS.

 

No. CUENTA    61011110

 

CODIGO          275

 

NOMBRE         Otras tasas, multas y contribuciones

 

CONCEPTO     CONSIGNACIÓN VALOR CARNE- PORTACARNE- O TARJETA DE SEGURIDAD

 

NOMBRE DE QUIEN CONSIGNA:

 

En las ciudades donde no exista sucursal del Banco de la República, se hará la consignación respectiva en el BANCO POPULAR, con las siguientes anotaciones:

 

CUENTA No     05000024-9

 

NUMERAL       1212-25

 

CONCEPTO     RECAUDOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN- VALOR CARNE O PORTA CARNE

 

NOMBRE DE QUIEN CONSIGNA.

 

ARTÍCULO OCTAVO: Quienes tomen posesión de un cargo en período de prueba se les expedirá un carné provisional. Una vez superado el mismo y previa inscripción en el escalafón de la carrera administrativa se le expedirá el carné institucional.

 

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución tiene vigencia a partir de su publicación.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

Dada en Bogotá a los, 22 DIC. 2005

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

 

CIRCULAR Nº 050

 

DE:            PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA:       SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL

ASUNTO:   PROCESO DE CARNETIZACIÓN

FECHA:      23 SET. 2005

 

Con el fin de actualizar la carnetización del personal de la Procuraduría General de la Nación, en desarrollo del contrato 038 de 2005, con carácter urgente y obligatorio se solicita a todos los servidores de la Entidad, allegar una foto reciente, a color, fondo azul claro, tamaño 3x4, con la anotación de los datos personales en el formato que para el efecto enviará la División de Gestión Humana.

 

La recepción de las fotos, se realizará a través de los Procuradores Delegados, jefes de Oficina, Jefes de División, Jefes de cada dependencia y Procuradores Regionales, y debe enviarse a más tardar el día siete (7) de octubre del año en curso, al Grupo de Hojas de Vida (piso 7°, sede central).

 

Finalmente, aclaramos que no se concederán prórrogas para el trámite solicitado, pues el mismo está condicionado a los términos perentorios del contrato 038 de 2005; se reitera que cada jefe de dependencia, será el responsable de enviar oportunamente las fotos.

 

AI recibo del carné institucional, será obligatorio el uso y porte del mismo por parte de todos los servidores de la Entidad, de conformidad con lo establecido en la resolución 150 del 5 de marzo de 2003.

 

El incumplimiento a la presente circular impide la expedición del respectivo carné, con las consecuencias que ello implica para el ejercicio de las funciones correspondientes.

 

Cordial saludo,

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 150

(5 MAR. 2003)

 

Por medio de la cual se reglamenta el uso del carné de identificación en la Procuraduría General de la Nación y se adoptan otras disposiciones relacionadas con el mismo.

 

El Procurador General de la Nación en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial la conferida en el numeral 7 del Artículo 7 del Decreto No. 262 de 2000, y

 

CONSIDERANDO

 

Que se hace necesario que los servidores de la entidad cuenten con un documento que les permita acreditar su vinculación e identificarse como tales ante las autoridades que así lo exijan y demás instancias autorizadas para hacerlo;

 

Que además de las anteriores razones, es indispensable ejercer un control sobre el ingreso de los funcionarios a las instalaciones de la entidad, motivo por el cual dicho carné debe portarse de manera obligatoria;

 

Que el documento de identificación institucional debe administrarse acorde con las pautas que establezca la alta dirección de la entidad;

 

Que por lo anterior se hace necesario reglamentar la entrega, uso y control del carné de identificación, para los servidores de la Procuraduría General de la Nación;

 

RESUELVE

 

ARTICULO PRIMERO. Para identificar los servidores públicos vinculados a la entidad, la División de Gestión Humana expedirá el correspondiente carné de identificación, con las características que determine la alta dirección del organismo.

 

ARTICULO SEGUNDO. Todo servidor de la entidad recibirá, una vez posesionado, el carné institucional junto con el correspondiente portacarné, elementos estos que formarán parte del inventario individual del funcionario.

 

ARTICULO TERCERO: Es obligación de todo servidor público de la Procuraduría General de la Nación, identificarse dentro de las dependencias del organismo con el documento de identificación institucional, el cual deberá portar en el correspondiente portacarné.

 

ARTICULO CUARTO. Al retiro definitivo o declarada la suspensión del servidor de la entidad, en la sede central, el carné y portacarné serán reclamados por parte de la División de Gestión Humana a través del funcionario designado para notificar el acto administrativo correspondiente.

 

PARAGRAFO. Será responsabilidad de los Coordinadores Administrativos, en la correspondiente Regional, la recuperación de los carnés y portacarnés de los exservidores y de quienes sean suspendidos, y de su oportuno envío a la División de Gestión Humana.

 

ARTICULO QUINTO. Los servidores que al finalizar el período de nombramiento en provisionalidad, no les sea renovado el mismo, deberán hacer entrega del carné y portacarné, en la División de Gestión Humana, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su terminación.

 

ARTICULO SEXTO. A los servidores que tomen posesión de un cargo en período de prueba, se les expedirá el correspondiente documento de identificación institucional, con carácter de provisional. Al vencimiento de dicho período, si la calificación es satisfactoria, se le expedirá el carné definitivo, previa devolución del provisional entregado inicialmente.

 

ARTICULO SEPTIMO. A todo servidor que cambie de cargo o de unidad orgánica dentro de la entidad, se le actualizará el carné, previa entrega del anterior documento de identificación institucional.

 

ARTICULO OCTAVO. El carné se debe utilizar estrictamente para el cumplimiento de las funciones propias del cargo y su uso indebido originará las acciones penales y/o disciplinarias a que haya lugar.

 

ARTICULO NOVENO. En caso de pérdida del documento de identificación institucional, se deberá formular denuncia inmediata, o solicitar la constancia de pérdida del mismo ante la autoridad competente y luego gestionar ante la División de Gestión Humana el respectivo duplicado, para lo cual deberá adjuntarse copia de la consignación, por una suma equivalente al valor de un (1) Día del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, aproximando por exceso o por defecto al mil mas cercano.

 

El valor del portacarné en caso de pérdida, es de tres mil pesos ($3.000.oo) m/cte., incrementándose en un mil pesos ($l.000.oo) m/cte., cada año a partir del año 2004, suma que deberá igualmente consignarse.

 

Dicha consignación se efectuara en el Banco de la República, en aquellas ciudades donde exista, diligenciando el formato correspondiente con la siguiente información:

 

CIUDAD Y FECHA

NOMBRE DE LA CUENTA: D T N OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS

No. 61011110

NOMBRE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

NIT. 8 99999119-7

CONCEPTO DE LA CONSIGNACIÓN: VALOR CARNE O PORTACARNE.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE CONSIGNA

 

En las ciudades donde no exista sucursal del Banco de la República, se hará la consignación en el Banco Popular, así:

 

CUENTA No. 05000024-9

NUMERAL: 1212-25

CONCEPTO: RECAUDOS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

VALOR CARNE O PORTACARNE

NOMBRE DE LA PERSONA QUE CONSIGNA

 

ARTICULO DECIMO. Los jefes de dependencia, así como los servidores públicos de la División de Seguridad del organismo y el personal encargado de la vigilancia de las instalaciones de la entidad, están autorizados para exigir el porte del documento de identificación institucional.

 

ARTICULO ONCE. Copia de la presente Resolución se suministrará a todos los servidores públicos de la entidad al momento de su posesión, o con posterioridad, previamente a la entrega del correspondiente carné de identificación.

 

ARTICULO DOCE. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 5 MAR. 2003

 

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación

 

 

 

8. Distribuir las funciones y competencias atribuidas en la Constitución o la ley a la Procuraduría General de la Nación, entre las distintas dependencias y servidores de la entidad, atendiendo criterio de especialidad, jerarquía y las calidades de las personas investigadas, cada vez que por necesidades del servicio se requiera.

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 104

(- 2 MAYO 2006)

 

El Procurador General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y especialmente de las previstas en el artículo 279 de la Constitución Política y en el artículo 35 de la Ley 975 de 2005, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

1. Que según lo establece el artículo 22 de la Constitución Política "La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento", y que para desarrollar este mandato constitucional es obligación de las entidades del Estado contribuir, en la órbita de sus funciones, al funcionamiento de los mecanismos que se establezcan en las normas legales para alcanzar el objetivo de reconciliación nacional y de reinserción de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley al seno de la sociedad, así como de aquellos dirigidos a garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación,

 

2. Que en la actualidad existe una política pública de desmovilización y reinserción de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, con el objetivo de desmantelar estos grupos y establecer condiciones para que se alcance la paz nacional,

 

3. Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 277 de la Constitución Política, corresponde al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, "Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos",

 

4. Que para cumplir adecuadamente la función mencionada en el numeral anterior es necesario adecuar la estructura de la Procuraduría General de la Nación a las exigencias actuales del proceso de desmovilización y reinserción, de conformidad con las disposiciones legales vigentes,

 

5. Que de conformidad con el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Política corresponde al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, "Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales",

 

6. Que según el numeral 2 del artículo 277 de la Constitución Política corresponde al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, "Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo",

 

7. Que el artículo 35 de la Ley 975 establece: "Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz. El Procurador General de la Nación creará, para los efectos de la presente ley, una Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, con competencia nacional. Con tal fin, la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz podrá participar en las actuaciones judiciales y administrativas que se adelanten",

 

8. Que artículo 37 de la citada Ley señala los derechos de las victimas, entre los cuales dispone el de ser asistidas por un abogado de confianza o por la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz,

 

9. Que la política de desmovilización y reinserción de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley está configurada, además de la Ley 975, por la Ley 782 y otras leyes y decretos de alcance nacional,

 

10. Que de conformidad con el artículo 7 del Decreto 262 de 2000, corresponde al Procurador General de la Nación:

 

"…2. Formular las políticas generales y criterios de intervención del Ministerio Público en materia de control disciplinario, vigilancia superior con fines preventivos, actuación ante las autoridades administrativas y judiciales y centros de conciliación, y promoción, protección y defensa de los derechos humanos,..

 

7. Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley.

 

8. Distribuir las funciones y competencias atribuidas en la Constitución o la ley a la Procuraduría General de la Nación, entre las distintas dependencias y servidores de la entidad, atendiendo criterio de especialidad, jerarquía y las calidades de las personas investigadas, cada vez que por necesidades del servicio se requiera...

 

34. Crear comités asesores y grupos de trabajo para el cumplimiento de las funciones de la entidad y los previstos en la ley."

 

 

11. Que las Procuradurías Judiciales, dentro de la estructura de la Procuraduría General de la Nación, son dependencias de la entidad adscritas a las Procuradurías Delegadas que tienen funciones de intervención judicial,

 

12. Que las funciones que corresponde ejercer a la Procuraduría General de la Nación como ente de control de la política pública en materia de desmovilización y reinserción corresponde, ordinariamente, a varias Procuradurías Delegadas,

 

13. Que hasta la fecha el Gobierno Nacional no ha destinado a la Procuraduría General de la Nación los recursos necesarios para crear dentro de la entidad la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz,

 

RESUELVE:

 

ARTÍCULO PRIMERO: Créase una Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz que tendrá funciones de intervención judicial y administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 975 y para el cumplimiento de las funciones allí asignadas a la Procuraduría General de la Nación y las demás propias de la política de desmovilización y reinserción de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz estará adscrita a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, actuará bajo la dirección del Procurador General de la Nación o su delegado, y tendrá la siguiente estructura:

 

Procuradores Judiciales en lo Penal II       10

Procuradores Judiciales Agrarios      5

Procuradores Judiciales en Familia   5

Sustanciadores Grado   10                20

Asesores Grado 17                            3

 

PARÁGRAFO. Los funcionarios designados para conformar la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz tendrán competencia nacional para el cumplimiento de sus funciones.

 

ARTÍCULO TERCERO: La coordinación de la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz estará a cargo de los Procuradores Delegados para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Ambiental y Agrario, Civil, del Menor y la Familia, y Primero Delegado ante el Consejo de Estado, en el campo de sus respectivas competencias.

 

En todo caso, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales actuará como directora de las sesiones de trabajo, ejercerá la vocería de la Procuraduría Judicial ante el Procurador General de la Nación, presentará los informes que le sean requeridos, preparará el texto de las Resoluciones que deba emitir el Procurador General de la Nación para el buen funcionamiento de la dependencia, e impartirá directamente las instrucciones que sean necesarias a cada uno de los integrantes de la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz.

 

Con el propósito de coordinar las actuaciones de la dependencia, los Procuradores Delegados citados se reunirán, ordinariamente, el primer martes de cada mes, y extraordinariamente cuando los cite el Procurador Delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales o las circunstancias lo exijan, con el fin de unificar criterios de acción de los distintos funcionarios que la integran; evaluar los avances del proceso de desmovilización y reinserción; resolver los problemas y consultas que les presenten los integrantes de la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz en materias de sus competencias, y para los demás asuntos que demande la atención del proceso para el cual han sido designados.

 

PARÁGRAFO 1. Cada uno de los Procuradores Delegados encargados de la coordinación de la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz podrá modificar la designación que haya hecho de los funcionarios que deben integrar esta dependencia, con el fin de asegurar el adecuado cumplimiento de las funciones que a ella corresponden.

 

PARÁGRAFO 2. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, los Procuradores Delegados con funciones de coordinación podrán designar temporalmente a otros Procuradores Judiciales o a empleados de sus dependencias calificados para el cumplimiento de estas funciones, como Agentes Especiales del Ministerio Público, para que ejerzan las funciones a las que se refiere la presente Resolución.

 

ARTÍCULO CUARTO: Los Procuradores Judiciales de la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz serán designados de la planta de personal que actualmente tiene la Procuraduría General de la Nación, por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y la Procuraduría Delegada para el Menor y la Familia, según las cantidades especificadas en el artículo segundo de esta Resolución.

 

Los Asesores Grado 17 y Sustanciadores, serán designados proporcionalmente la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, la Procuraduría Delegada en lo Civil y la Procuraduría Delegada para el Menor y la Familia, teniendo en cuenta la experiencia profesional del designado, su formación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y su desempeño histórico como funcionarios de la entidad.

 

ARTÍCULO QUINTO: Además de las funciones constitucionales y legales que corresponden a las Procuradurías Judiciales, la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz desempeñará las siguientes, sin perjuicio de las actividades y procedimientos contemplados en los protocolos de intervención que se han elaborado para el control de la política pública en materia de desmovilización y reinserción:

 

a. Intervenir ante las autoridades judiciales y administrativas en todos las actividades que se adelanten para facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, con el fin de defender el ordenamiento jurídico, los derechos y garantías de los desmovilizados y reinsertados, y los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.

 

Para estos efectos, podrá solicitar el apoyo de otras dependencias de la Procuraduría General de la Nación, en cuyo caso se impartirán a los funcionarios correspondientes, las instrucciones que sean necesarias.

 

b. Intervenir ante las autoridades judiciales a las que se refieren las Leyes 782 y 975 y demás normas que rigen el proceso de desmovilización, y ante las que adelanten procesos penales en contra de quienes se acojan a la política de desmovilización y reinserción, en defensa del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales,  en  especial  para  asegurar  que  se   adelanten  las investigaciones respectivas de conformidad con la ley, se apliquen los mecanismos legales específicamente relacionados con el proceso de desmovilización y reinserción, se respeten los derechos de los procesados, y se garanticen a las víctimas y a la sociedad, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

 

c. Intervenir ante las autoridades judiciales y administrativas en los procesos y actuaciones anteriormente mencionados, con el fin de vigilar que sus decisiones respeten en su integridad el ordenamiento jurídico y, en particular, las normas que conforman el bloque de constitucionalidad aplicable a los procesos de desmovilización y reinserción.

 

d. Intervenir ante las autoridades administrativas y judiciales que tienen competencias en el proceso de desmovilización y reinserción, con el fin de promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados.

 

e. Interponer ante las autoridades administrativas y judiciales que corresponda, las acciones necesarias para identificar a las víctimas de los hechos punibles que se imputen a quienes se acojan a la política de desmovilización y reinserción, y probar la naturaleza y cuantía de los daños ocasionados con tales hechos punibles.

 

f. Intervenir ante las autoridades administrativas y judiciales competentes con el fin de que se asegure el pleno y efectivo derecho a conocer la verdad sobre los delitos cometidos por los grupos armados organizados al margen de la ley  y sobre el paradero de las personas secuestradas o sometidas a desaparición forzada, o de sus cadáveres.

 

g. Intervenir ante las autoridades administrativas y judiciales competentes con el fin de que tomen las medidas legales correspondientes para asegurar el derecho a la reparación, en los términos de las normas que conforman el bloque de constitucionalidad y de las previstas en la Ley 975.

 

h. Intervenir ante las autoridades administrativas y judiciales competentes, a fin de que quienes se acojan al proceso de desmovilización y reinserción estén adecuada y plenamente identificados, y cumplan estrictamente los requisitos señalados en las Leyes 782 y 975 para acceder a los beneficios previstos en ellas.

 

i. Intervenir ante las autoridades administrativas y judiciales en los actos de entrega de bienes destinados a la reparación de las víctimas, en la identificación física y jurídica de los mismos, en las medidas cautelares que sobre ellos se impongan y en los demás procedimientos que se realicen sobre dichos bienes.

 

j. Intervenir ante las autoridades judiciales en la versión libre que rindan quienes se acojan a la política de desmovilización y reinserción, con el fin de proteger los derechos y garantías de los procesados y velar porque en esta diligencia se interrogue a los procesados sobre todos los aspectos necesarios para asegurar el esclarecimiento de los hechos punibles que se les atribuyan.

 

k. Intervenir ante las autoridades judiciales previstas en la Ley 975 para promover el incidente de reparación integral, a solicitud expresa de las víctimas, e intervenir en dicho incidente de conformidad con la ley.

 

l. Vigilar porque quienes se acojan a las previsiones de la Ley 975 sean recluidos en los centros específica mente determinados para ese fin, cuando fuere del caso.

 

m. Intervenir activamente ante las autoridades judiciales en la investigación de los hechos punibles, con pleno respeto de las competencias de tales autoridades.

 

n. Intervenir ante las autoridades judiciales para garantizar que los procesados que hayan aceptado los cargos formulados por la Fiscalía, lo hayan hecho de manera libre, voluntaria, espontánea, y con asistencia de su defensor.

 

ñ. Intervenir ante las autoridades judiciales que adelanten procesos penales en contra de quien se haya acogido a la política de desmovilización y reinserción, cuando se haya dispuesto la ruptura de la unidad procesal en los términos de la Ley 975.

 

o. Vigilar que en el proceso de ejecución de la pena alternativa, el beneficiado con ella realice efectivamente labores de estudio, trabajo o enseñanza con miras a obtener su adecuada resocialización, y promueva realmente actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley al cual perteneció.

 

p. Vigilar que durante el término de libertad a prueba previsto en el artículo 29 de la Ley 975, el beneficiado cumpla con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial competente.

 

q. Intervenir ante las autoridades judiciales para solicitar las diligencias y actuaciones necesarias para la protección de los derechos de las víctimas, de conformidad con lo previsto en el numeral 39.7 del artículo 39 y en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley 975, e informar a las víctimas acerca de los derechos que les asisten y las formas de protección de los mismos.

 

r. Intervenir ante las autoridades administrativas y judiciales con el fin de propiciar mecanismos de información a las víctimas acerca de los procesos en curso contra quienes se acojan a la política de reinserción y des movilización, los derechos que les asisten y las formas de protección de los mismos.

 

s. Informar inmediatamente a la Procuraduría Delegada para el Menor y la Familia, cuando por decisión de las autoridades judiciales se remitan actuaciones para el juzgamiento o protección de los menores de edad que se acojan a la política de desmovilización y reinserción.

 

t. Intervenir ante las autoridades administrativas y judiciales, cuando fuere necesario con el fin de garantizar que los actos de reparación y las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, se cumplan de acuerdo con las obligaciones impuestas y los términos de la Constitución y la ley.

 

u. Integrar las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes y participar activamente en las funciones a ellas establecidas, en los términos previstos en la Ley 975.

 

v. Intervenir ante las autoridades competentes para propiciar los procesos de identificación de las victimas que tienen derechos sobre los bienes entregados por quienes se acojan a la política de desmovilización y reinserción, así como para garantizar los derechos de terceros sobre dichos bienes.

 

w. Intervenir ante las autoridades administrativas y judiciales en el inicio y trámite de los procesos de extinción de dominio relacionados con los bienes de quienes se acojan a la política de desmovilización y reinserción, así como en la entrega de los bienes al Fondo para la Reparación a que hace referencia en parágrafo del artículo 54 de la Ley 975 de 2005.

 

x. Intervenir ante las autoridades administrativas y judiciales con el fin de preservar la integridad de los archivos, en los términos establecidos en el Capítulo X de la Ley 975.

 

y. Cumplir estrictamente las instrucciones que, en su función de coordinación, imparta la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales.

 

z. Las demás que les señale la ley o les asigne el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus Delegados encargados de la coordinación.

 

ARTÍCULO SEXTO: Para el cumplimiento de sus funciones, en especial las relacionadas con la intervención judicial en la investigación de los hechos punibles, la Procuraduría Judicial para la Justicia y Paz, por intermedio de cualquiera de los Procuradores Delegados con funciones de coordinación, podrá solicitar directamente la colaboración de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, para la práctica de las diligencias necesarias y para obtener la asesoría técnica y científica que requiera.

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Todas las dependencias de la Procuraduría General de la Nación deberán prestar, inmediatamente sean requeridas, el apoyo que solicite cualquiera de los Procuradores Delegados con funciones de coordinación de la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. -  2   MAYO   2006

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

9. Expedir el reglamento interno de la Sala Disciplinaria.

 

10. Formular las políticas académicas y los criterios generales que deben regir la labor de investigación científica y capacitación del Instituto de Estudios del Ministerio Público.

 

11. Propiciar la búsqueda de soluciones a conflictos sociales y políticos, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, los derechos y garantías fundamentales o el patrimonio público.

 

12. Solicitar ante la Corte Constitucional la revisión de fallos de tutela, cuando lo considere necesario en defensa del orden jurídico, el patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales.

 

13. Rendir conceptos en los casos de reserva de identidad de funcionarios judiciales y testigos y de beneficios por colaboración eficaz de acuerdo con lo previsto en la ley.

 

14. Solicitar intervenciones humanitarias a las organizaciones y organismos nacionales e internacionales responsables de la protección y defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, cuando sea necesario para defender estos derechos.

 

15. Actuar en la mediación y búsqueda de soluciones en los conflictos que se ocasionen por violación de los tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario ratificados por Colombia.

 

16. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive los de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.

 

17. Asumir el conocimiento de los procesos disciplinarios e intervenir ante las autoridades judiciales o administrativas cuando la importancia o trascendencia del asunto requieran su atención personal.

 

Los procesos disciplinarios que asuma el Procurador General de la Nación serán de única instancia.

 

 

Jurisprudencia: El inciso segundo del numeral 17 y el inciso segundo del parágrafo del artículo 7º fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-429/01. El aparte pertinente se transcribe a continuación:

 

 

COMPETENCIA - Definición / COMPETENCIA - Finalidad / PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL / PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN - Competencia / MINISTERIO PÚBLICO - Funciones genéricas / PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN - Funciones

/ PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN - Diferencia entre delegado y agente del Procurador / PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN - Funciones que no puede delegar

 

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN - Poder disciplinario preferente / PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN - Supremo director del Ministerio Público / PROCESOS DISCIPLINARIOS DE ÚNICA INSTANCIA - Impugnación

 

 

4.   El inciso segundo del numeral 17 y el inciso segundo del parágrafo del artículo 7 del decreto 262 de 2000

 

Considera el demandante que tanto el inciso segundo del numeral 17 como el inciso segundo del parágrafo del artículo 7 del decreto 262 de 2000, acusados, infringen el artículo 29 de la Constitución, pues la competencia no puede quedar a "merced del Procurador", esto es, a su criterio personal, ya que debe "existir plena certeza" respecto del funcionario competente para investigar y sancionar.

 

La competencia, que ha sido definida como el grado o la medida de la jurisdicción, tiene por finalidad delimitar el campo de acción, función o actividad que corresponde ejercer a una determinada entidad o autoridad pública, haciendo efectivo de esta manera el principio de seguridad jurídica.

 

En el Estado de derecho la posición jurídica del individuo es diametralmente opuesta a la del funcionario público. El individuo puede hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido por la ley. En cambio, el gobernante, la autoridad, actúa siempre con competencias que, en principio, son limitadas. Al individuo, al ciudadano lo que no le está expresamente prohibido le está permitido. Al funcionario público lo que no le está expresamente atribuido, le está prohibido.

 

Este principio surge de lo dispuesto en los artículos 6, 121 y 122 del Estatuto Superior, en los que se establece que los particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido en la Constitución y las leyes, mientras que los funcionarios públicos solamente pueden realizar lo que en esos mismos ordenamientos expresamente se les atribuye; que ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le asignan la Constitución y la ley; y que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento.

 

La competencia es parte esencial del debido proceso y presupuesto de validez de los actos que se profieren, pues si una autoridad expide un acto sin tener facultades para hacerlo, éste es nulo.

 

En materia disciplinaria, que es el tema que se regula en las normas acusadas, también rige el principio del juez natural, esto es, aquél a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto, está consagrado en el artículo 29 de la Constitución, en estos términos:

 

      "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…)".

 

Principio que aparece incluido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", entre las garantías judiciales, así.

 

      "8. Garantías judiciales.

 

1.                             Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, o de cualquier otro carácter." (Destaca la Corte)

 

De conformidad con estos preceptos, la competencia debe ser constitucional o legal; preexistente, es decir, anterior al hecho que motiva la actuación o proceso correspondiente, y explícita.

 

En cuanto atañe a la competencia del Procurador General de la Nación son varios los preceptos constitucionales que se refieren a ella. Veamos:

 

En el artículo 118 de la Constitución se señalan las funciones genéricas que corresponde ejecutar al Ministerio Público y a quienes lo integran.

           

"El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas."

 

Disposición que guarda consonancia con el artículo 275 del mismo ordenamiento, que instituye al Procurador General de la Nación como supremo director del Ministerio Público; lo que "implica que los diferentes órganos y funcionarios que lo conforman se encuentran articulados y subordinados orgánica, funcional y técnicamente a dicha institución y concretamente al referido funcionario, quien orienta, dirige y señala las directrices o pautas generales que deben ser observadas por los referidos órganos a efecto de asegurar la coordinación de las funciones y la unidad en las correspondientes acciones y decisiones."[1]

 

En el artículo 277 ibídem, se le atribuyen al Procurador General de la Nación una serie de funciones, las cuales puede ejercer directamente o por medio de sus delegados y agentes:

 

Dice así el precepto citado:

 

"El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: (…)"

 

Entre tales funciones se encuentran, las de "Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantas las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley", contenida en el numeral 6.

 

La diferencia entre delegado y agente del Procurador fue establecida por la Corte en la sentencia C-245/95[2], cuyos apartes pertinentes vale la pena transcribir:

 

“El delegado es un alter ego del Procurador, hace las veces de éste, y lo vincula plena y totalmente. Aquí opera la figura de la representatividad, por cuanto el delegado actúa en nombre del delegante. Es una transferencia de la entidad propia -en nivel jurídico, no real- a otro, con tres notas: plena potestad, autonomía de ejecución y confianza intuito personae. En cambio, el agente obra en desarrollo de una función antes que en nombre de una persona, pero siempre está bajo la subordinación de otro superior, ante quien responde y de quien puede cumplir órdenes específicas para un asunto determinado. En este orden de ideas, los procuradores delegados son agentes, pero se advierte que todo delegado tiene indirectamente una función de agente, pero no todo agente es necesariamente delegado.

No obstante lo dicho antes, no existen en la Constitución criterios concretos para diferenciar los delegados, de los agentes del Procurador, pues lo cierto es que unos y otros desarrollan funciones y actúan en representación del Procurador en el cumplimiento de las tareas que son propias del Ministerio Público, salvo en lo atinente a las funciones que privativamente corresponde a aquél en los términos de los artículos 242-2-4 y 278 constitucionales.

Tanto los unos como los otros, en razón de la inmediatez del vínculo funcional con el Procurador, traducen su inspiración, voluntad y las directrices de su política general en lo relativo a la actividad de control que constitucionalmente se les atribuye. Pero obviamente, la asignación de funciones por la ley y la delegación de funciones que pueden recibir, conlleva cierta autonomía e independencia para realizarlas y la radicación en cabeza de dichos delegados y agentes de la consiguiente responsabilidad, sin que ello comporte ruptura del vínculo jerárquico y funcional con el Procurador en su condición de supremo director del Ministerio Público.

Dicha autonomía e independencia, aun cuando relativa según se ha visto, se predica con mayor propiedad de los delegados o agentes del Procurador ante las autoridades jurisdiccionales, dado que actúan como verdadera parte o sujeto procesal en los procesos en que está prevista su intervención, en los cuales están habilitados para realizar los actos procesales correspondientes, acorde con la ley. Es así como se ha previsto la intervención de delegados o agentes del Procurador ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, civil, de familia y laboral.

No obstante advierte la Corte, que la autonomía e independencia con que actúan los delegados y agentes del Procurador se predica frente a los funcionarios ante los cuales ejercen sus funciones, más no con respecto al Procurador General de la Nación, del cual son dependientes o subordinados."

 

Por otra parte, al Procurador General de la Nación se le asignan en el artículo 278 de la ley suprema, otras funciones que se le ordena cumplir en forma personal o directa, lo que equivale a decir, que no puede delegar, entre ellas las contenidas en el numeral 1, a saber:

 

"Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo."

 

De lo hasta aquí expuesto se puede concluir que las funciones asignadas al Procurador General de la Nación en el artículo 277 del Estatuto Supremo, pueden ser objeto de delegación en sus subalternos jerárquicos, lo que no ocurre con las contenidas en el artículo 278 del mismo ordenamiento, las cuales deben ser ejercidas directamente por dicho funcionario.

 

Sobre este punto la Corte se ha pronunciado en varias oportunidades, estableciendo una consistente jurisprudencia, que se concreta así:

 

"Al Procurador General le corresponde 'dirigir o señalar las directrices y pautas generales que deben ser observadas por los referidos órganos a efecto de asegurar la coordinación de las funciones y la unidad en las correspondientes acciones y decisiones'.[3] De ahí que los delegados y agentes del Procurador actúen en su representación y que además de las funciones que les asigne la ley, cumplan las que siendo propias del Jefe del Ministerio Público, a quien están subordinados, les sean delegadas por éste.

Al Procurador General de la Nación, se le atribuye un conjunto de funciones que él puede ejercer directamente y que, de acuerdo con las necesidades del servicio y con lo determinado por la ley puede también delegar, ya que como supremo director del Ministerio Público se halla asistido por la facultad para 'asignar funciones a sus delegados y agentes, bajo la responsabilidad de éstos, sin perjuicio del derecho de avocación cuando lo estime conveniente por necesidades del servicio'.[4]

 

En otras palabras, las funciones radicadas en cabeza del Procurador que, según la Constitución no deban ser desempeñadas directa y personalmente por dicho funcionario, "pueden permanecer o no en el, de acuerdo con las necesidades del servicio y es de su competencia delegarlas o recuperarlas, según las necesidades de su función y conforme lo determine la ley."[5]

 

Así las cosas, la competencia del Procurador General de la Nación está expresamente fijada en la Constitución (arts. 118, 242, 277, 278, entre otros); estatuto que también autoriza al legislador para asignarle otras funciones, como se consagra en el numeral 10 del artículo 277 de la Carta, las cuales, no sobra decirlo, deben respetar la Constitución y, obviamente, no pueden modificar las funciones que ella misma le asigna, ni las que se le atribuyen al ente que dirige.

 

La determinación concreta de la competencia de los demás funcionarios de la Procuraduría, en lo no previsto por la Constitución, es función que corresponde cumplir al legislador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 121, 122 y 279 del Ordenamiento Superior, como ya se ha anotado.

 

Pues bien: en el inciso segundo del parágrafo del artículo 7, materia de acusación, se establece que "Las funciones y las competencias que en este decreto se atribuyen a las Procuradurías Delegadas, Territoriales y Judiciales, se ejercerán si el Procurador General de la Nación resuelve asignarlas, distribuirlas y delegarlas en virtud de las facultades previstas en este artículo. No obstante, el Procurador General podrá ejercer dichas funciones, pudiendo asumirlas en cualquier momento o delegarlas en otros funcionarios, dependencias de la entidad o comisiones especiales disciplinarias para garantizar la transparencia, imparcialidad y demás principios rectores de la función administrativa y disciplinaria", precepto que debe interpretarse en forma armónica con lo dispuesto en el inciso primero de esa misma disposición, que prescribe: "El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las funciones que le otorga el artículo 278 de la Constitución Política. Las señaladas en el artículo 277 constitucional y las demás atribuidas por el legislador podrá ejercerlas por sí, o delegarlas en cualquier servidor público o dependencia de la entidad, en los términos establecidos en este decreto".

 

Si el Procurador General de la Nación no puede delegar en ninguno de sus subalternos las funciones contenidas en el artículo 278 superior, pero sí las señaladas en el artículo 277 del mismo ordenamiento y las que el legislador le haya asignado y lo autorice para hacerlo, el precepto acusado no vulnera la Constitución, pues haciendo una interpretación armónica de los incisos primero y segundo, se concluye que las atribuciones que pueden ser objeto de delegación son todas aquellas descritas en el artículo 277 de la Carta y, por consiguiente, son éllas las que, posteriormente, el Procurador puede nuevamente asumir; actuación que no puede ser ejercida por dicho funcionario en forma arbitraria sino razonada y razonable, en la medida en que prevalezca el interés general, la justicia, los principios de transparencia, imparcialidad y moralidad y el debido respeto y garantía de los derechos de los posibles afectados con tal determinación, que no son otros que los servidores estatales involucrados en los respectivos procesos disciplinarios.

 

No sobra agregar, que al efectuar la delegación de funciones el Procurador debe, expedir los actos administrativos respectivos, con la observancia de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia incluyendo, claro está, la debida notificación a los procesados disciplinariamente.

 

El inciso segundo del parágrafo del artículo 7, será entonces declarado exequible por no vulnerar la Constitución. No sin antes anotar que esta decisión no implica la declaración de constitucionalidad de las demás normas del mismo decreto en las que expresamente se asignan competencias a las distintas Procuradurías Delegadas, Territoriales y Judiciales como a las demás oficinas y funcionarios de la Procuraduría, que son múltiples, las que habrá de analizar la Corte en cada caso concreto, cuando contra ellas se ejerza la acción pública de inconstitucionalidad, lo que en el presente proceso no tuvo ocurrencia.

 

En lo que respecta al inciso segundo del numeral 17 del artículo 7 del decreto 262 de 2000, que establece que los procesos disciplinarios que asuma el Procurador General de la Nación serán de única instancia, no lesiona el ordenamiento supremo, como se verá en seguida.

 

En desarrollo del poder disciplinario preferente o prevalente que ejerce el Procurador General de la Nación, éste cuenta con potestad para avocar directamente el conocimiento de los procesos disciplinarios que adelanten tanto las autoridades competentes de los distintos entes u órganos del Estado, como las que tramiten los distintos funcionarios de la Procuraduría, siempre y cuando éstas últimas sean de aquellas que la Constitución y la ley le permite delegar al citado funcionario.

 

Que tales procesos tengan solamente una instancia tampoco lesiona los artículos 29 y 31 superiores, pues siendo el Procurador General la máxima autoridad de la entidad que dirige y el supremo director del Ministerio Público no tiene otra instancia superior y, por ende, sus decisiones solamente están sujetas a las acciones contencioso administrativas establecidas en las normas pertinentes, las cuales pueden ser ejercidas por los procesados disciplinariamente, cuando consideren que se les han vulnerado sus derechos. De conformidad con la Constitución "toda persona investigada tiene derecho a impugnar los fallos disciplinarios condenatorios. Sin embargo, ello no excluye per se los procesos de única instancia, pues la impugnación no implica obligatoriamente que el fallo sea apelable sino que el condenado pueda acudir -por medio de cualquier recurso- ante una autoridad con capacidad de revisar la decisión", como sería en este caso, la justicia contencioso administrativa.

 

 

18. Coordinar y controlar el cumplimiento de la función disciplinaria.

 

 

 

CIRCULAR Nº 033

 

DE:            PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

 

PARA:       Asesores del Despacho en Contratación

Asesores del Despacho en Derechos Humanos

Procuradores Delegados

Procurador Auxiliar Asuntos Disciplinarios

Procuradores Distritales

Procuradores Regionales

Procuradores Provinciales

Director de investigaciones Especiales

Veedor

 

FECHA:      JULIO 13 DE 2005

 

ASUNTO:   POLITICA DE DESCONGESTION

 

 

Una vez comparado el inventario final al 30 de junio de 2005 respecto al inventario final al 30 de junio de 2004, se observa que en términos generales, salvo algunas excepciones, los inventarios a nivel central y provincial se muestran constantes, situación que no representa avances respecto a la política de descongestión que se ha institucionalizado en esta administración y que permanece vigente. Caso contrario sucede con las Procuradurías Regionales, a quienes aprovecho para felicitar e instar a que permanezcan trabajando con el ahínco que demuestra su gestión, con excepción de las Procuradurías Regionales de Cundinamarca y Sucre, dependencias cuyos inventarios no reflejan disminución.

 

El éxito como institución de la Procuraduría General de la Nación depende fundamentalmente de sus resultados, por lo tanto se requiere de la realización de sus mejores esfuerzos y su compromiso incondicional así como el de los funcionarios que conforman su dependencia para que antes de finalizar el 2005, los inventarios reflejen descongestión en todos los despachos a nivel nacional.

 

Independientemente de otros factores de evaluación, ésta situación será objeto de un análisis cuidadoso al final de esta vigencia Anexo copia del cuadro comparativo de inventarios finales para los períodos en mención y de la relación de dependencias que presentaron mayores diferencias en los inventarios finales.

 

 

Cordial saludo,

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 030

(4 FEB. 2005)

 

Por medio de la cual se adopta el sistema de información y registro de la gestión disciplinaria GEDIS, se asignan unas funciones, se aprueban los procedimientos para su operación y se modifica el artículo 3º de la Resolución 082 de 2002

 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 6º y 7º del artículo 7º, del Decreto 262 de 2000, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el numeral 6º del artículo 7º del Decreto 262 de 2000 faculta al Procurador General de la Nación para asignar funciones especiales a las dependencias y empleos de la Procuraduría General de la Nación.

 

Que el numeral 7º del artículo 7º del Decreto 262 de 2000 asigna al Procurador General de la Nación la función de "Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la Ley".

 

Que corresponde a la División de Registro y Control y Correspondencia, según lo establecido en el artículo 18 numeral 2º del Decreto 262 de 2000 "Registrar y mantener actualizada, en el sistema automático adoptado por la entidad, la información sobre las actuaciones disciplinarias adelantadas por las autoridades de control interno disciplinario, las procuradurías territoriales y las personerías, controlando el envío oportuno de los datos correspondientes"

 

Que los numerales 1º y 6º del artículo 16 del Decreto 262 de 2000, asignan a la Oficina de Sistemas la función de "Asesorar al Procurador General de la Nación en la definición de las políticas, planes y programas para la adopción de sistemas de procesamiento automatizado de la información" y de "Elaborar y mantener las metodologías necesarias para el desarrollo de sistemas de información."

 

Que el numeral 5º del artículo 13 del Decreto 262 de 2000 asigna a la Oficina de Control Interno la función de diseñar e implementar los mecanismos de verificación, administración, control, seguridad e integridad de la información que suministren las dependencias de la entidad.

 

Que los numerales 6º del artículo 25, 7º del artículo 75 y 5º del artículo 76 del Decreto 262 de 2000, asignan a los Procuradores Delegados, a los Procuradores Regionales y a los Procuradores Distritales y Provinciales, respectivamente, la función de "Realizar las acciones necesarias para garantizar el registro oportuno de la información sobre las actuaciones disciplinarias de su competencia."

 

Que se deben adoptar parámetros para la información estadística oficial de las investigaciones disciplinarias activas en la Entidad, reportadas al GEDIS.

 

Que se requiere asignar responsabilidades a las diferentes dependencias de la Entidad y fijar parámetros para la incorporación y elaboración de datos estadísticos.

 

Que para desarrollar las funciones enunciadas; organizar y registrar la información necesaria para cumplir los mandatos legales citados; garantizar y asegurar la confiabilidad y fidelidad de la información registrada en el sistema de información GEDIS, se hace necesario establecer los criterios y fijar el procedimiento a seguir en la Procuraduría General de la Nación.

 

 

RESUELVE:

 

CAPITULO I

 

CONDICIONES GENERALES

 

 

Artículo 1 °. Adóptese el sistema de información de registro de la gestión disciplinaria (GEDIS), como herramienta tecnológica para registrar y controlar la gestión de las diferentes dependencias de la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria a nivel nacional.

 

Artículo 2°. Definiciones:

 

REGISTRO. El registro es la operación por medio de la cual los funcionarios responsables del GEDIS ingresan en el sistema de información los datos sobre las actuaciones procesales y el movimiento de expedientes.

 

GEDIS: Sistema de Información de Gestión Disciplinaria

 

SIAF: Sistema de Información Administrativa y Financiera

 

GRABAR: Acción de radicar una queja o de incorporar una actuación disciplinaria en el GEDIS

 

RADICAR: Asignación del número de radicación con el cual se identifica la queja a investigar. Esta acción se realiza en forma manual en el nivel territorial y automática en el nivel central. El número de radicación que identifica un proceso disciplinario dentro del GEDIS está compuesto por el código de la dependencia competente y el número consecutivo que le corresponda.

 

Artículo 3º Trámite de expedientes. Corresponde a la Unidad Coordinadora o a la Secretaría de la Procuraduría respectiva, donde la primera no exista, registrar en el GEDIS las actuaciones disciplinarias a cargo de cada dependencia.

 

Artículo 4º Término para registrar la información al GEDIS.- Los responsables deberán registrar las actuaciones procesales el mismo día que se profieran y el movimiento de expedientes en la misma fecha en que sea entregado o devuelto por un funcionario o el Despacho.

 

Artículo 5º Responsable de la base de datos. Corresponde a la División de Registro y Control y Correspondencia grabar las quejas de competencia de las dependencias del nivel central y velar por el reporte oportuno y correcto de la información del nivel territorial, así como el seguimiento a las inconsistencias que se presenten en la transmisión de los datos. Además debe efectuar el reparto de los expedientes procedentes del nivel territorial, enviados para resolver recursos, impedimentos o recusaciones y conflictos de competencia y para la práctica de comisiones.

 

En procura de la depuración de la base de datos, las radicaciones repetidas deberán anularse por la División de Registro y Control y Correspondencia, previa verificación de que correspondan a la investigación de los mismos hechos, contra los mismos implicados. También deberá anular las radicaciones que se hayan asignado equivocadamente o corregir aquellas en las cuales se hayan cometido errores en la consignación de los datos al sustanciar la queja. Salvo los casos anteriores no se podrá anular ningún radicado, puesto que esta información forma parte de los archivos históricos de la Entidad.

 

Parágrafo.- En los casos en que proceda efectuar descongestión de expedientes, a través de la delegación contemplada en el parágrafo del artículo 77 del Decreto 262 de 2000, está se efectuará suspendiendo la radicación de nuevas quejas a las dependencias afectadas, procedimiento a cargo de la División de Registro y Control y Correspondencia, previa sustentación de la dependencia respectiva y acto administrativo del Procurador General de la Nación, en el que se indique durante cuanto tiempo se suspenderá la asignación de nuevas quejas.

 

Artículo 6º Responsables del reporte de los datos: La responsabilidad del reporte, actualización, veracidad, oportunidad y confiabilidad de lo registrado en el sistema GEDIS es exclusiva del jefe de la respectiva dependencia, quien delega en un funcionario el registro y reporte de la correspondiente información y debe velar por el flujo correcto y oportuno de la misma, Es de imperioso cumplimiento este deber, en razón a que la información es incorporada automáticamente y la División de Registro y Control y Correspondencia solamente conoce de la misma una vez que ésta ha sido cargada automáticamente al GEDIS del nivel Central.

 

Aquellas dependencias que cometan errores en la incorporación de los datos deberán corregirlos directamente, para lo cual la Oficina de Sistemas deberá dotarlos de las opciones necesarias,

 

Las dependencias que carezcan de código para radicar las diligencias e incorporar las diferentes actuaciones disciplinarias en el GEDIS, deberán solicitarlo a la Oficina de Sistemas,

 

Artículo 7º Administrador Funcional. El Sistema de Gestión Disciplinaria GEDIS tendrá un Administrador Funcional, designado por el Jefe de la División de Registro y Control y Correspondencia, quien velará por la oportunidad, consistencia y confiabilidad de la base de datos, hará el seguimiento al funcionamiento y operación del Sistema y presentará los proyectos de mejoramiento que considere necesarios,

 

Artículo 8º Administrador Técnico. El Sistema de Gestión Disciplinaria GEDIS tendrá un Administrador Técnico designado por el Jefe de la Oficina de Sistemas, con la función de brindar soporte y asistencia técnica a todos los usuarios,

 

Artículo 9º Auditoria al GEDIS.- La Oficina de Control Interno tendrá la responsabilidad de efectuar revisiones y evaluaciones periódicas a la información, contará para ello con la colaboración de la Oficina de Sistemas, dependencia que le permitirá el acceso exclusivo a los archivos en donde se registren las modificaciones, actualizaciones o inclusiones eventuales sobre los datos históricos de la gestión disciplinaria, así como la fecha y hora en que se efectuaron dichas operaciones y la identificación del funcionario que las efectuó, con el fin de hacer seguimiento y auditoría al sistema para garantizar su normal operación.

 

La División de Registro y Control y Correspondencia mantendrá informada a la Oficina de Control Interno sobre las deficiencias detectadas en el envío oportuno y correcto de los datos por parte de las dependencias respectivas, para su evaluación y traslado al competente, para efectos de la correspondiente investigación disciplinaria a que hubiere lugar.

 

Artículo 10º Responsables del soporte técnico del sistema de información GEDIS. La Oficina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nación deberá garantizar la operatividad del sistema, así como dotar a los responsables del registro de la información a nivel nacional, de equipos idóneos para la transmisión de la información, de los antivirus y demás soporte tecnológico de competencia de esa dependencia.

 

Artículo 11º Responsables de la depuración y actualización del sistema de información GEDIS. La Oficina de Sistemas solucionará las inconsistencias que se detecten en la base de datos y hará los ajustes por cambios normativos y procedimentales, conforme las solicitudes documentadas que le presente la División de Registro y Control y Correspondencia, quien las comunicará a la Oficina de Control Interno para lo de su competencia, con el propósito de que el Sistema pueda reflejar verazmente las actuaciones efectuadas en los procesos disciplinarios.

 

CAPITULO II

 

MÓDULOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE INFORMACION COMO ESTAGEDIS

 

Artículo 12º Módulos. El Sistema de Información de la Gestión Disciplinaria GEDIS, contiene los siguientes Módulos en los cuales se registran: Quejas, Trámites, Implicados, Decisiones contenidas en fallos, Quejosos, Afectados por violaciones a los derechos humanos, Expedientes en comisión, Control de Gestión, Trámites intermedios, Reportes, Estadístico, Reparto Aleatorio, Control de prescripciones, Investigaciones de trascendencia nacional o internacional y CIVIGEP, Registro de notificaciones -SIRENO, Constancias de derechos humanos, Oficios queja y de reportes y estadísticas en Impromptu.

 

Artículo 13. Manual del Usuario. Adóptase el manual de usuario del Sistema de Información GEDIS tanto del nivel territorial como del nivel central, el cual hace parte de la presente resolución. Es responsabilidad de la Oficina de Sistemas y de la División de Registro y Control y Correspondencia, mantenerlo actualizado de acuerdo con los cambios que se vayan presentando en el Sistema.

 

CAPITULO III

 

PROCEDIMIENTOS

 

Artículo 14º Registro de datos en el GEDIS en las dependencias del nivel central. Corresponde a los servidores públicos de las diferentes dependencias del nivel central, con funciones de actualizar el GEDIS, anotar en dicho Sistema de Información las actuaciones adelantadas por los profesionales asignados a los procesos disciplinarios y los jefes de dependencia. Dichas anotaciones deberán realizarlas el mismo día en que se produjo la actuación.

 

 

Artículo 15º Registro de datos en el GEDIS en las dependencias del nivel Territorial. Corresponde a los servidores públicos de las procuradurías del nivel territorial, con funciones de actualizar el GEDIS, el registro de las quejas y de las actuaciones que se surtan en desarrollo del proceso disciplinario, para lo cual deberán anotarlas una vez el profesional o el jefe de la dependencia devuelva el expediente.

 

 

Artículo 16º Asignación de funciones. El titular de la procuraduría respectiva del nivel territorial, debe velar por el envío oportuno de la información por parte del funcionario que haya designado para el efecto. La información debe ser reportada semanalmente a la División de Registro y Control y Correspondencia para su incorporación en el GEDIS del nivel central. El funcionario a cargo del GEDIS del nivel territorial debe cumplir con las siguientes funciones:

 

Anotar las diferentes actuaciones.

Conformar el archivo de reporte de actuaciones a la División de Registro y Control y Correspondencia.

Transmitir la información cada semana, preferiblemente por correo electrónico o por el medio más expedito de que se disponga.

Verificar que los archivos no hayan sido devueltos por inconsistencias.

Generar semanalmente una copia de seguridad de la información de su dependencia, contenida en la base de datos del sistema GEDIS territorial.

 

 

CAPITULO IV

 

PARÁMETROS PARA GENERAR ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEDIS

 

Artículo 17º Responsables de la Información. Los reportes estadísticos oficiales deberán llevar la firma del Jefe de la División de Registro y Control, del Administrador Funcional y del Administrador Técnico del GEDIS. Los Jefes de las oficinas de Sistemas y de Registro y Control autorizarán la firma de los reportes a otros funcionarios de sus dependencias, en caso de ausencia de los responsables, para evitar la parálisis en el flujo de la información.

 

Artículo 18º Parámetros para la elaboración de estadísticas: Para el año 2004 en adelante, las cifras estadísticas de los expedientes tanto del nivel central como del nivel territorial de la PGN se establecerán tomando como parámetro la fecha de grabación de la queja en el GEDIS central.

 

La información estadística de las investigaciones disciplinarias a 31 de diciembre de 2003 hacia atrás, suministrada por la Oficina de Sistemas con el parámetro de la fecha en que ingresa la queja a la entidad y divulgada en su oportunidad se mantendrá inmodificable. Para tal efecto los datos serán conservados en una o más copias de respaldo (back up) por fuera de los discos del sistema, para que quien solicite esta información en adelante, tenga acceso a esta copia de respaldo.

 

En el parámetro adoptado a partir del 2004, consistente en la fecha de grabación de la queja, se tendrá en cuenta que las quejas recibidas a final de año, que por vacaciones colectivas se registran en el año siguiente, se considerarán como ingresadas a la Entidad, en el año de grabación de la queja.

 

También se deberá tener en cuenta, para efectos estadísticos, que los datos generales pueden variar por la dinámica propia de los procesos y actividades disciplinarias, tales como el cambio de radicación por delegación o comisión a otros funcionarios, la anulación de radicaciones repetidas, los expedientes en los que se ordenaron desarchivos, acumulaciones, desacumulaciones, remisiones y devoluciones por competencia y las decisiones mediante las cuales se revoca el archivo, entre otras.

 

Artículo 19º Acceso a la base de datos y capacitación para la generación de estadísticas

 

La Oficina de Sistemas creará los controles para:

 

­       Registrar las modificaciones, actualizaciones o inclusiones que se efectúen sobre los datos históricos.

 

­       Evitar que un mismo usuario ingrese al sistema GEDIS en la etapa de producción y en la etapa de desarrollo. De todas maneras, el sistema debe permitir el registro de la fecha y hora de acceso al sistema de información del personal de la Oficina de Sistemas en la etapa de producción.

 

­       Permitir el acceso a la base de datos del GEDIS a los funcionarios de la Oficina de Control Interno para su consulta.

 

­       Permitir el acceso al cargue de datos y a la generación de los reportes diseñados en Impromptu a los funcionarios de la División de Registro y Control y Correspondencia.

 

La Oficina de Sistemas impartirá la capacitación necesaria a los funcionarios de la Oficina de Control Interno y de la División de Registro y Control y Correspondencia, para que puedan generar los informes y estadísticas de su competencia.

 

Una vez efectuada la capacitación a los funcionarios de la División de Registro y Control y Correspondencia, se establecerá el nivel de autonomía de dicha División para la generación de las estadísticas. Las estadísticas cuya complejidad lo amerite, por la dificultad en los accesos a la totalidad de las tablas que integran la base de datos o por otras razones técnicas, serán elaborados coordinadamente por la Oficina de Sistemas y la División de Registro y Control y Correspondencia.

 

Artículo 20º Periodicidad. La información estadística sobre inventario de expedientes y actuaciones procesales se generará el primer día hábil de cada mes, con fecha de corte del día hábil anterior y será remitida a la Viceprocuraduría y a la Oficina de Control Interno para lo de su competencia. Los reportes que se soliciten por los usuarios internos y externos serán generados en el momento en que se requieran, anotándose en ellos la fecha a la que corresponden, que siempre será la del último corte.

 

Artículo 21º Presentación y contenido de los Informes. Todos los informes estadísticos deberán contener los siguientes datos:

 

·         Título de la estadística que se suministra, el cual debe coincidir con los datos que se entregan. Si la información se suministra en medio magnético se debe marcar el disquete o disco compacto, con la firma de quienes elaboraron la estadística.

 

·         Fecha y hora de generación de los reportes .Período al que corresponde la información suministrada.

 

·         Parámetro utilizado para generar la estadística, según el período así: Para el año 2003 hacia atrás el parámetro será el de la fecha de la queja y el año 2004 en adelante, el de la fecha de su grabación de la queja. Igualmente se deberá señalar cada uno de los parámetros utilizados para producir los respectivos informes.

 

·         Nombres y cargos de los funcionarios responsables de la información.

 

·         Nombre y cargo del funcionario que elaboró la estadística.

 

·         Firma de los responsables

 

·         Se incluirá la fuente de la información así: "Fuente: Sistema de Información de Gestión Disciplinaria -GEDIS"

 

·         Se incluirá la siguiente nota: "Nota: Estos datos corresponden a la información incorporada al GEDIS por las dependencias investigadoras de la PGN y están sujetos a variaciones originadas en la dinámica propia de los procesos disciplinarios"

 

·         Número de cada página

 

·         La estadística que relacione los códigos de las dependencias o de las actuaciones, deberá acompañarse del listado que identifique dichas dependencias y actuaciones, para su cabal comprensión por parte del destinatario de los datos.

 

Artículo 22º Contenido de los reportes estadísticos básicos.

 

-Inventario de procesos por dependencia

-Actuaciones realizadas por dependencia

-Decisiones de primera instancia por dependencia

-Decisiones de segunda instancia por dependencia

 

Artículo 23º Solicitud de información contenida en el Sistema GEDIS. Los usuarios internos y externos que requieran información acerca de los datos registrados en el GEDIS, deberán realizar la solicitud por escrito al Jefe de la División de Registro y Control y Correspondencia.

 

Parágrafo 1. Los datos contenidos en el GEDIS serán para uso exclusivo de la Entidad. Los funcionarios que soliciten información de dicha base de datos, accederán a ella previa autorización del titular de la dependencia correspondiente. El encargado del GEDIS llevará un control de la fecha y hora en que fueron solicitados los datos con indicación del expediente para el que fueron requeridos.

 

Parágrafo 2. La División de Registro y Control y Correspondencia podrá informar sobre los datos generales de las investigaciones incorporados en el GEDIS, tales como el número y estado de la averiguación, los hechos investigados, los funcionarios presuntamente involucrados y los empleos que ocupan, datos que al no poner en evidencia los pormenores de los procesos disciplinarios no comprometen la reserva de los procesos prevista en el artículo 95 de la Ley 734 de 2002.

 

Artículo 24º Reclamaciones. Las reclamaciones y solicitudes que eleven los particulares relativas al contenido del registro de los procesos disciplinarios deberán ser resueltas, previa la actuación administrativa correspondiente, por el titular de la dependencia responsable de incorporar la información o por el jefe de la División de Registro y Control y Correspondencia, así: Si se trata de registros de investigaciones del nivel territorial, el respectivo titular de cada procuraduría, si son registros de actuaciones del nivel central, el titular de cada dependencia y si son grabaciones de quejas del nivel central, la División de Registro y Control y Correspondencia.

 

CAPITULO V

 

Módulo de Control de Gestión Disciplinaria

 

Artículo 24º Definición del Módulo de Control de Gestión Disciplinaria. Es una herramienta que permite el adecuado control sobre la gestión disciplinaria a fin de garantizar que el Proceso Disciplinario se desarrolle dentro de un término razonable, así como la evaluación de la gestión disciplinaria de las dependencias y funcionarios de la Entidad y aplicará a todas las dependencias actualmente en línea. Las demás lo utilizarán en la medida en que se amplíe la cobertura.

 

Artículo 25º Responsables. Corresponde a la Oficina de Control Interno de la Procuraduría General de la Nación, realizar la auditoría y el seguimiento al manejo y operación del módulo de Control de Gestión Disciplinaria.

 

Artículo 26. Objetivos específicos. El módulo de Control de Gestión tiene los siguientes objetivos específicos:

 

·         Generar instrumentos que permitan efectuar un oportuno control de los términos del proceso disciplinario.

·         Implementar un modelo estadístico de gestión disciplinaria por dependencia y funcionario.

·         Generar indicadores de gestión por dependencia y funcionario, en relación con el movimiento de expedientes.

 

Artículo 27º Reportes básicos del Módulo de Control de Gestión Disciplinaria. El módulo genera los siguientes informes:

 

·         Proyectos por abogado

·         Proyectos de fondo por tipo

·         Proyectos de fondo por dependencia

·         Proyectos de trámite por tipo

·         Proyectos de trámite por dependencia

 

La Oficina de Control Interno generará la información y la analizará, de tal manera que la misma sirva de soporte para la toma de decisiones en las dependencias en las cuales se encuentra implementado.

 

Artículo 28º Capacitación. Corresponde al Instituto de Estudios del Ministerio Público impartir la capacitación a los funcionarios de la Entidad que tengan a su cargo el manejo y utilización del módulo, así como las actualizaciones que se incorporen por cambios normativos, para lo cual contará con el apoyo de las áreas correspondientes de la Entidad.

 

Artículo 29º Formularios para el procedimiento. Adóptense los siguientes formularios contenidos en el Módulo de Control de Gestión Disciplinaria:

 

·         Actividades y trámites procesales

·         Ficha para la entrega y devolución de expedientes

·         Planilla de reparto

 

Artículo 30º Formatos para el reporte de información. Modificar la Resolución 082 de 2002, en su artículo 3º Así:

 

Los formatos deberán ser diligenciados por las dependencias de la Procuraduría donde no esté implementado el Módulo de Control de Gestión Disciplinaria.

 

Formato número 1: Inventario de Procesos de Competencia de la Dependencia, el cual contendrá los siguientes datos: Dependencia responsable, cargo y grado de quien lo elabora, hoja número, número consecutivo, número radicado, fecha de los hechos, fecha de la queja, fecha de grabación de la queja, estado procesal actual, fecha auto estado procesal actual, categoría de riesgo de prescripción, trascendencia nacional o internacional, CIVIGEP, ciudad y fecha, firma del responsable, nombre y firma del jefe de la dependencia.

 

Formato número 2: Inventario de Procesos Recibidos y Enviados en Comisión con los siguientes datos: dependencia responsable, cargo y grado de quien lo elabora, hoja número, número consecutivo, número de radicado, fecha de los hechos, fecha de la queja, fecha de envío o recibo del expediente, tipo de comisión que debe desarrollarse, fecha del auto comisorio, término de la comisión, dependencia que recibe o envía la comisión, firma del responsable, nombre y firma del jefe de la dependencia.

 

Formato número 5: Contendrá la información de los procesos que se encuentren activos en un período determinado. Los datos son: Dependencia responsable, período, hoja número, número del expediente, trascendencia nacional, internacional, origen CIVIGEP, investigado, cargo, entidad, hechos, fecha de los hechos, fecha del último trámite efectuado, estado actual, fecha estado actual, firma del jefe de la dependencia, ciudad y fecha.

 

CAPITULO VI

 

Disposiciones finales

 

Artículo 31º Mejoramiento continuo. Los procedimientos y formularios estandarizados aprobados mediante la presente resolución serán sometidos periódicamente al proceso de mejoramiento continuo, según lo establecido en la Resolución 176 del 15 de diciembre de 2000.

 

Artículo 32º Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

 

CÚMPLASE

 

Dada en Bogotá, D. C., -4 FEB. 2005

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 070

(7 MAR. 2005)

 

"Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 082 del 16 de Abril de 2002"

 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

 

En ejercicio ale sus funciones constitucionales y en especial de las que le confiere el artículo 7º del Decreto Ley 262 de 2000,

 

RESUELVE:

 

Artículo 1º- Modificar el literal d. del Artículo 4 de la Resolución No. 082 del 16 de Abril de 2002, "por la cual se dictan unas medidas relacionadas con el seguimiento, evaluación y control de la gestión disciplinaria y se establece una metodología para la descongestión y agilización de procesos en la Procuraduría General de la Nación", en el sentido de adoptar el formato adjunto para la evaluación de la gestión disciplinaria a cargo de todas las dependencias de la Procuraduría General de la Nación que tienen bajo su responsabilidad la aplicación de las disposiciones de la ley 734 de 2002.

 

Artículo 2º- Modificar el Artículo 4º de la Resolución No. 082 del 16 de Abril de 2002, en el sentido de expresar que a partir de la expedición de la presente Resolución, los formatos aludidos en el artículo anterior deberán ser remitidos directamente a la Oficina de Control Interno de la entidad, con la misma periodicidad que se señala en dicha disposición.

 

Artículo 3º- Modificar el Artículo 6º de la Resolución No. 082 del 16 de abril de 2002, en el sentido de establecer que los formatos de evaluación de la gestión disciplinaria deberán enviarse a partir de la expedición de la presente resolución al correo electrónico: controlinterno@procuraduría.gov.co.

 

Artículo 4º- La presente resolución rige desde la fecha de su publicación y deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias.

 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

 

Dada en Bogotá D.C. a los 7 MAR. 2005

 

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 082

(10 ABR 2002)

 

"Por la cual se dictan unas medidas relacionadas con el seguimiento, evaluación y control de la gestión disciplinaria y se establece una metodología para la descongestión y agilización de procesos en la Procuraduría General de la Nación"

 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION,

 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 268 de la Constitución Política de Colombia; los numerales 6° y 7° del artículo 7° del Decreto – Ley 262 del 22 de febrero de 2000, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el numeral 6° del artículo 7° del Decreto 262 de 2000, confiere al Procurador General de la Nación la atribución de "Asignar funciones especiales a las dependencias y empleos de la Procuraduría General de la Nación.";

 

Que el numeral 7° del artículo 7° del Decreto 262 de 2000, otorga al Procurador General de la Nación la función de "Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley.";

 

Que el numeral 18° del artículo 7° del Decreto 262 de 2000, consagra como función de Procurador General de la Nación la de "Coordinar y controlar el cumplimiento de la función disciplinaria";

 

Que para poder ejercer el control, seguimiento y evaluación de la gestión disciplinaria que adelantan las diferentes dependencias de la Procuraduría General de la Nación y garantizar la confiabilidad y permanente actualización de la información, resulta necesario entrar a definir y unificar los formatos y procedimientos que deben emplearse en la presentación de informes y estadísticas relacionados con el trámite de los procesos disciplinarios;

 

Que se hace indispensable adoptar algunas medidas de carácter administrativo que permitan cuantificar, evaluar y controlar los resultados de la labor profesional de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de adelantar e impulsar dichas actuaciones disciplinarias al interior de la entidad;

 

Que dentro del marco de la política de descongestión y agilización de los procesos disciplinarios adoptada por la actual administración, es necesario realizar el inventario físico de los expedientes disciplinarios que se encuentran en trámite en las distintas dependencias de la Procuraduría General de la Nación,

 

Que es preciso determinar y evaluar el resultado de las acciones preventivas y educativas adelantadas por las distintas dependencias de la Procuraduría General de la Nación, encaminadas a garantizar el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, así como la observancia de los principios que orientan el funcionamiento de la administración pública,

 

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°.- La política de descongestión y agilización de procesos adoptada por la Procuraduría General de la Nación, tiene como propósito general incrementar los niveles de eficiencia y desempeño de las dependencias y servidores públicos encargados de la tramitación y evacuación de los asuntos disciplinarios de competencia de la entidad.

 

En ese orden de ideas, las disposiciones de la presente resolución tienen como finalidad la realización de los siguientes objetivos específicos:

 

1.- Adoptar las medidas necesarias para garantizar la depuración y actualización del inventario de procesos disciplinarios en trámite y asegurar la confiabilidad y precisión de la información.

 

2.- Facilitar las labores de seguimiento, evaluación y control de los resultados de la gestión disciplinaria a cargo de las diferentes dependencias y servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de la Nación.

 

3.- Identificar y minimizar el riesgo de prescripción de las acciones disciplinarias y combatir la impunidad.

 

4.- Identificar los procesos disciplinarios de trascendencia nacional e internacional, de conformidad con los criterios señalados en la Circular No. 016 de 2001, expedida por el Viceprocurador General de la Nación, así como las determinaciones que deban adoptarse para facilitar su rápida tramitación.

 

5.- Establecer indicadores de gestión y facilitar la adopción de planes, programas, proyectos, estrategias y acciones encaminados a incrementar la productividad de la Procuraduría General de la Nación.

 

6.- Evaluar el impacto de las medidas que tengan como finalidad la descongestión y agilización de los procesos disciplinarios a cargo de la entidad.

 

ARTÍCULO 2°." Con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo y diligente de la misión institucional que constitucional y legalmente corresponden a la Procuraduría General de la Nación, las dependencias y servidores públicos que tengan bajo su responsabilidad el ejercicio de competencias en materia disciplinaria, deberán actualizar y depurar el inventario físico de los procesos disciplinarios en trámite y diligenciar los formatos que en virtud de esta resolución se establecen, con el fin de facilitar las tareas de seguimiento, evaluación y control de su gestión disciplinaria, así como también la consolidación y análisis de la información recaudada y la adopción de las decisiones correctivas que se estimen oportunas.

 

ARTÍCULO 3°.- De conformidad con lo establecido en las disposiciones precedentes, adóptanse como formatos oficiales de información de la gestión disciplinaria, los documentos que se relacionan enseguida, los cuales forman parte de la presente resolución:

 

1.- Formato No. 01, denominado "INVENTARIO DE PROCESOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA.

 

2.- Formato No. 02, denominado "INVENTARIO DE PROCESOS RECIBIDOS Y ENVIADOS EN COMISIÓN".

 

3.- Formato No. 03, denominado "PLAN DE MEJORAMIENTO".

 

4.- Formato No. 04, denominado "INFORME DE GESTlÓN DISCIPLINARIA".

 

5.- Formato No. 05, denominado "PROCESOS DE TRASCENDENCIA 0 CIVIGEP".

 

6.- Formato No. 06, denominado: "INFORME DE LA ACCIONES PREVENTIVAS Y/O EDUCATIVAS"

 

Parágrafo 1°.- Los formatos anteriormente mencionados deberán ser diligenciados directamente por los jefes de las dependencias de la Procuraduría General de la Nación que tengan competencias en materia disciplinaria, conjuntamente con los asesores, profesionales y demás servidores públicos a quienes se haya asignado la tarea de sustanciar y /o tramitar los respectivos procesos. Para todos los efectos legales a que haya lugar, se entenderá que dichos funcionarios responderán por la oportunidad, veracidad y precisión de la información suministrada.

 

Parágrafo 2°.- Los Formatos Oficiales de Información de la Gestión Disciplinaria, serán los únicos documentos cuyo diligenciamiento podrá exigirse a las dependencias de la Procuraduría General de la Nación que tengan a su cargo el cumplimiento de funciones disciplinarias.

 

ARTÍCULO 4°.- Los formatos de que trata el artículo anterior, deberán ser enviados al Secretario Privado del Procurador General de la Nación, con la periodicidad que a continuación se señala, a efectos de que éste proceda a registrar y verificar su oportuna presentación y a remitirlos a las Oficinas de Planeación y Control Interno para lo de su competencia

 

a.- Formato No. 01, denominado "INVENTARIO DE PROCESOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA : Deberá remitirse a más tardar el día 15 de abril de cada año y en él habrá de consignarse la información relacionada con la totalidad de expedientes disciplinarios que se encuentren en trámite y cuya existencia física haya sido previamente comprobada, teniendo como fecha de corte el día 30 de marzo del año respectivo. El primero de dichos inventarios deberá presentarse a más tardar el día 30 de abril de 2002.

 

b.- Formato No. 02, denominado "INVENTARIO DE PROCESOS RECIBIDOS Y ENVIADOS EN COMISION" : Deberá remitirse a más tardar el día 15 de abril de cada año y en él habrá de consignarse la información relacionada con la totalidad de expedientes disciplinarios que hayan sido recibidos o enviados por la dependencia para el cumplimiento de alguna comisión, teniendo como fecha de corte el día 30 de marzo del año respectivo. El primero de dichos inventarios deberá presentarse a más tardar el día 30 de abril de 2002.

 

c.- Formato No. 03, denominado "PLAN DE MEJORAMIENTO" : Deberá remitirse a más tardar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes y en él habrá de consignarse la información relacionada con la totalidad de expedientes disciplinarios en los cuales se advierta el riesgo de la prescripción de la acción disciplinaria, calificado por el jefe de la dependencia y por el

 

Profesional que lo tenga a su cargo como "alto", "moderado" o "bajo", de conformidad con las instrucciones impartidas al dorso de dicho documento.

 

d.-     Formato No. 04, denominado "INFORME DE GESTIÓN DISCIPLINARIA". Deberá remitirse a más tardar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes y en él habrá de consignarse la información relacionada con la totalidad de expedientes disciplinarios que tenga bajo su directa responsabilidad el Jefe de la dependencia respectiva, o uno de los asesores o profesionales a ella vinculados, ya sea en primera, segunda o única instancia.

 

e.-     Formato No. 05, denominado "PROCESOS DE TRASCENDENCIA O CIVIGEP" : Deberá remitirse a más tardar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes y en él habrá de consignarse la información relacionada con la totalidad de expedientes disciplinarios que correspondan a asuntos que hayan sido calificados por la Viceprocuraduría General de la Nación como "Procesos de Trascendencia", de acuerdo con los criterios expresados en la Circular 016 de 2001 emanada del despacho del Viceprocurador General de la Nación, o aquellos derivados del Convenio Interinstitucional para la Vigilancia a la Gestión Pública - CIVIGEP-, cuya coordinación corresponde al Viceprocurador General.

 

f.- Formato No. 06, denominado: "INFORME DE LA ACCIONES PREVENTIVAS Y/O EDUCATIVAS" : Deberá remitirse a más tardar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes y en él habrá de consignarse la información relacionada con la totalidad de acciones preventivas y/o educativas derivadas del Convenio Interinstitucional para la Vigilancia a la Gestión Pública -CIVIGEP-.

 

Parágrafo.- Para el correcto diligenciamiento de los formatos anteriormente mencionados, los servidores públicos encargados de consignar en ellos la información disciplinaria requerida, deberán atender las instrucciones contenidas al respaldo de los mismos.

 

Artículo 5°.- Una vez culmine la elaboración de los inventarios físicos de los procesos disciplinarios en trámite, cada dependencia deberá cotejar la relación de los expedientes inventariados en el formato No. 01 con los que figuren a su cargo en el Sistema de Gestión Disciplinaria -GEDIS-, con el objeto de establecer posibles diferencias, imprecisiones e inconsistencias, que de llegar a detectarse, luego de realizar un minucioso trabajo de revisión y depuración, deberán reportarse a los responsables de administrar el sistema, indicando con tal propósito si aquellas se refieren a expedientes sobrantes o faltantes o a radicados repetidos o mal codificados.

 

Para los efectos de la interpretación de la presente disposición, se adoptan las siguientes definiciones:

 

a..-    Expedientes Sobrantes : Son aquellos expedientes que a pesar de obrar físicamente en las dependencias, no aparecen relacionados en el Sistema de Información de Gestión Disciplinaria -GEDIS-, caso en el cual deberá procederse inmediatamente a su registro, mediante el envío del reporte correspondiente a la dependencia encargada de administrar dicho sistema.

 

b.-     Expedientes Faltantes : Son aquellos expedientes que estando relacionados en el Sistema de Información de Gestión Disciplinaria - GEDIS-, no figuran en el inventario físico de la dependencia. Cuando quiera que se desconozca su paradero, el jefe de la dependencia respectiva deberá reportarlos como perdidos, anexando junto con él informe, una copia del denuncio correspondiente y del acta que para el efecto suscribirá junto con el servidor público que obre como responsable del expediente faltante.

 

c.-     Radicados Repetidos : Corresponde a aquellos casos en los cuales se advierta que un mismo proceso disciplinario aparece registrado dos o más veces en el Sistema de Información de Gestión Disciplinaria - GEDIS-, o cuando se determine la existencia de dos expedientes ya radicados bajo números distintos a pesar de referirse a los mismos hechos y personas. En el primero de los casos se procederá a enviar el reporte respectivo para que se anule uno de los registros, y en el segundo de los casos, se procederá a decretar su acumulación.

 

d.-     Radicados mal Codificados: Cuando en el Sistema de Información de Gestión Disciplinaria -GEDIS- figuren a cargo de una dependencia expedientes que no son de su competencia, ya sea por razones de carácter territorial o por la naturaleza misma de los hechos investigados, deberá enviarse el respectivo reporte con las justificaciones que se estimen conducentes, a efectos de que realice la corrección a que haya lugar. En el evento de que los respectivos expedientes figuren en los inventarios de la dependencia, deberán remitirse a la División de Registro y Control y Correspondencia de la entidad para que sean remitidos a la dependencia competente.

 

ARTICULO 6°.- Los formatos deberán enviarse por correo electrónico (mail) a la cuenta "descongestion@procuraduria.gov.co", o al fax número 3360011, Extensión 10817. Cuando la dependencia no cuente con los recursos tecnológicos necesarios para efectuar la transmisión electrónica de la información, deberá enviarla por correo certificado en sobre cerrado dirigido al despacho del Secretario Privado de la Procuraduría General de la Nación, debidamente marcado con el nombre de la dependencia responsable e identificado con la frase "INFORME DE GESTION DISCIPLINARIA - Mes _____ Año____

 

ARTICULO 7°.- Las Oficinas de Planeación y de Control Interno adscritas al Despacho del Procurador General de la Nación, tendrán a su cargo la responsabilidad de consolidar y analizar la información reportada en los formatos a que alude la presente resolución y presentar a consideración del Procurador General de la Nación, un informe relativo a los resultados de la gestión de las diferentes dependencias y servidores públicos que tienen a su cargo el ejercicio de funciones disciplinarias al interior de este organismo de control.

 

El informe consolidado de la gestión disciplinaria a que se refiere el inciso anterior, deberá presentar de manera desagregada el movimiento que hayan tenido los procesos disciplinarios al interior de cada dependencia tanto en primera como en segunda instancia; la variación de los inventarios y el impacto de la política de descongestión; la relación de los expedientes en los que se advierta un alto riesgo de prescripción; la relación de los negocios fallados o prescritos durante el período respectivo; y finalmente, el cálculo de los indicadores de gestión mediante la aplicación de las fórmulas que se establezcan.

 

ARTICULO 8°. Una vez haya sido evaluado el informe de la gestión disciplinaria, el Secretario Privado del Despacho procederá a remitirlo a las diferentes dependencias involucradas, junto con las instrucciones que imparta el Procurador General de la Nación, con el fin de que todos conozcan los resultados de la gestión y procedan a adoptar los medidas correctivas y preventivas que se estimen conducentes.

 

ARTICULO 9°.- Corresponde a la Oficina de Control Interno, vigilar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. En caso de inobservancia, informará tal circunstancia a la Veeduría, para lo de su competencia, para que se de aplicación a lo dispuesto en las normas disciplinarias actualmente vigentes y a lo consagrado en el numeral 25° del artículo 34 de la ley 734 de 2002, una vez empiece la vigencia de esta última.

 

ARTICULO 10°.- La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

 

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 10 ABR. 2002

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 317

(12 AGO. 2004)

 

"Por medio de la cual se fijan parámetros para determinar la competencia en relación con el conocimiento de las faltas disciplinarias cometidas y procesos disciplinarios en curso en contra de los servidores públicos de las entidades suprimidas, liquidadas o en liquidación".

 

El Procurador General de la Nación con fundamento en sus competencias constitucionales y legales, especialmente las atribuidas en el artículo 7 numerales 7º, 18 y 36 del Decreto-Ley 262 de 2000,

 

CONSIDERANDO:

 

Que por medio de la resolución No. 071 de marzo 5 de 2004 se dispuso la adopción de parámetros que permitan solventar el vacío legislativo relacionado con la omisión de definir el ejercicio del poder disciplinario respecto de los servidores públicos adscritos a las entidades públicas suprimidas, liquidadas o en proceso de liquidación;

 

Que la supresión y liquidación de una entidad no es causal para que la Procuraduría General de la Nación per se ejerza su poder preferente;

 

Que la sentencia C-014 de 2004 proferida por la Corte Constitucional ha señalado que la función disciplinaria es "administración de justicia" en sentido material;

 

Que ante vacíos de la ley los procesos disciplinarios no pueden quedar en un limbo jurídico que propicie la injusticia, inseguridad jurídica e impunidad disciplinaria.

 

Que la supresión o liquidación de entidades públicas por virtud del proceso de modernización y renovación del Estado no implica la desaparición de las funciones que cumplían;

 

Que la Procuraduría General de la Nación es un órgano de control externo y sólo conoce de procesos disciplinarios contra servidores públicos cuando ejerce el poder preferente;

 

Que el concepto de poder preferente supone la existencia de una competencia original, estable y permanente, por tanto, sino no existe un control interno la figura jurídica del poder preferente no puede tener aplicación;

 

Que el poder preferente se ejerce sobre faltas disciplinarias o procesos específicos y no de manera general sobre faltas disciplinarias o procesos a cargo de los órganos de control interno, luego entonces no resulta jurídico proferir un acto administrativo asumiendo una competencia en abstracto;

 

Que la Resolución No. 346 de 2002, emanada del despacho del Procurador General de la Nación, reguló las causales por las cuales procede el ejercicio del poder preferente.

 

Que en casos verdaderamente extremos, donde el incumplimiento del artículo 209 de la Carta Política ponga en tela de juicio la función disciplinaria el Estado sobre sus servidores públicos, por falta de una autoridad disciplinaria específica, lo cual conduciría al cuestionamiento serio de la "eficacia y efectividad" del órgano primeramente asignado como competente para cumplir con la función disciplinaria (artículo SEXTO literal a) de la Resolución No. 346 de 2002), la Procuraduría General de la Nación debe hacer uso del poder preferente estudiando el caso específico de conformidad con los trámites diseñados para ello;

 

Que no se puede dejar de administrar justicia so pretexto de vacío o deficiencia de la ley (artículo 48 Ley 153 de 1887);

 

El Procurador General de la Nación, en consecuencia:

 

RESUELVE:

 

PRIMERO: Cuando dos o más entidades son fusionadas la que finalmente resulte del proceso deberá conocer de las faltas disciplinarias cometidas por los servidores públicos de aquellas o de los expedientes disciplinarios que cursaban en las anteriores.

 

SEGUNDO: Cuando una entidad pública fuere suprimida y otra asuma sus funciones, una vez agotado el proceso de liquidación, la última deberá conocer de las faltas disciplinarias cometidas por los servidores públicos de aquella y de los procesos disciplinarios en curso.

 

TERCERO: Cuando una entidad es liquidada, mientras subsista, así sea en proceso de liquidación la oficina de control interno de la misma deberá continuar con el conocimiento de las faltas disciplinarias cometidas por sus servidores públicos y de los procesos disciplinarios a su cargo.

 

CUARTO: Cuando no se determine en la normatividad que regule el proceso de supresión o liquidación a quien corresponde la función disciplinaria y ninguna entidad estatal ha asumido las funciones, deberá conocer de las faltas disciplinarias atribuidas o de procesos disciplinarios pendientes, el Ministerio, Departamento Administrativo, Departamento o Municipio al cual se encontraba adscrito o vinculado.

 

QUINTO: En cualquiera de los eventos anteriores y siguiendo los criterios señalados en los considerandos Nos. 9 y 10 de esta resolución, de presentarse las causales de ejercicio del poder preferente, la Procuraduría General de la Nación deberá asumir las investigaciones y procesos disciplinarios ajustando su proceder a la Resolución No. 342 de 2002.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

19. Crear comisiones disciplinarias especiales de servidores de la Procuraduría General o designar a un funcionario especial de la misma para adelantar investigaciones disciplinarias y fallar, así como para decretar la suspensión provisional, cuando la gravedad, importancia o trascendencia pública del hecho lo ameriten, para lo cual podrá desplazar al funcionario del conocimiento.

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 092

(30 MAR. 2005)

 

"Por medio de la cual se establecen unos criterios que se deben seguir para el trámite de las peticiones que se realizan ante el Viceprocurador General por parte de las Procuradurías Regionales, Provinciales y Distritales, cuando solicitan la conformación de comisiones especiales y designación de funcionarios especiales, para el trámite de procesos disciplinarios que se vienen adelantando al interior de sus respectivos despachos"

 

El Procurador General de la Nación con fundamento en sus competencias constitucionales y legales, especialmente las atribuidas en el parágrafo de artículo 7º del decreto -ley 262 de 200 y,

 

 

CONSIDERANDO

 

Que conforme lo dispone el (numeral 7) del artículo 7º del decreto 262 de 2000, es función del Procurador General de la Nación expedir los actos, administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley.

 

Que mediante la Resolución No. 301 de septiembre 11 de 2002, se delegó en el señor Viceprocurador General de la Nación la facultad de designar "funcionarios especiales" e integrar "comisiones disciplinarias especiales" con fundamento en el numeral 19 del artículo 7º .del decreto 262 de 2000, para efectos de la aplicación de la Directiva No. 002 de enero 30 y la Resolución No. 128 de mayo 20 de 2002, en las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales, con el fin de afrontar la lucha contra la corrupción, defender los derechos humanos e intervenir preventivamer1te en los mismos casos.

 

Que teniendo como presente que uno de las principales funciones desarrolladas por la Procuraduría General de la Nación es velar por el correcto desarrollo de la función disciplinaria, y en orden a darle el correcto cumplimiento a los principios mencionados en el artículo 209 de la Constitución Nacional, especialmente los de eficacia y eficiencia, y atendiendo la congestión y cúmulo de trabajo que pueda presentarse en algunas Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales, en el trámite de los procesos disciplinarios dentro de todas sus etapas procesales, cuando los casos que sean "de trascendencia Nacional ó relevantes, así como también cuando se observe que en algunos procesos cabe la posibilidad de que pueda presentarse el fenómeno de la prescripción, se hace necesario precisar y hacer plena claridad sobre la delegación que fue realizada en aquella resolución, al Viceprocurador General, de conformidad con el parágrafo de artículo 7º del decreto 262 de 2000.

 

Resuelve

 

Primero: La facultad que fue delegada en el Viceprocurador General de la Nación para que ordene la conformación de comisiones especiales disciplinarias y designación de funcionarios especiales, mediante la resolución No. 301 de septiembre 11 de 2002, comprende también la facultad respecto de la descongestión de los procesos que se encuentren en las dependencias anteriormente mencionadas, bien sea cuando es realizado por solicitud directa del titular de esos despachos, o cuando el Viceprocurador General considere necesario hacerlo, lo cual recaerá en los servidores que son mencionados en el artículo quinto de la resolución antes mencionada, para la primera como la segunda instancia.

 

Segundo: EI Viceprocurador General llevará el control y la coordinación de los casos en donde se decida aplicar el artículo anterior, y podrá en cualquier evento solicitar a los servidores en los cuales recayó la designación, informe sobre los avances de la respectiva investigación disciplinaria.

 

Tercero: En todo caso cuando se tomen las respectivas decisiones por quienes hayan formado parte de las comisiones especiales o por quien haya sido designado funcionario especial, según sea el caso, el expediente será enviado nuevamente al lugar de origen para los efectos de todos los trámites secretariales.

 

Dada en la ciudad de Bogotá el día 30 de marzo de 2005

 

Comuníquese, Cúmplase e insértese en la página WEB de la entidad.

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓON

Procurador General de la Nación

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 084

(18 MAR. 2005)

 

Por la cual se crea una Comisión Especial Disciplinaria para adelantar las Investigaciones y fallar los procesos derivados de las quejas formuladas contra los Curadores Urbanos de Bogotá D. C.

 

El Procurador General de la Nación (E)

 

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º numeral 19 del Decreto ley 262 de 2000, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que conforme a las múltiples quejas que se vienen presentando a través de los medios de comunicación, las Veedurías y Organismos de Control por parte de la comunidad, con ocasión de la expedición de Licencias por parte de los Curadores Urbanos del Distrito de Bogotá y dada la gravedad, importancia y trascendencia pública de los hechos, se hace necesario crear una Comisión Disciplinaria Especial, conformada por los titulares de las Procuradurías Primera y Segunda Distritales.

 

Que de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta Providencia, el Procurador General de la Nación (E),

 

RESUELVE:

 

ARTICULO PRIMERO: Créase la Comisión Especial Disciplinaria para adelantar las investigaciones y fallar los procesos derivados de las quejas formuladas contra los Curadores Urbanos de Bogotá D. C., la cual se conformará por los titulares de las Procuradurías Primera y Segunda Distritales.

 

ARTICULO SEGUNDO: En aquellas indagaciones y procesos que en la actualidad cursen ante la Procuraduría Primera Distrital, la Comisión será presidida por la titular de ese Despacho.

 

ARTICULO TERCERO: En aquellas indagaciones y procesos que en la actualidad cursen ante la Procuraduría Segunda Distrital, la Comisión será presidida por el titular de ese Despacho.

 

ARTICULO CUARTO: Los Miembros integrantes de la Comisión se reunirán en cada una de las Procuradurías a su cargo, los días lunes de cada semana, para hacer el análisis respectivo de las quejas asignadas a su Dependencia, de acuerdo con el Reparto realizado a sus Abogados.

 

ARTICULO QUINTO: Los Procuradores Distritales Primero y Segundo se reunirán los días martes, con el fin de hacer el cruce de información de las quejas presentadas y determinar los procedimientos a seguir en el trámite de las mismas, para lo cual podrán solicitar apoyo a la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación y de los Agentes Especiales designados ante las Curadurías Urbanas, según Acto Administrativo del 2 de marzo de 2005.

 

ARTICULO SEXTO: La Comisión creada mediante el presente acto administrativo tendrá a su cargo el estudio y trámite de los procesos que se relacionan a continuación.

 

1.- Radicado:      142-112777-04

Disciplinado:       GERMAN RUIZ SILVA -Curador No. 4

Quejoso:             JAIME DUQUE CASAS

Fecha Queja:      2004-10-28

Fecha hechos:    Año 2004

Asunto:              Irregularidades en la expedición licencias de Urbanismo 04-4-0231 y Construcción 04-4- 0894 calle 106 con Cras. 8 A y 9 A.

Estado:                  Archivo

HECHOS:           Al parecer la expedición de dichas licencias se habría efectuado en vigencia de anteriores licencias, sobre los mismos predios y autorizando la construcción de torres con una altura superior a la permitida.

 

2.- Radicado:      142-118055-05

Disciplinado:       Por establecer Curadurías 2 y 3

Quejoso:             YEIMS CALDERON MARTINEZ

Fecha Queja:      2005-02-24

Fecha hechos:    2004

Asunto:              Irregularidades en la expedición de licencias De modificación y construcción Centro Comercial Santa Ana- Carrefour

Estado:                  Indagación preliminar

HECHOS:           Se autorizó cambio de uso del suelo predio EMCOCABLES en el predio ubicado entre las calles 110 y 112 entre carrera 9 y avenida NQS, sin tener en cuenta a la Comunidad.

 

3.- Radicado:      142-113930-04

Disciplinado:       Por establecer- Curaduría No. 3

Quejoso:             RAUL ESCOBAR

Fecha Queja:      2004-11-19

Fecha hechos:    2004

Asunto:              Presunta irregularidad al negar licencia de Construcción para el Liceo Mixto los Centauros

Estado:                  Indagación preliminar

HECHOS:           Una vez presentada la solicitud, se niega la Licencia, no obstante haberse cancelado el cargo fijo variable.

 

 

4.- Radicado:      142-97812-04

Disciplinado:       BRIANDA REINZ- Curaduría Nº 2

Quejoso:             ARNULFO OBANDO

Fecha Queja:      2004-08-17

Fecha hechos:    2003-2004

Asunto:              Presuntas irregularidades al expedir licencia de Construcción 03- 2- 0503 inmueble ubicado Diagonal 44 Bis con carrera 38A.

Estado:                  Evaluar

 

5.- Radicado:      142- 107838-04

Disciplinado:       GERMAN RUIZ SILVA -Curador Nº 4

Quejoso:                LIBIA MONROY

Fecha Queja:      2004-01-23

Fecha hechos:    2003

Asunto:              Presunta irregularidad al expedir licencia 03-4-1208 para modificar y ampliar el predio de la calle 74 No. 6 - 65 y carrera 7 No. 7-73.

Estado:                  Evaluar

 

6.- Radicado:      142-86781-03

Disciplinado:       JUAN SUAREZ MEDINA-Curador Nº 5

Quejoso:             Copropietarios "El Portal"

Fecha queja:       2003-05-23

Fecha hechos:    2002

Asunto:              Presuntas irregularidades expedición licencias de construcción LC5-1282-02 y LC5-1553-02

Estado:                  Apertura Investigación Disciplinaria

 

7.- Radicado:      142-116140-04

Disciplinado:       JUAN SUAREZ MEDINA- Curador Nº 5

Quejoso:             Comisión de Veedurías

Fecha Queja:      2005-01-17

Fecha hechos:    2003

Asunto:              Presunta irregularidad al expedir licencia de construcción para ampliación del inmueble ubicado en la avenida 100 No. 9 A -39, carrera 9ª.No. 99-07/51, calle 99 No. 9 A 26/40/54/64

Estado:              Indagación preliminar

 

8.- Radicado:      142-106583-04

Disciplinado:       GERMAN RUIZ SILVA -Curador Nº 4

Quejoso:             MARGARITA REY DE SANCHEZ

Fecha Queja:      2004-07-22

Fecha hechos:    2004

Asunto:              Presuntas irregularidades expedición licencia para ampliación 04- 40796, inmueble ubicado calle 127 A No. 31-41, la Calleja

Estado:              Apertura de Investigación

 

9.-Radicado:       142-114128-04

Disciplinado:       JUAN SUAREZ MEDINA -Curador Nº 5

Quejoso:             MAURICIO SALGADO BAQUERO

FECHA Queja:    2004-08-30

Fecha hechos:    2004

Asunto:              Irregularidades en la expedición de licencia de construcción para el hostal denominado "Lluvia de estrellas" ubicado en la carrera 27 A No. 53-22 Galerías.

Estado:              Indagación preliminar

 

10. Radicado:      142-95418-03

Disciplinado:       BRIANDA RENIZ- Curadora Urbana No. 2

Quejoso:             De oficio

Fecha Queja:      2003-06-04

Fecha hechos:    2003

Asunto:              Presunta Irregularidad al otorgar licencia de construcción No. 2- 02-287 para el inmueble ubicado calle13 No. 4.21 y calle 14 No. 4- 97. Universidad Autónoma

Estado:              Indagación preliminar

 

11.- Radicado:     42-99339-04

Disciplinado:       JUAN SUAREZ MEDINA curador Urbano 5

Quejoso:             Asociación de Copropietarios del Sector

Fecha Queja:      2004-02-17

Fecha hechos:    Por determinar

Asunto:              Por determinar

Estado:              Indagación preliminar

 

12.-Radicado:      142-79622-02

Disciplinado:       GERMAN RUIZ SILVA- Curador 4

Quejoso:             Informe Oficial

Fecha Queja:      2002-12-02

Fecha hechos:    2001 a 2002

Asunto:              Presuntas irregularidades en la expedición de resoluciones No. 41338/01 y 420187/02 reforzamiento Pabellones Corferias.

Estado:              Indagación preliminar

 

13.- Radicado:     1452-115760-05

Disciplinado:       JAME RODRIGUEZ AZUERO- Curador 1

Quejoso:             NELLY GARCIA DE RAMIREZ

Fecha Queja:      2004-12-29

Fecha hechos:    2004

Asunto:              Presuntas irregularidades expedición licencia de construcción 04-1-0170, inmueble ubicado cra. 46No.133 A 22 y Cra. 46 No. 133 A 21.

Estado:              Indagación preliminar

 

14.- Radicado:     142-108069-04

Disciplinado:       GERMAN RUIZ SILVA Curador 4

Quejoso:             ELSA CALlXTO DE CELY

Fecha Queja:      2004-08-13

Fecha hechos:    Año 2004

Asunto:              Emitir concepto contradictorio relacionado con la vía de acceso al predio Quintas de Provenza Diagonal 136 con carrera 89

Estado:              Indagación Preliminar

 

15.- Radicado:     142-103981

Disciplinado:       GERMAN RUIZ SILVA Curador 4

Quejoso:             GONZALO TELLEZ IREGUI

Fecha Queja:      2004-0601

Fecha hechos:    Año 2004

Asunto:              Presuntas irregularidades en la expedición de la Licencia de Construcción 04-04- 0950 de la Obra ubicada en la calle 127 No. 28-94

Estado:                  Indagación Preliminar

 

16. Radicado:      142-105850

Disciplinado:       GERMAN RUIZ SILVA Curador 4 CLAUDIA MONSALVE Exalcalde Local Chapinero y SILVANO PARRA Asesor de Obras

Fecha queja:       2004-07-02

Fecha hechos:    Año 2003

Asunto:                  Irregularidades en el trámite de Licencia de Construcción No. 04-40-121 para el local ubicado en la calle 86 No. 11-19 y reformas locativas Calle 86 No. 11-33 al quitar los bolardos y dejar espacio para parquear

Estado:                  Indagación Preliminar

 

17.- Radicado:     142-108112-04

Disciplinado:       BRIANDA RENIZ CABALLERO Curador 2

Fecha hechos:    Año 2004

Asunto:              Presunta irregularidad expedición Licencia de Construcción y cerramiento célula 1 B Timiza Zona 8 L

Estado:                  Indagación Preliminar

 

18.- Radicado:     142-115804/05

Disciplinado:       BRIANDA RENIZ CABALLERO          Curadora 2

Fecha hechos:    Año 2004

Asunto:              Presuntas irregularidades en Licencia de Construcción expedida a la Caja de Compensación Familiar -COMPENSAR-, para la construcción de Unidades de Vivienda de Interés social en reserva forestal de la Finca "Yuste", Zona superior Barrio San Cristóbal

Estado:                  Indagación Preliminar

 

19.- Radicado:     142-108097/04

Disciplinado:       IGNACIO RESTREPO MANRIQUE Curador 3

 

20.- Radicado:     142-115499-05

Disciplinado:       GERMAN RUIZ SILVA Curador 4

Fecha queja:       2004-12-28

Fecha hechos:    Año 2003

Asunto:              Irregularidades expedición Licencia construcción No. 03- 40098, inmuebles ubicados en la carrera 7 No. 245-60.

Estado:                  Indagación Preliminar

 

21.- Radicado:     Oficio 5917/04 -VIGILANCIA SUPERIOR

Disciplinado:       IGNACIO RESTREPO MANRIQUE

Fecha hechos:    Año 2004

Asunto:              Vigilancia Superior en la Construcción de semisótano de la construcción ubicada en la calle 71 No. 4-47

Estado:                  Vigilancia Superior

 

22.- Radicado:     142-108097-04

Disciplinado:       Curador urbano No. 3 IGNACIO RESTREPO MANRIQUE

Quejoso:             ISABEL WILlAMSON PUYANA -GRACIELA LIZARAZO BECERRA

Fechas queja:     2004-08-19

Fecha hechos:    Febrero de 2004

Asunto:              Desacuerdo con las decisiones tomadas por la Curaduría Urbana No. 3 en relación con la Licencia No. L.C.04-3-0104 del 9 de Febrero del 2004 a favor de la Sociedad Futuro S. A. para desarrollar un proyecto de construcción en la calle 80 No. 7-59 de Bogotá

Estado Actual:    Sustanciación, proyectar Indagación Preliminar.

 

23.- Radicación: 142-115120-04

Disciplinado:       Curador Urbano No. 4 Germán Ruiz Silva

Quejoso:             Fernando Rojas Rodriguez (Concejal de Bogotá)

Fecha Queja:      2004-12-14

Fecha Hechos:    2003-04-15

Asunto:              Presunta irregularidad en la expedición de la licencia no. Lc 03-4-0428 del 15 de abril del 2003 para la construcción de un hostal en la calle 28 sur no. 65-69 de Bogotá.

Estado Actual:    Sustanciación, Proyectar Indagación Preliminar

 

24.- Radicación:  142-115615-05

Disciplinado:       Curador Urbano No 4 German Ruiz-Silva

Quejoso:             Flor Marina Puchigay Rios

Fecha Queja:      2005-01-05

Fecha Hechos:    Marzo Y Julio Del 2004

Asunto:              Presunto incumplimiento y mala interpretación de las normas al expedir las licencias nos. 04-4231 de marzo 5 del 2004 y 04-4-0894 de julio del 2004- respecto de los inmuebles ubicados en la calle 106 no. 9-50 y la carrera 9 no. 107-50 de Bogotá.

Estado Actual:    Sustanciación, Proyectar Indagación Preliminar.

 

25.- Investigación: 143-104574-04

Disciplinado: GERMAN RUIZ SILVA Curador No 4

Fecha de hechos 2.003 a 2.004

 

Hechos: Haber otorgado licencias de construcción No 03-4-0878 del 22 de julio de 2.003 y 04-4-0030 del 26 de enero de 2.004 para el desarrollo de un proyecto en el cerro La Conejera, no obstante haberse declarado dicho cerro como reserva ambiental y paisajista y parque ecológico en los términos de la Ley 99 de 1.993, el acuerdo 27 de 1.995 y las normas del POT, los Decretos Distritales 619 de 2.000 y 469 de 2.003 en armonía con las disposiciones de la ley 388 de 1.997.

 

26.- Indagación: 143-114754-04

Dirección: Cra. 59 B No. 31-25 Sur Barrio Carvajal

Disciplinado: GERMAN RUIZ SILVA Curador No 4

Fecha de hechos: 2.004

 

Hechos: Haber otorgado licencias para la construcción de hostales en la localidad de Suba, sin tener en cuenta el Decreto 259 de 2.004 emitido por el Alcalde Mayor de Bogotá, donde eliminó expresamente la categoría del Hostal que consagraba el artículo 16 del decreto 325 de 1.992 que servía de base a los curadores para expedir tales licencias cuando ya se había suprimido en el decreto 469 de 2.003, con lo cual quedó plenamente establecido que no se debían autorizar licencias para esta clase de construcciones.

 

27.-Evaluación de queja 143.116173.05

Dirección:   Calle 106 No. 9 -50 Y Carrera 9 A No. 107 -50 Santa Ana

Queja presentada por los residentes de La Urbanización PAULlNA y ERNESTO VALENZUELA, DEL BARRIO MIRANDA y LA CORPORACIÓN DE CURADORES DE BOGOTÁ.

Contra Curaduría No 4

 

licencia de Construcción No. 1.2004-48196 otorgada a la Urbanización Altos de el 9 de julio del 2004

Hechos

a.      Se quejan por lo falta de información, ya que no conocían el proyecto y solamente tuvieron noticia de él en el momento en que fue abierta una sala de ventas.

b.      Por no concebir que se construya un proyecto de torres de 17 pisos en un sector donde sólo existen edificios entre 5 y 7 pisos.

c.      Por que las vías existentes en el sector son insuficientes para atender el tráfico que implica la construcción de 520 viviendas con sus respectivos parqueaderos dobles.

d.      Por que le proyecto alterará el sistema ambiental y producirá asentamientos importantes en el sector, los cuales se deben tener en cuenta.

 

28.- Indagación: 143-102567-04

 

Disciplinado: GERMAN RUIZ SILVA Curador No 4.

Fecha de hechos: 2.001-2

LICENCIA: de Construcción No. 02-04-0025 Curaduría No. 4

Dirección Calle 68 A No. 89-01/02 Sur Urbanización La Palestina

LC Resolución No. Urbanización 030080 de mayo 7 de 2000 Curaduría No. 3

 

Conducta: Haber otorgado licencia de construcción para las urbanizaciones Yudy Fernanda y La Macarena de la localidad de Bosa (la Palestina), terrenos que al parecer son de uso público. El expediente se encuentra pendiente de respuesta de oficio de Planeación Distrital Regional No. 4 de Kennedy, dependencia que, según manifiesta el quejoso, aprobó los planos para la urbanización.

 

29.- Indagación No. 143-105041-04

Dirección:     Transversal 3ra. No. 83 -11/21 /27

Funcionaria:  Comisionada Liliana Pérez Barrientos P.U. G.17.

Disciplinado: Briana Reniz Caballero Curadora Urbana No. 2

Mariano Pinilla Poveda Curador No. 5

Hechos:        2003.

 

Conducta:   Expedir licencia de construcción No. 03-2-0036 del 24 de enero del 2003, presuntamente sin cumplir con la totalidad de las normas de urbanismo y construcción y se modificó sin sujeción a las disposiciones del Decreto 075 de 2003, modificándola para aspectos internos y se construyeron aspectos externos.

 

30.-Indagación: 143-99609-04

Disciplinado: GERMAN RUIZ SILVA Curador No 4.

Fecha de hechos: 2.003

LC-03-04-1714 del 24 de diciembre de 2003

Conducta:

 

No se comunicó la solicitud de la licencia de construcción de conformidad con lo ordenado en los artículos 9 y 17 del decreto 1052 de 1998.

 

-Se clonó aviso judicial que fuera expedido en el otro expediente y se incorporó en el expediente objeto de la presente investigación.

 

- Que se pretendió el reconocimiento de la licencia de una obra suspendida y selladaza por la Alcaldía Local de Suba desde octubre 24 de 2003.

 

El expediente se encuentra pendiente de respuesta de oficio de Planeación Distrital Regional No. 4 de Kennedy, dependencia que, según manifiesta el quejoso, aprobó los planos para la urbanización.

 

Estado Procesal Actual: Evaluación de la Indagación Preliminar.

 

31.- Indagación: 143-107002-04

 

Disciplinado: GERMAN RUIZ SILVA Curador No 4.

Fecha de hechos: 2.004

 

Conducta: Posible falta de notificación a los vecinos del acto administrativo LC 040403333, pues fue expedido, pues quedó ejecutoriado al día siguiente de su expedición, es decir quedó en firme antes del vencimiento del termino otorgado para que los vecinos se hicieran parte dentro del proceso, vulnerándose así el artículo 22 del decreto 1052 de 1998 y el artículo 29 de la C.P.-

 

ESTADO ACTUAL: Investigación Disciplinaria

 

El expediente se encuentra pendiente de respuesta de oficio de Planeación Distrital Regional No. 4 de Kennedy, dependencia que, según manifiesta el quejoso, aprobó los planos para la urbanización.

 

32.-INDAGACIÓN PRELIMINAR 143-113686

INVESTIGADO: CURADOR URBANO NO. 5

CONDUCTA: presunta irregularidad atribuida a señor Curador Urbano No. 5, al parecer en la expedición de licencias No. 03-2-0741 del 19 de diciembre de 2004, para construir moteles y otros establecimientos de comercio en un sector residencial, específicamente en la zona ubicada en la transversal 63 (transversal 69 B dis) por calles 73 a 74, la cual quedó incluida en la Unidad de Planeación Zonal UPZ 26, como zona residencial, tal como se puede establecer en el oficio No. 2-2004-16284 de la Gerencia de Planeamiento Urbano.

 

ESTADO ACTUAL: El expediente se encuentra pendiente práctica de visita a la respectiva Curaduría a fin de verificar la aprobación por parte de Planeación Distrital sobre aprobación de los planos para la urbanización.

 

Transversal 63 (Transversal 69 B bis) por calles 73 a 74

 

33.- INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 110033

INVESTIGADO: CURADOR URBANO No. 4

CONDUCTA: Posible irregularidad en la autorización para la construcción de un hostal en la calle 141 No. 92- 73B, Java Sector de Suba.

 

Estado Actual: El expediente se encuentra pendiente práctica de visita a la respectiva Curaduría a fin de verificar la aprobación por parte de Planeación Distrital sobre aprobación de los planos para la urbanización. Calle 142 No. 92- 48

 

34.- INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA No. 143-89742-03

Investigado: Curador Urbano No. 4 GERMÁN RUIZ SILVA

 

CONDUCTA: Posible irregularidad al otorgar licencia de construcción No. 03-04-0289 del 21 de febrero de 2003, de un hostal en la calle 42 No. 25-31 sur, barrio Claret, ya que de conformidad con del Decreto 297 de 9 de julio de 2002, en ese sector no es permitido, aducen que anteriormente esa licencia había sido negada por la Curaduría No. 5 Inmueble ubicado en la calle 42 No. 15-25-31 sur Barrio Claret

ESTADO ACTUAL: Pruebas de apertura, recepción de diligencia de versión libre

 

35.- Expediente No. 143 -112174/04.

Hostales de Suba

Carrera 92 y 93 con calle 142

Recibido por reparto noviembre 3/04.

Acusación: Expedir licencia de construcción para hostales en zona residencial.

Acusados: Curadores 2 y 4.

Estado actual: Pruebas indagación preliminar, auto 29 noviembre de 2.004

 

36.- Expediente No. 143 -111849/04

Dirección: Transversal 1 No. 84 -57 / 73

LC-04-02-0219 del 31 de marzo de 2004

Recibido por reparto octubre 26/04.

Acusación: Irregularidad notificación a los vecinos de la nueva construcción.

Acusados: Curador 2.

Estado actual: Pruebas indagación preliminar, auto 29 noviembre de 2.004

 

37.- Expediente No. 143 -107257/04

Recibido por reparto agosto 23/04.

Acusación: Irregularidad cobro de expensas para aprobación de planos técnicos para estaciones de servicios desconociendo ley 388/97, art. 103.

Acusados: Curador 1.

Estado actual: Pruebas indagación preliminar, auto octubre 26/04.

 

38.- EXPEDIENTE 143-116170-05

Acusado: Curador Urbano Un 4

Dirección Calle 119 No. 48 -73

Fecha de los Hechos: Licencia No. 03-4-1494 de noviembre 21 de 2003

Estado del expediente: Para evaluar

 

Irregularidades en la expedición de la licencia de construcción, por encontrarse afectado parcialmente el predio por el humedal de Córdoba.

 

 

39.- EXPEDIENTE: 143-115903-05

Acusado: Curador Urbano Un 4

Dirección: Avenida Carrera 1 No. 78-80/62/52 y Carrera 1 este No. 78-91

Fecha de los Hechos: Junio 30 de 2004

Licencia No. 04-4-0861 de junio 30 de 2004

Estado del expediente: indagación Preliminar

 

Expedición irregular de la licencia de construcción, sin agotarse el procedimiento previo a al aporte de los soportes de la solicitud.

 

40.- EXPEDIENTE 143-113741-2004

Acusado: Curador Urbano No. 4

Dirección Carrera 69 B No.31-25 Sur Barrio Carvajal

Fecha de los Hechos: Licencia No. 04-04-8018 de agosto 31 de 2004

Estado del expediente: Indagación preliminar 11 de enero de 2004

 

Quejoso: Concejal FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ.

 

La queja menciona además la expedición irregular de licencias para construir hostales en la localidad de suba (9) : Carrera 16 A No. 23-83; Carrera 16 A 23-89; Carrera 16 A No. 23-91; Carrera 12 No. 2035; Calle 67 No. 22-07; Calle 31 sur No. 66-38; Calle 31 sur No. 71-D-68; Carrera 64 No. 73-49; Carrera 69 B No.31-25 sur y otras zonas residenciales, que prestan servicio de moteles, además expedición de licencias de construcción en el Cerro de La Conejera (licencias 03-4-0878 y LC04-04-0030) y en trámite las licencias 04-4-1251 y 03-4-2815. .

 

41.- EXPEDIENTE 143-112546-2004

 

Acusado: Curador Urbano No. 2

Dirección Calle 18 sur No. 13-71/73 Ciudad Jardín

Fecha de los Hechos: Licencia No. 04-02-439 radicada el 2 de abril de 2003

Estado del expediente: Indagación preliminar 12 de noviembre de 2004

Quejoso: LUCIA GUTIERREZ MENDOZA

 

Sostiene el quejoso que no se expidió la licencia a pesar de haber hecho incurrir en gastos al solicitante (10 millones de pesos), se suspendió el trámite en espera de un concepto de Planeación y se procedió a la revocatoria directa del acto mediante el cual se protocolizó el silencio administrativo positivo.

 

 

ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

 

Dada en Bogotá D.C. a los 18 de marzo de 2005

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 

CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU

Procurador General de la Nación (E)

 

 

En este evento, el fallo será proferido por quien presida la comisión o por el funcionario designado, que, en todo caso, deberá ser de igual o superior jerarquía que el funcionario desplazado. La apelación se surtirá ante el superior funcional de quien tomó la decisión en primera instancia.

 

Salvo lo dispuesto en los numerales 24 y 25 de este artículo, corresponde a la Sala Disciplinaria conocer en segunda instancia los procesos en los cuales el Procurador General de la Nación o el Viceprocurador General sea el superior funcional.

 

20. Comisionar a los servidores de la entidad para instruir actuaciones disciplinarias de su competencia o de otras dependencias de la entidad, al igual que para la práctica de pruebas.

 

21. Conocer en única instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los congresistas, por faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de dicha calidad o durante su ejercicio, en este último caso aunque hayan dejado de ser congresistas.

 

22. Conocer en única instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra el Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Gerente del Banco de la República y demás miembros de su Junta Directiva, el Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá D. C., por faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de dicha calidad o durante su ejercicio, en este último caso aunque hayan dejado de ejercer el cargo.

 

23. Conocer en única instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, el Auditor de la Contraloría General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contador General, los Generales de la República y oficiales de rango equivalente, el Personero y el Contralor de Santa Fe de Bogotá, D. C., los Directores de Departamentos Administrativos del orden nacional y del Distrito Capital, los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión y demás servidores públicos del orden nacional de igual o superior categoría, por hechos cometidos en ejercicio de sus funciones.

 

24. Conocer en única instancia los procesos disciplinarios a que se refiere el artículo 72 de este decreto.

 

25. Decidir en segunda instancia los procesos disciplinarios, que conozcan en primera instancia el Viceprocurador General o la Sala Disciplinaria.

 

26. Revocar de oficio sus propios actos y los expedidos en materia disciplinaria por los servidores de la Procuraduría General de la Nación, cuando sea procedente de acuerdo con la ley.

 

27. Revocar a solicitud de parte sus propios actos y los expedidos en materia disciplinaria por los servidores de la Procuraduría General de la Nación, cuando sea procedente de acuerdo con la ley y no esté asignada a otra dependencia de la entidad.

 

28. Revocar, de oficio o a solicitud de parte, los demás actos administrativos expedidos por cualquier servidor público de la entidad.

 

29. Aprobar los reglamentos que expidan los organismos de la rama ejecutiva del poder público, las entidades descentralizadas del orden nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los distritos especiales, relativos a la tramitación interna de las peticiones y la manera de atender las quejas relacionadas con los servicios a su cargo.

 

30. Adelantar gestiones ante entidades nacionales o extranjeras, con el fin de establecer relaciones interinstitucionales o celebrar convenios que contribuyan al cumplimiento de las funciones del Ministerio Público.

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 289

(7 JUL. 2005)

 

Por la cual se reglamenta la Resolución 287 del 5 de julio de 2005

 

El Procurador General de la Nación en ejercicio de sus funciones legales, en especial las que consagra el artículo 7, numerales 6, 7, 10 y 30 del Decreto 262 del año 2000

 

Considerando

 

1.      Que la Resolución 054 del 6 de marzo de 2001, creó la Secretaría de Asistencia Técnica -SAT -para la coordinación y cumplimiento del Acta de Entendimiento entre la Procuraduría General de la Nación y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

2.      Que la Resolución 054 del 6 de marzo de 2001, fue modificada por la Resolución 287 del 5 de julio de 2005

3.      Que dicha resolución se creo un subcomité para el seguimiento al proyecto de "Capacitación de Personeros en Materia de Derechos Humanos"

4.      Que dicho proyecto fue entregado al Instituto de Estudios del Ministerio Público, para que lo adelante en el futuro, con el acompañamiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

Resuelve

 

Artículo Conformación: El Subcomité de seguimiento al proyecto de "Capacitación a los Personeros Municipales en Materia de Derechos Humanos", estará conformado por:

 

1.      El Director(a) del Instituto de Estudios del Ministerio Público

2.      El Procurador(a) la Procuraduría Delegada en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos

3.      El coordinador(a) de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación

4.      El Director(a) Nacional de Promoción y Divulgación de la Defensoría del Pueblo

 

Parágrafo La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, será invitado de forma permanente a las reuniones de la Secretaría de Asistencia Técnica.

 

Parágrafo A las reuniones del Subcomité podrán asistir invitados, ya sea de forma permanente o temporal de acuerdo con las necesidades del Subcomité.

 

Parágrafo 3, La Secretaría Técnica estará a cargo de la oficina de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación.

 

Artículo Segundo. Funciones: Adiciónese al artículo 4 de la Resolución 054 de 2001, las siguientes funciones:

 

1.      Articular a través del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el proyecto de "Capacitación en Derechos Humanos a los Personeros Municipales".

2.      Incorporar como el eje articulador del Proyecto el tema de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo a la metodología de trabajo donada por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

3.      Elaborar los lineamientos generales que guiarán la ejecución del proyecto.

4.      Aprobar el Plan de Trabajo, currículos, así como los cronogramas y demás propuestas que resulten necesarias para garantizar la adecuada ejecución del proyecto.

5.      Hacer seguimiento a la implementación del proyecto.

6.      Centralizar la información y documentación relacionada con el proyecto.

7.      Hacer evaluaciones periódicas al proyecto y proponer correctivos sobre el desarrollo del mismo, cuando se requiera.

8.      Cualquier otra función que se considere necesaria por la Secretaría de Asistencia Técnica.

 

Artículo Tercero: Periodicidad. La Secretaría de Asistencia Técnica, SAT, se reunirá al menos una vez al mes, previa citación de la Coordinación de Asuntos Internacionales.

 

Artículo Cuarto: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 287

(5 JUL. 2005)

 

Por la cual se modifica la Resolución 054 del 6 de marzo de 2001

 

El Procurador General de la Nación en ejercicio de sus funciones legales, en especial las que consagra el artículo 7, numerales 6, 7,10 y 30 del Decreto 262 del año 2000

 

Considerando

 

1. Que la Resolución 054 del 6 de marzo de 2001, creó la Secretaría de Asistencia Técnica – SAT – para la coordinación y cumplimiento del Acta de Entendimiento entre la Procuraduría General de la Nación y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

2. Que es necesario modificar y actualizar la mencionada Resolución.

 

Resuelve

 

Artículo 1. Conformación: La Secretaria de Asistencia Técnica, SAT, estará conformada por: el titular de la Procuraduría Delegada en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos y por el coordinador(a) del grupo de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación, quien tendrá a cargo la Secretaría Técnica.

 

Parágrafo 1. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, será invitada, de forma permanente, a las reuniones de la Secretaría de Asistencia Técnica.

 

Parágrafo 2. La Secretaria de Asistencia Técnica y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, podrán invitar a sus reuniones a expertos, técnicos, funcionarios públicos y en general a personas que puedan contribuir a la discusión de alguno de los proyectos elaborados conjuntamente, entre otros.

 

Artículo Segundo.- Funciones: Adiciónese al artículo 4 de la Resolución 054 de 2001, las siguientes funciones:

 

Elaborar los lineamientos generales que guiarán la ejecución de los proyectos.

Hacer seguimiento a la implementación de los proyectos.

Centralizar la información y documentación relacionada con los proyectos.

Hacer evaluaciones periódicas al proyecto y proponer correctivos sobre el desarrollo de los proyectos cuando se requiera.

Cualquier otra función que se considere necesaria por la Secretaría de Asistencia Técnica.

 

Artículo Tercero: Periodicidad. La Secretaría de Asistencia Técnica, SAT, se reunirá al menos una vez al mes, previa citación de la Coordinación de Asuntos Internacionales.

 

Artículo Cuarto: Subcomité. Crease un subcomité para el seguimiento del proyecto de Capacitación a personeros municipales en Derechos Humanos.

 

Artículo Quinto: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 054

(06 MAR 2001)

 

Por la cual se crea la SECRETARIA DE ASISTENCIA TECNICA (SAT) para la coordinación y cumplimiento del Acta de Entendimiento entre la Procuraduría General de la Nación y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se establecen sus funciones:

 

El Procurador General en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le concede el artículo 7, numerales 6,7,10 y 30 del Decreto 262 del año 2000,

RESUELVE:

 

Artículo 1°.- Créase la SECRETARIA DE ASISTENCIA TECNICA (SAT), dependiente del Procurador General, para dar cumplimiento del Acta de Entendimiento entre la Procuraduría General de la Nación y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

Artículo 2°.- Conformación. Conformaran la Secretaría, por parte de la Procuraduría General, la asesora para los Derechos Humanos del Procurador General, Dra. MARIA CARRIZOSA; las Asesoras del Despacho del Procurador General, Dra., GLADYS JIMENO y Dra., CATALINA SANDOVAL y el Asesor del Viceprocurador General, Dr. OSCAR JULIAN GUERRERO PERALTA. Por parte de la OACNUDH el consultor designado por dicha entidad.

 

Articulo 3°- Secretaría. Estará encargada de la Secretaría de la SAT la Dra. María Carrizosa.

 

Articulo 4°.- Funciones. Serán funciones de la Secretaría de Asistencia Técnica (SAT) las siguientes:

 

1.- Coordinar la relación entre la Procuraduría General y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) para efectos de dar cumplimiento al Acta de Entendimiento.

 

2.- Elaborar los lineamientos generales que guiarán la ejecución de los proyectos de cooperación que se propongan.

 

3.- Elaborar un plan de trabajo, así como los cronogramas y demás propuestas que resulten necesarias para garantizar la adecuada ejecución de los proyectos.

 

4.- Centralizar la información y documentación relacionada con los proyectos de cooperación en ejecución.

 

5.- Hacer evaluaciones, seguimiento y proponer correctivos sobre el desarrollo de los proyectos de cooperación.

 

6.- Elaborar la evaluación final de los proyectos y presentarla con recomendaciones, para aprobación de las partes.

 

Articulo 5°.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE,

 

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON

 

Dada en Bogotá, D.C., a los 06 Marzo 2001.

 

 

31. Conocer y resolver los impedimentos manifestados por los funcionarios de su despacho, el Viceprocurador, los procuradores delegados, los procuradores distritales, el Secretario General, el Veedor, el Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, los delegados del Procurador en las Comisiones de Personal y de Carrera de la Procuraduría General, así como las recusaciones que contra ellos se formulen.

 

En relación con los procuradores delegados con funciones de intervención ante las autoridades judiciales, el Procurador General ejercerá esta función cuando la ley no disponga otra cosa.

 

32. Conocer y resolver los impedimentos manifestados por los servidores públicos que desempeñen funciones a nivel nacional y carezcan de superior jerárquico, así como el Alcalde Mayor, el Personero y el Contralor de Santa Fe de Bogotá, D. C. Igualmente conocerá las recusaciones que contra ellos se formulen, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo.

 

33. Designar el funcionario que conocerá de los asuntos en los cuales al Viceprocurador General le sea aceptado impedimento o resultare procedente una recusación. Igual atribución tendrá cuando decida directamente sobre el impedimento o la recusación de cualquier servidor público.

 

34. Crear comités asesores y grupos de trabajo para el cumplimiento de las funciones de la entidad y los previstos en la ley.

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 148

(17 MAYO 2005)

 

Por la cual se crea el Grupo Disciplinario de Asesores en Prevención e Investigación del Presupuesto Público, Manejo de Regalías y de Recursos con destino al Sector de la Salud del Despacho del Procurador General de la Nación, se fija su estructura y se señalan la misión y funciones del señalado Grupo.

 

El Procurador General de la Nación

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y

Considerando:

 

Que los numerales 6º y 7º del artículo 277 de la Carta Política permiten la intervención de la Procuraduría General de la Nación ante las autoridades públicas, así como ante los particulares que ejercen funciones públicas.

 

Que los numerales 2 y 7 del artículo 7º del decreto-ley 262 de 2000 le otorgan al Procurador General de la Nación las facultades de formular políticas generales y expedir los actos administrativos en materia de control disciplinario y vigilancia superior, para desarrollar las atribuciones legales y constitucionales y el parágrafo del numeral 58 ibídem le autoriza la asignación, distribución y delegación de funciones constitucionales y legales permitidas.

 

Que la frecuente ocurrencia de gravísimos hechos de corrupción administrativa por la irregular ejecución de los presupuestos públicos, por el desvío de recursos públicos para fines diferentes a los exclusivamente señalados en la Constitución y la ley, especialmente de los provenientes de regalías y de aquellos destinados al sector de la salud que afectan el patrimonio económico del Estado, por su trascendencia, naturaleza y por la jerarquía de los servidores públicos implicados, han hecho necesario que el Procurador General de la Nación a través de grupos especiales, adelante las investigaciones disciplinarias respectivas, con el fin de garantizar la eficacia, la eficiencia y la superación de la impunidad por estas gravísimas conductas.

 

Que para prevenir la comisión de los hechos anteriormente descritos y adelantar en forma rápida y oportuna las investigaciones que surjan por las conductas referidas, se hace necesario organizar y definir un grupo especial que actúe en forma preventiva y que asuma el conocimiento de los procesos disciplinarios por hechos que configuren gravísimas transgresiones al Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y de sus entidades descentralizadas, a los estatutos orgánicos de los presupuestos territoriales, lo mismo que por hechos que configuren indebido manejo de los recursos provenientes de regalías y de los destinados al sector de la salud,

 

RESUELVE:

 

Capítulo l. Conformación y Misión.

 

Artículo 1.- Conformación. Créase el Grupo de Asesores Disciplinarios en Prevención e Investigación del Presupuesto Público, Manejo de Regalías y de recursos destinados al sector salud, adscrito al Despacho del Procurador General de la Nación.

 

Artículo 2.- Misión. El Grupo de Asesores Disciplinarios en Prevención Investigación del Presupuesto Público, Manejo de Regalías y de recursos destinados al sector salud, tiene como misión asesorar al Procurador General de la Nación en su objetivo de disminuir los índices de corrupción e investigar y sancionar disciplinariamente las gravísimas transgresiones al Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y de sus entidades descentralizadas, a los estatutos orgánicos de los presupuestos territoriales, al indebido manejo de los recursos provenientes de regalías y al desvío de los recursos destinados al sector de la salud.

 

Capitulo II. Estructura, Dirección y Coordinación.

 

Artículo 3.- Estructura. El Grupo de Asesores Disciplinarios en Prevención e Investigación del Presupuesto Público, Manejo de Regalías y de recursos destinados al sector salud, contará con una dirección, una coordinación y los Asesores adscritos.

 

Artículo 4.- Dirección. El Grupo de Asesores Disciplinarios en Prevención e Investigación del Presupuesto Público, Manejo de Regalías y de recursos destinados al sector salud, estará adscrito al Despacho del Procurador General de la Nación y actuará subsidiariamente bajo la orientación del señor Viceprocurador General de la Nación.

 

La integración del grupo y los profesionales que lo conformen será asunto a definir por resolución administrativa independiente.

 

Artículo 5.- Coordinación. Del Grupo de Asesores Disciplinarios en Prevención e Investigación del Presupuesto Público, Manejo de Regalías y de recursos destinados al sector salud, el Procurador General de la Nación designará un coordinador, quien estará encargado de implementar las políticas y seguir las directrices que se le señalen.

 

En el mismo acto administrativo se designará un segundo coordinador que reemplazará al coordinador cuando no se encuentre disponible.

 

Capítulo III Funciones.

 

Artículo 6.- Funciones del Coordinador. El Coordinador del Grupo de Asesores Disciplinarios en Prevención e Investigación del Presupuesto Público, Manejo de Regalías y de recursos destinados al sector salud, tendrá las siguientes funciones:

 

 

a)      Seleccionar los hechos por los cuales se adelantarán indagaciones e investigaciones disciplinarias.

 

b)      Distribuir equitativamente los casos seleccionados entre los diferentes asesores, teniendo en cuenta criterios regionales y de especialización temática.

 

c)      Remitir o autorizar la remisión por competencia de los casos e investigaciones que correspondan a otras dependencias de la Procuraduría General de la Nación o del Ministerio Público.

 

d)      Establecer, siguiendo las instrucciones del señor Viceprocurador General de la Nación, las pautas o criterios generales de aplicación de las normas sustantivas, procesales y la competencia para el conocimiento de las investigaciones disciplinarias, apoyándose en la ley, los conceptos, la doctrina y la jurisprudencia existente sobre la materia.

 

e)      Fijar metas y objetivos del Grupo; hacer seguimiento y evaluar desde el punto de vista de la producción o número de providencias emitidas y de la calidad jurídica de las mismas, atendiendo las gestiones realizadas para el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de criterios jurídicos por parte de los Asesores a su cargo.

 

f)       Crear subgrupos de trabajo funcionales de acuerdo con los temas y áreas geográficas en las que sean requeridos, cuando ello sea necesario para mejorar la función.    

 

g)      Rendir informe al señor Procurador General de la Nación y al señor Viceprocurador General de la Nación sobre la gestión y producción del Grupo de Asesores, formulando las recomendaciones para el mejoramiento y fortalecimiento de la labor de la Oficina.

 

h)      Dar visto bueno previo a los autos de desplazamiento de los Asesores Disciplinarios en Prevención e Investigación del Presupuesto Público, Manejo de Regalías y de recursos destinados al sector salud, para la firma del señor Procurador o Viceprocurador General de la Nación, teniendo en cuenta la necesidad y racionabilidad de su ejecución.

 

i)       Recibir y administrar los recursos logísticos y técnicos con que cuente la Oficina de Asesores en Prevención e Investigación del Presupuesto Público, Manejo de Regalías y de recursos destinados al sector salud, y velar por su adecuada utilización y gasto.

 

j)             Mantener actualizado el listado de casos adelantados por la Oficina de Asesores y el sistema de información y registro GEDIS, para lo cual obtendrá la colaboración de los funcionarios que laboran en la oficina.

 

k)            Gestionar los recursos y apoyos logísticos necesarios para el cumplimiento de las labores propias de la oficina.

 

l)             Llevar la vocería del Grupo de Asesores en Prevención e Investigación del Presupuesto Público, Manejo de Regalías y de recursos destinados al sector salud ante las diferentes dependencias de la Procuraduría General de la Nación y ante las demás entidades e instituciones, por designación del señor Procurador General de la Nación o del señor Viceprocurador General de la Nación.

 

m )    Conceder permisos al personal del Grupo a su cargo de conformidad con la ley.

 

n)      Las demás que le encomiende el señor Procurador el señor Viceprocurador General de la Nación.

 

Artículo 7.- Funciones del Grupo de Asesores. Además de las funciones establecidas en la ley y las que el Procurador General de la Nación les asigne, los funcionarios del Grupo de Asesores Disciplinarios en prevención e investigación del Presupuesto Público, Manejo de Regalías y de recursos destinados al sector salud, adscritos al Despacho del Procurador General de la Nación, tendrán las siguientes funciones, que serán encomendadas por el Procurador General de la Nación o por el señor Viceprocurador General de la Nación:

 

a)      Adelantar indagaciones e investigaciones disciplinarias por gravísimas transgresiones al Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y de sus entidades descentralizadas, a los estatutos orgánicos de los presupuestos territoriales, lo mismo que al indebido manejo de los recursos provenientes de regalías y de aquellos destinados al sector de la salud.

 

b)      Efectuar la instrucción de investigaciones disciplinarias y la práctica de pruebas, por comisión del Procurador General de la Nación o del Viceprocurador General de la Nación.

 

c)      Adelantar actuaciones preventivas e intervenir ante las entidades públicas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los intereses de la sociedad.

 

d)      Prestar apoyo específico dentro de las investigaciones disciplinarias.

 

e)      Colaborar en el estudio, evaluación y proyección de conceptos y asuntos en materia presupuestal y de los recursos provenientes de regalías y de aquellos destinados al sector de la salud.

 

f)       Realizar todas las actividades y actuaciones pertinentes conforme a las designaciones y delegaciones otorgadas.

 

Artículo 8.- La Secretaría del Grupo de Asesores Disciplinarios en Contratación del despacho del señor Procurador General de la Nación, realizará las funciones de secretaría del Grupo de Asesores Disciplinarios en Prevención e Investigación del Presupuesto Público, Manejo de Regalías y de recursos destinados al sector salud.

 

Artículo 9.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las demás resoluciones que le sean contrarias.

 

Dada en Bogotá, D.C., a los 17 MAYO 2005

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON

Procurador General de la Nación

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 064

(4 MAR 2005)

 

"Por la cual se crea un Comité para elaborar una propuesta"

 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales y en especial de las conferidas por el artículo 278 de la Constitución Política de Colombia y los numerales 6°,7° y 34° del artículo 7° del Decreto Ley 262 del 22 de febrero de 2000, y

 

CONSIDERANDO

 

Que el numeral 6 del articulo 7° del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, confiere al Procurador General de la Nación la atribución de "Asignar funciones especiales a las dependencias y empleos de la Procuraduría General de la Nación";

 

Que el numeral 6 del articulo 7° del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, otorga al Procurador General de la Nación la función de "Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarias para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por Ley. ";

 

Que es igualmente función del Procurador General de la Nación "Crear comités asesores y grupos de trabajo para el cumplimiento de las funciones de la entidad y los previstos en la Ley, tal como lo dispone el numeral 34° del artículo 7° del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000;

 

Que el grupo de Asuntos Internacionales adscrito al Despacho del Procurador, creado mediante Resolución No. 222 de 9 de agosto de 2001, presentó su informe de gestión correspondiente al período 2001 -2004.

 

Que en dicho informe se relaciona el diseño e implementación de una metodología de trabajo, que se ha construido a partir del desarrollo de los distintos proyectos que cuentan con apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional, entre el Grupo de Asuntos Internacionales y las delegadas y dependencias que tienen a cargo dichos proyectos.

 

Que el desarrollo de dichos proyectos ha implicado para la entidad la consolidación de grupos de expertos en las diferentes materias y en consecuencia el fortalecimiento institucional a través de procesos de investigación, capacitación y formación, dirigidos a los servidores de la entidad y de otras instituciones públicas.

 

Que dadas las funciones asignadas el IEMP, a través del Decreto Ley 262 de 2000, es necesario articular e integrar al mismo el trabajo que adelantan el grupo de Asuntos Internacionales y las distintas delegadas y dependencias de la PGN que desarrollan proyectos, así como la metodología construida, con miras a fortalecer su capacidad y a institucionalizar los resultados y la experiencia adquirida.

 

Que al efecto es necesario crear un comité que elabore una propuesta que concrete ese objetivo.

 

Que por lo expuesto:

 

RESUELVE

 

ARTICULO PRIMERO 1º; Crear un comité conformado por los titulares de las Delegadas Preventiva en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, para el Ministerio Público, para Asuntos Ambientales y Agrarios, para la Defensa del Menor y la Familia, para Asuntos Laborales, el Instituto de Estudios del Ministerio Público, la Oficina de Planeación y por la Jefe del Grupo de trabajo de Asuntos Internacionales que lo coordinará.

 

Dicho Comité deberá preparar una propuesta que permita la articulación e integración al Instituto de Estudios del Ministerio Público del trabajo que se ha desarrollado en las distintas delegadas y dependencias que ejecutan proyectos con el apoyo y asistencia técnica de la comunidad internacional, así como la metodología que se ha construido en la entidad para el efecto, la cual se presentará a consideración del Despacho del Procurador General de la Nación, en un término no superior a 3 meses contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución.

 

PARAGRAFO: La participación en el Comité será indelegable.

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Coordinadora del Comité podrá invitar a participar en las discusiones y ejercicios del grupo, a expertos nacionales, a funcionarios de la entidad y de otras instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema.

 

Las demás que le asigne el Procurador General de la Nación

 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige desde la fecha de su expedición y deroga las demás disposiciones que le contrarias.

 

Dada en Bogotá, D.C., a los 4 MAR. 2005

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 033

(8 FEB. 2005)

 

Por medio de la cual se crea el Grupo de Trabajo de Apoyo al desarrollo de la consultoría especializada para recomendar la arquitectura de sistemas de información para las áreas misionales de la Procuraduría General de la Nación.

 

El Procurador General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante Resolución No. 119 del 23 de abril de 2004 se unificó la normatividad relativa a la ejecución y administración del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación,

 

Que en desarrollo del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la PGN y como resultado de la Licitación Pública Nacional No.18 de 2004 -BID, entre la Universidad de los Andes y la Procuraduría General de la Nación se celebró el Contrato de Consultoría Especializada No. 066 de 2004, cuyo objeto consiste en: "Recomendar la arquitectura de sistemas de información para las áreas misionales de la Procuraduría General de la Nación y elaborar los requerimientos técnicos de los términos de referencia para la contratación y/o mejora de los sistemas de información que le permitan a la Entidad avanzar, con una visión integrada de sus sistemas de información, en el proceso de modernización,"

 

Que se hace necesario implementar el Grupo de Trabajo de Apoyo de la Procuraduría General de la Nación que participará en el desarrollo del objeto de la Consultoría en cita, designado los funcionarios que deben atender este propósito y los roles que deben cumplir.

 

Que para tal intervención la ley contempla la creación de grupos de trabajo, según el numeral 34 del artículo 7Q del Decreto 262 de 2000,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO: Crear el Grupo de Trabajo de Apoyo al desarrollo de la consultoría especializada con el fin de "Recomendar la arquitectura de sistemas de información para las áreas misionales de la Procuraduría General de la Nación y elaborar los requerimientos técnicos de los términos de referencia para la contratación y/o mejora de los sistemas de información que le permitan a la Entidad avanzar, con una visión integrada de sus sistemas de información, en el proceso de modernización", objeto del contrato perfeccionado entre la Universidad de los Andes y la Procuraduría General de la Nación.

 

SEGUNDO: Conformación. El Grupo de Trabajo de Apoyo desarrollará sus funciones bajo la directa coordinación del Viceprocurador General de la Nación, quien será el Líder del Proyecto, y estará conformado por un Comité Directivo, un Gerente del Proyecto, un Líder Técnico, un Líder de Usuarios, un Líder de Procesos y el Supervisor designado para el Proyecto. Participarán en calidad de invitados el Jefe de la Oficina de Control Interno y la Gerencia del Proyecto PGN- BID.

 

TERCERO: Del Comité Directivo. El Comité Directivo es el máximo órgano de dirección y decisión del Proyecto y estará integrado por el Viceprocurador General de la Nación, el Gerente del Proyecto y el Supervisor del Proyecto. El Jefe de la Oficina de Control Interno y la Gerencia del Proyecto PGN-BID participarán en el Comité en calidad de invitados.

 

CUARTO: Funciones del Comité Directivo: Son funciones del Comité directivo:

 

a.      Recibir los informes de avance y resultados del Proyecto que remitan el Gerente del Proyecto y el Supervisor del contrato.

 

b.      Evaluar periódicamente el avance del Proyecto.

 

c.      Asignar los recursos requeridos para el éxito del Proyecto.

 

d.      Pronunciarse en aquellos asuntos que comprometan el desarrollo del Proyecto y aquellos relacionados con el objeto del contrato, cuando estos le sean sometidos a su consideración.

 

QUINTO: Reuniones del Comité Directivo. El Comité Directivo se reunirá mensualmente en forma ordinaria y extraordinariamente cuando así lo disponga el Viceprocurador General de la Nación.

 

De las reuniones del Comité Directivo se levantarán actas que deberán ser suscritas por los asistentes. El Gerente del Proyecto se encargará de la Secretaría Técnica del Comité.

 

SEXTO: líder del Proyecto y funciones. El Viceprocurador General de la Nación será el Líder del Proyecto. Tendrá el nivel de superior jerárquico del Grupo de Trabajo creado por esta Resolución y tendrá a su cargo las siguientes funciones:

 

a.      Presidir las reuniones del Comité Directivo.

 

b.      Asegurar que los recursos y requerimientos necesarios para la adecuada ejecución del Proyecto sean oportunamente suministrados.

 

c.      Pronunciarse en aquellos asuntos que comprometan el desarrollo del Proyecto cuando quiera que éstos le sean consultados.

 

SÉPTIMO: Gerente del Proyecto por parte de la Procuraduría General de la Nación y Funciones, El Doctor JORGE ELIÉCER GAITÁN PEÑA será el Gerente del Proyecto por parte de la Procuraduría General de la Nación. En tal calidad tendrá a su cargo las siguientes funciones:

 

a.      Procurar el éxito del desarrollo del Proyecto al interior de la Procuraduría, en coordinación con el Gerente del Proyecto definido por la Universidad de los Andes.

 

b.      Asegurar el cumplimiento de las actividades, cronogramas y metas definidos al inicio del Proyecto.

 

c.      Rendir al Viceprocurador General los informes de avances y resultados obtenidos en el desarrollo del Proyecto de acuerdo a los cronogramas convenidos, y proyectar para la firma del Viceprocurador los informes requeridos por el Procurador General.

 

d.      Colaborar con el supervisor del Proyecto en todo aquello que pueda contribuir al buen desarrollo de sus funciones.

 

e.      Llevar el control de la documentación que se desprenda del desarrollo del contrato.

 

f.        Resolver o tramitar las consultas que le sean elevadas por la Universidad de los Andes en desarrollo del Proyecto.

 

g.      Convocar, de conformidad con el cronograma de trabajo, al Gerente del Proyecto de la Universidad de los Andes y al supervisor del Proyecto para presentar los informes de avance y resultados del Proyecto, de lo cual se levantarán las actas respectivas.

 

h.      Revisar, en coordinación con los usuarios funcionales y técnicos, los productos intermedios y finales del Proyecto.

 

Parágrafo: Para el cumplimiento de sus funciones, el Gerente del Proyecto queda facultado para adoptar las decisiones que faciliten el desarrollo del Proyecto. Sin embargo, deberá consultar al Viceprocurador aquellos asuntos que comprometan el desarrollo del Proyecto.

 

OCTAVO: Del Supervisor del Proyecto y sus funciones. Como Supervisor designado del Proyecto funge el Ingeniero MAURICIO LÓPEZ BOHÓRQUEZ, quien cumplirá las funciones establecidas en el contrato, aquellas establecidas en el manual de organización y funciones de los supervisores de contratos del Programa PGN -BID, y las definidas en la Resolución No. 340 del 14 de noviembre de 2001.

 

NOVENO: Del Líder Técnico y sus funciones. El Ingeniero JAVIER SALAZAR CEDEÑO será el Líder Técnico del Proyecto y en tal calidad tendrá las siguientes funciones:

 

a.      Asistir al Gerente del Proyecto para el cabal cumplimiento de las funciones asignadas.

 

b.      Suministrar los recursos técnicos para el desarrollo del Proyecto.

 

c.      Coordinar el grupo de apoyo técnico (responsables de los sistemas de información en la Oficina de Sistemas), de tal manera que se garantice la entrega de la información requerida por el Contratista y se realicen las validaciones necesarias de los productos entregados por el mismo.

 

d.      Servir como principal interlocutor técnico de la PGN.

 

e.      Monitorear el desarrollo técnico de la solución.

 

DÉCIMO: Del Líder de Procesos y sus funciones. El Doctor OMAR VIVAS será el Líder de Procesos del Proyecto: y en tal calidad tendrá las siguientes funciones:

 

a.      Asistir al Gerente del Proyecto para el cabal cumplimiento de las funciones asignadas.

 

b.      Aportar los lineamientos procedimentales establecidos dentro de la PGN.

 

c.      Validar, en coordinación con los usuarios, las mejoras propuestas por el contratista en los procesos

 

DÉCIMO PRIMERO: Del Líder de Usuarios y sus funciones. La Doctora PATRICIA GUTIÉRREZ será la Líder de Usuarios del Proyecto y en tal calidad tendrá las siguientes funciones:

 

a.      Coordinar el grupo de usuarios de las diferentes áreas misionales, de tal manera que se garantice la entrega de la información requerida por el Contratista y se realicen las validaciones necesarias de los productos entregados por el mismo.

 

b.      Participar activamente durante las validaciones de los productos, principalmente de las etapas 1, 2 y 4 del Proyecto.

 

DECIMO SEGUNDO: De algunos Funcionarios de las Áreas Preventiva, Disciplinaria, Derechos Humanos e Intervención. Durante el desarrollo de las distintas fases del Proyecto, el Gerente y/o el Líder de Usuarios podrán requerir, cuando lo consideren conveniente, a distintos funcionarios de las áreas .misionales de la Procuraduría General de la Nación que cuenten con alto grado de conocimiento de las mismas para que cumplan las siguientes funciones:

 

a.      Brindar la información solicitada por el grupo de trabajo de la Universidad de los Andes.

 

b.      Colaborar en la identificación de necesidades de información.

 

c.      Participar activamente durante las validaciones de los productos, principalmente de las etapas 1, 2 y 4 del Proyecto.

 

d.      Cumplir con las actividades y responsabilidades asignadas por el Líder del Proyecto y el Líder de Usuarios.

 

DÉCIMO TERCERO: Vigencia. La presente Resolución rige hasta la culminación del contrato No. 066 de 2004, a partir de la fecha de su publicación.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Dada en Bogotá D.C., - a los - 8 días del mes FEB de 2005,

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

35. Organizar, en las entidades territoriales, oficinas especiales de las diferentes dependencias de la Procuraduría, con las funciones establecidas en este decreto, según las necesidades del servicio, sin establecer a cargo del Tesoro Público obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la Ley de Apropiaciones.

 

36. Expedir, como supremo director del Ministerio Público, las directivas y circulares que resulten conducentes para el ejercicio de las funciones públicas y para prevenir la comisión de faltas disciplinarias de los servidores públicos.

 

 

 

DIRECTIVA Nº 16

(6 de septiembre de 2004)

 

DE:            PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA:       GOBERNADORES, ALCALDES TESOREROS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES PRESIDENTE FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS PRESIDENTE FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DEPARTAMENTOS PROCURADORES REGIONALES PROCURADORES PROVINCIALES

ASUNTO:   Contratación abogados para cobro del impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de avisos y tableros a las empresas que generan, transportan y distribuyen energía. Alcance de las medidas cautelares decretadas dentro de los Procesos de jurisdicción coactiva.

FECHA:     Septiembre seis (6) de dos mil cuatro (2004)

 

De conformidad con el numeral 36 del artículo 7º del Decreto 262 de 2000, "corresponde al Procurador General de la Nación expedir las directivas y circulares que resulten conducentes para el ejercicio de las funciones públicas y para prevenir la comisión de faltas disciplinarias de los servidores públicos", con base en los siguientes

 

ANTECEDENTES

 

1. En algunos municipios del país se han suscrito contratos de prestación de servicios profesionales con abogados "expertos" en el cobro coactivo del Impuesto de Industria, Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros (ICA);

 

2. Los contratos realizados no observan lo dispuesto por el artículo 32 numeral 3º de la Ley 80 de 1993, para la contratación de servicios profesionales, que bien pueden ser efectuados por el personal de planta encargado de atender los asuntos legales;

 

3. La ley 136 de 1993, artículo 91 literal c), asigna a los alcaldes la jurisdicción coactiva para el cobro de obligaciones a favor del municipio que para el caso de los impuestos, deben acudir a las normas del Estatuto Tributario, conforme lo ordena el artículo 66 de la Ley 383 de 1997;

 

4. En los procesos de jurisdicción coactiva, algunos alcaldes y tesoreros municipales han sido asesorados directamente por el contratista en el sentido de rechazar las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, así como en la interposición de los recursos correspondientes, con la clara intención de hacer efectivo el cobro de la obligación tributario de carácter local y en consecuencia, cobrar los honorarios pactados por anticipado en porcentajes desproporcionados con la gestión, al margen de las acciones contencioso administrativas que se adelanten para la determinación del citado tributo;

 

5. Con base en las pruebas aportadas, así como en las obtenidas en las visitas de la Comisión Energética de la Procuraduría General de la Nación y en las reuniones celebradas en el Ministerio de Minas y Energía, se establece el ostensible concurso de actuaciones irregulares en que se encuentran incursos algunos de los abogados contratistas y algunos de los funcionarios públicos contratantes;

 

6. Cabe citar el criterio señalado por la Corte Constitucional, en materia de moralidad, según el cual: ..."en su acepción constitucional, no se circunscribe al fuero interno de los servidores públicos sino que abarca toda la gama del comportamiento que la sociedad en un momento dado espera de quienes manejan los recursos de la comunidad y que no puede ser otro que el de absoluta pulcritud y honestidad"[6];

 

7. Los impuestos municipales constituyen la columna vertebral del presupuesto general de ingresos de tales entes territoriales. Por ende, se afecta el patrimonio público, aduciendo una supuesta eficiencia en el recaudo que solo se ve reflejada en el pago de exagerados honorarios a cuota litis para el contratista, sobre el valor del Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros (ICA) determinado para iniciar el proceso de jurisdicción coactiva, cuando en la mayoría de los casos ya se han cancelado los valores respectivos y, en otros, se encuentran en discusión ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo;

 

8. La citada contratación no solo atenta contra especiales disposiciones del Código Contencioso Administrativo y del Estatuto Tributario, sino que atenta directamente contra la prestación normal del servicio público esencial de energía eléctrica, toda vez que las medidas cautelares resultan desproporcionadas frente a las sumas que se pretenden recaudar y de las cuales se deben deducir los descomunales honorarios, así como los valores correspondiente al IVA por concepto de los mismos;

 

9. De conformidad con el artículo 54 numeral 1º del Estatuto de la Abogacía, constituye falta a la honradez del abogado: "Exigir u obtener remuneración o beneficios desproporcionados a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente". La jurisprudencia sobre la materia ha fijado cinco criterios para determinar el cobro de honorarios desproporcionados por parte de los abogados: el trabajo efectivamente desplegado por el abogado litigante, el prestigio del mismo, la complejidad del asunto, el monto de la cuantía y la capacidad económica del cliente;

 

10. Los Procuradores Regionales y los Procuradores Provinciales, en el ámbito de su competencia, verificarán si gobernadores y alcaldes han realizado, tienen proyecto de realizar o dentro de sus planes de acción tiene programado contratos con el objeto aquí mencionado, para lo cual solicitarán la información correspondiente y de resultar positivo iniciarán las acciones preventivas pertinentes o se avisará inmediatamente a la Viceprocuraduría General de la Nación en los eventos donde se encuentren en trámites dichos contratos o ya se hayan celebrado.

 

Este Despacho profiere la siguiente:

 

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA

 

PRIMERO. Los recursos presupuestales que se asignen a los trámites de contratación, deberán ajustarse a criterios de moralidad, necesidad, economía, racionalidad, eficiencia y austeridad, previniendo por todos los medios los despilfarros y la comisión de delitos y faltas de naturaleza fiscal o disciplinaria, sin perjuicio de las demás consecuencias civiles o penales que puedan derivarse de sus acciones u omisiones.

 

SEGUNDO: Los contratos de prestación de servicios profesionales para el cobro de los impuestos municipales, son de naturaleza excepcional de conformidad con el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, puesto que están sujetos al principio de suficiencia de planta de personal.

 

Lo anterior significa que previo a su celebración y como condición de validez de la misma se cumplan los requisitos previstos en el artículo 3º del Decreto 2209 de 1998.

 

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, la calificación sobre la idoneidad y experiencia del profesional debe ser previa a la celebración del contrato, solemnizarse por escrito y certificar porqué el profesional a seleccionar es quien puede prestar los servicios con prescindencia de otros que actúen en el mercado.

 

Si por razón de la materia son varios los profesionales en condiciones de prestar el servicio, se deberá realizar en todo caso la selección objetiva como se infiere del artículo 2 del Decreto 855 de 1994.

 

CUARTO: El incumplimiento de las mencionadas normas legales y reglamentarias constituye falta gravísima por lo dispuesto en el artículo 38 numerales 30 y 31 de la Ley 734 de 2002.

 

QUINTO: De conformidad con la sentencia C-037 de 2003, proferida por la Honorable Corte Constitucional, cuando los asesores externos cumplan funciones públicas serán disciplinarias en la aplicación del factor material de competencia, de acuerdo con lo señalado en el artículo 53 de la citada Ley 734 de 2002.

 

Al respecto debe tenerse en cuenta que el recaudo de impuestos en cualquier modalidad es el ejercicio de una función pública.

 

SEXTO: Los servidores públicos deberán dentro del trámite del proceso de jurisdicción coactiva, observar las prescripciones constitucionales y legales, en especial las relativas a la ejecutoria de los actos administrativos y las referidas al cobro coactivo contenidos en el Capítulo VIII del Estatuto Tributario, que garanticen los principios de legalidad, razonabilidad, el debido proceso y la salvaguarda del derecho de defensa.

 

SÉPTIMO: La inobservancia de las anteriores conductas, constituyen violación al deber previsto en el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que acarrea la consecuente sanción disciplinaria.

 

OCTAVO: Los Procuradores Regionales y los Procuradores Provinciales en el ámbito de sus competencias velarán por el cumplimiento de las normas relacionadas con este asunto y efectuarán los debidos controles tal como se ha señalado.

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

 

DIRECTIVA Nº 15

(17 AGO 2004)

 

"Por medio de la cual se modifica el artículo cuarto de la Directiva No. 10 del 21 de mayo de 2004, que a su vez fijó criterios de aplicación de la sentencia C-249 de 2004 en relación con la contratación con organismos internacionales"

 

El Procurador General de la Nación con fundamento en sus competencias constitucionales y legales, especialmente las atribuidas en el artículo 7º numerales 7, 18 y 36 del Decreto 262 de 2000,

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante la Directiva No. 10 del 21 de mayo de 2004, la Procuraduría General de la Nación fijó algunos criterios de aplicación de la sentencia C-249 de 2004, a través de la cual la Corte Constitucional señaló el alcance e interpretación del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, en especial, en lo que hace relación a la contratación con organismos internacionales.

 

Que en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1896 del 10 de junio de 2004, reglamentario del mencionado artículo 13 y derogatorio del artículo 15 del Decreto 2170 de 2002.

 

Que el pasado 7 de julio, previa concertación con la Procuraduría General de la Nación, el Gobierno profirió el Decreto 2166, a través del cual modifica el 1896 y reglamenta parcialmente el mismo artículo 13.

 

Que teniendo en cuenta que este último decreto reglamentó lo atinente a los contratos y convenios para administración de recursos celebrados con organismos : ; l -' de cooperación, asistencia o ayuda internacionales con anterioridad al 17 de marzo de 2004, es del caso modificar la Directiva No. 10 del 21 de mayo de 2004, en lo que a dichos contratos se refiere.

 

RESUELVE

 

PRIMERO: Modificar el artículo cuarto de la Directa No. 10 del 21 de mayo de 2004, el cual quedará así:

 

"Los contratos o convenios cuyo objeto sea la administración de recursos celebrados con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales con anterioridad al17 de marzo de 2004, así como los contratos que en desarrollo de estos se suscriban, continuarán rigiéndose hasta su terminación, por los reglamentos de tales entidades, en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes.

 

Los contratos o convenios para la administración de recursos celebrados con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales con anterioridad al 17 de marzo de 2004, continuarán ejecutándose en los términos inicialmente pactados hasta el cumplimiento de su objeto y no podrán ser adicionados en recursos".

 

SEGUNDO: Los demás términos y condiciones establecidos en la Directiva No. 10 continúan vigentes.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

DIRECTIVA Nº 10

MAYO 21 DE 2004

 

"Por medio de la cual se fijan criterios de aplicación de la sentencia C-249 de 2004 en relación con la contratación con organismos internacionales"

 

El Procurador General de la Nación con fundamento en sus competencias constitucionales y legales, especialmente las atribuidas en el artículo 7, numerales 7, 18 y 36 del Decreto-Ley 262 de 2000,

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante la sentencia C-249 de 2004, la Corte Constitucional señaló el alcance e interpretación del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, en especial en lo que hace a la contratación con organismos internacionales.

 

Que en el mencionado fallo se determinó que el inciso final del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, según el cual las entidades estatales podrán someterse a los reglamentos de los organismos internacionales en todo lo relacionado con procedimientos de formación y ejecución y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes es "inaplicable en relación con aquellos contratos relativos a recursos del presupuesto General de la Nación o de los presupuestos territoriales, cuando tales recursos no correspondan a donaciones o empréstitos" (resaltado fuera de texto).

 

Que la discrecionalidad a la que hace referencia el inciso 4 del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, en los términos de la Corte Constitucional, se "refiere con exclusividad a los ingresos percibidos por el Tesoro Público de parte de entes u organismos internacionales" (resaltado de la Corte).

 

Que dada la importancia del tema en el manejo y como consecuencia de las distintas interpretaciones que se han suscitado con ocasión de la providencia reseñada, el Procurador General de la Nación, en ejercicio de su competencia de vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales, artículo 277, numeral 1 de la Constitución y señalar criterios claros en lo que hace al ejercicio de la función pública y prevenir la comisión de faltas disciplinarias,

 

RESUELVE:

 

Primero: Todos los convenios y contratos celebrados por las entidades públicas en aplicación del inciso final del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a partir del 17 de marzo del año en curso, día siguiente a aquel en que fue adoptada la sentencia C-249 de 2004, contraviniendo lo señalado en ella, deben terminarse unilateralmente de conformidad con los artículos 44, numeral 2 y 45 de la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta los efectos jurídicos derivados de dicho pronunciamiento.

 

Lo anterior, en aplicación del artículo 56 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que señala que las sentencias tendrán la fecha en que se adopten y sus efectos empezarán a surtirse al día siguiente en que la Sala Plena ha tomado la respectiva decisión.

 

Segundo: Como consecuencia de la sentencia en mención, ha de entenderse que el artículo 15 del Decreto 2170 de 2002, no podrá seguir aplicándose por resultar contrario a la interpretación que del artículo 13 efectuó la Corte Constitucional.

 

Tercero: Las entidades estatales rendirán un informe detallado a la Procuraduría General de los convenios y contratos suscritos con posterioridad al 17 de marzo, que tengan como sustento jurídico el inciso final del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, y en los que los recursos públicos estén comprometidos.

 

Cuarto: Los convenios y contratos celebrados con anterioridad al 17 de marzo de 2004, así como los contratos celebrados en desarrollo de los mismos, se seguirán ejecutando hasta su terminación, sin que sea posible su renovación o prórroga.

 

Quinto: Todo convenio o contrato en donde exista aporte de dineros públicos del Estado Colombiano con entidades y organismos internacionales a ejecutarse en el territorio colombiano, sin importar el porcentaje del mismo, ha de sujetarse a los principios y normas de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, las entidades públicas no podrán en este evento, someterse a los reglamentos de contratación de tales entidades, en todo lo relacionado con los procedimientos de formación, adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, pago y ajustes.

 

Sexto. El incumplimiento de esta directriz como de la sentencia de la Corte Constitucional se sancionará como falta gravísima

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

 

 

CIRCULAR Nº 030

Bogotá D.C.18 de Junio de 2004

 

PARA:       ALCALDES, CONTRALORES, JEFES DE CONTROL INTERNO DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS, PERSONEROS MUNICIPALES, PROCURADORES DELEGADOS PARA LA MORALIDAD PUBLICA, HACIENDA PÚBLICA Y VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, PROCURADORES REGIONALES, DISTRITALES Y PROVINCIALES.

ASUNTO:   VIGILANCIA ESPECIAL DEL IMPUESTO PREDIAL

 

Al evaluar la información rendida a la Contaduría General de la nación por los municipios y distritos correspondiente a los ejercicios fiscales de 2001, 2002 y 2003, la Procuraduría General de la Nación ha observado con preocupación lo referente al comportamiento del IMPUESTO PREDIAL.

 

Ocupa especial atención, el crecimiento, en muchos casos desmedido, de la cuenta IMPUESTO PREDIAL DE DIFÍCIL COBRO, el cual se incrementó particularmente entre los dos últimos años y con mayor velocidad en el 2003.

 

Aun cuando para los doscientos casos detectados de los mil cincuenta y cuatro municipios reportados, en los que el crecimiento de la mencionada cuenta del balance es geométrico – representado inclusive, comparativamente, varias veces lo presupuestado como ingreso autorizado de la última vigencia – el comportamiento del recaudo es por decir lo menos ajustado a los presupuestos, lo que no justifica las operaciones mencionadas.

 

Por otra parte, integrando las cifras del presupuesto de 2003 con los avalúos catastrales estimados por el departamento Nacional de Planeación para la misma vigencia, se observa que las TARIFAS PROMEDIO adoptadas por las administraciones se encuentran por lo general en los límites inferiores autorizados por la Ley 44 de 1990, salvo contados casos en que son superiores a éstos.

 

En virtud de lo anterior, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política en vigilancia del interés general y el patrimonio público, y las funciones establecidas en el artículo 7 numerales 7 y 36 del Decreto Ley 262 de 2000, el Procurador General de la Nación INSTA a las administraciones municipales y distritales, a las oficinas de control interno, a las contralorías municipales, distritales y departamentales, a los personeros municipales como veedores del tesoro para que atiendan las siguientes indicaciones:

 

·         Verificar la consistencia de la documentación que soporta la cuenta de IMPUESTO PREDIAL DE DIFÍCIL COBRO recibida de las administraciones anteriores, por cuanto debe advertirse, que no obstante la vigencia de la Ley de Saneamiento Contable, que los impuestos no son condonables sino por voluntad de la ley y las provisiones pueden disfrazar posibles manejos indebidos, inclusive sobre otras cuentas del balance.

 

·         Sustentar la aplicación de la ley 44 de 1990 en cuanto la adopción de tarifas diferenciales del IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO que permitan revertir la gestión administrativa en bienestar social y el desarrollo económico; así como la implementación de la Ley 388 de 1997 para adoptar el impuesto a la plusvalía e impulsar la inversión social.

 

·         Propender por la actualización catastral a fin de obtener soporte para mejorar los ingresos propios de libre destinación, adecuar los Planes de Ordenamiento Territorial y cumplir e principio constitucional de la función social de la propiedad.

 

Son deberes de obligatorio cumplimiento para los servidores públicos, y en particular de las administraciones municipales y distritales ejecutar los planes y presupuestos, realizar el recaudo y la jurisdicción coactiva e imponer las sanciones por mora, de conformidad con los deberes establecidos en el artículo 34 numerales 1, 3, 15, 29 y 30 de la Ley 734 de 2002, so pena de incurrir en falta disciplinaria gravísima de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1, 3, 26, 49 y 61 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, sin perjuicio de las demás sanciones fiscales y penales.

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

 

 

37. Solicitar la suspensión de actuaciones administrativas o la revocatoria de los actos administrativos a ellas referentes en defensa del orden jurídico o del patrimonio público.

 

38. Organizar las dependencias de la Procuraduría General de la Nación para su adecuado funcionamiento conforme a las reglas y principios establecidos en este decreto y denominarlas, de acuerdo con las necesidades del servicio, sin establecer a cargo del Tesoro Público obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la Ley de Apropiaciones.

 

 

Jurisprudencia: Salvo la expresión tachada “y denominarlas” declarada INEXEQUIBLE, la Corte Constitucional declaró EXEQUIBLE el numeral 38 del artículo 7º mediante sentencia C-429/01. El texto pertinente se encuentra en seguida del numeral 39.

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 207

(02/05/2003)

 

Por la cual se crea, como grupo adscrito a la Procuraduría Regional de Cundinamarca, la Unidad Coordinadora de las Procuradurías Primera y Segunda Distrital, Regional de Cundinamarca y se adopta su manual de procedimientos

 

El Procurador General de la Nación, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 6, 7, 8, 34, 38 y 39 del artículo 7º del Decreto 262 de 2000, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Plan de Desarrollo Estratégico de la Procuraduría General de la Nación está dirigido a fortalecer las áreas misionales de la entidad con el fin de lograr resultados efectivos vigilando el cabal cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, defender los intereses de la sociedad y velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas, actividades prioritarias dentro de las funciones de la Procuraduría General de la Nación;

 

Que tanto en las áreas disciplinaria, preventiva y de intervención, las Procuradurías Primera y Segunda Distrital y la Regional de Cundinamarca, son esenciales para garantizar el correcto funcionamiento de la Función Pública y la imposición de sanciones ejemplarizantes que permiten fortalecer la credibilidad y legitimidad de la Nación en sus instituciones;

 

Que para lograr que las acciones de las Procuradurías señaladas presenten una mayor efectividad, productividad, oportunidad, agilidad, y calidad, es necesario aplicar una reingeniería de procesos fundamentada en la separación y especialización de los puestos de trabajo en el área jurídica y técnica, de una parte, y en el área secretarial y administrativa de otra; en la incorporación eficiente de sistemas de información y tecnología que faciliten el trámite de las actuaciones y les impriman celeridad, seguridad y precisión; en la adecuación de la estructura física y técnica para que respondan a las exigencias del nuevo modelo de gestión disciplinaria;

 

Que es necesario organizar una dependencia responsable de la gestión secretarial y administrativa de las Procuradurías mencionadas, definir los procedimientos y resultados a su cargo, y su ubicación dentro de la estructura de la Procuraduría General de la Nación;

 

Que en mérito de lo expuesto.

 

RESUELVE:

 

1. OBJETO Y ESTRUCTURA

 

Artículo 1º. Objeto. Crear, como grupo de trabajo adscrito a la Procuraduría Regional de Cundinamarca, la Unidad Coordinadora de las Procuradurías Primera y Segunda Distrital y Regional de Cundinamarca, que será la responsable del desarrollo de los trámites secretariales y administrativos relacionados con la gestión disciplinaria, preventiva y de intervención adelantada por las Procuradurías señaladas.

 

Artículo 2º. Comité de Procuradores. La dirección de la Unidad Coordinadora estará a cargo del Comité de Procuradores, conformado por los Procuradores Primero y Segundo Distrital y el Procurador Regional de Cundinamarca. Este Comité se reunirá de manera ordinaria, cada tres meses, o extraordinariamente, cuando lo solicite uno de sus miembros o el Coordinador de la Unidad Coordinadora.

 

Artículo 3º. Funciones del Comité de Procuradores Delegados. El Comité de Procuradores Delegados tendrá las siguientes funciones:

 

1.      Revisar los informes de gestión de las Procuradurías, consolidado por la Unidad Coordinadora y verificar su contenido con los demás Procuradores, en caso de ser necesario.

2.      Evaluar cada tres (3) meses la gestión integral de la Unidad Coordinadora.

3.      Presentar los requerimientos y sugerencias, tanto al Coordinador como a los funcionarios de la Unidad Coordinadora para optimizar el apoyo a la gestión disciplinaria, preventiva y de intervención de las Procuradurías.

4.      Velar porque la interrelación de los funcionarios adscritos a las Procuradurías y a la Unidad Coordinadora sea la adecuada para la consecución de los objetivos comunes.

5.      Las demás que le asigne el Procurador General de la Nación.

 

Artículo 4º. Coordinación. La Unidad Coordinadora tendrá una coordinación que será ejercida por el funcionario que designe el Procurador General de la Nación, quien desarrollará las siguientes actividades:

 

1.      Dar trámite a las solicitudes de información o pruebas de otras dependencias o entidades, relacionadas con acciones de tutela, derechos de petición u otros requerimientos con trámite preferencial, siempre que la información se encuentre en la Unidad Coordinadora, controlando estrictamente el recibo y envío de la correspondencia respectiva.

2.      Informar a la División de Gestión Humana lo correspondiente a incapacidades, permisos, licencias, compensatorios, y todo lo demás relacionado con las novedades de personal.

3.      Decidir lo relativo a situaciones administrativas que, en los términos del Decreto 262 de 2000, corresponda decidir al superior inmediato, en relación con los funcionarios adscritos a la Unidad coordinadora.

4.      Supervisar el cabal cumplimiento de las tareas asignadas a cada uno de los funcionarios de la Unidad Coordinadora.

5.      Llevar el control estricto de términos procesales, y vigilar su discurrir oportuno, con base en los registros del sistema Gedis, rindiendo los informes necesarios sobre esta labor.

6.      Supervisar la actualización oportuna del Gedis, Sireno y el Siaf

7.      Generar mensualmente el informe de gestión de cada Procuraduría y entregarlo al respectivo Procurador para su evaluación y análisis.

8.      Generar mensualmente el informe para el control de estadísticas de los funcionarios que integran la Unidad Coordinadora.

9.      Elaborar y presentar trimestralmente el informe de gestión de la Unidad Coordinadora al comité de Delegados, incluyendo la evaluación a los funcionarios.

10.   Coordinar con la Unidad Coordinadora de las Procuradurías Judiciales ante lo contencioso administrativo la utilización de las salas de audiencia.

11.   Llevar controles periódicos sobre el consumo de elementos de oficina, con el fin de determinar su necesidad real y presentar el programa de requerimientos correspondientes.

12.   Coordinar la realización del inventario físico de expedientes que tienen las Procuradurías a cargo y confrontarlo con la información registrada en el Gedis, dando solución inmediata a las inconsistencias que se detecten.

13.   Supervisar la actualización oportuna y la correcta administración de los archivos definitivos y archivos de gestión a cargo de la Unidad Coordinadora.

14.   Evaluar la gestión de los integrantes de la Unidad Coordinadora tomando como base el estricto cumplimiento de las funciones asignadas, con los resultados esperados.

15.   Calificar a los funcionarios de la Unidad Coordinadora.

16.   Llevar el control del inventario físico de elementos devolutivos y de consumo de la Unidad Coordinadora.

17.   Realizar el reparto de expedientes entre los abogados de cada una de las tres dependencias y realizar acta de cada uno de ellos.

18.   Las demás que le asigne el Procurador General de la Nación.

 

Artículo 5º. Procedimientos. La Unidad Coordinadora, se encargará de los procesos secretariales y administrativos de estas Procuradurías, para lo cual implementará los siguientes procedimientos, los cuales están detallados en los manuales de procedimientos:

 

1.      Registro y reparto de correspondencia recibida.

2.      Sustanciación.

3.      Reparto quejas nuevas.

4.      Registro en Gedis de movimientos del expediente.

5.      Solicitud de notificación personal.

6.      Elaboración de comunicaciones.

7.      Registro y reparto de correspondencia enviada.

8.      Identificación de procesos disciplinarios para Gestión Documental.

9.      Generación de reportes estadísticos.

10.   Almacenamiento de Documentos.

11.   Apertura de Unidades de Conservación.

12.   Transferencia de Documentos al Archivo Central.

13.   Selección de Documentos para Depuración.

14.   Consulta y préstamo de Documentos.

15.   Devolución de Documentos Prestados.

 

Artículo 6º. Organización. La Unidad Coordinadora desarrollará las actividades que se generen en cada procedimiento, con base en una organización por áreas así:

 

a)     Área de Gestión Documental: Desarrolla las siguientes actividades:

 

1.      Fotocopiar la documentación necesaria para adjuntarla a cada proceso llevando su respectivo control.

2.      Organizar, recoger y repartir la correspondencia, transportar expedientes, oficios y hacer su entrega a las entidades correspondientes.

3.      Administrar el archivo de gestión de las Procuradurías Primera y Segunda Distrital y Regional de Cundinamarca, velando por su correcto manejo y conservación, garantizando la entrega oportuna de la información.

4.      Organizar, embalar y enviar la correspondencia a la División de Registro y Control y Correspondencia.

5.      Anexar los documentos recibidos en la Unidad Coordinadora a los expedientes correspondientes que se encuentren allí, o a las carpetas de la serie documental a la que corresponda.

6.      Llevar el inventario de expedientes y demás series documentales.

7.      Facilitar la lectura y fotocopiado de los expedientes.

8.      Llevar a cabo la depuración y traslado documental cuando corresponda, según la tabla de Retención Documental de la Unidad Coordinadora.

9.      Realizar mensualmente el inventario físico de expedientes de las Procuradurías Primera y Segunda Distrital y Regional de Cundinamarca confrontándolo con el listado que arroja el Gedis y comunicar al coordinador cualquier inconsistencia que se encuentre.

10.  Recibir y efectuar la distribución de la correspondencia entre las Procuradurías Primera y Segunda Distrital y Regional de Cundinamarca y procurar su pronto y adecuado trámite;

 

b)     Área de Sistemas de Información: Desarrolla las siguientes actividades:

 

1.      Administrar el Módulo de Correspondencia del Sistema de Información Administrativa y Financiera, SIAF, radicando y registrando el movimiento de la correspondencia recibida y enviada por la Unidad Coordinadora.

2.      Mantener actualizado el Sistema de Información de Gestión Disciplinaria, Gedis, registrando todas las actuaciones procesales y el movimiento de expedientes entre profesionales, coordinador y Procuradores.

3.      Solicitar la notificación personal de autos, fallos y resoluciones al Centro de Notificaciones a través del Sistema de Registro de Notificaciones Sireno.

4.      Hacer seguimiento de las solicitudes de notificación efectuadas al Centro de Notificaciones y archivar las constancias de recepción por parte del funcionario del centro.

5.      Mantener el buzón de correo de Outlook disponible para recibir los correos electrónicos en