La Ley 4ª de 1990

Lo que sigue es una síntesis de la renovación que significó para la Procuraduría General de la Nación la Ley 4ª de 1990, en lo atinente a la función de vigilancia administrativa y judicial; dicha Ley:

Fortalece y asegura nuevas funciones a las procuradurías regionales y seccionales, que por su naturaleza y distribución de competencias asumen la nueva denominación de departamentales, intendenciales, comisariales y provinciales.

Convierte una de las delegadas para la Policía Judicial en Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, con competencia disciplinaria para conocer los casos de genocidio, desaparición y tortura.

Introduce acciones más eficaces en la necesaria defensa de los bienes e intereses de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada en lo Civil, conformada por las secciones de asuntos civiles, laborales, administrativos, de vigilancia de tribunales de arbitramento y de defensa de los bienes e intereses de la nación.

Incorpora la Procuraduría Delegada para Asuntos Presupuestales -creada mediante decreto extraordinario, a la luz de la Ley 38 de 1989- con función de vigilancia administrativa sobre aquellos empleados oficiales que intervienen en la preparación, presentación, trámite y manejo del presupuesto general de la Nación.

Fortalece la Oficina de Investigaciones Especiales y especializa sus recursos humanos en la instrucción de los casos que atenten contra la moralidad administrativa, la administración y el orden públicos, y los derechos humanos.

Institucionaliza la Veeduría como un organismo interno de control y fiscalización de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación; reorganiza la División de Registro y Control, con el fin de que pueda llevar información actualizada sobre el estado de los diferentes procesos disciplinarios y vigilar el efectivo cumplimiento de las sanciones impuestas.

Crea unidades asesoras y coordinadoras, dirigidas a impulsar, fortalecer y evaluar las áreas administrativas, jurídica y funcional, como el Consejo de Procuradores, el Consejo Superior de la Carrera de las Fiscalías, las comisiones de apoyo de asuntos penales, administrativos y civiles, el Comité Editorial, el Comité Operativo y la Junta de Adquisiciones y Licitaciones.

Los Fiscales entre 1821 y 1830 / La creación del Ministerio Público en 1830 / De 1832 a 1857 / De 1853 a 1945 / Las reformas de 1945 y 1947 / Las reformas de 1953 a 1974 / El Decreto Extraordinario 01 de 1984 / La Ley 4ª de 1990 / La Constitución Política de 1991 / La Ley 201 de 1995 / El Decreto 262 de 2000