Los disciplinados eligieron como personera municipal a una ciudadana sobre quien recaía una inhabilidad. El fallo fue notificado en audiencia pública celebrada el pasado 13 de junio. Al no presentarse apelación quedó en firme esta decisión de primera instancia.

La Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia, confirmó la sanción impuesta al señor Álvaro Antonio Ramírez Herrera, en calidad de secretario de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga (Santander) para la época de los hechos, consistente en destitución e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el término de 10 años, por encontrarlo responsable disciplinariamente de violación a los principios de la contratación pública.

La tutela fue interpuesta por un interno con el fin de que se le protegieran sus derechos al trabajo y al estudio y se ordenara a las entidades competentes su incorporación a uno de los programas autorizados para redimir pena por estar en firme su condena. La Procuraduría considera que la juez impartió órdenes, que están por fuera de su competencia constitucional, a los titulares de la cárcel 'La Modelo', del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y de dos ministerios.

Preocupan a este organismo de control las demoras para la reglamentación de esta norma, diseñada para la defensa y protección de los colombianos frente a situaciones de riesgo.